POLITICA
Encubrimiento: El crimen que golpea al Partido Justicialista de Córdoba

La causa por el asesinato de Joel Ruiz, un joven trabajador golondrina peón de albañil, quedó atrapada entre intereses políticos, pactos de silencio judiciales y maniobras para proteger a dirigentes del Partido Justicialista (PJ) cordobés. A más de tres años del crimen, la fiscal no cambia la calificación legal y desoye pruebas clave. La familia denuncia amenazas, encubrimiento y un entramado de complicidades que alcanza hasta la intendencia local.
“Lo mataron a palos, lo filmaron, se supo todo, y sin embargo siguen diciendo que fue un accidente”, denuncia Mariela Escudero, abogada querellante, y Ramón Ruíz, padre del Joel, en la causa que investiga la muerte del joven que apareció sin vida tras haber sido brutalmente golpeado en las inmediaciones de un campo de la zona de Los Cerrillos, donde trabajaba, cerca de Villa Dolores. La causa, sin embargo, continúa caratulada como homicidio culposo, y la fiscal Lucrecia Zambrana -de la fiscalía de Primera Nominación de esa localidad– se niega a modificar la calificación, a pesar de las pruebas y testimonios presentados.
Detrás del expediente judicial se esconde una verdadera olla a presión de poder político, pactos territoriales y complicidades institucionales. En el centro de la escena aparece la familia Vargas, vinculada al oficialismo provincial. Según el testimonio de la querella, uno de los hijos y el hermano del exintendente José Alberto “Chapino” Vargas –un peso pesado del peronismo cordobés– habría participado directamente en la golpiza que terminó con la vida de Joel. A su vez, otro de los implicados, Lucas, fue presentado como un supuesto testigo falso que intentó hacerse pasar por el joven que aparece en el video del crimen.
Actualmente el exintendente José Alberto “Chapino” Vargas se encuentra preso.
El video en cuestión, que circuló en redes sociales y fue incorporado a la causa, muestra con crudeza lo que habría sido la golpiza sufrida por Joel Ruiz. Un testigo clave reconoció públicamente haber capturado el material desde un estado de WhatsApp y presentó su declaración ante la fiscalía. No obstante, la fiscal Zambrana nunca lo incorporó debidamente a la investigación ni ordenó pericias fundamentales, como la comparación de voces.
Una testigo presencial silenciada
Una joven llamada Melis, testigo directa del hecho, declaró haber estado presente durante la golpiza a Joel, pero su testimonio fue ignorado. “No toman en cuenta su declaración, la dejan ahí parada, como si no hubiera dicho nada, sin argumentos. Acusaron a la abogada querellante como de haber instigado al falso testimonio a Melis, es decir acusan de estar ‘preparada’ la declaración, cuando ni siquiera la conocíamos, sólo nos contactó por videollamada preocupada por lo que había visto”, explicó Escudero. La joven fue evaluada por una psiquiatra y se presentó voluntariamente.
https://www.youtube.com/watch?v=L6hLjBis6yM
Una fiscal que no investiga, un poder que protege
La fiscal Zambrana no sólo se negó a cambiar la carátula del expediente, sino que ignora sistemáticamente los pedidos de pronto despacho y de intervención urgente presentados por la querella. En uno de los escritos presentados, se pide expresamente que se realice una pericia de comparación de voces entre el video del hecho y audios del propio Joel Ruiz, pericia que podría realizarse en la Policía Federal. Pero no hubo respuesta.

Mariela Escudero, abogada querellante, y Ramón Ruíz, padre del Joel.
Según denuncian familiares y abogados, la fiscal actúa bajo presión política y trabaja para el poder político a quien le debe favores, y no es la primera vez: “Hay muchas causas en su fiscalía que duermen el sueño de los justos. Nadie hace nada. Hay una impunidad estructural”.
La interna política detrás del crimen
El caso de Joel Ruiz estalló también en el terreno de la interna política de la provincia que conduce el dirigente peronista Martín Llaryora. El exintendente “Chapino” Vargas, cuyo entorno está implicado directamente en el crimen, fue detenido por otro caso de violencia, luego de que la actual intendenta –su exesposa, también del espacio K– decidiera correrlo del juego.
“Lo bajaron porque se quiso cortar solo, no porque les importara lo que le pasó a Joel. Hay una pelea por tierras, por un camino que conecta Córdoba con La Rioja, y ahí se están sacando los ojos entre varios políticos”, afirma la querella. El campo donde ocurrió el crimen se presume que pertenece a un socio de Vargas y González, otro personaje central en el territorio que está imputado por haber atropellado y matado a una mujer, y dejar a una niña en silla de ruedas. Actualmente, González se encuentra detenido por una causa federal por malversación de fondos públicos, aunque sigue teniendo influencia en Villa Dolores gracias a sus contactos políticos.

La fiscal Lucrecia Zambrana (Foto: La Voz).
Justicia bloqueada
A pesar de todos los indicios y pedidos formales, la fiscal Zambrana sigue manteniendo la calificación de «homicidio culposo», lo que implica que la muerte de Joel fue un accidente, no un asesinato. “No toman declaraciones a testigos claves, no citan al dueño del campo, no se investiga nada. La causa está bloqueada”, explican desde la querella.
El padre de Joel, querellante particular, también ha elevado escritos y pruebas sin obtener respuesta. Las amenazas a testigos, la falta de intervención de otros fiscales y la complicidad de todo un aparato judicial y político hacen que el caso sea, hasta ahora, una herida abierta para la familia y un escándalo tapado para la opinión pública.
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POLITICA
Javier Milei afrontará su cuarto paro general de la CGT desde que asumió: cuál es el récord en democracia que registra

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Javier Milei afrontará su cuarto paro general de la CGT a 802 días (o 2 años, 2 meses y 9 días) de haber asumido su gobierno (si la protesta se realiza este jueves).
De todas formas, nadie le sacará el récord que mantiene y que no merece festejo alguno: soportó la huelga general más temprana registrada en democracia para un presidente electo, ya que inició la gestión el 10 de diciembre de 2023 y apenas a los 45 días, el 24 de enero de 2024, se hizo un paro general contra el DNU 70.
En efecto, Milei se ubica como el segundo mandatario que vivió una medida de fuerza de esta magnitud con mayor rapidez desde el regreso de la democracia, según un relevamiento efectuado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral. Esta celeridad en la conflictividad sindical sólo fue superada por Fernando De la Rúa, que afrontó tres paros generales en 182 días de gobierno.

El fenómeno revela una tendencia: los presidentes no peronistas suelen atravesar más paros en menos tiempo que sus pares peronistas y, en el caso de Milei, la secuencia coloca a su administración en una posición de alta conflictividad de la CGT desde el primer año.
El 24 de enero de 2024, a sólo 45 días de su asunción, Milei ya había enfrentado el paro general más temprano en la historia democrática argentina para un presidente electo y luego el intervalo entre la segunda medida de fuerza, el 9 de mayo de 2024, y la del 10 de abril de 2025, marcó otro dato llamativo: pasaron 334 días entre el segundo y el tercer paro, registrando el mayor intervalo para un mandatario de la etapa contemporánea.
Desde 1983 hasta hoy en el país se registraron 46 paros generales, según el estudio, y de ese total, 29 huelgas recayeron sobre gobiernos no peronista, en sólo 13 años de gestiones ejercidas por Raúl Alfonsín, Fernando De la Rúa, Mauricio Macri y Javier Milei.

En contraste, las administraciones peronistas sumaron 16 paros generales distribuidos a lo largo de 28 años de gobierno. Dentro de este grupo, Alberto Fernández no padeció ninguna medida de este tipo, mientras que Néstor Kirchner tuvo sólo un paro general y Eduardo Duhalde, dos. Carlos Menem y Cristina Kirchner, en su segundo mandato, completan la lista con 8 y 5, respectivamente.
El informe precisa que los presidentes no peronistas enfrentaron en promedio 8,67 paros por administración, frente a un promedio de 2,29 huelgas durante las gestiones peronistas. En términos porcentuales, estos mandatarios debieron afrontar casi el doble de paros generales que los gobiernos del PJ: un 64,5% de los paros en menos de la mitad del tiempo de gestión.
Raúl Alfonsín fue el jefe de Estado que más paros sufrió, con 13 durante su mandato. Le siguen Carlos Menem y Fernando De la Rúa, ambos con 8. Cristina Kirchner y Mauricio Macri registraron 5, mientras que Duhalde y Néstor Kirchner sumaron dos y uno, respectivamente.

El estudio, dirigido por Marcelo Bermolén, titular del Observatorio de la Calidad Institucional de la Universidad Austral, resalta que Macri forma parte del podio de presidentes no peronistas con menor cantidad de paros generales. Fue el único mandatario de ese espacio político que pudo finalizar su primer año de gobierno, en 2016, sin que el sindicalismo declarara una huelga general.
Los picos de conflictividad más altos se dieron durante 2000 y 2001, con la presidencia de De la Rúa, y en 1986 en la gestión de Alfonsín. En tanto, varios periodos no tuvieron registros de paros generales: entre 1989 y 1991, en 1993 y en los años 1998 y 1999, todos durante el mandato de Menem; de 2003 a 2006 con Néstor Kirchner; entre 2008 y 2011 y en 2013, bajo gestión de Cristina Kirchner; el año 2016 con Macri; y toda la etapa 2020-2023, durante el gobierno de Alberto Fernández.
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POLITICA
Cuál es la estrategia del Gobierno para convertir en ley la reforma laboral y qué va a pasar con el capítulo de las licencias médicas

Luego de la revuelta que provocaron los cambios en las licencias por enfermedad en la reforma laboral que quiere aprobar el Gobierno, el oficialismo definió dio marcha atrás con parte del articulado.
En el artículo 44, que ingresó de manera silenciosa durante el debate del miércoles pasado en el Senado, se plantea que al trabajador se le recortará el sueldo durante las licencias por enfermedad (hoy contenido en el artículo 208). Se le pagará el 75% si se trata de enfermedades “involuntarias” (gripe, cáncer, operaciones, etc) y el 50% en el caso de que sean “voluntarias”, es decir por hacer una actividad en donde el empleado sabía que corría riesgo (haciendo deporte, por ejemplo).
Leé también. La CGT convocó a un paro general para el día en que se trate la reforma laboral en Diputados
Este domingo, en TN, la senadora de LLA, Patricia Bullrich, planteó que, frente al reclamo que despertó este cambio, se hará una modificación especial.
“Vamos a hacer una modificación para enfermedades severas,degenerativas o irrecuperables y vamos a dejar un100% del salario.Pero será solo cuando haya corroboración fehaciente del caso”, dijo en TN de Noche.
El punto es que, si se hace una modificación durante el tratamiento en comisión o en Diputados, la ley tiene que volver al Senado para su aprobación final. Esto demoraría la expectativa del oficialismo que es cerrar el período extraordinario con la reforma laboral aprobada y en marcha.
Es por eso que LLA diseñó una estrategia para intentar subsanar esta situación: aprobar la reforma laboral tal como vino del Senado, pero introducir un cambio a la hora de reglamentarla. Puede ser por una ley complementaria o con un cambio en la reglamentación. Así lo confirmó esta tarde el diputado libertario, Luis Petri.
Ahora lo que queda para el oficialismo es sumar las voluntades de los aliados y dialoguistas para garantizar el apoyo durante el tratamiento en comisión este miércoles y posterior sesión el jueves.
En el PRO ya advirtieron que el punto tendrá que cambiarse en Diputados y que esta discrecionalidad que pretende el Gobierno no sería posible. “Creemos que este punto debe revisarse en Diputados para lograr una redacción más equilibrada, que brinde previsibilidad y controles adecuados sin afectar la protección del trabajador”, dijo Cristian Ritondo a La Nación.
Senado, reforma laboral
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Reforma laboral: las fintech buscarán que los diputados incluyan el pago de haberes con billeteras virtuales

Las empresas fintech que administran las billeteras virtuales buscan que los diputados que traten la reforma laboral esta semana o en la que sigue incluyan la propuesta del pago de haberes a través de las mismas.
Desde la cámara que agrupa al sector remarcaron que la propuesta no se incluyó en el proyecto que aprobaron los senadores.
En un comunicado, las fintech resaltaron que “resulta contradictorio que se haya excluido del debate un articulo que efectivamente introducía mayor libertad y competencia: la libre elección del canal de acreditación salarial”.
Si bien el texto inicial de la reforma laboral incluía dicha disposición, el consenso entre los integrantes de la Cámara Alta para aprobar el proyecto de ley implicó su eliminación.
Las empresas que administran billeteras virtuales adujeron que la propuesta excluida ampliaba las opciones para los trabajadores y afirmaron que la libertad de elegir donde los empleados cobran su sueldo “obliga a competir por el cliente”: “El salario pertenece al trabajador. La decisión sobre dónde cobrarlo también debería pertenecerle”. subrayaron.
Según datos proporcionados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), las billeteras virtuales ya participan en el 75% de las transferencias inmediatas.
Sin embargo, los bancos quieren mantener la exclusividad del deposito de los sueldos y alegan que el marco de operatividad de la fintech detrás de las billeteras no es el mismo que del sector bancario.
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