POLITICA
Escándalo de las valijas: la declaración de uno de los pilotos del avión que pone en la mira a la Aduana

Juan Pablo Pinto, uno de los pilotos del avión investigado por haber ingresado al país valijas sin pasar por los controles habituales, declaró ante la Justicia que reingresó a la pista de Aeroparque luego de pasar por Migraciones para terminar de cerrar el jet privado, que es propiedad del empresario Leonardo Scatturice, dueño de Flybondi e intermediario entre Javier Milei y Donald Trump.
Pinto dijo que es un procedimiento habitual cuando el avión queda estacionado varios días y que lo trasladó y acompañó personal de la empresa Royal Class, que opera la aeronave. Aseguró además que, tras cerrarlo, volvió a ingresar a la terminal “pasando por los escáneres de la PSA” y luego se retiró.
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“Normalmente la aeronave se cierra, pero no terminé de realizar la preservación. Habitualmente se realiza de esa manera: una vez que se aterriza, se desciende con los pasajeros, se realizan los controles de ingreso y luego se vuelve al avión por el check point”, explicó Pinto.
“Una camioneta de Royal Class me traslada desde la terminal hacia el avión, finalizo las tareas de arribo —desenergizó el avión, pongo los cobertores de Pitot, los parasoles, desconecto las baterías, cierro la aeronave, tanto puerta como bodega— y la llave queda en mi poder”, agregó.
Este punto es fundamental para los investigadores porque, según los fiscales, un jet en tránsito de origen y destino internacional debe quedar sellado por la Aduana o alguna autoridad aeroportuaria. Esto nunca pasó -sólo cerró el piloto con llave-. Y adentro quedaron dos valijas de las cuales no hay control de trazabilidad mientras estuvieron en el país.
Cuando los fiscales pidieron las cámaras de seguridad del hangar, llamativamente el material que envió la Policía Federal y la empresa está lleno de saltos temporales en las grabaciones.
El piloto declaró por videoconferencia el 1° de julio ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, en la causa que investiga si hubo contrabando en el vuelo N18RU, que llegó a la Argentina el 26 de febrero pasado.
Pinto identificó en las imágenes del expediente a la agente de Aduana que los recibió al pie del avión y los acompañó hasta el control: “Habitualmente no nos está esperando nadie, ni tenemos que aguardar a nadie”, afirmó. También reconoció al empleado de Royal Class. Según dijo, tras pasar Migraciones, los pasajeros y tripulantes cruzaron el Duty Free, retiraron el equipaje y se dirigieron hacia el pasillo que les indicó la Aduana.
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Consultado sobre las imágenes donde se ven a cuatro personas esperándolos antes del escáner —incluida la agente aduanera que los acompañó desde la pista—, Pinto afirmó. “No advierto ningún procedimiento que no sea el habitual tanto en vuelos privados como en vuelos comerciales. Por eso está dividido el pasillo”, declaró. Agregó que, en caso de funcionar el semáforo, “el canal verde pasa fuera del escáner”.
Uno de los puntos clave de la investigación es la diferencia entre la cantidad de valijas ingresadas y las declaradas. Pinto sostuvo que ese detalle no figura en el Formulario de Declaración General (FDG) porque “esa parte no se llena en ningún FDG” y que “si hubiera que llenarlo, no estaría sellado”.
Además, dijo que dentro del avión quedaron dos valijas —una de Laura Belén Arrieta y otra de Víctor Du Plooy— porque eran equipaje en tránsito con destino final en París. “Lo que había adentro era ropa porque ellos estaban invitados a un evento de ropa de Louis Vuitton”, afirmó.
El vuelo llegó al país desde Estados Unidos con Arrieta, ejecutiva de OCP TECH, y los pilotos Pinto y José Luis Donato Bresciano. La aeronave estuvo en el país hasta el 5 de marzo, cuando partió rumbo a París con los mismos tres ocupantes y un cuarto pasajero: Víctor Du Plooy, gerente de negocios de OCP, que había ingresado por Ezeiza el 3 de marzo. La causa investiga el ingreso de 10 valijas, de las cuales solo cinco habrían sido declaradas.
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En su declaración, Pinto también detalló los movimientos en pista tras el aterrizaje. Dijo que vio camionetas de Aduana, Royal Class y PSA, y camiones de Intercargo que se encargaron del desagote de baños y la carga de agua potable. En las imágenes que le mostraron, identificó en varias escenas que la puerta del avión aún estaba cerrada, y luego abierta cuando los vehículos ya estaban en posición.
Por otra parte, fue consultado sobre una persona identificada como “Michi”, presunto chofer de Arrieta. Pinto dijo que solo lo conoce por ese apodo y que no tiene contacto ni datos personales.
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Desde la empresa COC Global, propietaria del jet Bombardier Global 5000, habían informado que el avión quedó cerrado en un hangar videovigilado, y que todo el personal a bordo era empleado de la compañía. “No hubo ninguna irregularidad ni falta de controles”, aseguraron en su comunicado. Sin embargo, los fiscales detectaron registros migratorios contradictorios, filmaciones incompletas durante la estadía del avión y un trato diferenciado a los pasajeros, que no atravesaron los escáneres a pesar de que no había congestión.
La causa sigue abierta y bajo secreto parcial, a la espera de nuevas medidas ordenadas por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y la Justicia.
avion, ADUANA, Migraciones, Contrabando
POLITICA
Senado: expositores advirtieron sobre un aumento considerable de los integrantes de la Corte Suprema

Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Justicia del Senado volvió a reunirse esta tarde para escuchar la opinión de expositores que advirtieron sobre un aumento considerable de los miembros de la Corte Suprema. Los disertantes sí avalaron la paridad de género en el máximo tribunal y marcaron serias contradicciones en los proyectos presentados por algunos legisladores, es decir, sobre el mínimo no imponible de técnica a la hora de elaborar una iniciativa de ley.
Lo que aún se percibe en la Cámara alta, tras lo ocurrido durante la jornada de hoy, es que el tratamiento de un tema tan sensible como es la Corte Suprema -mucho más, luego de lo vivido meses atrás en el recinto- continúa en un mar de dudas, un sinfín de operaciones y bloques que cambian de parecer según el día.
El caso más claro es el kirchnerismo, que tiene varios textos presentados y vira su opinión entre nueve y -ahora- siete cortesanos, como ocurrió horas atrás por declaraciones de su jefe, el formoseño José Mayans. Los dialoguistas, a esta altura, tampoco ayudan. Mismo caso el Gobierno, que mantiene un prudente silencio y resiste una convocatoria al plenario de comisiones para que se sepa qué quiere o pretende.
Quien dio el puntapié inicial esta tarde fue el constitucionalista Diego Armesto. Primero, recordó la visión de -la hoy condenada- Cristina Kirchner como senadora, en cuanto a cinco miembros para el máximo tribunal. Minutos después, fue al hueso y dijo venir a “romper el mito de la celeridad”. En ese sentido, expresó: “Es contraria. A mayor cantidad, más larga la ronda de circulación del expediente y el tiempo para las opiniones concordantes y la resolución de cada caso”.
“No abran la caja de pandora”, lanzó, y apuntó al clásico “toma y daca” de la política. Seguido a ello, enfatizó: “Cuando entra a tribunales, la justicia sale por la ventana”. Y finalizó: “Necesitamos una Corte que tome decisiones basadas en la ley y en la evidencia”.
Armesto también observó que algunos textos sugieren que cada rama del derecho esté representada -como el de la cristinista Juliana di Tullio-, lo cual choca de frente con las propuestas de integrantes. “Serían 31”, indicó. Algo parecido a la división de regiones, y recordó que sólo hizo falta cuatro magistrados para fijar -en un fallo- que “el federalismo se estructura desde las provincias hacia el Estado nacional y no al revés”. Es decir, destrozó la técnica legislativa de un puñado de iniciativas que, se supone, fueron revisadas por los asesores de los senadores.
“Como están, no pueden continuar. Una -Corte- de tres no es lo deseado”, indicó el académico Marcelo López Mesa. “Con la Constitución vigente no puede ser dividida en salas, sería gravosamente inconstitucional”, conjeturó el segundo expositor. No obstante, opinó que “elevarla a siete, si se decide eso, podría ser un límite razonable, no más”.
Mesa también insinuó una reconsideración a futuro sobre la metodología del “per saltum” –“habría que revisarlo”, alentó- y subrayó que “no sería una mala idea pensar en una Cámara de Casación Civil, como ya hay una Penal, que quite volumen de causas”. El académico además pidió contemplar presidencias de más de un año. Tanto él, Armesto y la última invitada, la juez del Tribunal Superior de Córdoba Aída Tarditti convalidaron la paridad de género como una cuestión a saldar de manera definitiva.
El final de la reunión volvió a exponer los vaivenes de los senadores. Por caso, la peronista disidente y titular de Asuntos Constitucionales, Alejandra Vigo, insistió en una visita de funcionarios del Ejecutivo -Ministerio de Justicia, de mínima- y luego confirmó a Infobae que aún restan disertantes. Sin embargo, tampoco descartó que los legisladores se vuelvan a reunir la semana próxima en plenario.
Con este escenario por ahora difuso, sería más que llamativo, pese a expositores que aguardan en fila, que las bancadas quieran discutir por su cuenta de manera exprés, algo así como abrir una ventana para dictaminar. De hecho, se incluyeron dos textos nuevos al análisis. Otros senadores temen por estrategias erráticas en pleno cierre de alianzas y listas para las elecciones nacionales. Así se encuentra esta temática trascendental en la Cámara alta, con el proyecto del peronista disidente Juan Carlos Romero, de siete integrantes, como el más firme hasta el momento.
POLITICA
Ampliación de la Corte: los senadores quieren que el Gobierno fije una posición oficial sobre la reforma

Sin definiciones relevantes a la vista y con el Gobierno en silencio sobre el tema, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado retomaron esta tarde el debate sobre la ampliación de la Corte Suprema con la exposición de especialistas que avalaron la inclusión de una cuota de género, pero que priorizaron mejorar el funcionamiento del tribunal más que discutir su número de integrantes.
Al cierre de la reunión, la peronista Alejandra Vigo (Córdoba), presidenta de Asuntos Constitucionales, anticipó que la idea de los senadores es citar a un representante del Poder Ejecutivo para conocer el punto de vista de la administración de Javier Milei sobre al reforma en estudio.
La idea es que concurra alguien del Ministerio de Justicia, preferentemente el segundo de la cartera, Sebastián Amerio, funcionario que responde al asesor presidencial Santiago Caputo y quien tendría a su cargo la negociación de la Casa Rosada con el kirchnerismo para definir la integración del máximo tribunal de Justicia, que cuenta con dos lugres vacantes desde que en diciembre se jubiló el cordobés Juan Carlos Maqueda.
La misión de convencer al Gobierno de participar del debate es del senador oficialista Juan Carlos Pagotto (La Rioja), presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. Hasta el momento, el Poder Ejecutivo se resiste a acelerar la ampliación de la Corte debido a que pretende sentarse a discutir en mejores condiciones que las actuales. Esto sería recién después del 10 de diciembre, cuando se renovará un tercio de la composición de la Cámara alta y La Libertad Avanza se esperanza con triplicar su escueta bancada actual de seis miembros.
La única certeza por el momento es que los diferentes bloques del Senado quieren modificar la composición de la Corte Suprema. Pero todavía no hay acuerdo en el número que debería tener el tribunal. La cifra varía entre los 9 jueces que pidió el kirchnerismo hace dos semanas y los 7 que proponen otros legisladores, como el peronista y aliado crítico del oficialismo Juan Carlos Romero (Salta).
Sin embargo, esta tarde y en diálogo con periodistas en los pasillos del Senado, el jefe de la bancada kirchnerista, José Mayans (Formosa), dijo que su bloque estaría de acuerdo con la postura de Romero y avalará una Corte de siete integrantes. Fue el propio senador formoseño que, en diálogo con hace dos semanas, dijo que su sector quería elevar a nueve los miembros de la cabeza del Poder Judicial.
En la reunión de esta tarde expusieron Aída Tarditti, jueza del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba; Marcelo López Meza, miembro de la Academia Nacional de Derecho; y el constitucionalista Diego Armesto. El primero en hablar fue Armesto, quien opinó en contra de ampliar el tribunal ya que, dijo, “a mayor cantidad de magistrados más larga será la ronda de circulación de expedientes y mayor el tiempo para alcanzar opiniones coincidentes” para emitir un fallo.
Tras declararse a favor de la inclusión de una cuota de género, Armesto criticó el proyecto de la kirchnerista Juliana Di Tullio (Buenos Aires) que, entre otras cuestiones, propone magistrados especializados en las diferentes áreas del derecho. No sólo calificó al proyecto de ser “inflacionario” en materia de miembros del tribunal sino que, agregó, “desconoce el funcionamiento de la Corte. “El digesto habla de 31 especialidades jurídicas, por lo tanto tendríamos que hablar de un tribunal de 31 miembros”, explicó.
“Les pido que no abran la Caja de Pandora”, concluyó el constitucionalista, quien pidió “terminar con el Toma y Daca” político en materia de selección de jueces del máximo tribunal. “Necesitamos una justicia independiente e imparcial, no es el momento para aumentar jueces de la corte, debemos completar su integración cumpliendo con el proceso constitucional, sin atajos, sin decretos”, remató.
Por su parte, López Meza también pareció aludir a los reclamos del kirchnerismo, que pide lugares en la Corte para candidatos que sigan su lineamiento ideológico, cuando cerró su exposición asegurando que “un juez que no es imparcial es un disfrazado”.
No obstante, el académico dijo que “las cosas como están no pueden continuar” al referirse a las dos vacantes que tiene el tribunal y dijo que “el desafío es acelerar el trámite de las causas”. “La Corte está definiendo casos de veinte años atrás; veinte años después ya no es justicia, es historiografía”, afirmó.
“Si ampliamos, tenemos que resignarnos a que la demora sea todavía mayo”, opinó López Meza, quien sólo aceptó aumentar el número de jueces si se aplican “salvaguardias” que permitan acelerar los trámites, como que la Corte falle en reunión de acuerdo o que si continúa con el sistema de circular expedientes éstos se conviertan en sentencia una vez alcanzada la mayoría, sin tener que recorrer todo el espinel.
Por último, la jueza Tarditti defendió la inclusión de una cuota de género en la integración del tribunal y dijo que no hacerlo configura una discriminación. En ese sentido, también le pidió a los senadores que hagan valer la representación femenina en la Corte, al afirmar que la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para nominar candidatos tiene límites.
“Esta discrecionalidad no es omnímoda porque está limitada por los requisitos de la Constitución, por la mayoría necesaria en el Senado, en el procedimiento para nominar y por la prohibición de no discriminar, que forma parte del orden jurídico institucional de un sistema del Estado de Derecho”, concluyó la jueza del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba.
Gustavo Ybarra,Senado de la Nación,Corte Suprema de Justicia,Conforme a,Senado de la Nación,,El futuro de la Justicia. El Senado retoma el debate sobre la ampliación de los integrantes de la Corte Suprema,,En el Senado. El kirchnerismo perderá bancas, pero mantendrá su poder de veto para la Corte Suprema,,José Mayans. “Milei no cree en la división de poderes; su gobierno es unitario y parece de facto”
POLITICA
Fuerte mensaje de la Iglesia al Gobierno a días de San Cayetano: «En todo plan económico, cuidar el empleo debe ser una prioridad»

A dos días de la conmemoración de San Cayetano del 7 de agosto, la Iglesia Católica envió un contundente mensaje al Gobierno y a toda la dirigencia política: “En todo plan económico, cuidar el empleo debe ser una prioridad indeclinable”. Asimismo, advirtió que la pérdida de puestos de trabajo “hiere profundamente la dignidad de las personas”.
El pronunciamiento llegó a través de un comunicado firmado por la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), con motivo de la fiesta del santo patrono del pan, la paz y el trabajo, que se celebra cada 7 de agosto y convoca a miles de fieles en todo el país.
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“La devoción a San Cayetano es una expresión profunda de la fe de nuestro pueblo, que no se resigna ante el sufrimiento y que, con esperanza y solidaridad, reza y camina, poniendo en manos de Dios sus necesidades personales y familiares más urgentes”, señalaron los obispos.
El documento, firmado por el arzobispo de Mendoza y presidente de la CEA, Marcelo Colombo, junto a otros integrantes del episcopado, pone el foco en el drama del desempleo y la precarización laboral en el contexto económico actual.
“La falta de trabajo hiere profundamente la dignidad de las personas y puede conducir al desaliento, al aislamiento y a la pérdida de sentido”, señalaron los representantes de la Iglesia.
En esta línea, los obispos reclamaron que ninguna medida económica “puede considerarse exitosa si implica que los trabajadores pierdan su empleo o vivan con angustia e incertidumbre sobre su futuro”.
Los obispos también hicieron un llamado a valorar y proteger todas las formas de trabajo, “desde el empleo formal hasta las changas, pasando por los emprendimientos familiares, el reciclado y la economía popular”.
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Asimismo, remarcaron que “toda actividad que, con esfuerzo, lleva dignamente el pan a la mesa merece ser reconocida, acompañada y protegida”.
La carta concluye con una oración para que no falte el trabajo digno en los hogares argentinos y para que “quienes hoy están desocupados o viven en condiciones laborales precarias encuentren nuevas oportunidades que les devuelvan la esperanza y mejoren su calidad de vida”.
san cayetano, Desempleo, obispos
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