POLITICA
En un año bajó un 10% la conflictividad laboral: un informe del Gobierno detalla qué pasó en el sector privado y en el estatal
El ámbito estatal concentró el 78% de los conflictos laborales que incluyeron paro de actividades en junio de 2025, una proporción que evidencia el desplazamiento de la conflictividad hacia el sector público, frente al 67% registrado en el mismo mes del año anterior.
Este cambio se produjo en un contexto de descenso generalizado de los indicadores de huelga, según estadísticas que la Secretaría de Trabajo difundirá en las próximas horas, en donde se menciona que junio pasado cerró con 46 conflictos laborales con paro, lo que representa una baja del 10% respecto a junio de 2024 y una caída del 22% en comparación con mayo de 2025.
El número de trabajadores involucrados en huelgas alcanzó los 249.709, cifra que implica un descenso del 34% interanual y del 61% respecto al mes anterior.
En cuanto a las jornadas individuales no trabajadas, según el informe oficial, el total fue de 338.721, lo que supone una baja del 28% frente a junio de 2024 y del 57% en relación a mayo de 2025. El análisis sectorial revela que el sector privado experimentó una disminución mucho más marcada en todos los indicadores. La cantidad de huelguistas en empresas privadas se redujo en un 94%, las jornadas no trabajadas bajaron un 73% y los conflictos con paro retrocedieron un 44%. Este comportamiento amplificó el peso relativo del sector público en la estadística general de conflictos.
En contraste, el sector público mostró una dinámica menos pronunciada: la cantidad de huelguistas descendió apenas un 1% y las jornadas no trabajadas cayeron un 15%. Esta diferencia explica el aumento de la participación estatal en el total de conflictos, que pasó del 67% en junio de 2024 al 78% en junio de 2025.
Las estadísticas de la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, destacan que la baja en la conflictividad laboral se reflejó tanto en la cantidad de conflictos como en el número de trabajadores y jornadas afectadas, aunque con una marcada disparidad entre los sectores público y privado.
En el entorno del secretario de Trabajo, Julio Cordero, atribuyeron la baja de la conflictividad laboral a “un camino de maduración e institucionalidad” por parte del sindicalismo, el empresariado y los funcionarios.
En ese sentido, resaltaron que “en Capital Humano se prioriza el diálogo tripartito, donde el Estado sea un componedor y permita que las partes se pongan de acuerdo y luego revise lo que tiene que revisar”.
Según Trabajo, “lo que observa desde hace un tiempo es una caída de la conflictividad laboral con paro como un proceso no coyuntural, sino como una tendencia que se viene profundizando con esta gestión”.
Qué dice el informe sobre conflictividad
En el informe figura que en junio de 2025 se registraron 46 conflictos laborales con paro, lo que representó un descenso de 10% en relación al mismo mes del año anterior y de 22% con respecto a mayo de 2025.
En lo que refiere a la cantidad de huelguistas (249.709), experimentó un retroceso del 34% y del 61% en los mismos períodos considerados. Por último, la cantidad de jornadas individuales no trabajadas (338.721) se comportó de igual modo, registrando una caída del 28% en comparación con mayo de 2024 y del 57% respecto de mayo de 2025.
Al desagregar la información por tipo de empleador, se observó que, en el ámbito estatal, entre junio de 2024 y junio de 2025 se produjo un crecimiento en la cantidad de conflictos con paro (+6%) aunque con un descenso moderado de la cantidad de huelguistas (-1%) y un poco más intenso de las jornadas no trabajadas (-15%). Por el contrario, en igual período, la conflictividad laboral en el ámbito privado registró un fuerte descenso en los tres indicadores: cantidad de conflictos con paro (-44%), de huelguistas (-94%) y de las jornadas no trabajadas (-73%). En junio de 2024, la cantidad de conflictos con paro del ámbito estatal representaba un 67% del total, mientras que en junio de 2025 esta participación se incrementó al 78% producto de la caída acontecida en el ámbito privado.
En cuanto a las causas que motivaron los conflictos con paro en junio de 2025, se destacaron los reclamos por mejoras salariales (27 conflictos) y las demandas por pagos adeudados (6 conflictos). Entre junio de 2024 y junio de 2025 se observó un creciente predominio de los conflictos originados por mejoras salariales, que pasaron de representar un 49% del total a un 59%. En cuanto a las demandas por pagos adeudados, el incremento en la participación fue de 3 puntos porcentuales (de 10% a 13%, respectivamente). Se destaca también que entre junio de 2024 y junio de 2025 los conflictos vinculados a despidos disminuyeron tanto en nivel absoluto (de 9 a 3) como en términos relativos (de 18% a 7%). Por último, se mantienen en niveles bajos la cantidad de conflictos originados por demandas de mejoras en las condiciones laborales y medio ambiente, seguridad y otros motivos.
Al considerar los sectores de actividad se observó que en junio de 2025 el 89% de los conflictos con paro se registraron en las siguientes actividades: la administración pública (13), la enseñanza (13), la salud (10), y la industria manufacturera (6).
Entre junio de 2024 y junio de 2025, la administración pública, aunque con una participación absoluta y relativa en descenso (de 39% pasó a 28%), continúa siendo la actividad con mayor nivel de conflictividad. A su vez, se observa un aumento de la conflictividad en las ramas de la enseñanza y la salud entre junio de 2024 y junio de 2025, registrando 28% y 21% del total de conflictos en junio de 2025. En contraste, puede destacarse lo ocurrido en el transporte y almacenamiento, actividad que había representado el 20% de los conflictos en mayo de 2024, pero que descendió al 4% en junio de 2025.
Durante junio de 2025, además, la mayor cantidad de conflictos se produjeron en las provincias de Buenos Aires (10), Entre Ríos (4), Jujuy (4) y Santa Cruz (4). Asimismo, los conflictos que afectaron a todo el país acumularon 5 conflictos con paro en el mes analizado. En este marco, se destaca el crecimiento de la cantidad de conflictos con paro en las provincias de Buenos Aires y de Entre Ríos que se duplicaron respecto a junio de 2024. Por el contrario, varias provincias, como Catamarca, Corrientes, Chaco, San Juan, Tucumán y Tierra del Fuego, no registraron conflictos en junio de 2025.
En lo que refiere a la conflictividad laboral sin paro, en junio de 2025, se registraron 117 conflictos, representando un aumento de 48% con respecto a junio de 2024. Asimismo, esta cantidad de conflictos sin paro se mantuvo constante en relación a mayo de este año. Las acciones mayormente desplegadas en estos conflictos fueron: la concentración (43), seguida por la declaración organizativa (21) y la movilización (23). Específicamente, las concentraciones se mantuvieron como la acción más frecuente durante todo el período, representando el 33% en junio de 2024, el 36% en mayo de 2025 y el 37% en junio de ese mismo año. También se destaca el crecimiento sostenido de las movilizaciones, que pasaron de 8 a 16 conflictos entre junio de 2024 y junio de 2025. El incremento de las ocupaciones es otro dato a destacar que en la comparación interanual muestra un crecimiento de 1 conflicto con esta acción en junio de 2024 a 7 conflictos en junio de 2025.
Por último, en cuanto al principal motivo que originó los conflictos sin paro en junio de 2025 se encontraron: las mejoras salariales (45), seguidos por los despidos o no renovación contractual (23), los pagos adeudados (19) y otros reclamos (17) donde se registraron aquellas demandas en rechazo a las políticas gubernamentales.
En cuanto al repertorio de acciones desplegadas se observó que los conflictos por mejoras salariales apelaron fundamentalmente a las concentraciones (14) y movilizaciones (14) como medidas de acción directa. En el caso de los conflictos por despidos o renovación contractual, las acciones fueron más heterogéneas, además de concentraciones (9) se registraron declaraciones organizativas (5), ocupaciones (4) y cortes (3). Los conflictos motorizados por pagos adeudados, presentaron una dinámica similar a los anteriores, aunque incorporando los anuncios de paro (2). Finalmente, aquellos que contemplaron otros reclamos incluyeron también bloqueos (2).
Los datos que figuran en el informe oficial evidencian que la mayoría de los conflictos sin paro se canalizaron a través de medidas de acción directa. En efecto, el 56% de los conflictos sin paro tuvieron como acción principal las concentraciones y las movilizaciones.
La Cámara Nacional Electoral confirmó la sanción a un partido político que contrató espacios radiales y televisivos para hacer campaña electoral encubierta como entrevistas periodísticas.
Se trata del Partido Demócrata Cristiano de la Capital Federal. La Cámara Electoral se pronunció sobre su apelación contra la sanción impuesta en primera instancia por violaciones al régimen de publicidad electoral en las elecciones primarias de 2023.
El castigo por esa falta es no recibir fondos públicos por una elección y rechazar su declaración de gastos de campaña del 2023.
El Partido Demócrata Cristiano de la Capital Federal realizó contrataciones de espacios en radio y televisión que fueron presentados como entrevistas periodísticas, pero que en realidad constituyeron publicidad electoral paga.
El tribunal electoral destacó que esta práctica no sólo viola directamente la prohibición de adquirir tiempo en radio y televisión para promoción electoral, sino que genera múltiples efectos perjudiciales asociados.
Por ejemplo, dijo la Cámara, daña la transparencia y equidad de las campañas, otorga ventajas indebidas y alimenta la desinformación al inducir a error a los electores sobre el carácter de la comunicación.
En este sentido, la regulación legal de las campañas electorales propicia que todos los partidos políticos y candidatos tengan acceso a los medios de comunicación y sean tratados en igualdad de condiciones.
Por eso, una distribución más equitativa de los espacios en radio y televisión favorece a quienes tienen menores posibilidades, a los partidos emergentes y a quienes disienten de los oficialismos partidarios, destacó el tribunal.
En el caso, el partido alegó en su defensa que se vio obligado a estas contrataciones por problemas técnicos con los espacios gratuitos asignados por la Dirección Nacional Electoral, y argumentó que se trató de “un servicio de difusión a través de periodistas particulares” y no de publicidad electoral propiamente dicha.
Sin embargo, la Cámara Nacional Electoral rechazó estos argumentos, señalando que la concertación dirigida a utilizar una actividad periodística para promover candidaturas, encubriendo su carácter oneroso, no solo lesiona la regulación legal sino que “agrava la entidad de la ilicitud cometida”.
La sentencia, firmada por unanimidad por los jueces Daniel Bejas, Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera, establece que la propaganda encubierta lesiona el principio del voto informado, ya que los ciudadanos requieren información completa e imparcial para tomar decisiones electorales.
Los jueces lo consideraron un “fraude a la ley”, por tratarse de “propaganda encubierta”.
Entre los elementos probatorios que confirmaron la infracción, se identificaron facturas explícitas bajo rubros como “Publicidad para campaña de Diputados del Partido Demócrata Cristiano” en diversos medios radiales y televisivos.
Por eso, destacó que más allá de los elementos que podría requerir la acreditación de publicidad electoral encubierta cuando no se encuentra verificado un pago (ya sea porque no se produjo o porque se lo hizo subrepticiamente) en el presente caso, la adquisición de los espacios en radio y televisión está fuera de duda.
La Cámara también advirtió sobre los desafíos que presentan las redes sociales y plataformas digitales, donde las posibilidades de realizar publicidad encubierta “se multiplican exponencialmente”.
En este sentido, señaló que la creación y coordinación de cuentas falsas, la contratación de “influencers”, “streamers” o “creadores de contenido”, la promoción paga disfrazada de contenido orgánico, el uso de inteligencia artificial y otras herramientas para influir −o manipular− las deliberaciones político electorales, generan posibilidades de propaganda más opacas y, a menudo, más potentes que las de algunos medios tradicionales.
En ese contexto, la sentencia reseña una serie de iniciativas que el Tribunal viene impulsando desde el año 2018, para mitigar los efectos perjudiciales que las nuevas formas comunicacionales pueden generar sobre la transparencia y equidad del proceso electoral.
La resolución confirmó la desaprobación del informe final de campaña y la pérdida del derecho a recibir fondos para financiamiento público de campañas electorales por una elección.
Hernán Cappiello,Justicia Federal,Elecciones 2025,Conforme a,,Fentanilo contaminado: el oficialismo busca trabar la creación de una comisión investigadora en Diputados,,¿Triunvirato o un solo jefe? La CGT activa el proceso de renovación de autoridades con el desafío de evitar una fractura,,»No sería Presidente». Kicillof reaccionó ante la denuncia de fraude electoral lanzada por Milei,Justicia Federal,,Fentanilo contaminado. “Tengo 30 trabajadores al borde del suicidio” y otras frases del dueño del laboratorio ante el juez,,Presuntas coimas: es preciso conocer toda la verdad,,“Una incógnita”. La Mesa de Enlace espera que el Gobierno defina el rumbo del INTA
POLITICA
El Gobierno avanzará sobre las operaciones financieras del Cártel de los Soles en la Argentina
El gobierno de Javier Milei siguió los pasos de los Estados Unidos, Paraguay y Ecuador, y declaró al Cártel de los Soles como organización terrorista, lo que le permitirá ahora avanzar con las investigaciones y eventuales detenciones de miembros de esa agrupación que ya habrían realizado operaciones financieras sospechosas en la Argentina.
De acuerdo con lo que detallaron a Infobae fuentes oficiales, las autoridades nacionales tienen conocimiento de personas que integran ese grupo narcocriminal, liderado por el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, incluso ingresaron al país.
“Muchos de ellos tienen a su familia acá, sus esposas viven en Buenos Aires y sus hijos van a colegios porteños, porque ni siquiera ellos confían en dejar a sus seres queridos en Caracas. Sabemos que funcionarios del régimen bolivariano pudieron haber entrado en algún momento”, explicó a este medio alguien al tanto de la situación.
A partir de esos datos, en la Justicia se abrieron varias causas que permanecen bajo el más estricto secreto de sumario y en las cuales se analizan desde compra de propiedades y bienes de alto valor, hasta transferencias.
El primer paso para intensificar los controles fue incluir al cártel en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), en el que también están entidades como Hezbollah y el -también venezolano- Tren de Aragua.
Para eso, el Ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich, elaboró un informe en el que precisó los antecedentes y todas las razones por las cuales esa organización criminal debía ser sumada a esa lista.
Las autoridades nacionales descubrieron, por ejemplo, que la banda, con una estructura de mando incrustada en los más altos sectores del aparato estatal de la dictadura, maneja el 25% del comercio mundial de cocaína.
Desde Maduro y Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, siguiendo por otros miembros del gabinete, decenas de funcionarios de Venezuela pertenecerían también al cártel, según el trabajo de inteligencia realizado por la Argentina.
Los delincuentes tienen especial influencia en la Guardia Nacional Bolivariana, principal cuerpo de las Fuerzas Armadas de esa nación. De hecho, el nombre de la agrupación proviene de las insignias de sol que lucen los generales de esa milicia.
El término se remonta a la década de 1990, acuñado tras las investigaciones contra los generales Ramón Guillén Dávila y Orlando Hernández Villegas. Fue el primero de ellos quien, se cree, aprobó un cargamento de cocaína que dio inicio a las actividades ilícitas.
Las autoridades argentinas, no obstante, consideran que la organización no opera de manera regular en el país, ya que su mercado se encuentra principalmente en el norte del continente -México y los Estados Unidos-, Europa y, en menor medida, en Asia, que es un destino emergente para el comercio ilegal de drogas.
A pesar de esto, la gestión de Milei pudo declararla como una entidad terrorista gracias a que sí tiene células en otros estados de la región, como Perú, Ecuador y Colombia, por lo que se trata de “una medida preventiva.
En el informe del Ministerio se señala, en este sentido, que para tomar esta decisión “se pondera riesgo real o potencial para la seguridad interior, vida y patrimonio de los habitantes” locales.
Al respecto, se argumentó que actualmente hay indicios de que le brindan apoyo material al Tren de Aragua, Hezbollah y al Cártel de Sinaloa, “todos con capacidad de violencia transnacional y economías ilícitas que impactan en el Cono Sur”
Más allá de eso, el Gobierno remarca que algunos de los líderes del cártel, que también son parte del régimen venezolano, sí tendrían determinados intereses económicos en la Argentina y es por eso que se le dará intervención a la Unidad de Información Financiera (UIF) para que controle las transacciones detectadas y que resultan sospechosas.
La determinación de incluir al Cártel de los Soles en el registro de entidades terroristas será formalizada este miércoles a través de un decreto que se publicará en el Boletín Oficial.
En los próximos días, en tanto, la administración libertaria compartirá la lista de personas sospechadas de estar involucradas en esta red criminal, la cual todavía se está elaborando, pero estaría encabezada por Maduro y Cabello.
También se incluiría a Tareck Zaidan El Aissami Maddah, ex ministro de Petróleo y ex presidente de PDVSA, detenido en Venezuela en 2024 por la propia dictadura y con cargos penales en su contra por parte de los Estados Unidos.
Además, estaría en esa lista Néstor Luis Reverol Torres, ex jefe de la Oficina Nacional Antidrogas y General y ex comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, acusado en el Tribunal de Distrito norteamericano para el Distrito Este de Nueva York (2016) por conspiración para distribuir cocaína (alertar a traficantes, obstruir redadas, según la acusación).
De igual manera, Hugo “El Pollo” Carvajal, ex jefe de inteligencia militar; extraditado a EEUU en el 2023 para luego ser declarado culpable ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por conspiración para importar cocaína (vínculos con el Cartel de los Soles y FARC, según el caso).
En la mira está también Clíver Alcalá Cordones, ex general que está imputado ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York desde el 2020 por narco-terrorismo en el marco de la conspiración Cartel de los Soles–FARC.
La lista se completa con Freddy Alirio Bernal Rosales, al que la estadounidense Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) lo designó en el 2011 dentro del régimen de Cabecillas de Narcóticos Extranjeros por apoyar a las FARC.
POLITICA
«zona liberada» de trolls, el impacto en redes, cómo le pega a Karina Milei y la única ventaja del Gobierno
Karina, «El Jefe» en las menciones del caso
Los hashtags más potentes de la conversación digital apuntan a Karina Milei. Fuente: Enter Comunicación.Gobierno viejo muy rápido y el valor del votante enojado
Karina Milei y Lule Menem en el centro de la polémica por los audios. 
Monitor Digital muestra una negatividad del 94% en la imagen del gobierno en redes, con el término corrupción entre los más mencionados.
La «Corrupción» de instala como una de las mayores preocupaciones de los argentinos en las redes.
Diego Spagnuolo,Javier Milei,Karina Milei
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