En el marco de la causa por la supuesta retención indebida de aportes, el tesorero de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, utilizó la misma estrategia que Claudio “Chiqui” Tapia y solicitó que se anule su citación a indagatoria.

El pedido fue presentado por su defensa ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico a cargo del juez Diego Amarante, quien había citado a Tapia, Toviggino y otros funcionarios de la AFA a declarar esta semana.

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Al igual que el planteo realizado por Tapia, el abogado de Toviggino aseguró que la citación es improcedente mientras exista una apelación pendiente ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico para definir si los hechos denunciados constituyen o no delito, y que forzar la indagatoria antes de esa resolución vulneraría el debido proceso.

El juez Amarante aún debe resolver si acepta o rechaza el pedido de nulidad antes de la fecha prevista para la indagatoria de Tapia, programada para el 5 de marzo. La decisión podría modificar el cronograma de declaraciones.

Si se mantiene el cronograma original de audiencias, Tapia deberá declarar el próximo jueves. El viernes será el turno de Gustavo Lorenzo, director general de la entidad. En tanto, el 9 de marzo deberá presentarse el actual secretario general, Cristian Malaspina, y de su antecesor en el cargo, Víctor Blanco.

Por su parte, Toviggino deberá presentarse el 11 de marzo. Su declaración estaba prevista originalmente para esta semana, pero fue reprogramada a pedido de su defensa, que solicitó más tiempo para analizar el expediente.

La causa se originó a partir de una denuncia de ARCA por retenciones impositivas y aportes a la seguridad social que no habrían sido depositados dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores al vencimiento. Los períodos bajo análisis abarcan desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025 e incluyen retenciones en concepto de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones previsionales.

Según la presentación inicial del organismo, el monto no ingresado ascendía a $7.593.903.512,23. En una ampliación posterior se agregaron otros $11.759.643.331,62. De ese modo, el total investigado supera los $19.300 millones.

ARCA sostuvo que las maniobras encuadran en el delito de omisión por parte de un agente de retención. En la denuncia señaló que “los importes en cuestión no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención, por lo que su no ingreso implica una indebida apropiación de caudales públicos”.

El organismo también afirmó que, desde el punto de vista subjetivo, el delito “se consuma con dolo”, entendido como el conocimiento del deber legal de ingresar las sumas retenidas y la posibilidad real de hacerlo. En esa línea, sostuvo que la entidad “conocía su obligación, había practicado las retenciones y se encontraba en condiciones de cumplir con el depósito, optando sin embargo por omitirlo”.

Para fundamentar el llamado a indagatoria, el juez valoró un informe técnico que detalla el movimiento de fondos de la asociación. De acuerdo con ese documento, en diciembre de 2024 se registraron acreditaciones por más de $45.072 millones y durante 2025 los ingresos superaron los $453.449 millones. Además, en 2024 y 2025 se constituyeron varios plazos fijos en pesos y en dólares.

A partir de esos datos, el organismo recaudador concluyó que existía la “total posibilidad fáctica” de cumplir con las obligaciones fiscales como agente de retención. Entre las pruebas incorporadas figuran también informes bancarios que dan cuenta de acreditaciones en cuentas de la AFA y de la constitución de depósitos a plazo por sumas significativas.

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Otro de los elementos considerados fue la declaración de la contadora Mónica Bouvet, gerente de Administración y Control de la entidad. Bouvet explicó que las tres autoridades principales son el Presidente, el Secretario y el Tesorero, quienes firman los estados contables. Detalló que su área confecciona la declaración jurada a través del sistema SIRE y que, una vez realizada, informa por mail el vencimiento del pago.

“Todos los vencimientos son informados vía mail y después le mando un cuadro con la deuda acumulada, cuando lo solicita o como recordatorio, y él me transmite la instrucción de pagar”, declaró.

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La CGT definió una doble vía para impugnar la reforma laboral ante la Justicia: hará presentaciones tanto en el fuero del trabajo como en lo contencioso administrativo, en una estrategia resuelta este fin de semana y que apunta a tratar de frenar la instrumentación de la ley que se sancionó el viernes pasado en el Senado.

Para la central obrera, según el recurso judicial, la reforma laboral significa “una afectación grave de derechos colectivos e individuales, que violan expresamente principios constitucionales”. “Sobre todo -destaca-, el principio de progresividad (o no regresividad) y el principio protectorio del derecho del trabajo, ambos con fundamentos constitucionales e internacionales, como el Pacto de San José de Costa Rica».

“Aquí se afecta el artículo 14 bis de la Constitución Nacional en derechos como la protección contra el despido arbitrario, el derecho a la huelga, a la negociación colectiva, a la libre agremiación, la libertad sindical, la seguridad social, entre otros ítems”, añade.

Dirigentes de la CGT y delegados sindicales participaron desde las 11 de hoy, además, de una marcha “testimonial” al Palacio de Tribunales para acompañar las presentaciones contra la reforma labora que efectuarán los abogados de la central obrera.

Fue una movilización similar a la que realizó la CGT el 27 de diciembre de 2023, cuando se movilizó a Plaza Lavalle en apoyo a la denuncia judicial contra el DNU 70, que terminó pocos días después con un fallo de la justicia laboral que frenó la aplicación del capítulo laboral de la norma al considerarla inválida constitucionalmente.

Los abogados de la CGT, asesorados por constitucionalistas como Alberto García Lema, dudaban acerca de presentar el recurso judicial ante el fuero laboral o ante el contencioso administrativo, una decisión estratégica que puede impactar en el futuro de la flamante ley.

El precedente judicial más cercano se remonta a fines de 2023, cuando la jueza laboral Liliana Rodríguez Fernández, hizo lugar parcialmente al amparo presentado por la CGT contra el capítulo laboral del DNU 70, al declarar la invalidez de los artículos 73, 79, 86, 87, 88 y 97 de la norma dictada por Javier Milei.

No obstante, en este caso hay diferencias sustantivas: aquí se trata de una ley sancionada por el Congreso, con el consiguiente peso institucional, en lugar de un decreto de necesidad y urgencia: la CGT apuntó a que no había motivos de emergencia que justificaran que el Poder Ejecutivo reemplazara atribuciones de cambiar leyes que son propias del Poder Legistativo.

La naturaleza legislativa de la reforma laboral obliga a la CGT a ofrecer argumentos que demuestren la inconstitucionalidad de determinados artículos, incluso cuando sean producto del consenso parlamentario.

Uno de los puntos más polémicos incluidos en el escrito de la CGT es el artículo que reglamenta el derecho de huelga en sectores como el transporte, la salud y la educación. Este artículo establece la obligación de garantizar servicios mínimos en caso de medidas de fuerza: 75% en servicios esenciales y 50% en actividades calificadas como trascendentales. Y fue uno de los puntos centrales sobre los cuales la justicia laboral fundamentó la invalidez constitucional del DNU 70.

El equipo jurídico de la CGT buscaba evitar los juzgados laborales nacionales ante la percepción de un clima interno de incertidumbre en ese ámbito por la decisión libertaria de traspasar ese fuero al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Algunos sindicalistas creen que ese trasfondo, junto al mayor caudal político y parlamentario con el que cuenta ahora Milei en comparación con 2023, puede incidir en la actitud de los magistrados.

Desde la Casa Rosada, los abogados del Estado ya analizaron estrategias para defender la reforma laboral en tribunales y se preparó una contraofensiva para impedir que un fallo judicial frene la aplicación de la ley.

Para el cotitular de la CGT Jorge Sola (seguro), la confrontación jurídica será inevitable: “Van a tener muchos líos; esta reforma tiene violaciones a conceptos de carácter constitucional y a la vuelta de la esquina se van a chocar contra otra pared de nuevo”.

Más allá de las críticas del sindicalismo a la reforma laboral, el ex ministro de Trabajo Jorge Triaca también manifestó sus reparos sobre la calidad técnica de la ley: “La redacción actual me parece difusa y menos clara que los antecedentes existentes, lo cual podría generar una mayor judicialización posterior a la sanción de la ley”.

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