Luego de su paso por Hungría, durante el cual se reunió con las máximas autoridades de ese país y dio un discurso en el marco de la CPAC, el presidente Javier Milei regresó a la Argentina y encara una semana corta, pero clave, en medio de las tensiones políticas que asedian a su gobierno.

El mandatario nacional aterrizó en Buenos Aires cerca de las 09:00 de este domingo y ya se prepara para intentar recuperar el control de la agenda local, actualmente acaparada, en buena medida, por las revelaciones del caso $Libra y la situación de Manuel Adorni.

Desde que surgió la polémica en torno al jefe de Gabinete, el líder libertario salió a respaldarlo abiertamente y lo invitó a participar de sus actos oficiales para mostrar unidad y contrarrestrar cualquier versión de inestabilidad.

Sin embargo, los rumores sobre la salida del funcionario de ese cargo continuaron e incluso comenzaron a circular algunos nombres para su reemplazo, desde los ministros Diego Santilli (Interior) y Sandra Pettovello (Capital Humano), hasta la secretaria general, Karina Milei.

“Es absurdo todo lo que se dice. Primero, nadie está pensando en que se vaya, él ya pidió disculpas y es un tema menor. Pero además, Manuel está bien en ese puesto. ¿Por qué iríamos a cambiarlo? ¿Vamos a sacar a alguien de un lado para después tener que llenar otro hueco? Sería comprarnos otro problema, no lo veo», comentó a Infobae una persona de diálogo fluido con la hermana del Presidente.

En todos los niveles del Poder Ejecutivo hay una defensa cerrada a Adorni y, a pesar de las críticas que viene recibiendo por parte de la oposición, en el oficialismo se muestran todos de acuerdo en este punto.

De hecho, si bien en un momento apareció cierta tensión dentro de los distintos sectores del Gobierno, rápidamente la interna fue dejada de lado y tanto desde el entorno de la secretaria general, como del asesor presidencial, Santiago Caputo, coinciden en que no va a haber modificaciones.

“Lo de Karina como jefa de Gabinete es una locura, ella está pensando en otras cosas, tiene mil tareas para hacer ya, ahora. El equipo está funcionando bien así”, resumieron cerca de la funcionaria.

De igual manera, en Capital Humano aclaran que Pettovello “tiene mucho trabajo por delante para hacer” en su Ministerio, por lo que está concentrada en esos desafíos y no en su futuro político o eventuales cargos.

El caso de Santilli es particular, ya que además se trata de alguien que no está formalmente dentro de La Libertad Avanza, sino que técnicamente sigue perteneciendo al PRO, aunque no fue al relanzamiento del partido al que convocó Mauricio Macri la semana pasada.

El titular de la cartera de Interior ya no tiene tanta relación con el ex mandatario, pero, sí mantiene un vínculo muy fuerte con algunos de los dirigentes de ese espacio, como el diputado Cristian Ritondo, quien lo considera “su hermano” y volvió a pedirlo como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en una alianza.

“El Colo es violeta, olvidate. Puede ser que siga afiliado al macrismo, pero ya es nuestro. Igual, todavía está por definirse quién va a competir en territorio bonaerense, no sé si está tan cerrado eso”, aclaran en Balcarce 50.

Por su parte, luego del escándalo, Adorni encabezó una nueva reunión de la mesa política nacional, el grupo que se formó hace algunos meses para mejorar la planificación estratégica del Gobierno, principalmente en temas legislativos.

Tras varios intentos y esquemas diversos, el oficialismo encontró en este cuerpo una forma de unificar criterios y encarar las negociaciones parlamentarias con posturas más claras, y así lo entiende incluso la propia cúpula libertaria.

En el horizonte, La Libertad Avanza buscará aprobar en el Congreso la ley de Glaciares -para la que en esta semana se hará una audiencia pública con más de 100 mil inscriptos que quieren dar sus posturas-; un paquete de medidas sobre propiedad privada; modificaciones en las normas de discapacidad y de financiamiento universitario, y el nuevo Código Penal.

Este lunes es día no laborable, mientras que el martes es feriado por el 24 de marzo, día en el que se recuerda el último golpe militar, por lo que las actividades retomarán más fuertemente recién el miércoles que viene.

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La Cámara de Diputados se prepara, tras el fin de semana XL, para encarar las audiencias públicas por la modificación de la Ley de Glaciares, ya sancionada por el Senado y que La Libertad Avanza espera aprobar durante la primera quincena del mes próximo.

Serán dos jornadas, este miércoles y jueves, con horario extendido de 10 a 19 y con posibilidad de prolongarse hasta la medianoche de ambos días. Es la máxima concesión que dieron los libertarios a quienes pidieron ampliar las jornadas de presentaciones.

Los presidentes del plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente, convocaron dos días de audiencias públicas pese a que los inscriptos superaron las 100 mil personas.

Habilitaron un polémico mecanismo que consiste en enlazar los videos de los participantes en la página oficial de YouTube de la Cámara de Diputados. Esas ponencias no deberán superar los cinco minutos por inscripto, además de incluir un escrito de no más de diez páginas.

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Un grupo de fundaciones ambientalistas presentó ante la Justicia una medida cautelar para que se le ordene al Congreso “garantizar la participación oral de la totalidad de los inscriptos” en las audiencias públicas. El reclamo fue impulsado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Red Universitaria por la Crisis Climática (RUCC), el Centro de Estudios de Políticas Ambientales (CEPA), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y la Fundación Greenpeace Argentina.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5, a cargo del juez Enrique Alonso Regueira, rechazó el pedido de suspensión y las audiencias quedaron firmes para desarrollarse esta semana.

Rápidamente, el diputado Mayoraz rechazó que las convocatorias sean ilegales: “eso es lo que te hacen creer un grupo minúsculo de ONGs y charlatanes de feria que intentaron boicotear este proceso trascendental de participación ciudadana. Pero no lo lograron: la justicia federal rechazó el pedido de suspensión de las audiencias convocadas para el 25 y 26/3”. Consideró, además, que “el plazo es más que razonable; toda la información necesaria para participar fue puesta a disposición de la ciudadanía en forma clara y oportuna, tal como lo dispone el art. 7.4 del Acuerdo de Escazú y no se dispuso ningún criterio restrictivo de participación”.

Otra de las resoluciones de los diputados libertarios que conducen el plenario de comisiones fue que en las audiencias solo podrán estar presentes los diputados integrantes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. El resto de los legisladores no tendrá derecho a participar en las jornadas. Además, los asesores no podrán estar presentes, ya que solo se permitirá el ingreso de dos asesores de la Secretaría Parlamentaria del bloque político al que pertenecen.

Debate entre los diputados

Una vez finalizadas las audiencias públicas, desde La Libertad Avanza sostienen que convocarán a un nuevo plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales para firmar los dictámenes correspondientes. Esto sería entre el 7 y el 8 del mes próximo, con la intención de llevar el proyecto al recinto el 15 de abril.

Si el proyecto se aprueba como salió del Senado será convertido en ley; si se modifica, deberá regresar a la Cámara alta para una nueva revisión, que solo podrá aceptar la propuesta de Diputados o ratificar su sanción original.

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Los diputados Martín Menem y Gabriel Bornoroni, presidentes de la Cámara y del bloque oficialista, respectivamente, trabajan para lograr los 129 legisladores necesarios para el quórum y abrir la sesión, además de construir las mayorías para sancionar la norma.

A los 95 diputados propios del partido violeta se sumarían la mayoría de los 12 integrantes del PRO y de la UCR. Ambos sectores marcaron diferencias cuando se debatió el proyecto en el Senado. También respaldarían al Gobierno los legisladores de provincias cordilleranas cuyos gobernadores adelantaron su acompañamiento en distintas reuniones con la Casa Rosada, como Salta, Catamarca, San Juan y Mendoza.

En el caso de Neuquén, la senadora Julieta Corroza se abstuvo tras hablar con el mandatario Rolando Figueroa. Desde Jujuy, la diputada radical María Inés Zigarán —de la fuerza política del gobernador Carlos Sadir e integrante del bloque Provincias Unidas— ya adelantó su rechazo a los cambios en la norma de protección de los glaciares.

El oficialismo trabaja para obtener la mayoría y sancionar el proyecto tal como salió de la Cámara alta, aunque aún no están asegurados los votos y no descartan introducir modificaciones para sumar voluntades.

Los cambios a la norma

Las modificaciones a la Ley de Presupuestos Mínimos para la protección de los glaciares, sancionada en 2010, tienen como objetivo alterar la protección total que hoy tienen los glaciares y el ambiente periglacial. El Gobierno busca darles mayor margen a las provincias para determinar qué geoformas proteger y en cuáles habilitar actividades como la minería en función de su aporte hídrico.

Los cambios propuestos permitirían la actividad industrial, como la minería y la exploración petrolera en zonas periglaciales, otorgando el poder de decisión a los gobiernos provinciales y mayor flexibilidad para el desarrollo económico.

Los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de San Juan, Marcelo Orrego, participaron activamente del debate en las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Medio Ambiente del Senado. Sus diputados acompañarían los cambios cuando el debate llegue al recinto de la Cámara baja.

El pasado 26 de febrero el Senado aprobó el proyecto por 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención.

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La Confederación General del Trabajo (CGT) enfrenta un escenario marcado por la judicialización de la reforma laboral recientemente aprobada en el Congreso, luego de varios intentos fallidos de frenar su avance por vías políticas y sindicales. Pero, además, apunta a formar parte de un proyecto político que enfrente al Gobierno en los comicios generales del año próximo. En ese marco, Jorge Sola, secretario general del Sindicato del Seguro y uno de los tres integrantes de la conducción, afirmó: “Con el peronismo es indispensable, pero con el peronismo no alcanza“.

El dirigente sostuvo que la central obrera está utilizando todos los recursos legales para impugnar la nueva normativa laboral, considerada por la organización como una vulneración de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. El objetivo, en sus palabras, es revertir la transferencia de ingresos que la reforma supone desde el sector de los asalariados hacia los empleadores y reconstituir un proyecto político que devuelva las protecciones eliminadas.

En el último año, de acuerdo a las estimaciones del entrevistado, el impacto en el mercado laboral y el tejido productivo fue severo: en todo el país se registraron alrededor de 800 conflictos sindicales, el nivel más alto de los últimos cinco años, y se eliminaron 300.000 puestos de trabajo. Las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires resultaron particularmente afectadas, con una desaparición de unas 22.000 pequeñas y medianas empresas. Neuquén fue la única provincia en la que no aumentó la conflictividad ni se redujo la cantidad de pymes.

La estrategia de la CGT: acción judicial, presencia territorial y apuesta política

Sola detalló que la CGT siguió una hoja de ruta en tres etapas: la movilización en las calles, el intento de persuadir a los legisladores para frenar el proyecto en el Congreso y la presentación de recursos judiciales, para impugnar los artículos considerados inconstitucionales, tarea en curso en los fueros laborales.

Consultado sobre próximos pasos, explicó: “Hay una cuarta fase que es construir un proyecto político, que devuelva los derechos de los trabajadores y las trabajadoras que se han robado. Pero esa es una solución política. La solución gremial es la de oponernos a todo esto, como lo hemos hecho y como lo estamos haciendo, ejerciendo todas y cada una de las herramientas que la Constitución Nacional nos da”.

Sola criticó la falta de generación de empleo formal y señaló que, según los “últimos números”, hay más de 1.600.000 desocupados en Argentina. De los recién incorporados al mercado laboral en el último año, alrededor de 400.000 personas no lograron encontrar empleo. Además, enfatizó que buena parte de la problemática actual radica en la caída del salario real y en el creciente endeudamiento familiar.

En este punto, el gremialista se mostró partidario de elaborar un programa nacional “que explique cómo generar trabajo”, y de conformar un frente amplio que supere la frontera del peronismo tradicional, integrando a radicales, socialistas y partidos provinciales.

Sin embargo, aclaró: “Lo que tiene que haber es un enorme frente en el que coincidan ahí quienes tienen miradas en contra de un proyecto como esto, que ya no es neoliberal solamente, sino que tiene cuestiones éticas y estéticas de la derecha más extrema. Y para eso me parece que con el peronismo es indispensable, pero con el peronismo no alcanza“. Además, pidió “una apertura absolutamente horizontal”, sin quedar atrapados en la disputa entre figuras con gran reconocimiento mediático.

Sobre el rol futuro de la CGT, Sola fue enfático: “Las organizaciones gremiales siempre hemos estado fuera de la discusión de un proyecto de país”. Y reclamó la creación de una mesa de diálogo capaz de articular soluciones inmediatas para los problemas actuales y un horizonte claro para la recomposición de los derechos laborales.

Conflictos en aumento y respaldo a los gremios en lucha

El dirigente remarcó que la CGT permanece movilizada, apoyando de manera directa los conflictos sectoriales. Según Sola, la central no limita su intervención a medidas institucionales como los paros generales: “La CGT acompaña en cada una de las actividades y además hace un paro, como el que hicimos hace menos de un mes. Fueron 300.000 o 400.000 trabajadores que se sumaron en las plazas de Mayo y de los dos Congresos”.

Sobre la pregunta de si la CGT debe potenciar el “mal humor social” frente a la reforma laboral, indicó que el descontento existe por causas reales y se manifiesta de manera espontánea: “El mal humor social se da por sí mismo”. Y añadió que la función de la entidad es representar los intereses de todos los trabajadores, más allá de su simpatía política: “Nosotros representamos trabajadores que han votado a este gobierno, al peronismo, a los partidos provinciales. Los problemas que tienen los atraviesan a todos de la misma manera”.

Por último, el titular de la central obrera defendió la capacidad de la CGT de canalizar ese malestar por ser “una de las pocas organizaciones sociales estructuradas que quedan en pie” capaces de convocar medidas de fuerza masivas. Luego, recordó que, respecto al último paro general, “había una necesidad de expresarse voluntariamente”.

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