POLITICA
En las últimas tres décadas, sólo el 12% de las causas por corrupción llegó a juicio oral
Las causas por corrupción que involucran a funcionarios nacionales se acumulan a lo largo de los años en los tribunales de Comodoro Py. En los últimos 30 años se iniciaron 2.011 expedientes, de los cuales el 85% se abrieron a partir de 2013. Sin embargo, solo el 12% fue elevada a juicio oral, la instancia clave donde se analiza toda la prueba, se cita a testigos, se realizan los alegatos de los acusadores y las defensas, se escucha a los procesados, y tres jueces resuelven por mayoría una condena o una absolución.
Hay un 22% de expedientes en la Justicia Federal cuya instrucción permanece abierta. O sea, no pasan de esa primera etapa de la investigación penal, que está en manos de un juez y un fiscal, quienes deciden luego si corresponde acusar formalmente a los imputados de uno o más delitos y elevar el expediente a juicio.
De ese 22% que siguen en instrucción, un 70% lleva más de seis años en esa etapa, si se tiene en cuenta el momento en el que el fiscal le dio impulso a la investigación. Así surge de una compilación realizada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) que procesó y analizó Infobae, en base a datos publicados por la Corte Suprema en el Centro de Información Judicial (CIJ).
Un 23% de las causas se archivó, ya sea porque hubo sobreseimiento o porque la Justicia llegó a la conclusión que lo denunciado no constituía un delito.
Otro 21% de las causas cuya instrucción sigue abierta se resolvió entre 3 y 6 años, un plazo que puede considerarse “rápido” para los Tribunales, aunque no para el común de los ciudadanos.
De los expedientes ya cerrados, el 33% también tuvo una definición en ese plazo. Es el caso del ex vicepresidente Amado Boudou, por ejemplo, que fue denunciado en 2012 por la compra irregular de la imprenta Ciccone y que fue condenado en primera instancia en 2018. En el otro extremo se ubica el de la ex ministra de Ambiente Romina Picolotti, quien fue denunciada en 2005 pero recién terminó condenada en 2021 por pagar gastos personales con fondos públicos.
Entre los casos más emblemáticos están algunos más antiguos, como los de la ex ministra María Julia Alsogaray por enriquecimiento ilícito; Carlos Menem por contrabando de armas, la venta del predio de La Rural y los sobresueldos cobrados por altos funcionarios en su gobierno; o su ex ministro Domingo Cavallo, también condenado en estas últimas dos causas.
Más recientes, ex funcionarios kirchneristas también fueron encontrados culpables, como Felisa Miceli por la bolsa con dinero encontrada en su despacho; Ricardo Jaime por enriquecimiento ilícito y la compra de trenes chatarra, entre otros expedientes; Julio de Vido y Juan Pablo Schiavi por la tragedia de Once; José López por los bolsos con USD 9 millones en el convento de General Rodríguez; y Ricardo Echagaray por defraudación al Estado en la causa de Oil Combustibles.
La causa de Vialidad, que derivó en la condena a Cristina Kirchner por defraudación, tuvo un trámite si se quiere más rápido que muchos otros expedientes que quedan “cajoneados” por la lentitud de la Justicia, o por tiempismo político de los jueces. Mantener causas abiertas contra funcionarios o ex funcionarios sin resolver es una herramienta de “poder” para los magistrados.
En Vialidad, la primera denuncia data de 2008 y la hizo Elisa Carrió y otros diputados de la Coalición Cívica en el marco de una mega causa abierta a partir de una presentación que detallaba distintas maniobras de corrupción en el kirchnerismo, amparadas – según la denuncia – por Néstor Kirchner, su entorno y el otrora todopoderoso ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, entre otros funcionarios.
Ese expediente fue desmembrado por el juez Julián Ercolini y no registró demasiados avances. La parte de obra pública vinculada al empresario patagónico amigo de los Kirchner, Lázaro Báez, se reactivó a principios de 2016 a partir de una presentación que hizo Vialidad Nacional, ya en el gobierno de Mauricio Macri.
Los procesamientos quedaron confirmados por la Cámara de Casación a finales de 2017. En mayo de 2019 comenzó el juicio oral, y pandemia mediante, la condena llegó en diciembre de 2022. La condena fue ratificada por Casación casi dos años después, y la Corte rechazó el recurso de queja de la ex presidenta hace 10 días. En total, desde los procesamientos a finales de 2016 hasta que hubo una condena firme, pasaron casi 9 años.
Las denuncias por año
El año en que Néstor Kirchner asumió la presidencia apenas se habían abierto 8 causas por hechos de corrupción. Ese número fue aumentando paulatinamente. En el último año del segundo mandato de Cristina Kirchner, 2015, se llegó a 135. Ese número prácticamente se duplicó durante el 2016, durante el primer año de la presidencia de Macri, con 302 casos, el récord en los últimos 30 años.
El aumento de causas judiciales a la salida del kirchnerismo no fue casualidad: después de 12 años de gobierno del matrimonio Kirchner, la llegada de Macri disparó cientos de denuncias, muchas de las cuáles continúan todavía están abiertas.
Los funcionarios y delitos más denunciados
En los expedientes por corrupción abiertos en los tribunales de Retiro, se reitera el nombre de Cristina Kirchner con 26 expedientes, seguido por el de Macri con 23.
La ex presidenta enfrenta cuatro causas que pueden comprometer aún más su situación judicial. Una es Hotesur-Los Sauces, que involucra a las empresas familiares, y ya elevada a juicio oral, pero aún no tiene fecha. Está acusada de lavado de dinero y jefa de una asociación ilícita, junto a su hijo Máximo Kirchner. Está en instancia de resolver medidas de prueba pedidas por el fiscal Diego Velazco.
En la causa de los “cuadernos de las coimas”, está acusada también de haber sido jefa de una asociación ilícita que recaudaba coimas a empresarios que hacían negocios con el Estado entre 2003 y 2015. El juicio oral comenzará el 6 de noviembre próximo.
En la causa del Pacto con Irán, había sido sobreseída sin que se realice el juicio, pero la Corte ordenó que se haga, aunque aún no tiene fecha. Está acusada de encubrimiento agravado de los responsables del atentado a la AMIA. El expediente comenzó con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman. En la causa por el dólar futuro, en cambio, quedó sobreseída.
A su vez, a finales de mayo la Corte determinó que deberá seguir siendo investigada en la ruta del dinero K.
En el top ten también figuran el secretario de Transporte Ricardo Jaime y el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray.
En cuanto a Macri, cuando aún era jefe de Gobierno porteño, fue imputado en una causa por escuchas ilegales llevadas a cabo por la entonces Policía Metropolitana, cuyo primer jefe fue Jorge “Fino” Palacios. Fue procesado, pero en diciembre de 2015, aunque dos semanas después de que asumiera al frente de la Casa Rosada, fue sobreseído.
Tras dejar el poder, fue procesado en noviembre de 2021 por el delito de espionaje ilegal a familiares de las víctimas del ARA San Juan. Pero esa decisión fue revertida por la Cámara de Apelaciones y quedó anulada la acusación.
Macri también fue sobreseído en 2024 en una causa tramitada en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti en la que se investigaba la presunta existencia durante su presidencia de una “mesa judicial” que presionaba a jueces y fiscales. La Cámara Federal confirmó esa decisión. Y también fue sobreseído en la causa por presunta evasión fiscal a partir de la filtración de los Panama Papers. En la causa por la concesión de los peajes durante su gobierno, estuvo imputado, pero no estuvo en el grupo de funcionarios procesados.
Por otro lado, Macri tiene abierto varios expedientes: por la negociación de la deuda que Correo Argentino SA (empresa de la familia Macri) tiene con el Estado; el de los parques eólicos, iniciado en 2018; y el que se centra en el acuerdo firmado con el FMI por el que Argentina tomó una deuda con el organismo de USD 45.000 millones.
En tercer lugar entre los que tienen más causas abiertas aparece Julio De Vido. El ex ministro de Planificación Federal fue denunciado mayoritariamente por administración fraudulenta, fraude en perjuicio de la administración pública, entre los delitos más reiterados en la carátula de las causas. Sin embargo, fue absuelto en el juicio de Vialidad.
A continuación, aparece Alberto Fernández con 17. El ex mandatario tiene su frente judicial más complicado en la causa donde la Justicia federal investiga el cobro de comisiones por parte de brokers o intermediarios favorecidos en contratos con organismos del Estado, entre los que figura Héctor Martínez Sosa, esposo de la secretaria del ex mandatario. Fernández y otros involucrados fueron citados a prestar declaración indagatoria.
En cuanto a los delitos, los más denunciados porcentaje fue por abuso de autoridad y violaciones a los deberes del funcionario público, defraudación contra la administración pública; administración fraudulenta, negociaciones incompatibles, enriquecimiento ilícito y malversación de caudales públicos.
Visualización de datos: Daniela Czibener
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue el encargado de comunicar la presentación judicial contra una serie de manifestantes, a los que el Gobierno identificó como los culpables de los incidentes en las inmediaciones del Congreso.
“Atacar al Congreso de la Nación y agredir a las fuerzas de seguridad es un delito grave contra el orden constitucional. El que las hace, las paga”, señaló el funcionario libertario en las últimas horas.
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Según dejó trascender el oficialismo, son 17 los identificados y gran parte de ellos, cuenta con antecedentes por robo agravado, lesiones y otros delitos.
Los nombres brindados por el Ministerio de Seguridad, fueron: Lucas Horacio Cabrera, Claudio Marcelo Figueroa, Héctor Rodolfo Cabrera, Martín Castiñeiras, Federico Alberto Mazzagalli, Matías Enzo Roldán y Patricio Hernán Castellan.
También figuran Denis Alejandro Figueredo, Néstor Alejandro Flores, Lucas Ezequiel Lobato, Nahuel Ezequiel Britos, Carlos Nicolás Kipper Amalfi, Manuel Edgardo Barrios, Natanael Benjamín Aguirre, Jorge Ismael González, Pedro Antonio Juárez y Roberto Daniel Tassano.
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Más temprano la titular de la cartera de Seguridad Nacional brindó datos sobre el hecho
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que el Gobierno presentará una denuncia por terrorismo contra los responsables de los hechos violentos registrados durante el debate de la reforma laboral en el Congreso.
Según explicó, los incidentes no fueron “una agresión más contra las fuerzas de seguridad, sino una acción organizada destinada a desestabilizar el orden institucional”.
Monteoliva subrayó que los actos excedieron “el marco de las manifestaciones tradicionales”. “Gente con bidones de nafta y bombas molotov en la mochila, bulones para tirar con gomera, palos de bandera convertidos en lanzapalos. ¿Cómo se llama eso? Eso es violencia extrema con la intención de desestabilizar”, afirmó. Y agregó: “Fue un acto de terrorismo”.
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La funcionaria precisó que la denuncia invocará la Ley Antiterrorista (N° 26.734), que contempla penas más severas, detenciones sin excarcelación inmediata y una investigación federal.
“Vamos a denunciar por terrorismo, porque una bomba molotoves una bomba. Es un arma, y con toda la intención de generar no solo muerte, sino caos”, enfatizó.
Sobre el accionar policial, Monteoliva explicó que la prioridad fue dispersar los focos de violencia con agua y gases para minimizar daños. “La intención primera es dispersar precisamente para desconcentrar ese conflicto que se había focalizado en dos o tres puntos”, dijo. También destacó la dificultad de detener a los agresores en flagrancia: “No había manera de detenerlos con brigadas en ese momento cuando están tirando bombas molotov”.
Hasta el momento se identificaron más de diecisiete personas, con edades que van de 20 a más de 60 años, provenientes de distintas provincias. La ministra aclaró que no todos tienen antecedentes, aunque algunos presentan historial delictivo extenso, y mencionó la posible vinculación de algunos con barras bravas o agrupaciones de izquierda combativa y anarquistas.
Monteoliva rechazó rumores sobre policías infiltrados: “Eso de estar diciendo que es un policía o que es un expolicía, no sé de dónde lo sacan. Es un disparate”. Según el balance oficial, hubo más de setenta detenidos y heridos leves, principalmente efectivos y civiles.
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Alejandra Monteoliva,Bomba del día,Congreso,Ley Antiterrorista,Reforma Laboral
POLITICA
“Una de más”: el Gobierno reconoce que los cambios a las licencias por enfermedad podrían traer problemas en las negociaciones
El proyecto de reforma laboral que el oficialismo logró aprobar en el Senado había pasado casi desapercibido en uno de sus aspectos: la reducción sustancial de los plazos de las licencias pagas y la redefinición del porcentaje salarial que percibirán los trabajadores ante enfermedades o accidentes no vinculados al trabajo.
En el bloque legislativo de La Libertad Avanza reconocen que ese apartado había pasado “por debajo del radar” hasta el mismo día de la sesión en el Senado. Pero señalan que el tema cobró relevancia la mañana siguiente a la media sanción, cuando el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, brindó un ejemplo para explicar el alcance de la medida.
“Si te lastimaste jugando al fútbol, es decir, en una situación en la que tomaste una acción activa y el empleador no tuvo nada que ver, y quedaste temporalmente incapacitado para trabajar, en ese caso la cobertura es del 50%”, indicó. “La idea es que esto también apunta a reducir las licencias que se volvían prácticamente eternas, porque en la práctica no implicaban ningún costo para la parte que ingresaba en ese esquema”, agregó.
Dos miembros del Poder Ejecutivo reconocieron que ese ejemplo catapultó el tema de discusión a la agenda pública. “Se mandó una de más, como siempre”, afirmó una fuente del bloque de La Libertad Avanza a Infobae.
“Eso fue lo que calentó, como cada vez que sale a hablar Sturzenegger”, comentó un miembro del oficialismo. La molestia dentro del Gobierno no se debe al contenido del ejemplo, con el que están de acuerdo, sino a que no era el momento de instalar esa cuestión en la agenda pública.
Los especialistas en comunicación ya analizan cómo revertir la carga negativa que tuvo ese caso en los medios y en las redes. El Gobierno cuenta con más de una semana antes de que se trate esta cuestión en una sesión en el recinto, y La Libertad Avanza debe conseguir adhesiones en la Cámara de Diputados para que el proyecto remitido desde el Senado no sufra modificaciones.
Si se rechaza o modifica un solo título del proyecto, el oficialismo debe devolverlo a la Cámara alta, lo que demoraría la sanción definitiva de toda la reforma. Milei ya firmó el decreto para extender un día más el período de sesiones extraordinarias para que la reforma laboral pueda tener sanción el 28 de febrero, un día antes de la Apertura de Sesiones Ordinarias en la que hablará Javier Milei.
El temor en el oficialismo es que la discusión que se generó sobre este punto desincentive a actores de la oposición dialoguista para avalar ese apartado. Una alta fuente reconoció a Infobae su preocupación por no poder conseguir los votos necesarios para ratificar ese punto.
Tras la media sanción de la reforma, el oficialismo afirmaba tener asegurados los votos para la aprobación en general y altas posibilidades para las votaciones en particular. Actualmente, esto no está garantizado: el primer bloque que expresó su desacuerdo fue el PRO, al pedir que se reincorpore el artículo que permite recibir el sueldo a través de una billetera virtual.
El bloque de Provincias Unidas mantiene serias diferencias con más aspectos del proyecto. “Vamos a marcar diferencias en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), en el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). Con lo de las licencias por enfermedad no hay fisuras, nos oponemos”, remarcó uno de sus integrantes, informando que solo hay apoyo de ese bloque en 9 de los 26 títulos.
Las críticas sobre la modificación de las licencias surgen por lo que podría ocurrir en casos de enfermedades más graves y que no necesariamente tengan vínculo directo con el desempeño en el lugar de trabajo. Además, se discute si esto traerá mayor judicialización o no, un aspecto que el proyecto busca reducir. El abogado laboralista Julián de Diego afirmó a Infobae En Vivo que la reforma provocará una mayor cantidad de conflictos legales en las empresas.
Qué dice la modificación de las licencias por enfermedad
Las nuevas reglas establecen límites de entre 3 y 6 meses para las licencias pagas, según si el trabajador tiene personas a cargo, y reducen los porcentajes de sueldo abonados durante la baja.
El texto prevé que, cuando la imposibilidad de trabajar derive de una actividad voluntaria y consciente que implicara un riesgo para la salud, el empleado percibirá el 50% de su remuneración básica. Este período será de 3 meses si no tiene cargas de familia y de 6 meses si las tuviera. Para situaciones donde no hubo voluntad ni conciencia del riesgo, el porcentaje de pago sube al 75%, manteniendo el mismo plazo de licencia.
Estas modificaciones resultaron de extensas negociaciones entre el Gobierno y las empresas. En el esquema vigente, un trabajador con menos de 5 años de antigüedad y sin cargas de familia accede a una licencia paga de 3 meses, y de 6 meses si tiene cargas de familia. Si la antigüedad supera los 5 años, actualmente la licencia por enfermedad o accidente es de 6 o 12 meses según el grupo familiar, y se paga el 100% del sueldo. La reforma elimina la extensión a 12 meses y el pago total, limitando la licencia a un máximo de 6 meses y ajustando el porcentaje abonado.
Estas disposiciones también abarcan los accidentes o enfermedades psiquiátricas originadas fuera del trabajo y obligan al trabajador a informar de inmediato cualquier imposibilidad para asistir al primer día laboral por enfermedad o accidente, salvo motivos de fuerza mayor. Si el aviso no se realiza y no se comprueba la causa posteriormente, se pierde el derecho a la remuneración.
Las inasistencias deberán justificarse mediante certificados médicos emitidos y firmados digitalmente por profesionales habilitados. El trabajador deberá someterse a controles médicos designados por el empleador; si existiera una discrepancia insalvable entre diagnósticos, la ley prevé la intervención de una junta médica en entidad oficial o la solicitud de un dictamen en institutos reconocidos, cuyo costo asumirá el empleador.
Respecto a la recidiva de enfermedades crónicas, la reforma aclara que no serán consideradas nuevas enfermedades, salvo que la reaparición ocurra después de 2 años desde el primer episodio. La normativa también establece que la suspensión del trabajador por motivos económicos o disciplinarios no afecta el derecho a cobrar la remuneración parcial correspondiente a la licencia paga por enfermedad o accidente.
POLITICA
Coimas en la ANDIS: la Cámara Federal obligó a revisar el embargo multimillonario contra la empresa aérea Baires Fly
La investigación judicial por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo. La Cámara Federal porteña dispuso recalcular el embargo millonario que pesaba sobre la firma de aviación privada Baires Fly SA, una de las compañías señaladas en el expediente por supuestos movimientos financieros vinculados al pago de medicamentos.
El embargo había sido fijado por el juez federal Sebastián Casanello por una suma superior a los $7.000 millones. Sin embargo, los camaristas entendieron que el monto carecía de fundamentación suficiente y resultaba desproporcionado frente al estado actual de la causa, por lo que ordenaron emitir una nueva resolución con criterios más precisos.
Los magistrados remarcaron que la medida cautelar debe mantenerse, pero con un cálculo acorde a la evidencia reunida hasta el momento. En otras palabras, la empresa continuará afectada patrimonialmente, aunque el monto será redefinido.
El rol de la empresa en la causa
La investigación gira en torno a presuntas maniobras de facturación simulada y lavado de dinero vinculadas a la compra de medicamentos destinados a personas con discapacidad. Según la hipótesis fiscal, parte de los fondos habría sido canalizada a través de distintas empresas, entre ellas la aerolínea privada.
Coimas en la ANDIS: la Justicia procesó a Diego Spagnuolo por corrupción
El expediente incluye comunicaciones y transferencias bancarias bajo análisis judicial. De acuerdo con la pesquisa, algunas droguerías habrían enviado dinero a cuentas relacionadas con la compañía aérea, tras lo cual se emitían comprobantes por supuestas horas de vuelo o kilómetros aéreos.
La Justicia sospecha que esos servicios no se habrían prestado realmente y que las facturas podrían haber servido para justificar movimientos financieros. En el expediente se detectaron comprobantes emitidos entre 2023 y 2025 por montos millonarios, lo que motivó la intervención del juzgado y la posterior medida de embargo.
En paralelo, el magistrado procesó al ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, junto a otros imputados, por delitos que incluyen asociación ilícita, cohecho y defraudación contra la administración pública. La causa continuará bajo la subrogancia del juez Ariel Lijo, quien deberá tomar nuevas declaraciones indagatorias.
Entre las personas citadas figura un empresario vinculado a la compañía aérea, sospechado de haber participado en la circulación del dinero investigado. La fiscalía considera que su intervención pudo haber sido clave para canalizar transferencias provenientes de empresas proveedoras del Estado.
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Los cuestionamientos de la Cámara
El tribunal de apelaciones señaló que, si bien existen elementos que justifican la cautelar, la suma fijada inicialmente no guarda relación clara con la responsabilidad que, por ahora, se le atribuye a la firma. Incluso destacó que la empresa no fue imputada formalmente como persona jurídica al momento de dictarse la medida.
Por ese motivo, los jueces indicaron que el juzgado debe volver a analizar la afectación patrimonial y establecer un monto razonable sustentado en pruebas concretas. Uno de los camaristas, en minoría, consideró suficiente aceptar como garantía una aeronave ofrecida por la empresa.
Además, en otra resolución vinculada al expediente, la Cámara dispuso revisar cómo se incorporaron al proceso ciertos audios que mencionarían presuntos pagos ilegales a funcionarios, una decisión que podría incidir en la validez de parte de la prueba.
La causa ANDIS se transformó en uno de los expedientes judiciales más delicados en materia de corrupción vinculada al sistema de salud y asistencia social. Con nuevas indagatorias en puerta y medidas bajo revisión, el avance de la investigación podría tener impacto político y judicial en los próximos meses.
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