POLITICA
En medio de internas y dudas sobre el rol de Cristina Kirchner, el peronismo debate una estrategia para enfrentar a Milei
Sin lograr salir de su laberinto, el peronismo debate cómo pararse frente a Javier Milei: si priorizar la identidad propia y la denuncia de la “proscripción” de Cristina Kirchner o avanzar hacia una estrategia más amplia de construcción electoral. En esa definición se juega la hoja de ruta hacia 2027.
En ese contexto, la apertura de sesiones en la provincia de Buenos Aires no solo dejó un mensaje contra el Gobierno nacional, sino que también reavivó una interna que nunca terminó de cerrarse. La tensión entre el kirchnerismo duro y el kicillofismo volvió a quedar expuesta, esta vez por un silencio.
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En La Cámpora interpretaron como un gesto político que Axel Kicillof no hiciera referencia explícita a la situación judicial de Cristina Kirchner en su discurso. En el entorno del gobernador replicaron que el eje debía estar puesto en la crisis bonaerense y en el impacto de las políticas de Milei. La diferencia es estratégica y el trasfondo es amplio.
La reedición de la interna bonaerense, entre reproches y silencios
La diputada provincial Mayra Mendoza puso en palabras lo que en La Cámpora vienen denunciando. “Me preocupa que como gobernador no haya hecho referencia a la proscripción del peronismo con la detención ilegal de Cristina, para quien además humanamente esperaba una muestra de solidaridad”, sostuvo.
En el mismo tono, marcó diferencias estratégicas: “Como nos enseñó Néstor Kirchner, no hay proyectos locales sin proyecto nacional. De ahí nuestra oposición al desdoblamiento electoral de 2025. Los concejos deliberantes no frenan las leyes de destrucción que manda Milei al Congreso nacional”, redobló las críticas, volviendo a poner sobre la mesa el tema más controvertido que enfrentó a Kicillof con el ala dura K el año pasado.
Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, respondió: “Es una opinión, no la compartimos”. Argumentó que el foco del discurso de Kicillof estuvo “en las consecuencias del modelo de Milei” y aclaró que la posición contra la condena de la exmandataria ya se hizo “públicamente”.
La tensión no es nueva. En la campaña 2025 hubo cruces por la centralidad del reclamo de “proscripción”. En La Cámpora sostienen que debe denunciarse “todo el tiempo”. En el entorno del gobernador creen que la sociedad bonaerense exige otra agenda, con respuestas concretas frente al ajuste libertario.
En el medio, el massismo —hasta ahora aliado de Máximo Kirchner— también dejó su marca, con críticas indirectas al gobernador. “Abrimos sesiones en medio de un clima adverso. No solo porque la Provincia de Buenos Aires sigue siendo la más perjudicada por el gobierno de Milei sino también porque nuestros docentes están de paro y eso impacta sobre el sistema educativo que siempre hay que defender”, remarcó el diputado Alexis Guerrera.
El ensayo de un frente amplio
Mientras la discusión se recalienta en la provincia, en el departamento de Cristina Kirchner se multiplican las reuniones. La exmandataria cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad, pero su casa se convirtió en punto de articulación política, en su rol de presidenta del PJ.
Uno de los encuentros que más se destacó en los últimos días fue el que mantuvo con Miguel Ángel Pichetto. El diputado le planteó la necesidad de conformar “un frente nacional” para 2027, “con características parecidas a lo que construyó Lula para enfrentar a Bolsonaro” en Brasil.
Pichetto estuvo la última década enfrentado al ala dura kirchnerista, incluso acompañó a Mauricio Macri en la fórmula presidencial con la que el líder del PRO intentó ser reelecto. Enfrentaron a Alberto Fernández y Cristina Kirchner, la dupla que terminó en Casa Rosada.
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Pero no es la primera vez que Cristina Kirchner recibe en su domicilio a dirigentes con los que estuvo años distanciada. Antes que la visitara el líder de la bancada de Encuentro Federal, ya se había reunido con Juan Manuel Urtubey, Juan Grabois y Guillermo Moreno, entre varios otros referentes que desfilaron por San José 1111 desde que se confirmó su condena. Todos hablan también de unidad.
“El peronismo necesita una propuesta capitalista, productiva, por el centro, que dé previsibilidad y garantías a los inversores y los agentes económicos”, le propuso Pichetto a la expresidenta. La consigna es ampliar; el interrogante es hasta dónde.
La conformación de un frente ampliado para enfrentar a Milei es una de las propuestas que viene encabezando Kicillof, pero que en su voz choca una y otra vez con resistencias internas. “Todos aquellos que piensen que efectivamente este es un modelo inviable y que hay que fortalecer un modelo de trabajo y producción para la Argentina, bienvenidos”, repitió Bianco.
El frente judicial que no se detiene
En paralelo a la disputa política, el calendario judicial de Cristina Kirchner no se detiene.
En la causa Hotesur-Los Sauces, el fiscal Diego Velasco pidió al Tribunal Oral Federal Nº 5 que fije fecha para el inicio del juicio oral y planteó que las pericias pendientes pueden incorporarse durante el debate. Mientras que en la causa Cuadernos, el Tribunal Oral Federal Nº 7 define un nuevo cronograma de audiencias.
Cada movimiento judicial impacta en la estrategia política. El reclamo de “Cristina libre” volvió a escucharse tras el discurso de Milei en el Congreso, pero no con la misma potencia en todo el PJ. Los organismos de derechos humanos y un grupo de legisladores pidieron revisar las condiciones de detención y denunciaron restricciones “inéditas”. Sin embargo, el acompañamiento no fue masivo.
Entre la identidad y la ampliación
El peronismo busca convertir la confrontación permanente de Milei en un punto de partida para reagruparse. En el cristinismo sostienen que el “riesgo kuka”, idea sobre la que vuelve con frecuencia la narrativa libertaria, ya no moviliza como antes y que esa polarización puede agotarse si la situación económica empeora. En otros sectores creen que la clave es ofrecer una alternativa más amplia y menos anclada en la épica judicial.
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La fractura aún no es formal, pero es inocultable. La Cámpora exige centralidad para la denuncia de la “proscripción”, mientras el kicillofismo prioriza gestión y ampliación a su manera con la mirada puesta en 2027, y el massismo se mueve con agenda propia. En ese contexto, se ensayan conversaciones que podrían redibujar el mapa opositor.
Para quienes miran a futuro, el desafío es sostener a Cristina Kirchner como figura gravitante mientras se construye algo que la exceda. En esa tensión se mueve hoy el peronismo, sabiendo que el tiempo para ordenar las piezas empieza a correr más rápido.
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POLITICA
Kicillof llegó a un acuerdo con los gremios docentes y ratificó su vínculo con el sindicalismo para 2027
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se encamina a evitar -al menos por los próximos dos meses- medidas de fuerza de parte de los gremios de la administración pública bonaerense. Sucede que los principales sindicatos aceptaron la última oferta de incremento salarial que puso sobre la mesa la administración bonaerense luego del rechazo de todo el arco sindical. El ofrecimiento del 7,5% dividido en un 5% para marzo, un 2,5% para abril, sumado al 1,5% que ya había otorgado por decreto para el mes de febrero producto de la no aceptación en la instancia paritaria, consolida un 9% para el período febrero, marzo y abril.
“Hemos logrado alcanzar un acuerdo salarial que consideramos satisfactorio, donde pudimos aceptar un ofrecimiento que tiene que ver con un 1,5% correspondiente al mes de febrero que ya veníamos percibiendo y que en el último mes se había cobrado a cuenta de futuros aumentos. En este caso logramos consolidarlo y dejarlo fijo dentro del salario, a lo cual se suma un 5% de aumento para este mes, un 2,5 % de aumento para el mes que viene, para el mes de abril. Además tendremos una cláusula de monitoreo que nos permitirá seguir de cerca la evolución de los salarios con respecto a la inflación y una reapertura paritaria en el mes de junio”, le detalló a Infobae el secretario gremial de UPCN, Juan Pablo Martin Oyarzabal.
En su mayoría, los gremios receptaron de buena manera la nueva propuesta del Ejecutivo bonaerense. Sin embargo, algunos sectores todavía no resolvieron si aceptan o no. Es el caso de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) que forma parte del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB). Se trata del segundo gremio en grado de representatividad de los trabajadores docentes, detrás de SUTEBA. A diferencia del sindicato que conduce Roberto Baradel, la FEB había rechazado el 3% inicial que había dispuesto el Ejecutivo bonaerense y dispuesto una medida de fuerza de caracter provincial para el 2 de marzo último, día en el que debían comenzar las clases en las escuelas públicas bonaerenses. El ciclo lectivo no inició en tiempo y forma.
SUTEBA también se había sumado a esa medida de fuerza, solo que lo hizo en el marco del paro nacional ejecutado por la CTERA, la confederación donde se engloba el gremio en cuestión. El reclamo era fue por los salarios a nivel nacional, la restitución del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y la convocatoria efectiva a la paritaria nacional. Este jueves, ya con la oferta de Buenos Aires sobre la mesa, el propio Baradel planteó que “es un gran esfuerzo de la Provincia frente a la necesidad que tienen los docentes” y que la negociación paritaria en territorio bonaerense se da ante “las restricciones presupuestarias, la caída de la recaudación y los billones de pesos que le debe la Nación, sometiéndolo a un ahogo financiero“. En este marco planteó durante una entrevista con Radio Provincia que “las decisiones del gobierno libertario no perjudican en particular al Gobernador, si no que afectan a la gente”.
Los estatales de ATE también aceptaron el ofrecimiento. “Entendemos la situación que vemos a nivel nacional de un gobierno ajustador que sigue asfixiando a la provincia de Buenos Aires, queremos poner el valor no sólo el aumento del 9%” que comprende el 1,5% abonado en febrero, un 5% en marzo y 2,5% en abril, sino también, “los pase a planta permanente que va a haber en el sector de salud, la recategorizaciones a todos los trabajadores de la 10.430 y el convenio colectivo de trabajo que dignifique al trabajador estatal”, deslizó el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Buenos Aires, Claudio Arévalo, tras la reunión con el ministro de Economía, Pablo López. El marco de reuniones con los gremios también estuvo signado por una particularidad. Testigos del evento dieron cuenta que al momento de retirarse, el automovil en el que se trasladaba el titular de Economía fue increpeado por integrantes de SUTEBA Multicolor, la línea disidente a la conducción de Baradel dentro de ese gremio docente.
En el Gobierno le restaron importancia al incidente. Tras la reunión y a la espera de la confirmación oficial de todos los gremios, el funcionario de Kicillof planteó que “estamos viviendo una situación económica extremadamente preocupante, producto de las políticas económicas del Gobierno nacional, que atentan contra la producción, contra el empleo y contra las empresas argentinas. En ese contexto, la Provincia de Buenos Aires lleva perdidos $22 billones por deudas del Gobierno nacional y la caída constante de la recaudación producto de la situación económica. A pesar de eso reconocemos el esfuerzo que están haciendo las y los trabajadores provinciales y estamos comprometidos a sostener las mejores condiciones laborales que sea posible”.
También el ministro de Trabajo provincial, Walter Correa, resaltó el acuerdo alcanzado con los principales gremios. “En un contexto adverso y de ahogo económico, este acuerdo con las y los trabajadores, a través de sus organizaciones sindicales, cobra aún más valor. Agradecemos la responsabilidad y el compromiso de cada parte, y reafirmamos que la Provincia respeta los derechos laborales y defiende el poder adquisitivo como una prioridad”.
Los gremios que respaldaron la oferta hecha por el gobierno bonaerense -sobre todo UPCN y SUTEBA, que este viernes comunicará su adhesión- son parte activa del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). También algunos dirigentes que forman parte de la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA). En parte es por ello que las conducciones gremiales se encargaron de remarcar que las finanzas del gobierno bonaerense sufren de una “asfixia” de parte de Casa Rosada.
Kicillof requiere de tener cierto alineamiento interno para medir las posibilidades de ser candidato presidencial por el peronismo en 2027. La mayoría de los gremios que desempeñan en la función pública lo respaldan. Donde todavía tiene que ajustar los respaldos el mandatario es al interior del peronismo, puntualmente con La Cámpora.
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En el marco de los cambios en el Gabinete luego del nombramiento de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia, el Gobierno nacional oficialzió la desginación de Sebastián Amerio, como nuevo titular de la Procuración del Tesoro, organismo a cargo de la representación legal del Estado.
El nombramiento se oficializó mediante la publicación en el Boletín Oficial de una serie de normativas. Se trata de los decretos 141/2026, 142/2026 y 143/2026, a través de los cuales se acepta la renuncia de Amerio como secretario de Justicia del Ministerio y como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura para ser designado como nuevo procurador. Como nuevo número 2 en la cartera, fue desginado Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza a nivel nacional y que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Para eso, también fue necesario aceptar la dimisión de Santigo María Castro Videla al cargo. “Agradécense al funcionario renunciante los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”, establecieron. De acuerdo con lo dispuesto, Amerio comenzó su gestión a partir del 6 de marzo.
Sin embargo, este último no abandonará la gestión, puesto que crearon un tercer cargo de subprocurador, que será ocupado por Castro Videla.
La noticia ya había sido confirmada a Infobae el viernes pasado por fuentes oficiales. Según indicaron, la decisión la tomó el mandatario nacional, luego de una reunión que mantuvo en la Quinta de Olivos con su asesor, Santiago Caputo. Después de eso, le ofreció ese cargo estratégico.
El funcionario en cuestión es uno de los dirigentes más cercanos del estratega libertario y tendrá la misión de llevar la causa por la expropiación de YPF. Según pudo confirmar este medio, el equipo de la Procuración General del Tesoro seguirá sin cambios.
Por la mañana, Milei recibió a Caputo en la residencia oficial para conversar sobre el nuevo esquema del Poder Ejecutivo tras la salida de Mariano Cúneo Libarona y la llegada de Mahiques.
El hasta ese momento fiscal de la Ciudad de Buenos Aires no era la primera opción del consultor, que proponía para ese lugar al legislador bonaerense Guillermo Montenegro, ex intendente de General Pueyrredón, partido en el que se encuentra Mar del Plata.
“Hasta la semana pasada, incluso le convencía hasta al propio Presidente, porque era alguien que pasaba el filtro de todos. No sé qué cambió en el medio”, sostuvo uno de los integrantes de la mesa política.
Por otra parte, la cúpula libertaria también decidió desplazar a Amerio, que era el secretario de Justicia y virtual Vice de la cartera de Justicia.
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Mahiques conocía a Amerio de antes e incluso ambos se encontraron recientemente. El nuevo procurador no fue a la jura en Casa Rosada, pero lo esperó para conversar a solas después de la misma.
“Depende del ministro rever todas las áreas y ver cómo organiza los ‘ravioles’”, explicaban cerca del mandatario, cuando todavía se estaban negociando los puestos.
Más temprano, Castro Videla pasó por el despacho del asesor en Casa Rosada y luego hicieron lo propio tanto Amerio como Viola.
Tal como anticipó este medio, una de las primeras medidas que tomó Mahiques tras asumir formalmente fue pedirles las renuncias a los titulares de el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), la Oficina Anticorrupción, la Oficina de Bienes y la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Inspección General de Justicia (IGJ).
De hecho, en un principio había trascendido que la Procuración del Tesoro iba a ser el único organismo que no se iba a tocar, ya que se trata de un ente muy sensible y que maneja causas con gran impacto para el Gobierno, por lo que se iba a apostar a la continuidad de sus autoridades.
Sin embargo, a lo largo de todo el jueves se sucedieron diferentes negociaciones entre los principales integrantes del Ejecutivo que derivaron en la decisión de hacer modificaciones también en esa dependencia.
Para el resto de los organismos mencionados todavía no hay reemplazantes claros y la expectativa estaba puesta sobre todo en la IGJ, que tiene pendiente una designación de veedores en la Asociación Argentina de Fútbol (AFA).
Se trata de un cargo clave, que hasta ahora tenía Daniel Vítolo, ya que se da en medio de los cruces subterráneos entre las autoridades nacionales y las de la entidad deportiva.
Un punto de conflicto fue la operación que llevó adelante el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, para liberar al gendarme Nahuel Gallo, que estaba secuestrado por la dictadura venezolana.
En este contexto, días atrás, la IGJ le solicitó al Ministerio de Justicia la designación de veedores en el ente futbolístico a los fines de informar sobre los estados contables y financieros del 2025.
El objetivo es conocer las relaciones y operaciones concertadas entre la AFA y diversas firmas nacionales y del exterior, incluidas las sociedades TourProdEnter LLC, el Grupo Sur Finanzas, los Sres. Javier Faroni, Erica Gillette, ji Ariel Vallejo y sobre todo lo relativo a la creación de la denominada Universidad de la AFA “UNAFA”.
El Gobierno promulgó el nuevo régimen penal juvenil que establece la responsabilidad penal desde los 14 años y fija un sistema de sanciones específico para quienes cometan delitos antes de cumplir los 18. La norma contempla la posibilidad de penas privativas de libertad en determinados casos, fija un máximo de 15 años de detención y establece medidas orientadas a la educación y resocialización de los jóvenes en conflicto con la ley penal. La norma fue sancionada por el Senado hace diez días.
La ley fue publicada este lunes en el Boletín Oficial bajo el número 27.801 y establece el régimen penal aplicable a adolescentes de entre 14 y 18 años imputados por delitos previstos en el Código Penal o en leyes penales especiales. Según el texto oficial, el objetivo del sistema es fomentar en el adolescente imputado el “sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social”.
Hace diez días el Senado había aprobado la iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei. El proyecto recibió 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, lo que permitió su sanción definitiva en el Congreso.
La ley establece que las personas podrán ser imputadas por delitos cometidos desde los 14 años hasta el momento en que cumplan 18. Para esos casos se crea un esquema de sanciones que contempla tanto penas como medidas orientadas a la integración, la formación y la educación.
Entre las medidas previstas se incluyen programas educativos obligatorios, capacitación laboral, participación en actividades deportivas, recreativas o culturales y asistencia a programas de formación ciudadana. También se contemplan tratamientos médicos o psicológicos cuando resulte necesario y la asistencia a servicios de salud acordes a la edad del adolescente.
El régimen prevé además distintas sanciones que pueden ser aplicadas por la Justicia, entre ellas la amonestación judicial, la prohibición de acercamiento a la víctima, la restricción para concurrir a determinados lugares o espectáculos, la prohibición de conducir vehículos en determinados casos y el monitoreo electrónico.
Otra de las penas previstas es la prestación de servicios a la comunidad, que consiste en la realización de tareas de interés social en instituciones públicas o privadas sin fines de lucro como hospitales, escuelas u organizaciones destinadas al bien común. La ley también contempla la reparación integral del daño causado a la víctima.
Cuando corresponda aplicar una pena privativa de libertad, el régimen establece distintas modalidades de cumplimiento, entre ellas la detención domiciliaria, la permanencia en institutos abiertos o el alojamiento en institutos especializados de detención para adolescentes.
La norma fija que los menores de edad detenidos no podrán permanecer alojados junto a personas adultas y establece que los institutos especializados deberán contar con personal capacitado en el trato con jóvenes en conflicto con la ley penal.
Además, prohíbe la imposición de penas de prisión perpetua o reclusión perpetua para adolescentes y establece que el plazo máximo de privación de libertad será de 15 años, aun cuando la escala penal del delito sea superior.
El régimen también prevé mecanismos destinados a evitar la continuidad del proceso penal en determinados casos. Entre ellos se incluyen la mediación penal juvenil, la posibilidad de aplicar criterios de oportunidad por parte del fiscal y la suspensión del proceso a prueba cuando se cumplan las condiciones previstas por la ley.
La norma establece además que el cumplimiento de las medidas o sanciones deberá ser supervisado por profesionales especializados designados por la justicia, quienes deberán realizar un seguimiento periódico de la evolución del adolescente y elaborar informes sobre su situación personal, educativa y social.
Entre los principios que rigen el régimen se incluyen el respeto por la dignidad del adolescente imputado, el derecho de defensa desde el inicio del proceso, el debido proceso legal y la reserva del proceso judicial. La ley también prohíbe la difusión de datos que permitan identificar a los menores involucrados en causas penales.
El texto aprobado por el Congreso deroga la ley 22.278, que regulaba hasta ahora la responsabilidad penal de los menores, e invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar su legislación a los principios establecidos en el nuevo régimen.
La ley establece que el Poder Ejecutivo nacional deberá supervisar su implementación y promover la coordinación con las jurisdicciones provinciales para la aplicación del sistema.
sancionada por el Senado,Boletín Oficial,Conforme a,,»Irán financia el terrorismo». Monteoliva habló sobre la seguridad de la Argentina, tras la escalada del conflicto en Medio Oriente,,LN+. Las 80 definiciones que dejó Milei: de los cruces en el Congreso a la guerra en Irán y la inflación de 2026,,Análisis. Nuevos blancos en la mira del Gobierno,Boletín Oficial,,Cambios en el Gobierno. Se oficializó la designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia,,Recursos. El Gobierno restringió los viajes oficiales al exterior y estableció nuevos requisitos para los funcionarios,,Cambio en el calendario de vacunación. El Gobierno adelantó la aplicación de la segunda dosis de la triple viral
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