El gobierno nacional dio un paso clave en su estrategia de seguridad internacional al declarar oficialmente al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como una organización terrorista.

La medida fue difundida este jueves a través de un documento de la Oficina del Presidente, donde se informó que “el Gobierno Nacional ha declarado al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como organización terrorista” y dispuso su inmediata incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia.

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Esta decisión surge en un contexto de extrema debilidad para la organización criminal en la región. El pasado 22 de febrero, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, fue abatido en un operativo de las fuerzas especiales en México. El capo narco era considerado uno de los criminales más sanguinarios del continente y su paradero fue un misterio durante años hasta que el seguimiento a una de sus amantes se convirtió en la pista clave para localizarlo.

Sobre el crecimiento de esta banda, el comunicado oficial destaca que “el CJNG surge formalmente en julio de 2010 tras escindirse del Cártel de Sinaloa y en la última década se convirtió en una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas del mundo, con presencia en México, operación en Estados Unidos y expansión en al menos 40 países, incluida la República Argentina”.

La resolución del Ejecutivo nacional fue producto de un trabajo conjunto entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado. Según la Casa Rosada, la medida “se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, así como vínculos con otras organizaciones terroristas”.

En términos prácticos, el estatus de organización terrorista permite al Estado argentino avanzar con herramientas legales más agresivas.

El texto oficial aclara que la inscripción en el RePET “habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales y sus miembros, al tiempo que protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos”.

Asimismo, el Gobierno señaló que esta acción refuerza la cooperación internacional con aquellos países que ya han designado al grupo de origen mexicano bajo la misma categoría.

Finalmente, el presidente Javier Milei ratificó su postura frente a las organizaciones criminales internacionales. El documento concluye asegurando que el mandatario “reafirma su compromiso con la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, y mantiene la convicción inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son, como ya lo hizo con Hamás, con el Cártel de los Soles, con la Hermandad Musulmana y, más recientemente, con la Fuerza Quds iraní”.

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En otra muestra del alineamiento con Estados Unidos e Israel, Argentina fue uno de los tres países que rechazó ayer, miércoles, una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que calificó a la esclavitud africana como el “crimen más grave contra la humanidad”. La propuesta, presentada por Ghana y la comunidad africana, recibió el respaldo de la mayoría de los Estados miembros, aunque algunos países europeos, incluidos España, Portugal, Reino Unido, Países Bajos y Alemania, optaron por la abstención durante la votación.

Desde la Cancillería, y ante la consulta de Infobae, argumentaron el voto negativo de la representación diplomática que lidera Francisco Tropepi: “El texto no estuvo abierto a ninguna modificación, aporte o sugerencia. Había que votar a libro cerrado. Y la Argentina está en contra de calificar a la esclavitud como el delito de lesa humanidad más grave de la historia, dejando otros por fuera. La resolución tiene muchas subjetividades a las que no nos adherimos”.

El documento fue promovido por Ghana y aprobado con 123 votos a favor, 52 abstenciones y tres votos en contra. La resolución reconoce la trata y esclavitud de personas africanas como “el crimen de lesa humanidad más grave”, y ratifica la persistencia de la discriminación, el trauma y la explotación económica que continúan afectando a africanos y afrodescendientes en distintos continentes.

Además, incluyó una solicitud explícita para la devolución inmediata, sin restricciones y sin costo, de bienes culturales, piezas de arte y documentos históricos que tengan valor para los países de origen africanos, medida que responde a una demanda sostenida de naciones africanas y afrodescendientes.

Según Amnistía Internacional, la votación que se realizó ayer representa “un paso trascendental hacia el reconocimiento legal y la reparación para quienes han sufrido los daños persistentes de la esclavitud en todo el mundo”. Además, y de acuerdo consignó EFE, la organización destacó la necesidad de que la resolución “inicie el camino hacia la justicia para los africanos y las personas de ascendencia africana, y marque un avance positivo para el mundo en un momento en que el derecho internacional está siendo atacado”.

La resolución hace hincapié en que los efectos de la esclavitud y la trata transatlántica persisten actualmente en formas estructurales de racismo, desigualdades raciales, situaciones de subdesarrollo, exclusión y disparidades socioeconómicas. Esto implica que, pese al paso del tiempo, millones de personas siguen afectadas por ramificaciones históricas de los regímenes esclavistas y coloniales.

El texto también destaca la falta de un marco de reparación integral para las personas africanas esclavizadas y sus descendientes, a pesar de existir antecedentes en los que se concedieron reparaciones a otros grupos afectados por violaciones graves de derechos humanos.

El gobierno de Ghana afirmó, a través de sus redes, que la propuesta buscó “hacer avanzar el diálogo global más allá del reconocimiento simbólico hacia la responsabilidad jurídica”. El presidente John Dramani Mahama figura como principal impulsor de la iniciativa. Ghana remarca la importancia de avanzar hacia una responsabilidad legal internacional, que implique acciones concretas más allá de las declaraciones de condena y la memoria simbólica.

La resolución, además, subrayó que a pesar de que en otros contextos históricos se han dispuesto indemnizaciones y reparaciones para víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, no existe aún un marco comparable para quienes sufrieron la trata de africanos esclavizados. Esta distinción resultó central, ya que apunta a una deuda pendiente en la agenda internacional de derechos humanos y justicia histórica.

Durante la presidencia de Javier Milei, Argentina adoptó una serie de posiciones en la ONU que marcaron un giro en su política exterior. El 12 de septiembre de 2025, la delegación argentina votó en contra de la resolución que respaldaba la solución de dos Estados para el conflicto entre Israel y Palestina, posicionándose en minoría, junto a Estados Unidos e Israel.

Ese alineamiento volvió a repetirse el 29 de octubre de 2025, cuando Argentina se opuso a la resolución que reclamó el fin del embargo estadounidense sobre Cuba. Más atrás en el tiempo, el 14 de noviembre de 2024, la Argentina fue el único país del mundo que rechazó una resolución titulada “Intensificación de los esfuerzos para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas”, que fue avalada por más de 170 Estados miembros; esa decisión generó fuertes críticas internas y externas.

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