POLITICA
En su pedido de refugio, “Fred” Machado aseguró que en EE.UU. lo vinculan al narco por un “estereotipo”
Federico “Fred” Machado se enfrenta a un inminente traslado a Estados Unidos. En su intento de frenarlo, el empresario acusado de fraude y narcotráfico solicitó que se le conceda el carácter de “refugiado” en la Argentina, pese a ser nacional. Cuando realizó el pedido, argumentó que el país norteamericano lo perseguía injustamente. Según él, por motivos de procedencia y color de piel.
Machado dijo que encajaba con un “estereotipo de delincuente narcotraficante: latino (argentino), inmigrante, vinculado con el transporte transfronterizo“, y que por eso lo buscaban en un contexto de violación ”sistemática de los derechos humanos de sus ciudadanos en toda investigación de delitos relacionados con el narcotráfico, como asimismo persecución por motivos de raza y nacionalidad”.
El empresario, que había desarrollado un proyecto minero en Guatemala (“Minas del Pueblo”), sostuvo que el sistema penal estadounidense, en su afán por ganar la llamada “guerra contra el narcotráfico”, convierte a los imputados en “materia prima que alimenta el sistema judicial”.
En Estados Unidos, Machado firmó un acuerdo de cooperación. En ese sentido, relató que el fiscal Ernest González le comunicó que si no cooperaba lo suficiente “no sería difícil encontrar elementos con que imputarme esos cargos”.
Esto, según Machado, no fue más que una “extorsión: o colaboraba con ellos entregando información (que con el tiempo sería lo mismo que decir ‘entregando gente’, en referencia a mis inversores) o iba preso”.
Sumado a ello, según Machado, la fiscalía fue directamente contra su derecho de defensa: dijo que un agente, llamado Jack Stevens, llegó a enviarle un correo electrónico pidiéndole que firmara un documento para relevar a su abogado del secreto profesional.
El relato de Machado se volvió más insólito cuando describió la supuesta fragilidad de las pruebas en su contra y el “desprecio” por las que demostraban su proclamada inocencia. Al revisar la documentación obtenida tras solicitar el discovery, aseguró que la única prueba incriminatoria era un chiste.
“Un mensaje de texto de tono evidentemente humorístico”, que él había enviado a una socia y que los agentes, en un principio, habían reconocido como una broma, pero que “ahora, de pronto, supongo que porque no tenían cómo justificar los cargos, había adquirido un carácter incriminatorio”.
“La única comunicación consignada en el expediente relacionada con el narcotráfico era un mensaje de texto de tono evidentemente humorístico que yo le había enviado a Mercer, referido a un video viralizado en las redes sociales donde se ve despegar de una pista clandestina uno de sus aviones que presuntamente había sido decomisado por las autoridades guatemaltecas y estaba sin volar. ‘Ahí va tu avión’, le había escrito en el mensaje de texto que los agentes encontraron en mi teléfono móvil cuando lo puse a su disposición en la primera reunión”, relató Machado.
Machado aseguró que se sometió a una prueba de polígrafo con un exanalista de la CIA donde “no hubo en el resultado absolutamente ningún indicio de que yo estuviera mintiendo, ni de que tuviera relación con el narcotráfico”. Estos resultados, que “no podían haber sido más favorables”, fueron “ignorados de manera alevosa por la fiscalía”, dijo.
Según Machado, la presión y la exigencia de un “servilismo” bajo el eufemismo de “cooperación” resultaron ser una “lógica irresoluble” que lo condujo a un colapso mental. “Fue auténtica y real tortura: no podía dormir, no podía pensar y todos los ámbitos de mi vida y relaciones personales sufrieron un tremendo deterioro”, afirmó.
En su pedido de refugio en la Argentina, Machado documentó informes psiquiátricos. La tensión culminó en un episodio de desesperación: después de ser obligado a participar en una videollamada con sus inversores diciéndoles frases “de película clase B del tipo ‘Ahora sí que la hicimos’, ‘Nunca antes habíamos ganado tanto’”, el agente Stevens concluyó que, pese a los “silencios de incomprensión” de los inversores, estaban “convencidos al mil por ciento de que estaban involucrados”.
Machado llegó a considerar que “el único camino era matarme”. Finalmente, relató que la situación se tornó aún más “peligrosa” cuando el fiscal Ernest González hizo público el caso, acusándolo en una conferencia de prensa de ser parte de una banda internacional.
Tras la declaración, la prensa argentina y guatemalteca llegó a mencionarlo -según dijo- “en términos de capo narcotraficante, al punto de mencionarse como un hecho que me había quedado con las rutas al cártel de Sinaloa, lo que me llenó de terror: ahora podía también asesinarme cualquier sicario que creyera la versión”.
Ante la certeza de que ser extraditado “volverá a hundir[lo] en la vorágine irracional de amenazas, persecución y ataques”, Machado pidió que el Estado le brinde protección bajo el estatuto de refugiado, dado que el Tratado de Extradición con EE.UU. no le permite optar por ser juzgado en tribunales argentinos.
Camila Dolabjian,Conforme a
El juez federal Diego Amarante pospuso la declaración indagatoria del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, que estaba prevista para el viernes 6 de marzo, y fijó una nueva fecha para el miércoles 11 del mismo mes, debido a que el dirigente cambió sus abogados y éstos necesitan interiorizarse del expediente.
No es un simple trámite administrativo, ya que la AFA decidió suspender el fútbol entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo como medida de fuerza por la citación a indagatoria al presidente de la entidad madre del fútbol, Claudio “Chiqui” Tapia, prevista para el jueves 5 de marzo.
Se desconoce si con la postergación de la indagatoria de Toviggino para el 11 de marzo, los clubes decidirán otra medida de fuerza en esa semana.
Toviggino y Tapia fueron citados a declarar como sospechosos, junto a la AFA e integrantes de la comisión directiva de la entidad, por supuesta evasión fiscal.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) les reprocha haber retenido aportes patronales e impuestos en los períodos 2024 y 2025. La AFA dice que no pagó porque estaban suspendidas las ejecuciones para las organizaciones sin fines de lucro, pero luego, anoticiada de la denuncia, canceló la deuda.
ARCA dice que cuando se venció el pago no estaba realizado y por eso reclama $19.000 millones en impuestos, además de denunciar el supuesto uso de facturas apócrifas.
Amarante decidió cambiar la fecha de la declaración indagatoria a pedido del nuevo abogado de Toviggino, el doctor Marcelo Rochetti. El magistrado entendió que era razonable y pospuso el trámite para el 11 de marzo.
Rochetti era jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Cristian Ritondo (2015-2018), durante el gobierno de María Eugenia Vidal.
En 2018 presentó su renuncia, tras denuncias de Elisa Carrió que lo vinculaban a negocios con Alfredo Lijo, hermano del juez federal Ariel Lijo, y supuesto operador judicial.
Toviggino, al igual que Tapia, está acusado de haber retenido aportes previsionales y de haber evadido el pago de impuestos. Además, se les prohibió la salida del país, aunque luego el juez levantó la medida con respecto a Tapia.
Según la denuncia inicial hubo un total de $7.593.903.512,23 en obligaciones que no fueron depositadas en tiempo y forma, dividido en dos rubros: retenciones impositivas y retenciones de la seguridad social. En la ampliación de la denuncia, el monto incluido sumó $11.759.643.331,62. El total bajo investigación supera los $19.300 millones por retenciones y aportes que no habrían sido ingresados.
La sindicatura abarca a la AFA, como organización, a Claudio Fabián Tapia, a Pablo Ariel Toviggino y a los directivos Cristian Ariel Malaspina, Gustavo Roberto Lorenzo y Víctor Blanco Rodríguez.
El organismo recaudador del Estado nacional evaluó que se trata de una apropiación indebida de tributos, porque la AFA actuó como “agente de retención” de la plata de jugadores, empleados o proveedores y no se los dio al fisco. “Al no depositarlos, la AFA abusó de la confianza depositada por la ley”, dijo.
Además de esta causa, la AFA es investigada por posible lavado de dinero, en jurisdicción de Lomas de Zamora, por una supuesta administración fraudulenta ante el desvío de fondos cobrados en los Estados Unidos, y por el presunto uso de testaferros, en un encubrimiento de lavado de dinero, en otro caso, contra su tesorero Toviggino.
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La Justicia encontró en las oficinas de la AFA documentos que prueban pagos a la dueña de la mansión de Pilar por al menos $300 millones
La Justicia encontró en las oficinas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en la calle Viamonte, documentos que acreditan pagos por al menos $300 millones a Real Central SRL, la empresa que figura como dueña de la mansión ubicada en el country Ayres Plaza, en Pilar. La documentación fue hallada durante un allanamiento que ordenó el juez Luis Armella y quedó incorporada a las investigaciones en curso.
Según los papeles secuestrados, se trata de transferencias realizadas en junio de 2025 a favor de Real Central SRL, cuyos titulares formales son la jubilada Ana Lucía Conte y su hijo, el monotributista Luciano Pantano, acusados en la causa de ser presuntos testaferros de Claudio “Chiqui” Tapia y/o Pablo Toviggino.
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La primera orden de pago encontrada corresponde al 19 de junio de 2025. El comprobante consigna una transferencia de $231.110.000 bajo el concepto “Servicio de logística”, con número de orden 267894 y estado “Pagado”. TN accedió al comprobante de la transferencia, que incluye un detalle en el concepto: la referencia “VAR”. Es decir, según la documentación, Real Central habría provisto el servicio de videoarbitraje a la AFA.
La segunda orden de pago es del 2 de junio de 2025. En este caso, el monto asciende a $70.400.000, también bajo la descripción “Servicio de logística”, con número de orden 267372. En ese documento aparece la firma de Pantano sobre el final de la orden, con la leyenda “P/Real Central SRL”. De acuerdo con la documentación, esa firma confirma que Pantano actuaba como proveedor de la AFA en representación de la empresa.
Pero los papeles no se limitan a pagos efectuados por la AFA. También figura la firma de Pantano como receptor de un pago de $600.000.000 realizado por Argentinos Juniors a la AFA. La firma estampada en ese documento coincide con la que aparece en las órdenes de pago vinculadas a Real Central SRL.
El hallazgo se produjo en el marco de un allanamiento ordenado a fines de diciembre por el juez federal Luis Armella, que incluyó procedimientos simultáneos en distintas sedes de la AFA y en el domicilio del empresario Javier Faroni. El objetivo principal era recolectar documentación relacionada con TourProdEnter, la firma que administró fondos de la AFA en el exterior. Sin embargo, entre las cajas con papeles y soportes digitales también apareció material vinculado a Real Central SRL.
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Aunque el operativo en Viamonte no estaba dirigido específicamente a esa empresa, la presencia de documentación de la firma en las oficinas de la casa madre del fútbol argentino fue incorporada como un dato relevante dentro del conjunto de causas que investigan distintos aspectos de la gestión dirigencial.
Real Central SRL es la sociedad que figura actualmente como titular de la propiedad ubicada en Ayres Plaza, valuada en alrededor de 17 millones de dólares según una pericia oficial. De acuerdo con los registros catastrales de la provincia de Buenos Aires, el primer dueño de la mansión fue el exfutbolista Carlos Tévez, en julio de 2017. Luego pasó a manos de Malte SRL el 28 de junio de 2023 y finalmente quedó registrada a nombre de Real Central SRL el 30 de mayo de 2024.
Según consta en el expediente, la firma adquirió el inmueble por un monto declarado de 1.800.000 dólares. La diferencia entre ese valor y la tasación judicial fue uno de los elementos que motivaron nuevas medidas de prueba dispuestas por el juez Adrián González Charvay, quien tiene a su cargo la causa específica sobre la propiedad.
Conte y Pantano tienen prohibida la salida del país, sus bienes están inhibidos y sus cuentas congeladas. Real Central SRL, además, figura como titular de 59 autos de lujo.
En paralelo, la investigación más amplia analiza el manejo de fondos en el exterior a través de TourProdEnter, empresa que administró alrededor de 260 millones de dólares y que, según la pesquisa, habría desviado al menos 42 millones a un entramado de firmas presuntamente falsas.
En ese expediente se secuestraron contratos y discos rígidos, entre ellos uno de mayo de 2021 que acreditaría el vínculo entre esa firma y la AFA.
AFA, Pablo Toviggino, Claudio Tapia
POLITICA
La CGT descuenta que se aprueba la reforma laboral y ya diseña una estrategia para judicializarla
La cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) reunió esta tarde a su mesa chica con el objetivo de definir los “próximos pasos a seguir” de cara a la sesión del próximo viernes en el Senado, que podría darle sanción definitiva al proyecto reforma laboral.
Una fuente dentro de la reunión deslizó a que la mesa cegetista pretende hacer una presentación a la Justicia, por lo que serían los aspectos inconstitucionales de la reforma, junto a una movilización al Palacio de Tribunales para el próximo lunes. “Estamos analizando la estrategia minuto a minuto”, comentaron.
En ese marco, descartaron una posible convocatoria a otro paro general o a una marcha a la Plaza del Congreso para el viernes, al asegurar que una medida de esa magnitud por ahora no es parte de la estrategia de la CGT. “Nada de nada”, graficó uno de los jefes sindicales consultados por este medio.
El encuentro del triunvirato de la central obrera, compuesto por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, tuvo como anfitrión a Andrés Rodríguez, secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), en la sede del gremio estatal en la calle Moreno.
“Nuestra movilización va a ser el día lunes a Plaza Lavalle. Nuestro reclamo y plan de acción será a medida que vaya sosteniéndose la caída de los puestos de trabajo. Ahora se vienen meses muy complicados, donde cada gremio tendrá que discutir paritarias”, declaró Sola a la salida de la cumbre.
“Nos hemos comprometido a judicializar la ley”, había adelantado Sola a este medio sobre su postura. Tanto el titular del Sindicato del Seguro como los otros dos triunviros participaron ayer de un paro y movilización de los empleados judiciales contra el traspaso del fuero laboral a la Ciudad, uno de los ejes del proyecto oficial.
A pesar del rechazo en general a la reforma, la CGT logró cambios clave en el proyecto antes de su primer tratamiento en la Cámara alta. El Gobierno, a través de su jefa de bancada Patricia Bullrich, anunció que se mantienen las cuotas solidarias sindicales por 2 años y la eliminación del artículo que bajaba las contribuciones patronales para las obras sociales.
En la sesión de Diputados del jueves pasado, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) integrado por los gremios de metalúrgicos, estatales y las dos CTA le reclamaron a la CGT un paro de 36 horas con movilización al Congreso para este viernes. Sin embargo, Sola aseguró: «No hemos recibido ningún pedido, más allá de las cuestiones mediáticas”.
“No es necesario un ámbito formal para llevar adelante un reclamo de varios sindicatos”, contestaron desde el FreSU al mantener una convocatoria a la esquina de Avenida de Mayo y Salta para este viernes a las 10 de la mañana, sin cese de actividades. “Vamos a movilizar lo más cerca del Congreso Nacional que se pueda llegar”, avisaron con la intención de poder lograr una confluencia de marchas con la izquierda.
De todos modos, se espera un paro por parte de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), según pudo averiguar . Cerca del gremio apuntaron que “hablar de judicialización antes del viernes parece una excusa como para no salir a la calle esta semana”.
La cumbre en la sede de UPCN en el barrio porteño de Balvanera contó con la participación de Hugo Moyano, histórico dirigente sindical de Camioneros.
También fue de la partida Gerardo Martínez, jefe sindical de la Unión Obrera de la Construcción, quien se sentó a la mesa que el Gobierno tendió para el Consejo de Mayo, un ámbito en el que se alumbró el proyecto de “modernización laboral”.
ayer de un paro y movilización de los empleados judiciales,reclamaron a la CGT un paro de 36 horas con movilización al Congreso,CGT,Reforma laboral,Congreso Nacional,Conforme a,,¿Sin clases? Incómodos, dos aliados sindicales de Kicillof paran en Buenos Aires, pero culpan a Milei por los salarios,,Protesta frente a la Corte. Los judiciales activaron un paro en rechazo al traspaso del fuero laboral a la Ciudad,,Tras la media sanción en Diputados. Cuándo se aprobaría la reforma laboral en el Senado,CGT,,Protesta frente a la Corte. Los judiciales activaron un paro en rechazo al traspaso del fuero laboral a la Ciudad,,Reforma. El traspaso de la justicia laboral a la Ciudad, una pelea entre el Gobierno y la oposición que se dará en un fuero destinado a desaparecer,,Análisis. Escándalos y victorias de Milei
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