En medio de los embrollos de las últimas semanas, en el plano legislativo pasó desapercibida la grave situación en la Auditoría General de la Nación (AGN), el principal órgano de control externo de los gastos del Estado, que desde hace meses está casi acéfalo salvo la presidencia del legislador porteño electo Juan Manuel Olmos (PJ). Con tres butacas sin definir por cada Cámara del Congreso, La Libertad Avanza cree que la oposición aprovechará la oleada de derrotas al oficialismo de los últimos días para imponer nombres y dejar aún más aislado al Gobierno.

“Una vez que se abre la ventana y te entran las piñas, pasa lo de la última sesión o la que se vendrá prontamente. Teníamos un principio de acuerdo meses atrás sobre la AGN, pero se perdió tiempo y, ahora, los kirchneristas podrían pactar dos para ellos, dejan uno a los radicales y fuiste. El temor principal es que antes se acercaban a consultar o hablar. Esto ya no pasa y, cuando ello ocurre, es esperable cualquier cosa”, sentenciaron desde un despacho oficialista de peso a Infobae.

“Para nosotros, dos o nada, como debió ser siempre. Quisieron la fórmula de uno para cada sector y se equivocaron”, sentenciaron a este medio desde el Frente de Todos en la Cámara alta, que espera el momento para accionar. Además, hoy tiene el control total de la AGN a través de Olmos. De hecho, en la última sesión en la Cámara alta, un respetado legislador radical se cruzó a dos periodistas acreditados en una escalera y, al mencionar el tema, deslizó: “Es muy curioso que el Gobierno arme tanto lío por las jubilaciones, el Garrahan o discapacidad y pida controles a gritos. Pero, ¿cómo puede ser que nadie esté interesado en esto? ¿Por qué casi nadie habla? ¿A quién le favorece todo esto? Muy extraño”.

El inconveniente que se suma a todo esto es que los otrora aliados ahora se encuentran con la cara pintada y están dispuestos a disparar más dardos contra la Casa Rosada desde el recinto de la Cámara alta. No obstante, se encuentran con algunos inconvenientes. Es caso más concreto es la Unión Cívica Radical (UCR) que, para variar, está dividida.

“Algunos no vienen a las reuniones de bloque; otros, están cada vez más opositores. Incluso hay uno que ya parece una filial del kirchnerismo. Y quienes mantienen lazos con el Gobierno libertario o respetan los acuerdos gobernador-Ejecutivo quedaron atrapados. Presentemos a quien presentemos, será para la sospecha de algún bando. Quizá sea mejor que sigamos así”, reflexionaron desde el centenario partido.

Proyectos en stand by

Son dos las iniciativas discutidas tiempo atrás -ahora en siesta, en la comisión de Asuntos Constitucionales- e involucran a dos experimentados: la del jefe del Frente de Todos, José Mayans; y una segunda, del peronista disidente Juan Carlos Romero (Provincias Unidas). Ambas comparten la disminución de los mandatos, que pasarían de ocho a cuatro años, con posibilidad de reelección. Es decir, actualizados a la realidad de los gobiernos y renovaciones parlamentarias, en general.

Un ítem con leves diferencias apunta a la remuneración de los auditores: el del formoseño habla de ser “equivalente” al de legisladores -sin aclarar cuáles y genera una duda, dada la diferencia entre las dietas de Diputados y Senadores en la actualidad-, mientras que el segundo impone que no perciban “un monto mayor a la dieta percibida” por los integrantes de la Cámara alta, que a partir de noviembre próximo pasará los $10,2 millones en bruto.

Sobre el último punto, varios senadores se quejaron -e intentaron operar, con resultado penoso- para desdramatizar la polémica por las dietas. Más allá de que siempre se aclara que, con los descuentos, disminuyen dichos haberes -entre seis y siete millones en mano de mínima, en la actualidad y en general-, todos los bloques tienen amnesia sobre la sesión del año pasado, cuando en modo ninja metieron un proyecto por la ventana y lo votaron sin chistar en minutos. Ahí es donde se ataron a las paritarias de los empleados del Congreso. El famoso y pícaro “si pasa, pasa”.

El único oasis de institucionalidad y que equilibra -como puede- el desmadre vigente relacionado con la AGN es la comisión bicameral Mixta Revisora de Cuentas -nexo principal del Congreso con el organismo-, que comanda el diputado peronista Miguel Pichetto. Es la última barrera de contención e intenta, al mismo tiempo, saldar asuntos demorados hace largos años.

Conforme a,,De Madrid a Tokio. La pasión porteña que se volvió un negocio global,,La reforma tributaria que viene. Qué hacer con Ingresos Brutos, el impuesto que todos cuestionan,,»Controlan todo». La ciudad más cara y competitiva de EE.UU. donde la burocracia es interminable

Vértigo e incertidumbre. El Gobierno busca sostener una línea de respuesta al oleaje producido por el caso Spagnuolo, pero los hechos se suceden en velocidad y agotan planes propios. Javier Milei produjo el principal giro al involucrarse directamente en el tema y exponer que, si existía una estrategia oficial, fue superada. Afirmó que es “mentira” lo que dicen las grabaciones y anticipó que irán a la Justicia contra el funcionario echado del área de discapacidad. Dio así un paso personal riesgoso al negar algo -un posible mecanismo de corrupción- que recién empieza a ser investigado y habló de la voluntad de avanzar con una denuncia, cuya formulación y momento no parecen definidos. Todo, en horas de tensión creciente, que incluye a la campaña y trasciende largamente los límites de la política.

Ese cuadro, cuando la causa del ex jefe de la Agencia Nacional de Discapacidad y las medidas judiciales tiñen todo, agregó de golpe otro trazo fuerte: la difusión de fragmentos de conversaciones de Karina Milei. Nada comprometedor en los dichos, aunque está claro que el punto sería otro. Lo que impacta es la existencia de audios que habrían sido grabados en la propia Casa Rosada. “Si son verdaderos, estamos ante un escándalo sin precedentes”, fue la reacción expresada por Manuel Adorni.

Con tono de sorpresa, el mensaje del vocero tradujo el sacudón producido por la difusión del par de frases atribuidas a la hermana presidencial. Frases que, según su difusor, formaría parte de casi una hora de grabaciones. Más que sugestivo. En medios del oficialismo circulaban especulaciones sobre la existencia de otros recortes, pero de los dichos de Spagnuolo, cuyas acusaciones no resultaron una absoluta sorpresa en algunos circuitos mileistas.

Lo ocurrido ahora agrega combustible a las especulaciones y por momentos cruces domésticos sobre el origen de las operaciones. El foco fue puesto públicamente en el kirchnerismo -alimentado en las oscuridades de servicios de inteligencia-, pero incluso públicamente se sucedieron versiones y hasta declaraciones sobre batallas intestinas. Como fuera, está a la vista que hay elementos fuera de control.

El caso Spagnuolo y sus estribaciones preocupan por diversas razones y no sólo al oficialismo. En rigor, también son parte del análisis en el mundo empresarial y financiero: se mezclan hipótesis sobre sus alcances reales, la reacción del Gobierno y los posibles escenarios electorales, tema número uno de conversaciones con consultores. Por supuesto, el resultado que anote el peronismo/K sigue siendo un punto dominante en esas consideraciones, cuando falta una semana para los comicios bonaerenses. Pero no se trata sólo del “riesgo kuka”, como intenta alertar el Gobierno, sino también de los costos autogenerados por el oficialismo.

Las encuestas que se suceden en estas horas midieron el primer efecto del caso Spagnuolo. Hay coincidencias en un punto: la enorme repercusión en la sociedad y, en un escalón más bajo, la consideración sobre la credibilidad de los audios. Junto con eso, circularon un par de análisis sobre la disputa en redes sociales y allí, territorio de supuesto predominio violeta, tampoco el oficialismo registra buenos resultados.

Se ha dicho: nadie traduce eso de manera mecánica en términos electorales. El Gobierno puede rescatar algunos datos en medio de este cuadro. La mayoría de los sondeos precios venían anotando desgaste de la figura presidencial, pero en un cuadro de grave deterioro de otros dirigentes, desde CFK a Mauricio Macri. Eso es reforzado además por la enorme fragmentación en el conglomerado de otros espacios políticos.

A eso se suma un interrogante sin respuesta terminante: ¿cuánto impacta el caso, medido en términos de confianza pública? El Gobierno conserva niveles nada desdeñables de expectativas a mediano plazo, aunque en el marco de caída de los registros sobre situación y perspectivas de la economía personal. En ese punto coinciden algunos consultores. En sentido inverso para el oficialismo podría jugar un dato palpable: el tema Spagnuolo registra mayor repercusión que otros episodios, en especial el criptogate. Tiene todo para ser así: coimas y en un área sensible, el sistema de discapacidad.

Ese registro, no sólo mediático, explica el impacto y las cuentas políticas que comenzaron a hacerse apenas estalló el caso. La principal y más visible consecuencia es que pega en la línea central del discurso mileista, es decir, la batalla contra la “casta”.

Esa consigna fue retomada por Milei en su carga contra los audios de Spagnuolo. Reforzó el discurso inicial del oficialismo –habló de una “opereta” de la “casta”– pero lo hizo con un giro significativo: le agregó por primera vez una referencia a la cuestión de fondo, que es la descripción de un mecanismo de corrupción en la ANDIS. “Todo lo que dice Spagnuolo es mentira”, dijo. Y anticipó que harán una denuncia concreta contra el ex funcionario. El Gobierno por ahora no dio precisiones sobre el contenido y el momento de la presentación ante la Justicia.

El Presidente se expuso así directamente en un terreno que para Olivos se presenta poco firme. De hecho, la causa a cargo del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi recién comienza. No es lo único. Algunos legisladores de la oposición apuntan sobre contrataciones de la droguería Suizo Argentina en otros organismos estatales.

Milei, además, dejó atrás lo que fuentes del oficialismo presentaban como una especie de plan básico para enfrentar el escándalo: silencio inicial, declaraciones posteriores de Lule y Martín Menem, respuesta política a cargo de Guillermo Francos. La reacción presidencial expuso la imposibilidad de bajarle el volumen al caso y también los límites de un discurso que restringía todo a su uso político en tiempo de campaña, sin rechazar expresamente el contenido de los audios.

La alteración de planes y la velocidad con que se suceden los hechos arman una doble prueba política. Algunos capítulos asoman fuera de agenda y sacuden el tablero. Otros son parte del muy extenso recorrido electoral. Mañana, Corrientes elige gobernador y en una semana, apenas, será el turno crucial de Buenos Aires. Después, sólo quedará le camino a octubre.