POLITICA
En medio de versiones de un decreto de Milei, la Auditoría cumple un mes de parálisis y crece la pelea en el Congreso
La Auditoría General de la Nación (AGN) cumple su primer mes de acefalía, una situación que no se había dado nunca en los 32 años de existencia, por la falta de acuerdo entre los distintos espacios del Congreso y se descarta que la situación se vaya a normalizar en lo inmediato, lo que genera más incertidumbre en el principal órgano de control de la administración de las cuentas del Estado.
En el Senado se plantearon dos propuestas que reformulan el funcionamiento e integración del organismo para destrabar las negociaciones entre el peronismo, los sectores dialoguistas y los libertarios. Pero el Gobierno no se muestra dispuesto a abrir esa mesa de diálogo que al menos lleve la discusión al recinto.
Mientras tanto, en Diputados la situación es más compleja porque no hay proyecto ni de reforma, ni tampoco hay interés Martín Menem para abrir una mesa de negociación. Es que la situación favorece la estrategia de la Casa Rosada que busca mantener paralizado el organismo de control mientras espera las elecciones legislativas con la ilusión de ampliar su número de bancas.
En la Cámara Alta, como informó Clarín, hay dos proyectos orientados a normalizar el funcionamiento del organismo de control. Por un lado está la idea de José Mayans, jefe del bloque de Unión por la Patria (UxP), y por el otro está el impulsado por el salteño Juan Carlos Romero, de la bancada Provincias Unidas y más cercano a la Casa Rosada.
Ambos senadores proponen recortar en forma drástica el mandato de los auditores de 8 a 4 años, con chance de reelección. El argumento sobre este punto es que cuando se redactó la ley los períodos de los senadores duraban 9 años y los presidentes 6 y se decidió que duren 8 años para garantizar la continuidad en el proceso de control. Pero con la reforma constitucional de 1994, los mandatos presidenciales bajaron a 4 años y en consecuencia entienden que debe ser el mismo período para los auditores.
Además, tanto la propuesta de Mayans como la de Romero establecen límites a los sueldos de los auditores. La del jefe del bloque peronista propone que sea lo mismo que lo que cobra un legislador mientras que el salteño precisa que no debe ser superior al de un senador, que en mayo ya comenzará a percibir una dieta de $ 9,1 millones, en bruto sin los descuentos.
Para tratar de destrabar la discusión, Mayans pretende aumentar el número de auditores de 7 a 9, mientras que el senador dialoguista quieren mantener la actual estructura. La segunda opción cuenta con el guiño del oficialismo porque en rigor, Romero plantea que al peronismo se le baje de 2 a 1 los lugares por cada una de las cámaras. En tanto, la UCR tendría una plaza por el Senado al igual que los bloques federales, mientras que en Diputados las dos plazas restantes quedarían para La Libertad Avanza y el PRO.
Esta distribución de los cargos sería aceptada por el oficialismo, que busca colocar a Santiago Viola, el apoderado de La Libertad Avanza, desplazando a Mario Negri, quien es propuesto por la UCR y cuenta con apoyo de Miguel Angel Pichetto de Encuentro Federal y de la Coalición Cívica. La plaza restante sería para Jorge Triaca, en representación del PRO.
En Unión por la Patria habría un principio de acuerdo para que se dividan el mandato entre el camporista Juan Forlón, quien tiene llegada a Máximo Kirchner, y el ex titular de la Aduana Guillermo Michel, cercano a Sergio Massa. Hay que ver si el acuerdo se mantiene en caso de una reforma en la integración del órgano de control.
En el Senado, el peronismo tenía la intención de validar otro mandato de Javier Fernández mientras que la UCR había elegido al ex senador por Formosa Luis Naidenoff. Aún no trascendió para quién quedaría el lugar restante.
Obviamente que si avanza la idea de una ampliación de los representantes del Congreso en la AGN, el peronismo buscará quedarse con una de los dos nuevas plazas. La incógnita es para quién quedará la otra vacante. Por eso, en la oposición insisten en que la maniobra del oficialismo es estirar la discusión hasta después de las elecciones de octubre y abrir una nueva negociación con la nueva distribución de las cámaras.
Una alternativa que se mencionó esta semana fue que el Gobierno recurra a un decreto del Presidente para modificar la estructura y los mandatos de los auditores.
AGN,Diputados,Senado de la Nación
POLITICA
El Gobierno designó al administrador que seguirá la reestructuración de IOSFA, la obra social de los militares y los policías
El Gobierno designó este jueves al administrador que se hará cargo de la reestructuración del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) en medio de la crisis financiera que atraviesa producto de una deuda que ronda los 200 mil millones de pesos.
A través de una comunicación, el ministro de Defensa de la Nación, Carlos Presti, designó al Coronel Mayor Ariel Guzmán como interventor de la entidad. El objetivo es conducir el proceso de planificación y ejecución de la disolución del IOSFA y el traspaso de sus afiliados a la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y a la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), en un plazo máximo de doce meses.
El anuncio oficial buscó llevar tranquilidad a los más de 500 mil beneficiarios del sistema, al confirmar que, durante el período de transición, el IOSFA continuará brindando la totalidad de sus prestaciones. De acuerdo con lo informado, la cobertura de salud para el personal militar, de seguridad y sus familias se mantendrá sin interrupciones hasta que las nuevas obras sociales estén completamente operativas y en condiciones de asumir sus funciones.
La designación del Coronel Mayor Guzmán forma parte de una estrategia orientada a asegurar un traspaso ordenado, que incluye la adecuación de los sistemas de información y la consolidación de los datos sobre prestaciones, medicamentos y gastos. El Ministerio de Defensa remarcó que estas tareas se realizarán en coordinación con los organismos competentes de los ministerios de Defensa y de Seguridad, y con las autoridades que sean nombradas en OSFA y OSFFESEG. El proceso técnico-administrativo pretende preservar la continuidad de los servicios y proteger a los afiliados frente a la crisis.
Así, se constituye un paso formal dentro de la reorganización del sistema de salud de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad Federales, un objetivo que el Ejecutivo considera clave para garantizar la sustentabilidad y el funcionamiento adecuado de las prestaciones médicas y sociales. El diagnóstico oficial señala que la deuda acumulada por la entidad, que alcanza 200 mil millones de pesos, es el resultado de irregularidades detectadas en gestiones anteriores. Esta situación financiera crítica llevó al Gobierno a intervenir en busca de una solución estructural.
Una de las consecuencias más visibles del deterioro institucional se observa en localidades como Punta Alta, donde, según datos de la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE), de los 77.000 habitantes, 42.000 dependen de IOSFA y llevan meses sin acceso pleno a servicios básicos de salud. La falta de insumos, demoras en la entrega de medicamentos y suspensión de prácticas médicas afectan de modo directo tanto a personal en actividad como a jubilados y familiares.
Ante este escenario, el ministro Presti mantuvo encuentros con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, para definir alternativas que permitieran rescatar a IOSFA del colapso. La respuesta política fue la división del organismo y la creación de dos nuevas entidades con autonomía jurídica y financiera.
La flamante Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) funcionará como un ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Defensa, con competencia en todo el territorio nacional. Su misión principal será proporcionar cobertura médico asistencial y social a la totalidad de la población beneficiaria, de acuerdo con el Programa Integral de Prestaciones que apruebe su propio directorio. El decreto de creación establece que las prestaciones de OSFA no podrán ser inferiores al Programa Médico Obligatorio vigente ni a sus futuras actualizaciones.
El directorio de la OSFA estará integrado por representantes de cada una de las fuerzas armadas, lo que, según el Ejecutivo, permitirá una gestión ajustada a las necesidades específicas de cada institución militar. El Ministerio de Defensa tendrá la responsabilidad de fiscalizar y controlar el funcionamiento de la nueva obra social, asumiendo el rol de autoridad de aplicación.
En paralelo, la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) se crea como ente autárquico bajo la dependencia del Ministerio de Seguridad Nacional. Esta nueva entidad tendrá como objetivo central la cobertura de salud y prestaciones sociales para el personal de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina y, eventualmente, otras fuerzas federales que puedan incorporarse en el futuro.
La OSFFESEG contará con un directorio de cinco miembros titulares, todos designados por el Ministerio de Seguridad. La presidencia estará a cargo de una persona con antecedentes técnicos y experiencia en la gestión pública o privada, y el decreto exige que todos los integrantes demuestren competencia en administración y organismos complejos.
Ambas entidades tendrán una estructura financiera sustentada en los aportes personales de los afiliados, contribuciones patronales, cuotas de adherentes, ingresos por ventas de activos, partidas del presupuesto nacional y donaciones. El porcentaje de aportes y contribuciones se calculará sobre todos los conceptos remunerativos y no remunerativos exceptuando asignaciones familiares, viáticos y gastos.
El marco normativo fija que al menos el 80 % de los recursos de OSFA y OSFFESEG deberá destinarse a prestaciones de salud, en tanto que el gasto administrativo y de funcionamiento no podrá superar el 8 %. Si existieran excedentes luego de cubrir las obligaciones de salud y administrativas, hasta un 12 % podría dirigirse a otras prestaciones sociales.
Los directorios tendrán la facultad de aprobar normativas internas, definir estructuras orgánicas, presupuestos anuales, balances, programas médicos y políticas de inversión, así como contratar personal y servicios. Además, ambas obras sociales estarán sometidas a auditorías internas bajo la supervisión de la Sindicatura General de la Nación y deberán cumplir estrictas normas de incompatibilidad para evitar conflictos de interés. Los mandatos de los miembros serán de cuatro años, con posibilidad de reelección, y todos deberán acreditar experiencia y formación en administración y gestión de salud pública o privada.
POLITICA
Reforma laboral: los gremios toman distancia de la izquierda y le exigen a la CGT otro paro general con movilización
“Tal vez la semana que viene haya otra sesión en el Congreso. Por eso vamos a exigirle a la Confederación General del Trabajo (CGT) un paro de 36 horas con movilización”, dijo Abel Furlán, titular la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en representación del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) en su acto sobre la Avenida de Mayo.
Aunque la CGT resolvió para este jueves un paro general sin movilización, varios de los gremios que la integran y otros que no pertenecen a la central obrera coparon la avenida hasta la esquina con la calle Luis Sáenz Peña. Además de la UOM, se sumaron la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y sindicatos de las dos Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), entre otros espacios.
“Vinimos a manifestarnos, no a hacer quilombo al frente con las organizaciones de izquierda”, dijo un manifestante de la UOM a . Es que se ubicó un camión que sirvió como escenario justo antes de la Plaza Mariano Moreno, donde se dio un discurso. “Los que quieran ir hasta el Congreso, pueden hacerlo”, agregó la fuente sindical.
Durante la tarde, luego que la columna de la izquierda abandonara la cabecera de la marcha en la Plaza del Congreso, un pequeño grupo de manifestantes intentó derrumbar el vallado policial y arrojaron botellas y plásticos contra las fuerzas de seguridad. La respuesta fue con gases lacrimógenos, carros hidrantes, policías motorizados y balas de goma. De esta manera, la jornada terminó entre corridas, heridos y detenidos.
Preventivamente, los sindicatos se desmarcaron de la actividad de otras organizaciones presentes frente al Congreso Nacional, y de una posible represalia de las fuerzas de seguridad. “El tema es que si reprimen, se van a venir todos para acá”, comentó el hijo de un histórico referente de la guerrilla izquierdista a este medio entre tambores y canciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
Mientras el oficialismo conseguía el quorum para debatir la reforma laboral, desde el improvisado palco y hacia una Avenida de Mayo repleta sonaba la Marcha de la Bronca en los altoparlantes. “Hay unidad de este frente de trabajadores y trabajadoras. Estamos movilizados en las calles para decirle no a la reforma”, anunció un locutor.
“Esto lo organizó la UOM junto a otros sindicatos”, afirmó otra fuente de los metalúrgicos al pie del escenario y agregó: “Son dos actos. El nuestro acá y otro de la izquierda frente a las vallas del Congreso”. A las dos y media, una fila india de dirigentes sindicales atravesó custodiada la multitud que cortaba la avenida y subió al palco. “Aumento de salarios ya, no a la reforma laboral”, decía una pancarta del FreSU que desplegaron para el acto.
Único orador, Furlán apuntó al Gobierno: “El problema es el modelo económico y político que quieren instalar en la Argentina. Lo de FATE es solo una muestra de lo que va a pasar en los próximos meses. Esto nos atraviesa a todos, no se va a salvar nadie”. En diálogo con en su salida, Furlán adelantó: “El paro general se lo vamos a proponer a la CGT la semana próxima”.
El acto terminó a las 15 con la desconcentración del frente sindical. “El FreSU se ha venido construyendo en el marco de la lucha contra el Gobierno de Javier Milei. Se unificaron las dos CTA y un conjunto de gremios que integran la CGT. Es una experiencia nueva que quiebra el inmovilismo cegetista”, explicó a este medio el exdirector del Banco Nación Claudio Lozano.
Mientras tanto, cerca de las vallas de otra punta de la plaza se agrupaba el Frente de Izquierda, (FIT), el Movimiento Teresa Vive y el Polo Obrero, entre otras organizaciones. Entre sus filas, se cantaba “¿a dónde está que no se ve esa famosa CGT?” cuando bajó Myriam Bregman del recinto.
La diputada nacional del FIT habló en ese acto regado de organizaciones sociales: “A los sindicalistas no los vimos acá, en las marchas o en los piquetes”, apuntó. “Haber estado desde temprano en la calle es lo más importante que podemos hacer. Pero esta es la primera etapa para ganarle a Milei. Hay que militar, no queda otra, no se puede seguir mirando la tele”.
intentó derrumbar el vallado policial,el oficialismo conseguía el quorum,Lo de FATE,Paro nacional,Reforma laboral,CGT,Conforme a,,»¿Estás loca?». El momento en que la diputada Carignano desenchufa micrófonos para interrumpir la sesión,,Desafío de la CGT. El paro tuvo un fuerte impacto por la adhesión del transporte y hubo cruces con el Gobierno,,Encuesta. Crece el rechazo a Milei entre los trabajadores sindicalizados,Paro nacional,,Gran adhesión. Qué se sabe del paro nacional de la CGT contra la reforma laboral, este jueves 19 de febrero,,Todos los detalles. Paro general de la CGT contra la reforma laboral: mapa de cortes, horario de la marcha y calles afectadas,,Balance y advertencia. La CGT calificó de “contundente” al paro y marcó la adhesión en “un 90%”
POLITICA
Reforma laboral: los gobernadores que le ayudaron al Gobierno a habilitar el debate en Diputados
El Gobierno logró abrir el debate de la reforma laboral en la Cámara de Diputados con una mayoría ajustada y apoyos provinciales determinantes. La sesión comenzó con número justo y dejó expuesto que la suerte del proyecto no depende solo de los bloques aliados, sino del rol que juegan los gobernadores en la construcción de mayorías.
Seis mandatarios, en su mayoría peronistas o con origen en ese espacio, aportaron diputados clave para habilitar el recinto. Sin esos respaldos, el oficialismo no habría alcanzado el piso necesario para iniciar el tratamiento de una iniciativa que se convirtió en una de las principales apuestas políticas del Ejecutivo.
Leé también: Reforma laboral: ¿qué pasará si la oposición logra voltear el capítulo del fondo de asistencia laboral?
El respaldo, sin embargo, no implica un cheque en blanco, advierten desde las provincias. En el propio oficialismo reconocieron que “los números están justos” y admitieron que algunos puntos del texto todavía generan dudas entre los aliados provinciales.
El mapa provincial que inclinó la balanza
El quórum de este jueves se construyó con el aporte de legisladores que responden a los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Hugo Passalacqua (Misiones) y Raúl Jalil (Catamarca).
En total, esos espacios provinciales sumaron 16 diputados que resultaron determinantes para inclinar la balanza. El aporte fue especialmente sensible en un contexto de paridad, donde cada ausencia o llegada tardía podía alterar el resultado.
El caso de Santa Cruz se destacó por el peso simbólico del último respaldo que permitió completar el número. En paralelo, los bloques habituales que acompañan al oficialismo, como el PRO y la UCR, también garantizaron presencia plena, mientras que otros interbloques optaron por no colaborar en la apertura del debate.
La ausencia de legisladores alineados con el kirchnerismo y la izquierda consolidó un escenario polarizado desde el inicio de la sesión.
Incentivos, recursos y agenda productiva
Detrás del respaldo provincial operan intereses concretos. Varios de los gobernadores que facilitaron el quórum administran distritos con fuerte impronta minera y siguen de cerca los cambios normativos que pueden impactar en inversiones y recursos.
En el caso de Catamarca, el traspaso de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) a la órbita provincial significó una señal política relevante. La empresa retiene el 60% de las utilidades netas de explotaciones de oro, plata y litio, lo que la convierte en una caja estratégica para la provincia.
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También aparece en el horizonte la discusión sobre la Ley de Glaciares, cuya eventual modificación podría ampliar zonas disponibles para la actividad minera. Ese debate impacta de manera directa en provincias como San Juan, donde el cobre y otros minerales forman parte central de la agenda económica.
Pero, aunque los gobernadores facilitaron el inicio de la sesión, no todos los puntos del proyecto tienen asegurado el mismo nivel de respaldo. Entre los aspectos que generan más resistencia figura el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que propone financiar indemnizaciones con aportes patronales que hoy se destinan a la Anses.
reforma laboral, Gobernadores
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