LA PLATA.- Más de la mitad de los telegramas enviados por el Juzgado Federal N°1 a fin de citar autoridades de mesa para los comicios de la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre fueron devueltos.

Los domicilios no correspondían, no se hallaron o no había ciudadanos cuando asistió el personal del Correo Argentino. Este es un problema que se repite en cada elección en este territorio.

La justicia federal pretende convocar a 78.070 autoridades de mesa para actuar el primer domingo de septiembre en la elección legislativa bonaerense, en la que se elegirán legisladores provinciales, concejales municipales y consejeros escolares. A la fecha, el juzgado ya tuvo que reenviar 41530 telegramas para reemplazar más de 39.018 devoluciones más otras 4200excusaciones que se realizaron presenciales o mediante la aplicación de la Cámara Nacional Electoral.

La justicia federal busca cubrir dos autoridades de mesa para cubrir unas 38.788 mesas, que funcionan en 6426 locales de votación en este territorio. Los telegramas devueltos activan un reemplazo casi inmediato por parte del sistema. Aún así, las mesas que queden vacantes se cubrirán con el primer ciudadano que llegue a votar el día de la elección.

El juzgado nacional dispuso capacitaciones presenciales para las ciudadanas y los ciudadanos designados como autoridades de mesa en los 135 municipios donde se renovarán cargos legislativos provinciales y municipales.

Se dispusieron 264 cursos, algunos en sedes universitarias y otros en espacios de instituciones públicas provinciales, asegurando cobertura en todos los municipios de la provincia. La iniciativa, que cuenta con la participación de 34 instituciones universitarias, se extenderá hasta el 5 de septiembre y permite a las autoridades de mesa optar por la modalidad presencial como alternativa o complemento de la virtual, que también se encuentra disponible.

“Es la primera vez en la historia que llegamos a los 135 municipios y que podemos realizar capacitaciones presenciales en cada uno de ellos, y la respuesta de la gente es excelente. La autoridad de mesa es la máxima autoridad de todo el proceso electoral, por lo que resulta vital para el fortalecimiento del sistema democrático que pueda estar adecuadamente capacitada”, expresó Alejo Ramos Padilla, titular del Juzgado Federal N°1 con competencia electoral en el distrito de la provincia de Buenos Aires.

Este esquema de capacitación se implementó por primera vez en las elecciones de 2023 y, este año, contempla la coordinación entre el Juzgado Federal N°1 de La Plata, la Cámara Nacional Electoral, la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, el Instituto de Capacitación Judicial de la Corte Suprema bonaerense, el Gobierno provincial —a través del Programa “Puentes” y la Dirección General de Cultura y Educación—, las universidades públicas nacionales y provinciales con sede en la provincia, y la Universidad Atlántida.

“Las elecciones de este año representan un hito en la provincia de Buenos Aires debido a la suspensión de las PASO, el desdoblamiento electoral y la implementación de la Boleta Única Papel en octubre- dijo Ramos Padilla- Estos cambios exigieron reforzar la capacitación de las más de 78.000 autoridades de mesa designadas para el 7 de septiembre”.

En esta elección, la provincia de Buenos Aires cuenta con 13.361.359 electores nativos más otros 1.015.233 extranjeros. Es decir: 14.376.592 votantes.

Los ciudadanos habilitados en el padrón pueden proponerse como autoridades de mesa que aún deseen inscribirse a los cursos presenciales pueden hacerlo ingresando a www.capacitacionelectoral.gob.ar , seleccionando “Autoridades de Mesa – Provincia de Buenos Aires” y luego “Capacitación Presencial”, donde podrán solicitar un turno y elegir el municipio correspondiente. También se puede acceder directamente al sistema de inscripción en www.padron.gob.ar.

Desde el Juzgado Electoral se informó que, aunque estas capacitaciones están destinadas a las elecciones provinciales de septiembre, se repetirán para las elecciones nacionales del 26 de octubre, donde se implementará por primera vez la Boleta Única Papel (BUP).

Eduardo Kovalivker, dueño de la droguería Suizo Argentina, investigada en la causa de los audios, se presentó esta tarde ante el fiscal Franco Picardi en los tribunales de Comodoro Py para entregar su teléfono celular y cumplir con la orden de requisa que pesaba sobre él.

Lo hizo en compañía de su abogado, Martín Magram, que también representa a sus hijos, Jonathan y Emmanuel Kovalivker, quienes hoy dirigen la compañía.

Eduardo, retirado del negocio y abocado a la escritura, debió aguardar unos minutos afuera de la fiscalía hasta que su abogado le comunicó que podía ingresar. Estuvo adentro poco más de una hora.

El empresario se mostró confiado en que la investigación judicial ordene el “escándalo mediático” que rodea a una empresa que -dijo- “está en orden”.

A Eduardo Kovalivker lo buscaban desde la semana pasada. Según fuentes cercanas a él, no se presentó antes porque sufrió un ataque de presión alta.

Sus hijos Jonathan y Emmanuel ya estaban presentados en el expediente y la Justicia está intentando acceder al contenido de sus teléfonos, que ellos entregaron sin la clave de apertura.

La empresa israelí Cellebrite, que desarrolla el programa que utilizan las fuerzas para acceder a la información de los celulares, informó hoy al Ministerio Público que no disponía de la tecnología necesaria para destrabar el celular de Jonathan, un Samsung última generación, que permanece bloqueado.

El juzgado sí dispone de una copia de uno de los teléfonos de Spagnuolo, que, desde ayer, es representado por los abogados Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze.

La presentación de Eduardo Kovalivker en los tribunales tuvo como telón de fondo una nueva serie de allanamientos que la Policía de la Ciudad realizó este viernes al mediodía en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y la droguería Suizo Argentina.

Dos efectivos de esa fuerza, a la que el fiscal le confió hasta ahora los distintos operativos, ingresaron a la fiscalía casi en simultáneo con Kovalivker.

El empresario, al igual que sus hijos y los dos exfuncionarios investigados -Spagnuolo y Daniel Garbellini-, tiene desde el lunes sus cajas de seguridad bloqueadas por orden del juez Sebastián Casanello.

En un tramo de los audios que dispararon el caso, una voz que sería la de Spagnuolo dice: “La gente de la Suizo llama a los demás proveedores y les dice: ‘Ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8. Lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Así, por teléfono”.

Por la mañana, se presentó el abogado que representa a la empresa como persona jurídica, Santiago Kent, que estuvo pocos minutos y se fue. La causa permanece bajo secreto de sumario.