POLITICA
En pleno debate por la reforma laboral, la CGT refuerza su alianza con pymes mientras espera una reunión con Santilli
En alerta por la reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei, la Confederación General del Trabajo (CGT) encara una nueva semana de contactos hacia adentro y movimientos hacia afuera. Este miércoles, a las 16, recibirá a representantes pymes en la sede de Azopardo, en un encuentro que busca mostrar músculo político ante la posibilidad de iniciar un ciclo de negociaciones con el Gobierno.
En forma paralela, la central obrera apuesta a consolidar su posición respecto de la reforma laboral, en la previa de un encuentro con el ministro del Interior, Diego Santilli, cuya convocatoria todavía no se concretó.
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Según pudo saber TN, el Ejecutivo mantiene como prioridad la búsqueda de apoyos para el Presupuesto 2026, mientras que el debate de la reforma laboral podría activarse recién en el verano parlamentario. Si bien la CGT busca evitar un avance sobre derechos adquiridos, también se mantiene en alerta ante lo que interpreta como un intento libertario de quebrar la organización sindical.
“Hay conversaciones con Santilli para hacer reuniones con el Gobierno, pero hasta que no se concrete la convocatoria no podemos confirmar si se va a hacer”, dijeron a TN desde la central obrera. La frase sintetiza el clima: diálogo abierto, expectativa moderada y una cuota de desconfianza.
Pymes en crisis y números que preocupan
La cumbre con las pymes llega en un momento crítico para el sector. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2025 cerraron 15.564 empresas en la Argentina, el 99,7% de menos de 50 trabajadores, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
El dato coincide con el del Grupo Atenas, que registró que entre diciembre de 2023 y junio de 2025 se perdieron 16.322 firmas, un promedio de 28 cierres diarios, con 236.139 empleos formales menos, y con el de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (Enac), que estimó que, en poco más de un año y medio, dejaron de operar 15.000 compañías, unas 40 por día.
Para la CGT, esa foto refuerza la necesidad de discutir otros temas clave, antes de hablar de reformas sobre legislación laboral. Una de ellas es la estructura tributaria.
Jorge Sola, uno de los tres secretarios generales, cuestionó que el Ejecutivo “invierte el orden de prioridades” y reclamó que antes de evaluar modificaciones laborales se debe reducir la presión impositiva.
Una conducción nueva que busca impronta propia
En una serie de reuniones que viene encarando con distintos sectores peronistas, el martes pasado fue el turno de un grupo de diputados de extracción sindical. La estrategia de la nueva cúpula es exhibir cohesión política, reforzar la interlocución legislativa e intentar marcarle los tiempos parlamentarios al Ejecutivo. El objetivo es darle una nueva impronta a la CGT y evitar entrar en caminos sin salida.
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En la mesa chica del lunes pasado, encabezada por el triunvirato de Octavio Argüello (Camioneros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y el propio Sola, los dirigentes repasaron los capítulos de la reforma que circulan en borradores informales y coincidieron en mantener un tono prudente, aunque sin ceder en los puntos que consideran innegociables. Hasta ahora no recibieron la letra chica del proyecto y en las oficinas sindicales solo se manejan propuestas generales.
Si bien hasta ahora, la CGT no recibió una citación formal para Balcarce 50, en el Gobierno aseguran que habrá reuniones por sectores y que Santilli coordinará la negociación sindical, del mismo modo en que busca apoyos provinciales para el Presupuesto. Los contactos informales existen, pero los tiempos no dependen de la central obrera.
Reformas, límites y tensiones internas
La CGT se muestra dispuesta al diálogo, pero dejó claro su rechazo a una reforma que avance sobre derechos adquiridos. Ya aclaró que no acompañará límites a las indemnizaciones, bancos de horas o esquemas de salario por productividad. También planteó resistencias a modificar el régimen de ultraactividad, habilitar convenios por empresa por encima de los convenios generales y reglamentar el derecho a huelga bajo un criterio de “esencialidad” que pueda desactivar protestas.
La idea es que no respaldará nada que replique el DNU 70/2023, que la Justicia ya declaró inconstitucional, y que buscará frenar cualquier intento del Gobierno por atomizar el poder sindical. En declaraciones radiales, Jerónimo dijo que están dispuestos a conversar “sobre bases convencionales y con criterios razonables”.
Pero debajo de la superficie conviven dos posturas. El ala dialoguista, encabezada por Sola y Jerónimo, entiende que hay margen para negociar y frenar los puntos más críticos. En la vereda opuesta, los gremios duros sostienen que no existe voluntad real del Gobierno de abrir una mesa seria y temen que habilitar la discusión termine con un recorte profundo al modelo sindical. Es el sector que plantea que “no hay nada que negociar”.
Las tensiones internas forman parte de la reconfiguración que ensaya la nueva conducción, que busca mostrar unidad sin desatender las diferencias entre los grupos confrontativos y los que privilegian la vía de la negociación.
Rechazo a la reforma educativa: otro frente abierto
La CGT no solo se prepara para la pulseada laboral, la difusión del borrador de la llamada “Ley de Libertad Educativa” sumó un nuevo foco de conflicto.
La iniciativa habilita la educación en el hogar, los planes de estudio propios y la enseñanza religiosa, a la vez que declara la educación básica como servicio esencial. Para los gremios, el punto implica una limitación directa al derecho a huelga. Además, creen que el proyecto busca “destruir” el sistema educativo para acercarlo a un modelo de “privatización”, con menor financiamiento para la educación pública y modificación de la carrera docente.
“Desde la CTERA rechazamos enérgicamente el documento que circula bajo el nombre de Ley de Libertad Educativa y lo refutamos por tratarse de un verdadero ataque al sistema democrático en su conjunto, que en todo su contenido arremete en contra de la garantía estatal del derecho a la educación, de la escuela pública, de las organizaciones sindicales y de los derechos sociales y laborales conquistados durante años de luchas sostenidas desde el campo popular”, advirtió la central de gremios docentes.
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En la CGT creen que desde el Gobierno ponen todo sobre la mesa de debate, en un intento por instalar tantos temas controversiales como sean posibles para crear confusión y que pierda fuerza el rechazo a la reforma laboral.
Así, llega al tramo final del año con una estrategia doble: mantener abiertos los canales con el Gobierno y, al mismo tiempo, consolidar una posición firme. El posible encuentro con Santilli apunta a clarificar un proyecto que aún no existe formalmente, pero dentro de la central obrera entienden que, cuando llegue la hora de discutir cada artículo, la puja será más política que técnica. El margen entre acuerdo y conflicto, todavía está abierto.
reforma laboral, CGT, Diego Santilli
POLITICA
Caso $LIBRA: el fideicomiso de Hayden Davis se constituyó en una jurisdicción offshore y sin datos clave sobre su operación
El fideicomiso “The Libra Trust” que el estadounidense Hayden Mark Davis lanzó el martes último en un intento por terminar el escándalo internacional que desde febrero lo tiene como protagonista junto al presidente Javier Milei acumula más preguntas que respuestas, pocos datos y una opacidad total: fue constituido en un paraíso fiscal, como una estructura offshore amparada por el secreto bancario y registral, según reconstruyó .
La decisión de Davis de impulsar el fideicomiso comenzó a tomar forma el 19 de agosto, verificó el experto informático Fernando Molina. Esto ocurrió tan solo cinco días después de que la jueza federal en Nueva York, Jennifer L. Rochon, ordenara el levantamiento del embargo preventivo sobre los fondos que habían obtenido los impulsores de la demanda colectiva (“class action”) en su contra.
Ese día, informáticos a sueldo de Davis crearon el dominio —la dirección específica de la página de Internet del “trust”—, aunque el fideicomiso solo terminó de tomar forma y se lanzó el martes último, minutos antes de que la jueza Rochon abriera una nueva audiencia con todas las partes. El objetivo era definir si volvía a congelar o fijaba estándares especiales de trazabilidad para los fondos en disputa, depositados en billeteras virtuales.
Durante esa audiencia, a la que asistió por conferencia telefónica, uno de los abogados de Davis, Mazin Ahmad Sbaiti, comunicó a la jueza el lanzamiento del “trust” y precisó que se constituyó “offshore” —por fuera de las jurisdicciones estadounidense o argentina, en su caso “por culpa de los políticos de izquierda”, según el portal oficial del fideicomiso—. Sin embargo, evitó identificar por su nombre qué país o territorio eligió Davis en busca de la máxima confidencialidad, alta protección legal y bajos o nulos impuestos.
El website del fideicomiso ( tampoco aporta precisiones. Omite, incluso, los llamados “white papers”, los documentos públicos esenciales que explican, justifican o promueven la creación, misión, estructura o funcionamiento de un “trust”. Si bien no tienen la validez legal de la escritura constitutiva, por ejemplo, sirven como presentación institucional, resumen de objetivos, modelo de gobernanza, manual de funcionamiento, y son un instrumento clave de comunicación hacia medios, inversores y potenciales beneficiarios.
Para la defensa de Davis, de todos modos, el fideicomiso demuestra que el CEO de Kelsier Ventures no cometió una estafa y que el dinero recaudado terminará por llegar a las pequeñas y medianas empresas como se anunció al lanzar $LIBRA. “Todo se ha hecho con profesionales serios y verificados”, insistieron en el entorno del estadounidense, en diálogo con , aunque se negaron a dar mayores precisiones.
Para críticos de Davis y querellantes, el fideicomiso es más de lo mismo: “’Libra Trust’ no parece como un proyecto genuino para ayudar a emprendedores. Surge en medio del proceso judicial, en el momento exacto en que los fondos podían quedar bajo control de la Justicia”, remarcó el diputado nacional Oscar Agost Carreño, quien integró la comisión legislativa del Congreso. “No es el final del caso $LIBRA: es una maniobra para esquivar las consecuencias de un fraude en plena investigación”, añadió.
Las críticas se sustentan en la naturaleza misma del escándalo: la “class action” en Nueva York alega que Davis y sus socios diseñaron una “fábrica de fraude” que ejecutó un vaciamiento coordinado (“rug pull”) de fondos para quedarse con millones de dólares de inversores minoristas. Además, la Justicia federal en la Argentina y la demanda en Estados Unidos investigan, en paralelo, transferencias de Davis a billeteras de terceros por millones de dólares a través de plataformas como Bitget, antes y después de reunirse con el presidente Milei.
Tanto durante la audiencia con la jueza Rochon, como en el portal del “trust”, en tanto, se omitieron más de una decena de precisiones esenciales para cualquier estructura financiera; entre ellos, las siguientes:
Junto a Davis buscaron calmar esas inquietudes. “El fideicomiso es serio. Un abogado hará la primera revisión de las postulaciones, luego un comité hará un análisi de la ‘short list’ y los seleccionados recibirán los fondos aprobados, respetando las normas tributarias de la Argentina”, indicaron a .
Sin embargo, el programador y profesor Maximiliano Firtman abrió otra dimensión de riesgos, enfocada en el compliance y el lavado de activos: “¿Cómo podrías justificar como empresa argentina recibir miles, decenas o centenas de miles de dólares en cripto como subsidio de una entidad extranjera no determinada, con fondos discutidos judicialmente y no caer en una investigación de lavado de dinero para poder usarlos para el fin presentado?”, planteó en su cuenta de X. “¿Cómo podrías blindarte y que no vengan los querellantes a buscarte a vos en caso de ser uno de los ‘elegidos’ por vaya a saber quién ni por qué?”
En un apartado del portal, accesible en inglés y español, “Libra Trust” sí traza una línea, dirigida a despegar a dos protagonistas del escándalo, desde febrero último. Sostiene que “el fideicomiso opera con total independencia de Hayden Davis y Javier Milei”.
https://libratrust.com/es/,Hugo Alconada Mon,Javier Milei,Criptomonedas,Conforme a,Javier Milei,,Ante la implosión del kirchnerismo,,En un mismo predio. Chubut impulsó un proyecto para construir un complejo educativo que integrará tres instituciones educativas,,Agenda. El Gobierno se prepara para terminar las reuniones con mandatarios provinciales afines
POLITICA
Pese a la disputa con «Chiqui» Tapia, el Gobierno descarta incluir en extraordinarias el proyecto que impulsa las Sociedades Anónimas en el fútbol
El Gobierno descarta incluir el proyecto que impulsa las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en las sesiones extraordinarias de diciembre y se focaliza en las negociaciones por el Presupuesto 2026. El Ejecutivo busca profundizar la polarización con Claudio “Chiqui” Tapia, pero no tiene previsto realizar modificaciones sobre los lineamientos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el corto plazo.
“Es algo que tenemos en carpeta, pero que no es prioridad”, expresan en Nación. La mesa chica de la Casa Rosada no planeaba meterse públicamente en el conflicto por la premiación de Rosario Central como “campeón anual” hasta que se instaló en agenda y el presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, tomó una posición opositora.
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Javier Milei lo respaldó luego de recibir sanciones de la AFA y mostró la camiseta del club en el sillón de Rivadavia. Canceló además su viaje a Washington, en el que iba a participar del sorteo del mundial de fútbol de la FIFA junto a Donald Trump, Infantino y Tapia. En Balcarce 50 analizaron una serie de medidas, pero no definieron ninguna acción directa. No quieren confrontar con los jugadores de la selección argentina en la previa del Mundial 2026.
En el oficialismo rechazan la posibilidad de impulsar una resolución o intervención desde la Inspección General de Justicia (IGJ). Hay un sector que insiste con la posibilidad de “evaluar” el proyecto de las SAD antes de marzo, pero en la mesa política lo descartan. Ya avanzaron con una denuncia desde la Dirección General Impositiva (DGI) contra el financista Ariel Vallejos, que es cercano a Tapia.
El Gobierno quiere impulsar las SAD antes de 2027 y tiene un eje de presión que ya utilizó en negociaciones pasadas con los interlocutores del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Se trata de la cesión del predio de Ezeiza -el dueño es el Estado-, que vence en 2030 y requiere una firma de Nación para concretar su renovación.
La ministra de Seguridad y senadora electa, Patricia Bullrich, aseguró que “hay irregularidades en la AFA” y que va a estudiar su transparencia. En el Ejecutivo no dan definiciones sobre cómo lo implementarán, pero tienen en carpeta un sumario de 2024 del Banco Central por una presunta infracción a la Ley Penal Cambiaria de la AFA por una posible triangulación de fondos de sponsors mediante donaciones.
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La Casa Rosada mantiene la postura de que su prioridad en el corto plazo es la sanción del Presupuesto 2026: busca darle un mensaje al mercado con la expectativa de que condicione una baja del riesgo país, de forma que el Tesoro pueda tomar deuda en el mercado internacional con una tasa menor. Tiene además vencimientos de deuda por más de US$4000 millones en los primeros días de enero, con los que apunta a un realizar un “rollover”.
Es por eso que el ministro del Interior, Diego Santilli, acelera contactos para completar las reuniones con los veinte gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo. Quiere concretar encuentros esta semana con Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Poggi (San Luis), Jorge Macri (CABA) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). El oficialismo intenta conseguir las adhesiones para ser la primera minoría en la Cámara de Diputados.
Gobierno, sesiones extraordinarias, SAD
Tras la reestructuración del Gobierno, el jefe de Gabinete, Manuela Adorni, coordina con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el plan que desplegarán para profundizar en la reducción de la planta del Estado que permita achicar la estructura, según confirmaron a Infobae fuentes del Poder Ejecutivo. “La motosierra es constante”, justificaron sobre la decisión.
En Casa Rosada evitaron dar números específicos sobre la cantidad de empleados que alcanzará, pero anticiparon que podría afectar a “otro 10%” del total de empleados públicos.
Desde su cuenta de X, Sturzenegger estila dar el parte de las bajas de manera mensual que despierta una fuerte resistencia sindical. Si bien prepara para estos días la publicación correspondiente al mes de octubre, según los datos de septiembre, los despidos desde el inicio de la gestión ascienden a 58.797 personas contempladas entre organismos centralizados y descentralizados, personal militar y de seguridad y empresas del Estado.
Un informe del INDEC publicado el pasado viernes notificó que la dotación del personal en la administración pública nacional, empresas y sociedades del Estado se redujo 0,3% en octubre de este año al tiempo que reveló que el total de trabajadores es de 282.570, cifra que apuestan a disminuir.
Por orden directa del presidente Javier Milei, la cartera se dedica a revisar mes a mes organismos, con extrema puntillosidad en sus estructuras y funciones bajo el objetivo de “lograr un Estado más eficiente”. “Estamos trabajando con la mira en más de ocho áreas y organismos. En cada organismo se calcula cuánto personal hay de más”, confesaron a este medio, pero evitaron adentrarse en detalles debido a que detectan que se trata de “temas sensibles”, que involucran a trabajadores.
Según supo Infobae, en sus primeros dos años los recortes estuvieron enfocados en achicar la administración centralizada, por lo que el objetivo de este segundo tramo de la gestión es focalizar en los organismos descentralizados. Componen este último grupo la AFIP, ARCA, ANMAT, el Archivo General de la Nación, CONICET, INDEC, ANSES, ENARGAS, INTA, INTI, ENACOM, entre otros. “En cada organismo se llega al número en función de la cantidad de personas activas. No hay un porcentaje, depende del organismo o área. Los porcentajes varían mucho”, explicaron a este medio.
La nueva reducción sería “inminente” y continuaría durante los dos primeros trimestres de 2026, luego de que en diciembre se produzca el vencimiento de varios contratos que podrían no tener renovación. Otro porcentaje de los recortes de personal podría surgir de los planes de eliminación de los registros de automotores y de la privatización de varias empresas que aún mantienen en carpeta.
El libertario se jacta de su política de ajuste estatal que logró sintetizar en la motosierra como simbología, herramienta que obsequia a personalidades conservadoras como el ex funcionario republicano Elon Musk. «La motosierra es el símbolo de un cambio de época, del comienzo de una nueva edad de oro para la humanidad, pero esta vez, en lugar de ir contra el mundo, Argentina está a la vanguardia», supo definir alguna vez el mandatario que mantiene una réplica dorada sobre la mesa de su despacho de Casa Rosada.
En plena campaña electoral, tras la derrota bonaerense, la administración libertaria tomó distancia de la simbología, incluso la motosierra había desaparecido de las fotos que se tomaban en la oficina presidencial, pero con el triunfo de las elecciones legislativas del 26 de octubre, las viejas recetas volvieron potenciadas. Es por eso, que con su desembarco en la Jefatura de Gabinete, Adorni promete acelerar la reducción de personal y áreas, y aceitar la gestión.
Los plantes también alcanzan a los Medios Públicos. Como contó este medio, hay intenciones de abrir un retiro voluntario para avanzar con el achicamiento de la planta. El objetivo final es reducir un porcentaje del total de los 2400 trabajadores registrados que calculan conforman la estructura de la Televisión Pública y la de Radio Nacional.
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