En alerta por la reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei, la Confederación General del Trabajo (CGT) encara una nueva semana de contactos hacia adentro y movimientos hacia afuera. Este miércoles, a las 16, recibirá a representantes pymes en la sede de Azopardo, en un encuentro que busca mostrar músculo político ante la posibilidad de iniciar un ciclo de negociaciones con el Gobierno.

En forma paralela, la central obrera apuesta a consolidar su posición respecto de la reforma laboral, en la previa de un encuentro con el ministro del Interior, Diego Santilli, cuya convocatoria todavía no se concretó.

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Según pudo saber TN, el Ejecutivo mantiene como prioridad la búsqueda de apoyos para el Presupuesto 2026, mientras que el debate de la reforma laboral podría activarse recién en el verano parlamentario. Si bien la CGT busca evitar un avance sobre derechos adquiridos, también se mantiene en alerta ante lo que interpreta como un intento libertario de quebrar la organización sindical.

“Hay conversaciones con Santilli para hacer reuniones con el Gobierno, pero hasta que no se concrete la convocatoria no podemos confirmar si se va a hacer”, dijeron a TN desde la central obrera. La frase sintetiza el clima: diálogo abierto, expectativa moderada y una cuota de desconfianza.

Pymes en crisis y números que preocupan

La cumbre con las pymes llega en un momento crítico para el sector. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2025 cerraron 15.564 empresas en la Argentina, el 99,7% de menos de 50 trabajadores, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

El dato coincide con el del Grupo Atenas, que registró que entre diciembre de 2023 y junio de 2025 se perdieron 16.322 firmas, un promedio de 28 cierres diarios, con 236.139 empleos formales menos, y con el de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (Enac), que estimó que, en poco más de un año y medio, dejaron de operar 15.000 compañías, unas 40 por día.

Para la CGT, esa foto refuerza la necesidad de discutir otros temas clave, antes de hablar de reformas sobre legislación laboral. Una de ellas es la estructura tributaria.

Jorge Sola, uno de los tres secretarios generales, cuestionó que el Ejecutivo “invierte el orden de prioridades” y reclamó que antes de evaluar modificaciones laborales se debe reducir la presión impositiva.

Una conducción nueva que busca impronta propia

En una serie de reuniones que viene encarando con distintos sectores peronistas, el martes pasado fue el turno de un grupo de diputados de extracción sindical. La estrategia de la nueva cúpula es exhibir cohesión política, reforzar la interlocución legislativa e intentar marcarle los tiempos parlamentarios al Ejecutivo. El objetivo es darle una nueva impronta a la CGT y evitar entrar en caminos sin salida.

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En la mesa chica del lunes pasado, encabezada por el triunvirato de Octavio Argüello (Camioneros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y el propio Sola, los dirigentes repasaron los capítulos de la reforma que circulan en borradores informales y coincidieron en mantener un tono prudente, aunque sin ceder en los puntos que consideran innegociables. Hasta ahora no recibieron la letra chica del proyecto y en las oficinas sindicales solo se manejan propuestas generales.

Si bien hasta ahora, la CGT no recibió una citación formal para Balcarce 50, en el Gobierno aseguran que habrá reuniones por sectores y que Santilli coordinará la negociación sindical, del mismo modo en que busca apoyos provinciales para el Presupuesto. Los contactos informales existen, pero los tiempos no dependen de la central obrera.

Reformas, límites y tensiones internas

La CGT se muestra dispuesta al diálogo, pero dejó claro su rechazo a una reforma que avance sobre derechos adquiridos. Ya aclaró que no acompañará límites a las indemnizaciones, bancos de horas o esquemas de salario por productividad. También planteó resistencias a modificar el régimen de ultraactividad, habilitar convenios por empresa por encima de los convenios generales y reglamentar el derecho a huelga bajo un criterio de “esencialidad” que pueda desactivar protestas.

La idea es que no respaldará nada que replique el DNU 70/2023, que la Justicia ya declaró inconstitucional, y que buscará frenar cualquier intento del Gobierno por atomizar el poder sindical. En declaraciones radiales, Jerónimo dijo que están dispuestos a conversar “sobre bases convencionales y con criterios razonables”.

Pero debajo de la superficie conviven dos posturas. El ala dialoguista, encabezada por Sola y Jerónimo, entiende que hay margen para negociar y frenar los puntos más críticos. En la vereda opuesta, los gremios duros sostienen que no existe voluntad real del Gobierno de abrir una mesa seria y temen que habilitar la discusión termine con un recorte profundo al modelo sindical. Es el sector que plantea que “no hay nada que negociar”.

Las tensiones internas forman parte de la reconfiguración que ensaya la nueva conducción, que busca mostrar unidad sin desatender las diferencias entre los grupos confrontativos y los que privilegian la vía de la negociación.

Rechazo a la reforma educativa: otro frente abierto

La CGT no solo se prepara para la pulseada laboral, la difusión del borrador de la llamada “Ley de Libertad Educativa” sumó un nuevo foco de conflicto.

La iniciativa habilita la educación en el hogar, los planes de estudio propios y la enseñanza religiosa, a la vez que declara la educación básica como servicio esencial. Para los gremios, el punto implica una limitación directa al derecho a huelga. Además, creen que el proyecto busca “destruir” el sistema educativo para acercarlo a un modelo de “privatización”, con menor financiamiento para la educación pública y modificación de la carrera docente.

“Desde la CTERA rechazamos enérgicamente el documento que circula bajo el nombre de Ley de Libertad Educativa y lo refutamos por tratarse de un verdadero ataque al sistema democrático en su conjunto, que en todo su contenido arremete en contra de la garantía estatal del derecho a la educación, de la escuela pública, de las organizaciones sindicales y de los derechos sociales y laborales conquistados durante años de luchas sostenidas desde el campo popular”, advirtió la central de gremios docentes.

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En la CGT creen que desde el Gobierno ponen todo sobre la mesa de debate, en un intento por instalar tantos temas controversiales como sean posibles para crear confusión y que pierda fuerza el rechazo a la reforma laboral.

Así, llega al tramo final del año con una estrategia doble: mantener abiertos los canales con el Gobierno y, al mismo tiempo, consolidar una posición firme. El posible encuentro con Santilli apunta a clarificar un proyecto que aún no existe formalmente, pero dentro de la central obrera entienden que, cuando llegue la hora de discutir cada artículo, la puja será más política que técnica. El margen entre acuerdo y conflicto, todavía está abierto.

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