POLITICA
En su ocaso, Cristina Kirchner aún encandila
El anuncio de la candidatura de Cristina Kirchner aceleró la discusión sobre los armados electorales en todas las fuerzas políticas, y nacionalizó los comicios bonaerenses. Como si se tratara de un hecho inexorable. El diseño de estrategias sobre la mesa de arena están a la orden día, pero tienen un grave problema: se trata de arenas movedizas.
Si bien el peronismo bonaerense fue el primer impactado, en el resto de los espacios, incluido el oficialismo, también precipitó debates, tanto para el cierre de listas provincial (el 19 de julio) como para el de la elección nacional (el 17 de agosto). Dos fechas que obligan a una definición indisociable.
La primera consecuencia es una tregua en la guerra del perokirchnerismo hacia un probable armisticio. Una expresión de deseos que precipita rumores, como el de la supuesta reunión del mediodía de este jueves entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof, que las partes negaron. El encuentro finalmente se concretó al caer la noche.
“Para Cristina el objetivo es no seguir dilatando y lograr la unidad. Por eso nadie más salió a hablar”, dijo uno de los más cercanos colaboradores de la expresidenta. “Están los secretarios coordinado agendas”, afirmaban en La Plata.
Tantos prolegómenos hablan del deterioro del vínculo entre quienes en otra época solo había una relación de liderazgo y subordinación, así como de las urgencias y la necesidad de no pisar en falso. Los urge el acuerdo para afrontar la más desafiante de las disputas político-electorales. La probabilidad de una derrota final es demasiado alta.
Pero no solo lo político electoral motoriza un afán de unidad, que incluye también al massismo. Los funestos pronósticos judiciales que se ciernen sobre la expresidenta son el mayor motorizador del anuncio y las últimas decisiones de Cristina Kirchner. También, de la admisión de verse obligados a cerrar filas que pesa sobre Kicillof y los que han desafiado el liderazgo de “la jefa”.
La perspectiva de que la expresidenta deje de ser una opción electoral para ser solo una referencia del pasado es demasiado relevante para cualquier planificación. Pero la mayoría de la política aún solo incluye parcialmente en sus análisis la variable de un fuera de juego definitivo. La larga sobrevida política de Cristina Kirchner los obliga a la cautela, aun cuando todo indicaría que su suerte está echada.
Las versiones que se atribuyen a la Corte Suprema y la certeza que emana de jueces federales dan por hecho que la condena quedará firme antes de la fecha límite para la inscripción de las candidaturas, lo que la dejaría desprovista de la inmunidad de arresto y de derechos políticos, como elegir, ser elegida y ejercer cargos públicos.
“La Corte va a hacer lo que corresponde en el tiempo que corresponda y evitará que se produzca una mayor complicación para la vida pública”, afirma una alta fuente de los Tribunales. Eso implica que pretende dar certeza al proceso electoral y evitar que una condena a posteriori tenga un mayor costo social.
La instalación por parte de Cristina Kirchner y los suyos de la idea de una proscripción parece preocupar menos a los jueces supremos que la acusación que pudiera pesarles de haber abierto un atajo hacia la impunidad. En casos de tal repercusión en la balanza de la Justicia se pesan muchas cosas. No solo las pruebas acumuladas o la legalidad del proceso, que son fundamentales. La oportunidad también es una variable insoslayable. Y hoy, en este caso, aún más determinante.
El poder de la palabra proscripción asoma devaluado, no solo por abuso que han hecho la propia expresidente y sus fieles, sino por la escasa reverberación que tiene fuera del perokirchnerismo. A pesar de los cuestionamientos que hay sobre el Poder Judicial. Otros están peor.
En los estudios cualitativos de opinión pública el nombre de Cristina se conjuga hoy más en pasado que en futuro, aún cuando en las encuestas cuantitativas aparezca como la principal figura de la oposición. A ningún experto escapa que esa preeminencia responde más a la ausencia, incapacidad o defección de otros actores políticos que a las adhesiones que ella conserve. Sus ratios de imagen negativa (rondan el 70%) muestran su acotado potencial político-electoral, así como el vacío de liderazgos opositores.
Al margen de la eventual confirmación de la condena judicial, la sociedad mayoritariamente tiene sobre Cristina Kirchner un contundente veredicto ético en su contra. Los muchos casos de corrupción ocurridos durante sus gobiernos, probados en sede judicial, han dado verosimilitud a por las acusaciones. Tanto como los demostrados beneficios económicos obtenidos por la familia Kirchner merced a los negocios con el Estado durante el apogeo kirchnerista hechos por un exempleado bancario devenido en empresario (Lázaro Báez) y un mediano empresario convertido en magnate (Cristóbal Lopez).
Al margen de otros hechos más difíciles de probar y comprobar, los inexplicables alquileres de inmuebles y el pago por servicios no utilizados a la familia presidencial por sumas millonarias de parte de Báez y López, a los que les sobran las propiedades sin usar, terminaron de sustentar la condena ética y la sospecha criminal.
Los arrestos autoritarios y, muy especialmente, el regreso de la inflación y el estancamiento económico en su último mandato cristalizaron el rechazo de más de la mitad de los argentinos.
También eso pesa hoy. Y no sería ajeno al ánimo de los máximos magistrados el intento de juicio político contra ellos que impulsó el último gobierno kirchnerista. Una herida profunda que sigue abierta, dicen quienes frecuentan a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Un sentimiento compartido, a pesar de las irreconciliables diferencias que hay entre este último y los otros dos jueces.
La alta probabilidad de que Cristina Kirchner quede fuera de carrera antes de inscribir su candidatura no impide que sus adversarios discutan candidatos y estrategias para enfrentarla en las urnas.
En el universo libertario, las diferencias que existen entre el espacio que responde a Karina Milei y el de Santiago Caputo volvieron a salir a luz en torno a quién sería el mejor postulante para enfrentar a la expresidenta. Territoriales karinistas versus influencers caputistas es ya un clásico, que adquirió más actualidad desde el lunes pasado.
Esa discusión, al mismo tiempo, activó diálogos y encendió alarmas en los macristas rendidos al mileísmo. También en el círculo de la neolibertaria Patricia Bullrich.
Por un lado, reforzó la convicción del oficialismo de que si la derrota macrista en las elecciones porteñas los privó de cualquier derecho, la candidatura cristinista les da el argumento para compartir lo menos posible su capital. La polarización con el kirchnerismo y la indigencia del resto de las fuerzas políticas es el sueño dorado del mileísmo.
“Es la oportunidad de que Cristina reciba la condena más inapelable: una definitiva derrota electoral. Más que nunca es ‘contra Cristina o con Cristina’. Solo nosotros podemos vencerla y los que no se sumen serán condenados por la mayoría que no quiere más kirchnerismo”, dicen en la Casa Rosada.
La ausencia de avance concreto en los diálogos que el oficialismo ha mantenido con los enviados macristas refuerza los temores del lado amarillo. Para peor, son muchos los macristas críticos que tienen dudas sobre los colores de la camiseta que defienden los enviados de Macri, Cristian Ritondo y Diego Santilli.
En realidad, las dudas solo pesan sobre el jefe del bloque de Diputados de Pro, que en la sesión de esta semana en la Cámara baja se inmoló ante los jubilados, médicos del Garrahan y personas con discapacidades en defensa del Gobierno. Las pruebas de fidelidad son más valoradas cuanto más alto es el costo social a pagar. El Gobierno libertario no comparte las ganancias y busca socializar las pérdidas.
Respecto de Santilli solo hay certezas sobre su reconversión libertaria, aunque en las últimas horas sopesa con inquietud las versiones que lo relegan en la boleta libertaria. Todavía está ingiriendo antiácidos después de ver la foto de Karina Milei con José Luis Espert, a quien el Presidente quiere al frente de la lista nacional bonaerense.
Debajo de la primera línea, la preocupación avanza entre los intendentes macristas que temen que las conversaciones desiguales les sean perjudiciales y les intrusen las listas a concejales con libertarios que podrían volverse opositores.
Son varios los jefes comunales con territorios blindados, por imagen y gestión, que evalúan volverse vecinalistas. alización de la elección bonaerense puede tener efectos impensados.
La incertidumbre también gana terreno en el radicalismo bonaerense. Las autoridades partidarias, los legisladores provinciales y la veintena de intendentes empiezan a revisar los planes. Advierten que será una misión casi imposible preservar las once bancas que renuevan en la Legislatura. Y se encuentran ante una encrucijada.
“La rendición de Macri nos complicó todo. Habíamos hablado de negociar en conjunto. Así mostrábamos la capacidad de daño que podríamos tener si no arreglábamos e íbamos por afuera. Pero Mauricio se entregó y ahora es todo más difícil. Ir solos es casi suicida, pero ir a los pies del mileísmo no nos asegura nada”, admite un alto dirigente del comité provincial de la UCR. Cristina los complica aún más. Quedar como funcionales a ella o a Kicillof podría ser igual de letal.
Tanto los radicales como los macristas críticos ven más complicada la toma decisiones por la falta de claridad de las señales que reciben del escenario económico-social. La recuperación en las encuestas de la imagen de Milei y de su gobierno, vinculada con la nueva caída de la inflación y la salida no traumática del cepo al dólar, contrastan con otras percepciones más difusas.
En ese plano advierten señales de fatiga o malestar en algunos sectores sociales, relacionados con la heterogeneidad en la evolución del consumo, la incertidumbre sobre el empleo y la intolerancia a la crítica del Presidente y los suyos.
Nadie sabe cómo evolucionarán esos factores de aquí a septiembre u octubre. Todos temen tomar decisiones mirando una foto que pueda quedar vieja. La reciente conjunción de reclamos de sectores que tocan la sensibilidad social o la distancia que están tomando varios gobernadores que hasta ahora habían prestado al Gobierno los votos de sus legisladores son mirados con atención por aliados y opositores.
También toman nota de la preocupación y el rechazo que despierta aquí y en el exterior el recrudecimientos de los ataques a los periodistas y a todo contradictor.
Ayer dieron una magistral demostración de la necesidad de poner freno a esa deriva intolerante Joaquín Morales Solá, en su condición de presidente de la Academia de Periodismo, y Jorge Fernández Díaz, como se informa por separado. Fue ante un auditorio de la Biblioteca Nacional desbordado.
El tiempo juega un rol clave. Hay demasiadas variables que podrían despejarse cuando ya sea tarde.
Ahí, el oficialismo libertario parece contar con algunas ventajas posicionales. Por méritos propios y defectos ajenos. Pero tampoco tiene ningún territorio asegurado.
El gobierno de la provincia de Entre Ríos otorgó este jueves un aumento salarial a los efectivos de la Policía provincial y del Servicio Penitenciario.
El incremento será en la suma no remunerativa y no bonificable que percibe el personal de seguridad. A partir de febrero de 2026 pasará a ser de $200 mil para los agentes de menor antigüedad. El techo será de $350 mil, de acuerdo con la escala correspondiente.
La medida se tomó mientras el Gobierno de Santa Fe buscaba una salida para descomprimir la crisis en Rosario. La administración de Maximiliano Pullaro dejó de lado las amenazas de sanciones y se enfocó en mejorar los ingresos de la tropa.
El movimiento policial rosarino removió viejos recuerdos del otro lado del río Paraná. En 2013, la Policía se acuarteló en Concordia. La crisis social generada devino en saqueos que se cobraron tres muertes.
Casi en paralelo a los sirenazos en Rosario, un grupo de familiares de agentes policiales y penitenciarios entrerrianos organizó una convocatoria. El llamado no revestía demasiado peligro. La fecha prevista para la protesta recién era a mediados de marzo.
Sin embargo, el gobierno de Rogelio Frigerio entrerriano cortó por lo sano e hizo este anuncio. Otro factor que enlaza lo que ocurría en Santa Fe con la decisión del gobierno provincial es que el escalafón de seguridad recibió el incremento antes que otros siquiera hayan sido llamados a discutir recomposición de haberes para el 2026.
Recién 24 horas después de que se hiciera público el incremento a policiales y penitenciarios se conoció la convocatoria a los demás estamentos. La primera reunión de la paritaria estatal se concretará el 19 de febrero. El turno de los docentes será recién el 23, una semana antes del comienzo del ciclo lectivo.
En qué consiste el incremento
El ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, precisó que la medida implica el reemplazo de los códigos 101 y 133, para el personal en actividad. Con este incremento, un agente de la Policía, con un año de antigüedad, cobrará $1.302.000.
Asimismo, se dispuso la actualización de la suma que perciben los pasivos de ambas fuerzas de Entre Ríos. Se estableció un monto fijo mensual de 100.000 pesos a partir de febrero de 2026.
El mandatario provincial suele destacar de forma pública la labor de la Policía de Entre Ríos. “Tenemos la mejor del país” ha repetido en varios actos oficiales.
Cuál es el panorama general de los salarios
Entre la caída de la recaudación propia y la merma en los recursos coparticipables, la Administración Frigerio hace malabares para cubrir las demandas de los agentes públicos.
“Venimos trabajando en la propuesta que podemos realizar, siempre en el marco de diálogo con los gremios. No tengo un número para decir ahora”, afirmó el ministro de Economía entrerriano, Fabián Boleas, cuando se le consultó sobre la oferta a estatales.
“Estamos delineando, tratando de cerrar lo antes posible esa cuestión para luego plantearla”, agregó, subrayando que será una oferta que el Estado provincial pueda afrontar. “No vamos a comprometernos a nada que no podamos cumplir”, destacó.
Frigerio se manifestó en esa sintonía. “El año pasado tuvimos una paritaria histórica anual. Vamos a ver si llegamos a un acuerdo en ese mismo sentido”, expresó. Luego, puso límites a las expectativas de incremento de haberes. La oferta oficial tendrá en cuenta “lo que es de público conocimiento: la recaudación de las provincias en general y la nuestra no es una excepción, no se ha recuperado todavía”.
POLITICA
Aceleración oficialista en el Congreso: giro al “realismo libertario” y golpe al discurso anticasta
Patricia Bullrich usó un dicho de la política tradicional para destacar que fue una larga negociación lo que le permitió al oficialismo avanzar con la reforma laboral en el Senado. “El tango se baila de a dos”, escribió en X. El diputado Benegas Lynch lo sostuvo de otra forma, más directa. “Cuando vos te metés en el recinto, es para ganar una votación, no para que te llenen la cara de dedos”, dijo en una entrevista con este medio. ¿A quién le hablaban? Sonó, especialmente en boca del legislador, a mensaje para la propia tribuna. Una especie de justificación para sostener el giro al “realismo libertario” y amortiguar el golpe al discurso anticasta.
Entre las muchas consideraciones que pueden ser hechas sobre el texto aprobado en el Senado -y enviado 48 horas después a Diputados, para acelerar el trámite-, se anotan las decenas de puntos que decidió modificar el Gobierno en tren de reunir votos. No fue tampoco una novedad absoluta, aunque esta vez prefirió evitar lo ocurrido con el Presupuesto 2026, en las vertiginosas sesiones de fin del año pasado. Aquella vez, el oficialismo perdió en Diputados una votación de alto impacto, por el capítulo que incluía el fin de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. Procesó su enojo, no insistió en el Senado y pudo celebrar la sanción de la ley.
Visto de entrada que la reforma laboral demandaba negociaciones y cambios, enfrentó la prueba del Senado -y la pasó con comodidad numérica- en base a tratativas que tuvieron como foco a los gobernadores pero que, con menor visibilidad mediática, incluyó señales a los jefes sindicales y no sólo al mundo empresarial. Traducido según los criterios básicos de su “batalla cultural”, se trataría de un arreglo con “la” política (los jefes provinciales) y con la casta sindical.
Por supuesto, la trascendencia del proyecto laboral podrá ser medida por sus efectos prácticos en las relaciones de trabajo. Habrá que esperar la sanción definitiva, la reglamentación, la aplicación que demandará tiempo. Pero en lo inmediato, los primeros ruidos se registraron en un terreno que durante bastante tiempo el oficialismo asumía como propio o, al menos, cómodo: las redes sociales, con particular foco en X.
En ese circuito que tiende al reduccionismo y la chicana, los puntos destacados fueron el trato cerrado con los gobernadores y, más aún, la modificación de artículos que afectaban a la estructura sindical. En el primer caso, fue un acuerdo de necesidad compartida: finalmente, fue liquidado el punto de la baja de Ganancias. Ni a las provincias ni al Gobierno les convenía. La recaudación viene cayendo de manera sostenida desde hace seis meses, con el consiguiente impacto en las cuentas nacionales y, según el impuesto, en la coparticipación federal.
Los gestos hacia los jefes sindicales -expresión de negociaciones más reservadas, entre otras razones por cuestión de imagen– terminó siendo un dato potente, provocado en buena medida por desmanejo discursivo del oficialismo. Puso énfasis en adjudicar al proyecto un sentido de combate con el sindicalismo, casi como elemento mayor, y las concesiones terminaron destacando eso mismo, pero al revés. Los aspectos que sí podrían haber afectado a las organizaciones gremiales -y su dirigencia- fueron dados de baja. No hubo rebaja de aportes a las obras sociales y también quedó en el camino la idea de bloquear los aportes “solidarios” a los sindicatos y el modo de recaudar la cuota gremial, a través de las empresas. Mal momento para Federico Sturzenegger.
Desde el lado sindical, el elemento inquietante tuvo poco que ver con las advertencias de movilización y medidas de fuerza. En ese juego, quizás haya pesado más la latente posibilidad de demandas para judicializar algunos aspectos de la reforma. El sindicalismo peronista carece prácticamente de poder legislativo. Es una tendencia que, en rigor, se profundizó en era K. Pero a los jefes cegetistas le quedan otros recursos. Algunas municiones del oficialismo sobre el fuero nacional del trabajo alimentan todo tipo de especulaciones.
Más visible resultó la afirmación del poder de negociación de los gobernadores. Fue notable en el pasado capítulo del Presupuesto y determinante en un tema como la ley laboral. El Gobierno los terminó poniendo en el centro de la discusión con la propuesta de la baja en Ganancias para empresas, que corrió el eje del tema a pesar de que Economía sabía de su propia debilidad en ese frente. La decisión de llevar a la larga el asunto terminó para agrandarlo. Y, más allá de la combinación de necesidades, quedó como una cesión del oficialismo.
El Gobierno, entre tanto, apuesta a capitalizar el momento legislativo. Avanza con otros temas y anuncia más. En esa movida, se destaca el proyecto de régimen penal juvenil, una iniciativa recreada por el oficialismo y que, al menos mediáticamente, quedo teñida exclusivamente por la baja de la edad de imputabilidad. Ese punto fue acordado con socios y aliados. Pasó de Diputados al Senado, que debe apurar el paso la semana que viene para llegar al recinto antes de fin de mes. Una cuestión que generó algo de debate en el trámite inicial podría plantear otra prueba y tratativas con las provincias: los fondos para ir adecuando los servicios penitenciarios a la letra de la iniciativa.
La actitud negociadora aparece insinuada además en la intención de incorporar a la agenda un proyecto que de algún modo cierre el tema de los fondos para universidades. Existe una necesidad generada por el frente judicial abierto ante el incumplimiento de la ley de financiamiento que aprobó el Congreso, vetó Javier Milei y sigue en pie por la insistencia legislativa. Trascendieron conversaciones con los rectores. Y esas tratativas están a cargo de Carlos Torrendel y Alejandro Alvarez. El encargado de Políticas Universitarias es sin dudas el funcionario del área que encaró con mayor dureza mileista su tarea. Ahora, al parecer, las necesidades son otras.
En cualquier caso, este momento de “realismo libertario” -cuya extensión en el tiempo nadie podría asegurar- es similar a otros “realismos” que han expuesto las debilidades prácticas de las ideologías rígidas.
Los sindicatos presionan a la Confederación General del Trabajo (CGT) para que convoque a un paro general en rechazo a la reforma laboral que será tratada en Diputados. Aseguran que “sobran motivos para llamar a una huelga” y que no hay posibilidades de “frenar” el proyecto de ley sin un plan de lucha.
La iniciativa recibió media sanción el miércoles pasado en el Senado con 42 votos a favor y 30 en contra en el tratamiento en general. El objetivo del Gobierno es sostener el proyecto en Diputados tal como fue aprobado en la Cámara Alta.
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El día previo a que el Senado tratara la reforma laboral, la CGT logró cambios clave en el proyecto. El texto oficial tuvo 28 modificaciones y dos de ellas eran exigidas por la central obrera: se mantienen las cuotas solidarias y se eliminó el artículo que bajaba las contribuciones patronales para las obras sociales.
Frente a ello, este sábado, el titular de la UOM, Abel Furlán, apuntó contra la CGT y adelantó que le pedirán al triunvirato que convoque a una huelga general durante el tratamiento del proyecto en Diputados.
“La CGT estuvo negociando con el Gobierno. Nosotros tenemos una opinión muy personal: no había nada para negociar en esos 213 artículos, porque presentan una pérdida de dignidad para los trabajadores. Había que rechazarlo de manera absoluta”, deslizó Furlán a Futurock.
Ahora, el oficialismo busca obtener dictamen de mayoría para tratar la reforma laboral el miércoles 18 de febrero y llevarla el jueves 19 al recinto de la Cámara de Diputados. En ese sentido, Furlán adelantó: “Hemos decidido llevar un pedido a la CGT para pedir un paro general con movilización”.
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Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) le hicieron el mismo reclamo a la central obrera. “Estamos pidiendo que la CGT convoque a un paro. Están dadas todas las condiciones y sobran motivos para llamar a una huelga general”, afirmó a TN, el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar.
Otro de los sindicatos combativos es la Federación de Aceiteros y su titular, Daniel Yofra, se sumó al reclamo de la UOM y ATE.
Ante la consulta de si la CGT debe convocar a una huelga, Yofra respondió: “Ojalá que despierten antes del tratamiento de la ley en Diputados y larguen un paro. No hay posibilidades de frenar una ley como esta, si no hay un plan de lucha».
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Este viernes, el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) que integra la UOM, Aceiteros, las dos CTA y ATE, entre otros, anunció un nuevo plan de lucha.
La decisión incluye la convocatoria a movilizaciones en distintas provincias y la realización de paros y protestas cuando la iniciativa se trate en la Cámara Baja.
“El Frente de Sindicatos Unidos definió un nuevo paro general con movilización al Congreso el día que se trate la reforma laboral en la Cámara de Diputados”, señala el comunicado.
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Por su parte, el titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró: “Tenemos que construir un clima de mayor hostilidad para los diputados que aquel que enfrentaron los senadores. No es una utopía voltear la ley o al menos que se empantane su tratamiento”.
De este modo, además de la UOM, Aceiteros, ATE y las dos CTA, irán a un paro la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Federación Gráfica Bonaerense, la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Molineros, CONADU y Viales.
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