Trabajadores tomaron una fábrica de aires acondicionados en Río Grande, Tierra del Fuego, por demoras en el pago de salarios y el temor a inminentes despidos. Es un nuevo síntoma de la crisis industrial que atraviesa la provincia tras la retracción del consumo y la apertura de las importaciones. En el gobierno provincial apuntan contra Javier Milei por los embates a la economía local y los problemas de empleo en el distrito.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) denunció que Aires del Sur tiene paralizada la planta desde diciembre y que sus 140 trabajadores no cobran desde entonces. “En estos momentos, con casi dos meses sin percibir el salario, están peligrando los alquileres de la gente, la alimentación de los hijos”, aseguró en declaraciones radiales Esteban Lewin, delegado gremial en la empresa afectada.

El sindicalista agregó: “Durante el período vacacional estaban haciendo trabajos de refacciones. Primero pidieron una semana más para esas refacciones, después otras. Luego dejaron de pagar unos premios que correspondían, abonaron solo el 25% del sueldo y ya no hubo más diálogo. No se presentaron a las audiencias con el Ministerio de Trabajo”.

Ante la falta de respuesta, los empleados reclaman contra el cierre definitivo de la fábrica y la pérdida de más de un centenar de puestos de trabajo. Según pudo saber , Roberto Ceretti, presidente de la empresa, ya presentó una nota solicitando que se declare la quiebra directa de Aires del Sur por el cese de pagos generalizado.

“Se denuncia el fracaso definitivo del plan de continuidad productiva controlada oportunamente presentado y la inviabilidad de la empresa”, dice el escrito al que pudo acceder este medio. “La actual administración asumió la conducción de la sociedad en el mes de noviembre de 2025, encontrando una estructura económica y financiera profundamente deteriorada, producto de un modelo de financiamiento comercial deficitario, agravado por las condiciones del mercado desde fines del 2023″.

En redes sociales, la filial de Río Grande de la UOM convocó a una nueva movilización afuera de la fábrica para este jueves a las 15.30.

De confirmarse, el cierre de la fábrica sumaría más presión a una provincia donde el empleo privado no deja de retroceder. “Estamos tratando que se solucione [el conflicto] porque serían más pérdidas de trabajo de las que llevamos, sobre todo en Río Grande donde es un desastre la situación”, dijo el gobernador Gustavo Melella a .

A diferencia de lo que sucedía hace 15 años -según relataron vecinos de Ushuaia a -, la industria local dejó de representar una salida laboral segura. En los últimos años, se extendió la modalidad de contratación temporal por pocos meses -lo que a nivel local se conoce como “contratos basura”-, lo que favoreció cierta precarización e inestabilidad laboral en el distrito.

La caída en la venta de celulares y dispositivos electrónicos -en buena medida por la escalada inflacionaria del último gobierno kirchnerista y la pérdida de poder adquisitivo que persiste hasta estos días- habría motivado recortes de personal en fábricas fueguinas. La electrónica es uno de los principales rubros de la provincia austral.

En este contexto, a mediados del año pasado, la UOM y representantes de las empresas electrónicas locales firmaron un acuerdo de estabilidad laboral para la preservación del empleo en la provincia. Las partes se habían comprometido a levantar medidas de fuerza a cambio de que se dejaran sin efecto despidos y ceses de contratos. Ese pacto caducó el 31 de diciembre, lo que agudizó la incertidumbre respecto del futuro del empleo en la provincia.

“La situación hoy de la industria tiene que ver con dos grandes aspectos. Una, principalmente, es la baja del consumo. En la Argentina, si vos decidís pagarte tus remedios, vivir, comer, si casi no llegas a cumplir con tus obligaciones, no te vas a estar comprando ni un celular, ni un televisor ni un aire acondicionado”, sostuvo Melella a este medio.

Y agregó: “En segundo lugar, están las últimas disposiciones del tema aranceles que favorecen la importación y golpean a nuestra industria también. Las medidas nacionales llevan a la muerte de la industria nacional”. Desde el 16 de enero, rige la quita de aranceles para la importación de celulares, lo que -estiman en la provincia- acentuará en los próximos meses la crisis en la producción local.

A la reciente apertura de las importaciones para celulares, se prevé que el año que viene se sume el vencimiento de las medidas antidumping impuestas en 2016 para equipos de aires acondicionados de origen chino, lo que podría afectar a otras empresas que como Aires del Sur se dedican a la producción de estos bienes. En julio de 2022 -a través de la resolución 543/2022- se habían prorrogado por cinco años estas normas proteccionistas.

Hay una antecedente poco alentador. En 2024 se levantaron las medidas antidumping que restringían la importación de microondas, lo que habría reducido a menos de la mitad la producción local.

Además de la industria tecnológica y de electrodomésticos, en el gobierno de Melella también advierten sobre el retroceso del sector textil. Según cifras de la administración fueguina, de 952 trabajadores de esta actividad en diciembre de 2023, el mes pasado solo quedaban empleados 284. Y estiman que, en el último año, se perdieron alrededor de 6200 puestos de trabajo entre industria, construcción, comercio y turismo.

En este escenario, y en medio de la toma de Aires del Sur, la senadora nacional de Fuerza Patria Cristina López volvió a cruzar al gobierno nacional por sus políticas económicas de libre mercado y advirtió sobre el efecto que podría tener la reforma laboral en el crecimiento del desempleo en su distrito.

“‘Los voy a dejar sin plata, los voy a fundir a todos’. Y Milei cumple. 140 trabajadores de Aires del Sur ocupan la planta en defensa de sus puestos de trabajo. 50 trabajadores de Telecomunicaciones Fueguinas fueron despedidos la semana pasada”, escribió en sus redes sociales en un posteo en el que citaba despidos en otras industrias de Tierra del Fuego como Mirgor y Newsan. “Todo esto sin la reforma de la esclavitud laboral. Imaginen lo que va a pasar cuando la aprueben”, concluyó.

López fue la única senadora de su provincia que se opuso a la reforma impulsada por Casa Rosada. Los otros dos legisladores fueguinos, Agustín Coto y Belén Monte de Oca -ambos de La Libertad Avanza-, votaron a favor de la iniciativa. En la Cámara baja, en tanto, los oficialistas Santiago Pauli y Miguel Rodríguez apoyaron el proyecto, mientras que Jorge Araujo y Andrea Freites, del PJ, lo rechazaron.

En cambio, Agustín Tita, hombre cercano al gobernador Melella, no asistió a la sesión, pero, al igual que sus compañeros del PJ, se mostró en contra de la reforma. En su cuenta de X (exTwitter), compartió un escrito en el que los mandatarios de Tierra del Fuego, Buenos Aires (Axel Kicillof), Formosa (Gildo Insfrán), Santiago del Estero (Elías Suárez), La Rioja (Ricardo Quintela) y La Pampa (Sergio Ziliotto) argumentaban su rechazo al proyecto libertario.

“Tal como sucedió con anteriores experimentos de flexibilización laboral, esta reforma no generará más empleo ni promoverá la formalización; por el contrario, facilitará despidos, reducirá estándares de protección y trasladará riesgos e incertidumbre hacia los trabajadores”, decía el texto difundido.

CÓRDOBA.- El fiscal federal Carlos Stornelli denunció penalmente al gobernador riojano Ricardo Quintela por sus declaraciones acerca de que el presidente Javier Milei “no puede llegar al 10 de diciembre de 2027″. Para el funcionario judicial podrían constituir el delito de “incitación a la violencia colectiva, la eventual instigación a cometer delitos y la posible afectación del orden constitucional».

Stornelli cita los dichos de Quintela el lunes en el programa“Mañana Sylvestre”, conducido por el periodista Gustavo Sylvestre y emitido por Radio 10 (AM 710).

En su escrito el fiscal puntualiza la frase del Gobernador: “…Eso lo he planteado a mis colegas gobernadores y a los tres que conducen la CGT, que estaban acompañados por Héctor Daer y por el secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez. Estábamos todos juntos y yo le planteé esto, tenemos que tomar decisiones, fuertes decisiones. Me dijeron: ‘Sí, bueno, pero acordate, digo, en el año 2001 tomamos decisiones y avanzamos en la reconstrucción de un país que estaba destruido, con el que se vayan todos. Sí, tuvimos 36 compañeros muertos, es cierto, 39 соmраñeros muertos, ciudadanos argentinos muertos, es cierto, es cierto, pero hay sacrificios que valen la pena, porque si no vamos a tener un genocidio social enorme, como lo estamos teniendo (…) este gobierno no puede llegar hasta el 10 de diciembre del 2027, si llegamos asi llegamos con un país totalmente destruido, entregado, guarda, guarda…”.

En la presentación, el fiscal subraya que los dichos adquieren “mayor trascendencia y gravedad institucional por tratarse de un funcionario público en ejercicio de altas responsabilidades, concretamente, como gobernador».

Plantea que, prima facie, las declaraciones podrían encuadrar en los delitos tipificados en los artículos 209 (instigación a cometer delitos), 211 (intimidación pública), 212 (incitación a la violencia colectiva), 213 (apología del crimen) y 226 bis (amenaza de sedición), del Código Penal.

Otra denuncia fue presentada por el referente de La Libertad Avanza (LLA) de La Rioja, el exconcejal Javier Ruiz. Para el dirigente las palabras del Gobernador constituyen una instigación pública a la alteración del orden constitucional. Plantea que Quintela utilizó su investidura para validar una interrupción anticipada del poder presidencial por vías no democráticas.

Además, por el segmento en el que Quintela se refiere a las muertes del 2001 como «hay sacrificios que valen la pena», el denunciante dice que se puede inferir “la posible participación en una estructura u organización política que habría asumido como legítima la exposición de personas a un contexto cierto y previsible de riesgo de muerte, con pleno conocimiento de las consecuencias que de ello podían derivarse».

En esa línea, Ruiz pide a la Justicia que investigue si estos hechos constituyen crímenes de lesa humanidad, los cuales son imprescriptibles. Solicita que se llame a Quintela a declarar para que precise quiénes dieron las órdenes en 2001 y qué rol cumplió él en esa organización.