El fiscal federal Eduardo Taiano dispuso este miércoles una serie de peritajes sobre dispositivos electrónicos secuestrados en el marco del Caso $Libra. La medida busca determinar si existieron comunicaciones entre el presidente Javier Milei y los impulsores de la criptomoneda que generó un escándalo. La pesquisa también alcanza a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El fiscal Eduardo Taiano ordenó el análisis forense del contenido de los teléfonos y computadoras secuestrados. La instrucción central es rastrear todas las conversaciones, individuales o grupales, que Mauricio Novelli y Sergio Morales mantuvieron con múltiples personas de interés. La medida especifica la búsqueda de cualquier tipo de intercambio con el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Para garantizar la exhaustividad del peritaje, el requerimiento fiscal detalla que se debe conectar la búsqueda con trece líneas telefónicas a nombre de Javier Milei y una a nombre de su hermana. El análisis debe cubrir la totalidad de las aplicaciones de mensajería, como WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, X (Twitter) y LinkedIn. También se incluyen los mensajes de texto tradicionales y los registros de llamadas.

La pesquisa no se limita a los hermanos Milei. El requerimiento del fiscal incluye el rastreo de comunicaciones con Hayden Davis y Manuel Terrones Godoy, otros impulsores del proyecto de la memecoin $LIBRA. La lista se extiende a figuras internacionales del ecosistema cripto.

Entre los contactos que se buscan en los dispositivos figuran Sebastián Serrano, el CEO de Cardano, Charles Hoskinson, también vinculado a esa plataforma, el CEO de Kip Protocol, Julian Peh (o Peh Chyi Haur), y el CEO de Cube Exchange, Bartosz Lipinski. Las pericias intentarán establecer el nivel de vínculo y el intercambio de información que existió entre los imputados locales y estos referentes del sector tecnológico.

La investigación va más allá de las personas y apunta a temas y terminología específica. Taiano ordenó buscar en los dispositivos cualquier referencia al evento Tech Forum, así como a la creación o lanzamiento de Libra. El peritaje debe localizar documentos, archivos, notas o correos electrónicos que contengan los términos “memecoin”, “token”, “libra”, “solana”, “binance” y “kraken”.

La orden también incluye la búsqueda de palabras vinculadas a posibles malas prácticas financieras como “insider”, “sniper”, “rug pull” y “pump and dump”. Adicionalmente, se rastrearán términos relacionados con la gestión pública: “presidente”, “milei”, “karina milei”, “gobierno”, “olivos” y “casa rosada”. El fiscal dispuso la búsqueda de imágenes de los acusados en el Tech Forum o en edificios públicos.

Un punto clave del oficio es la instrucción para determinar la geolocalización de los dispositivos móviles entre el doce y el 19 de julio del año pasado, y del 13 al 16 de febrero de este año. Además, se solicitó verificar si los aparatos poseen aplicaciones de exchanges o billeteras virtuales como phantom y solflare. La fiscalía exigió identificar la existencia de contenido eliminado y procurar su recuperación.

Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Hugo Alconada Mon.

Los autores materiales del intento de homicidio de Cristina Kirchner fueron condenados, pero persisten algunos puntos oscuros en el caso, principalmente vinculados al rol de la Policía Federal, a la imposibilidad de acceder al teléfono de Fernando Sabag Montiel y a las operaciones del kirchnerismo para mantener abierta la hipótesis de que un autor intelectual desconocido ordenó el magnifico con motivaciones políticas.

Estas son algunas de las intrigas que persisten en el caso:

• La demora de la Policía Federal en dar intervención a la Justicia. El atentado ocurrió el 1 de septiembre de 2022 a las 20.52 en la puerta del departamento de Cristina Kirchner en Recoleta. Sin embargo, el juzgado federal de turno, a cargo de María Eugenia Capuchetti, fue notificado casi una hora después. Las decisiones operativas sobre la escena del crimen, la recolección de objetos y la identificación de testigos se tomaron sin control judicial directo. La primera acta de procedimiento se firmó pasadas las 0.30, lo que significa que durante más de tres horas la prueba quedó en una zona gris, sin supervisión formal.

• El arma y el teléfono celular, sin secuestro oficial. La pistola usada en el intento de asesinato, con las huellas digitales de Sabag Montiel, fue secuestrada por los militantes de La Cámpora que rodeaban a Cristina Kirchner en su improvisada custodia civil. Un militante la pisó y luego la puso en manos de la Policía Federal. Lo mismo ocurrió con el celular de Sabag Montiel.
• El teléfono inaccesible de Fernando Sabag Montiel. El teléfono del principal responsable del ataque se convirtió en la pieza más buscada de la investigación. Pero su secuestro nunca fue documentado claramente. No se labró el acta correspondiente en el momento del hallazgo, ni se consignó quién tuvo el primer contacto con el aparato. El dispositivo fue trasladado sin control judicial y permaneció varias horas dentro de una carpa policial, junto con el arma utilizada en el ataque. Cuando finalmente se dispuso su peritaje, el teléfono se bloqueó y su contenido no pudo ser recuperado. La Gendarmería Nacional sostuvo luego que el error técnico fue consecuencia de una manipulación incorrecta del dispositivo a cargo de la PSA. La pérdida de esa prueba digital dejó un vacío que aún no pudo subsanarse.

• La actuación de la custodia de la Policía Federal. La custodia de la Policía Federal, encargada de la seguridad de Cristina Kirchner, exhibió una clara descoordinación. En lugar de formar un cerco de contención, los agentes se dispersaron y la reducción del atacante fue realizada por militantes que se encontraban en el lugar. El protocolo de evacuación no se aplicó. Estas falencias derivaron en una auditoría interna cuyos resultados no se conocen.
• La carpa blanca. El arma y el celular de Sabag Montiel permanecieron durante horas en el sitio del ataque, resguardados en una carpa improvisada. En ese lapso, no hubo registro audiovisual continuo ni constancia escrita de quién ingresaba o salía del perímetro, un recaudo clave en cualquier investigación criminal. De madrugada, los elementos fueron trasladados al juzgado por el entonces viceministro de Justicia, Juan Martín Mena.
• Detenciones sin intervención de la Policía Federal. La reacción de la Policía Federal fue desordenada. Además de que Sabag Montiel fue reducido por dos militantes de La Cámpora que rodeaban la llegada de Cristina Kirchner, su novia, Brenda Uliarte, fue detenida días después por un secretario del juzgado. Los expertos que controlaban el celular de Uliarte para seguir sus pasos no consiguieron que la Policía Federal les atendiera el teléfono para que interviniera y la detuviera. Finalmente lo hizo un secretario del juzgado y la Policía apareció después. El tercer implicado en un primer momento, Nicolás Carrizo, quedó detenido cuando se presentó en el juzgado a recuperar su celular.

• Tras el arresto de Sabag Montiel, la Policía lo subió a una camioneta y lo dejó allí con su celular. A las 00.23 le secuestraron el celular, un Samsung modelo SM A50 5G con 64 GB (gigabytes). Decían que estaba apagado. Sin embargo, el testigo Juan Ramón Mesa, un portero de la zona de Recoleta, dijo que estaba encendido y lo ratificó en el juicio. Con la voz temblorosa, dijo que un policía manipuló el teléfono. “Lo prendió y lo apagó”, dijo. “Les pido disculpas por lo del celular. Tengo una hija, tengo un trabajo. Les pido disculpas”, expresó. La jueza Sabrina Namer procuró calmarlo. El testigo volvió a intentar su explicación. Sin embargo, nunca quedó claro si vio al aparato prendido o apagado. En ese momento se puso a llorar. “Por favor no se me ponga a llorar”, le dijo la presidenta del tribunal. “¿Usted recibió alguna amenaza?”, interrogó uno de los abogados. “No”, dijo entre sollozos.
• Funcionarios del Gobierno en el juzgado. En las horas posteriores al atentado, funcionarios del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Seguridad se hicieron presentes en el juzgado federal. Mena llegó con el celular y también se presentó Damián Neustadt, director nacional de inteligencia criminal del Ministerio de Seguridad, por entonces a cargo de Aníbal Fernández. El celular llegó al juzgado en un sobre a las 2.49.
• Reseteado de fábrica. El teléfono fue manipulado por un Policía Federal esa madrugada que no logró activarlo y luego fue llevado a la PSA, donde terminó reseteado de fábrica. Fue imposible recuperar su contenido. La Gendarmería dijo que hubo errores de extracción y que colocaron hasta quince veces el código de acceso de manera errónea.
• La falsa pista Milman. La jueza Capuchetti, a cargo del expediente, fue recusada en varias oportunidades por la querella de la vicepresidenta. Se le reprochó haber demorado medidas claves, como el análisis de posibles vínculos políticos o económicos de los acusados, y no haber profundizado la hipótesis de Cristina Kirchner. La embestida se reanudó cuando apareció, 28 días después del hecho, un asesor legislativo del peronismo, Jorge Abello, que dijo que escuchó al diputado Gerardo Milman en un bar decir: “Cuando la maten, estoy camino a la costa”. La hipótesis era que sabía de antemano que iba a ocurrir el intento de asesinato. Se investigó la pista, se analizaron celulares, se investigó a Abello dos años y se concluyó que el testigo mintió para plantear una pista falsa por lo que fue citado a indagatoria acusado de falso testimonio. El caso contra Milman terminó archivado.
• Hipótesis de “fuego amigo”. El abogado de Cristina Kirchner Gregorio Dalbón escribió un tuit el 9 de septiembre de 2022 a las 10.43 de la noche -que luego borró- donde sugería que el ataque provino de “tropa propia”. El mensaje señalaba. “Hay muchas cosas que no cierran. Salvo Diego Carbone, en quien confío, hay mucho hilo para tirar. Y cuando @CFKArgentina lo desee vamos a traer a juicio a todos los autores materiales, intelectuales, cómplices y encubridores. Mi olfato me dice que el enemigo es tropa propia”.