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En una conferencia de prensa realizada en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno en La Plata, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, reclamó nuevamente la aprobación de la ley de financiamiento en la Legislatura provincial, una iniciativa que busca dotar a la administración de herramientas para afrontar el deterioro económico que, según declaró, golpea a toda la provincia.

“No hay negociación que deba condicionar algo de esta importancia”, reiteró Kicillof, en un mensaje que apuntó tanto a la conducción nacional como a los sectores internos de la dirigencia que condicionan la aprobación del financiamiento.

Acompañado de la vicegobernadora Verónica Magario, renovó su crítica al gobierno nacional que encabeza Javier Milei y advirtió sobre las consecuencias de un recorte sistemático de recursos, al tiempo que lanzó un mensaje dirigido hacia las discusiones internas en el oficialismo provincial.

El escenario expuesto por el mandatario bonaerense incluyó una descripción de emergencia social y productiva. Detalló que “prácticamente no hay ningún sector que haya quedado igual” tras la implementación de políticas nacionales recientes. Construcción, industria, comercios y textiles, al igual que sectores como el alimenticio y el automotriz, sufren una reducción persistente de su actividad, acompañada de despidos y recortes en servicios esenciales. “Estamos transitando una profunda recesión que afecta a todos los sectores” y, de acuerdo con el gobernador, esa recesión se profundiza en Buenos Aires por el ahogo financiero a las provincias y la ausencia de transferencias automáticas de fondos.

La situación extraordinaria motivó la presentación de un paquete de leyes económicas para 2026. Dos de ellas fueron aprobadas el 26 de noviembre, mientras que la tercera —la referida específicamente al financiamiento de la gestión provincial— permanece pendiente en la legislatura. El mandatario insistió en que la provincia “necesita las herramientas claras para poder transitar este tiempo sin desproteger a nuestro pueblo”.

Los números presentados por el gobernador aluden a una crisis multisectorial: la pérdida de 28.000 empresas en todo el país y de 5.000 en territorio bonaerense; la desaparición de 171.000 puestos de trabajo; y cerca de mil obras públicas frenadas en distintos rubros. Sostuvo que el cierre de fábricas emblemáticas como Whirlpool, además de despidos en sectores como pesca, laboratorios, automotrices y alimenticias, impacta directamente en la demanda de medicamentos, alimentos y ayuda económica por parte de las familias. “Estamos en récord de la serie de morosidad. La gente se ha endeudado porque no le alcanza la plata, no puede pagar el mínimo de la tarjeta”, remarcó en su análisis.

El cálculo de la deuda reclamada por la provincia al gobierno nacional asciende, según Kicillof, a “13 billones de pesos”, equivalente a “9.000 millones de dólares” sólo por las transferencias automáticas y partidas específicas para seguridad, transporte, cajas previsionales e incentivo docente que la Nación dejó de girar. El gobernador aseguró que se trata de fondos “que indebidamente retiene y no paga, con los que presume un supuesto superávit”. Denunció también una caída en la recaudación provincial de “3,6 billones de pesos”, lo que, sumado, representaría un monto que “Milei le quitó a la provincia de Buenos Aires” en torno a los “11.500 millones de dólares”.

Pese a esta coyuntura, la gestión bonaerense defendió lo realizado en términos de obra pública, salud y asistencia social. Enumeró como logros la continuidad de nuevos centros de salud, la entrega de ambulancias y un fondo adicional de 170.000 millones para patrulleros ante el corte de transferencias, así como la provisión diaria del servicio alimentario escolar. Subrayó la decisión de “trabajar con planificación, eficiencia, responsabilidad y sensibilidad”, apuntando que la austeridad no debe recaer sobre la sociedad sino sobre la política: “No trasladamos la austeridad a un pueblo que sufre la crisis económica. Austeridad para la política, sensibilidad para la sociedad”.

La provincia se comprometió también a preservar los recursos destinados a los municipios. En respuesta a la demanda de intendentes por la caída de ingresos y la dificultad para cubrir gastos como los aguinaldos del personal, Kicillof anunció la creación de un fondo especial equivalente al 8% de la suma solicitada en la ley de financiamiento, “a distribuir entre los 135 municipios”, con un adicional negociado recientemente. Precisó que ya se garantizó una partida de 200.000 millones de pesos a distribuir en cinco pagos, “más allá del volumen que alcance la toma de deuda”.

El titular del ejecutivo bonaerense reclamó que la legislatura “vote esta ley”, que calificó como “simples instrumentos”, y puntualizó que no se solicitan fondos para proyectos extraordinarios, sino la facultad de cubrir necesidades corrientes y garantizar el funcionamiento de las áreas críticas. Remarcó el carácter deficitario del reparto fiscal y la desventaja estructural de Buenos Aires: “Somos la provincia más austera. A veces a un costo altísimo porque son prestaciones que no llegan. Somos junto con Córdoba la provincia con menos empleados públicos por habitante. Somos la provincia que más aporta y menos recibe”.

Este lunes, Patricia Bullrich dio detalles sobre la reforma del Código Penal que el Gobierno quiere tratar en extraordinarias. El oficialismo debate por estas horas dos puntos clave: si elimina la figura del femicidio y si declara imprescriptible el delito de corrupción.

“Todo está a estudio y entre mañana y hoy se tomarán las últimas defunciones”, indicó una alta fuente del Ejecutivo a este medio, tras la conferencia de Bullrich.

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En relación con el primer tema, Bullrich dejó la puerta abierta a cambios. Tras una pregunta en conferencia de prensa, la funcionaria aseguró que todavía no se descarta eliminar la figura del femicidio como agravante penal.

La idea se había dado a conocer desde Casa Rosada en enero de 2025. En ese momento, se hablaba de un proyecto de “igualdad ante la ley” que buscaba derogar todo tipo de cupos y leyes que tengan que ver “con la discriminación positiva”.

“Si uno mata a una mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grande que si uno mata a un hombre, solo por el sexo de la víctima. Legalizan de hecho que la vida de una mujer vale más que la de un hombre”, dijo Javier Milei durante su discurso en el Foro Económico de Davos.

A partir de estas declaraciones y de las intenciones oficialistas, comenzó la polémica sobre si sacar el concepto de femicidio podía beneficiar a los condenados.

En el Gobierno, según pudo saber TN en ese momento, aseguraron que la eliminación de la figura no iba a ser beneficioso para los condenados ni les permitiría pedir el principio de ley más benigna.

Actualmente, hay hermetismo sobre lo que decidirán las autoridades a cargo del texto de la reforma, entre los que figuran Bullrich; el secretario de Justicia, Sebastián Amerio; y María Ibarzábal, secretaria Legal y Técnica.

Qué pasa con la imprescriptibilidad de la corrupción

Este domingo comenzó a surgir el rumor que indicaba que el Gobierno iba a declarar imprescriptible el delito de corrupción.

No obstante, Bullrich y otras fuentes oficiales en off, indicaron que no está definido que ese hecho sea catalogado como imprescriptible. Aunque, delante de la prensa acreditada, la exministra no negó que podrían sumarlo.

Asimismo, los funcionarios que sean condenados por delitos de corrupción no podrán acceder a su jubilación de privilegio.

Los delitos que sí se incluyeron en la lista de imprescriptibles del nuevo Código Penal son los graves y gravísimos, como el homicidio agravado, el abuso sexual, la corrupción de menores, la trata de personas, los atentados terroristas, el narcotráfico y los secuestros extorsivos.

El equipo a cargo de la letra chica de la medida pule los últimos detalles del documento que llegará al Congreso en sesiones extraordinarias.

Detalles del nuevo Código Penal

• Cambio en las penas de los homicidios: los simples hasta ahora tienen una pena de hasta 25 años, ahora pasarían a una pena máxima de 30 años.
• En el caso de los agravantes dentro del delito de homicidio -al que le corresponde perpetua- se va a tomar en cuenta: si se trata de un magnicidio, si matan a una autoridad de un instituto educativo en función, si las víctimas son menores de 16 años o adultos mayores de 65.
• Lesiones por conducción imprudente: la pena actual es de 1 a 3 años, y agravada de 2 a 4. En el nuevo Código cambia de 2 a 6 años, simple, y agravada de 3 a 6 años.
• Las condenas a perpetua no van a tener límite temporal.
• Cambios en el concepto de legítima defensa: cambiará la presunción en favor de quien se defiende.
• El Código será aplicable a todas las provincias. 
• Cuando el condenado cumpla su pena o reciba salidas transitorias, la víctima será la primera en enterarse. 

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