A partir de las 11 de la mañana comenzará a sonar la chicharra que llamará a los senadores a ocupar sus bancas para dar inicio a la sesión especial en donde se aprobarán los diplomas y se tomará juramento a los nuevos legisladores que comenzarán a ejercer sus funciones el próximo 10 de diciembre.

Según comunicó la presidencia de la Cámara, se cita a los senadores “a sesión pública especial para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 56 de la Constitución Nacional y 7 al 12 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación“. La normativa citada dispone que el Senado debe reunirse “para incorporar a los senadores electos y para expedirse sobre los títulos de los electos como suplentes”.

El recinto tendrá caras nuevas porque los senadores electos forman quórum para la consideración de sus títulos, pero el sistema establece que no pueden votar los propios. Es decir, cuando se pone a debate el título de uno de los nuevos legisladores y se llama a votar, ese senador tiene inhabilitado emitir el voto y lo hacen los 71 restantes.

Este dato es fundamental para entender cómo será el tratamiento de los 23 títulos que pasarán a debate. Aunque deberían asumir 24, hay uno que no será tratado hoy y que se definió que vuelva a la Comisión de Asuntos Constitucionales y es el de la senadora de La Libertad Avanza electa por la minoría en la provincia de Río Negro, Lorena Villaverde; que tiene un dictamen de rechazo de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

La legisladora electa no logró que los senadores que conforman actualmente la comisión acompañen de manera positiva su título. Legisladores del peronismo acompañados por radicales, del PRO y provinciales opinaron que no cuenta con las aptitudes éticas y morales para asumir como consecuencia de los antecedentes penales que señalan un entramado de relaciones personales de dudosa reputación y de supuestos vínculos con el narcotráfico.

Aunque los dictámenes —tanto los 23 que fueron positivos como el que fue negativo— no son vinculantes, estaba previsto que el debate se definiera hoy en el recinto con el peronismo tratando de impugnar a Villaverde y que no pueda asumir su banca.

Pero ayer, tras varias idas y vueltas, el diploma de la actual diputada libertaria,no será votado en la sesión de hoy y el tema regresará a la comisión de Asuntos Constitucionales.

Las posibilidades de una impugnación eran complejas pero estaban latentes. Para que esto suceda se necesita la mitad más uno de los presentes. Con la totalidad del recinto dando quórum, serían necesarios para rechazar el diploma 36 votos. El bloque de Unión por la Patria parte con 28 votos por lo que necesita sumar 8 para poder alcanzar el número necesario.

La defensa de Villaverde la encaró quien será la próxima presidencia del bloque, la actual ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y lo hizo de diferentes maneras. En un principio, intentó contraatacar impugnando los títulos de dos senadores del peronismo. Habiendo fallado, avanzó sobre los socios que los libertarios tienen en el recinto.

La ausencia también le funciona porque se contabiliza la mayoría de los presentes. La Libertad Avanza cuenta con 20 senadores -19 a la hora de votar el título- a los que se le podrían sumar los 4 del PRO y la tucumana Beatriz Ávila.

La esperanza de los libertarios quedó en los radicales. Bullrich tuvo una reunión con el bloque de la UCR el pasado miércoles y aseguraban que tenía el acompañamiento de 5 boinas blancas. Sin embargo, todo parece haber cambiado en las últimas horas de ayer.

Pero, además, Bullrich gestionó los votos de dos senadores que forman parte de lo que ahora se conoce como Provincias Unidas. Donde hay menos dudas es en el caso de Edith Terenzi, la senadora de Chubut que responde al gobernador Ignacio Torres. El manto de sospecha sobre lo que pudiera hacer estaba sobre Alejandra Vigo, senadora por Córdoba y esposa de Juan Schiaretti. Por último, queda el correntino Carlos Espínola que, aseguran, tenía definido abstenerse.

En este esquema a La Libertad Avanza le queda el margen de los “provinciales” en donde se encuentran los dos senadores de Misiones y otros dos de Santa Cruz. En cada uno de los casos, lo definen los gobernadores quienes en los últimos días estuvieron con el ministro del Interior, Diego Santilli.

Con un escenario que apunta a que los 23 senadores electos que irán hoy al recinto tendrán aprobado su título, se dará paso a los juramentos que tomará la presidencia de la Cámara de Senadores de la Nación y, a partir del 10 de diciembre, pasarán a desempeñarse como senadores de la Nación.

El Gobierno dejó trascender en las últimas horas que no intervendrá la Asociación del Fútbol Argentino, pese a que mantiene su disputa con Claudio “Chiqui” Tapia.

Desde Casa Rosada saben que intervenir una asociación civil es una tarea por demás difícil, más teniendo en cuenta que la mayoría de los socios —es decir, los presidentes de los clubes— están alineados con Tapia.

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Es por eso que el oficialismo todavía está tratando de encontrar el flanco para avanzar en contra de la casa madre del fútbol argentino.

En Olivos tienen claro que Tapia tiene mala imagen en gran parte de la sociedad desde hace tiempo. También saben que tiene un fuerte vínculo con el peronismo y por eso decidieron posicionarse en la vereda de enfrente.

Lo hizo el propio Javier Milei, quien aprovechó la disputa entre “Chiqui” Tapia y Estudiantes por el trofeo otorgado a Rosario Central —y el posterior desplante del club presidido por Juan Sebastián Verón— para demostrar su postura.

Es tal la posición del Gobierno que Milei publicó tres fotos distintas con camisetas de Estudiantes. Una de ellas en la reunión más importante que tuvo en toda la semana, con el Canciller de Israel, Gideon Saar.

Pero Javier Milei no es el único que se alzó públicamente en contra de la gestión de Tapia. La exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anticipó que una vez que asuma como senadora estudiará la situación de la casa madre del fútbol argentino.

Bullrich adelantó que “hay irregularidades en la AFA” y dijo que las investigará desde la Cámara Alta. También se esperan gestos por parte del Banco Central y de la Dirección General Impositiva (DGI).

El Gobierno sabe que intervenir la AFA sería una jugada muy arriesgada que puede terminar jugándole en contra, por eso es que la estrategia va por otro camino.

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Javier Milei anticipó que no viajará este viernes a Washington para participar del sorteo del Mundial 2026, por lo que no habrá foto con “Chiqui” Tapia y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, junto a la Copa del Mundo.

Desde Casa Rosada saben de la influencia que tiene Tapia para con el presidente de la FIFA y también son conscientes del buen vínculo que tiene con Lionel Messi, quien formará parte del sorteo oficial.

Es por eso que prefieren directamente que el jefe de Estado no viaje a Washington, antes de tener que negarse a sacarse una foto con el capitán de la selección Argentina para no posar con Tapia.

Lo que sí está claro es que no se repetirá aquella foto que Tapia se sacó el año pasado con Karina Milei —secretaria de la Presidencia— y Manuel Adorni —hoy jefe de Gabinete— en el marco del impulso al Mundial 2030.

Gobierno, Javier Milei, AFA, Chiqui Tapia

A los altos mandos del Ministerio de Defensa suelen llegarles dos pedidos esenciales: el aumento de los sueldos para las Fuerzas Armadas y la normalización en el funcionamiento del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, más conocido como IOSFA.

Con más de 600.000 afiliados activos y pasivos, se trata de la tercera obra social más cuantiosa del país, tan solo superada por el PAMI y IOMA. Pese a su magnitud, quienes trabajan en la diaria de esta institución marcan que la obra social trabaja solo para el día a día. “El estado del organismo es tal que estamos trabajando para cubrir los casos más sensibles”, reconoce un funcionario a Infobae.

Es uno de los mayores desafíos que le tocan al próximo ministro de Defensa, Carlos Presti, que hereda una deuda estimada en más de $ 200.000 millones. “Si en Economía no le aseguran un mayor giro de fondos para cubrir ese monto va a estar complicado”, decía un encumbrado funcionario del Edificio Libertador semanas atrás en medio de las especulaciones sobre quién podía ser el sucesor de Luis Petri.

Una altísima fuente de la Casa Rosada confirmó a Infobae que la idea es dividir IOSFA: que la cobertura para el Ejército Argentino, Armada Argentina y Fuerza Aérea Argentina siga bajo la órbita de Defensa; pero que los servicios para Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional se trasladen para la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.

Esa idea no parte sino de la cartera que hoy en día comanda Patricia Bullrich y que a partir de la semana que viene pasará a su segunda, la secretaria de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.

El “Plan A” ya tuvo tratamientos varios en reuniones en las que participaron Bullrich, Petri e integrantes de Presidencia. También ya hubo instancias en la que hubo reuniones de segundas líneas de ambos ministerios.

Pese al ánimo de diálogo y debate sobre qué hacer con la obra social, en el Ministerio de Defensa no creen que la división sea la mejor opción. O que, cuanto menos, la publicación de un DNU para formalizar la separación tendrá consecuencias más relevantes en el plano real.

El asunto más urgente para resolver la división de IOSFA es la deuda que tiene. “Tiene que pagarse antes de cualquier tipo de decreto que se publique. Si no corre riesgo de desintegrarse”, explica a Infobae una fuente que estuvo en las conversaciones por la obra social.

Fuentes oficiales calculan que más del 70% de la deuda que tiene IOSFA proviene de prestaciones de Prefectura y de Gendarmería. ¿Es trasladable la deuda a Seguridad? Si así fuera, en ese ministerio no quieren hacerlo. Si existe la separación, Defensa no siente que deba responsabilizarse de los gastos presupuestarios que deba afrontar en el futuro por los afiliados que forman parte de las Fuerzas de Seguridad. En ese escenario, lo deberán hacer igual, porque armar la estructura jurídica de una obra social nueva no tarda pocas semanas o meses: calculan que podría tardar años. Mientras tanto, los afiliados tienen derecho de recibir la atención, sea de la manera que sea.

Tal y como lo adelantó el periodista Mariano de Vedia en La Nación, ante toda situación una de las posibilidades que se maneja es pedirle la asistencia financiera al Ministerio de Economía de Luis Caputo. “Efectivamente, lo estamos negociando”, convalidó una fuente oficial.

La separación de IOSFA pondría en cada ministerio la atención específica a su propio personal, pero traerá un encarecimiento de las licitaciones de compras. Los medicamentos y otros servicios de altísimo costo no se negociará con los laboratorios con la actual masa de afiliados, sino que esta se terminará dividiendo por una cifra cercana a la mitad. Es la lógica contraria por la cual el Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones creó este año la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), la cual unificó todos los procesos licitatorios y administrativos de cinco establecimientos de salud nacionales.

Aun así, la decisión parece estar tomada de parte de Seguridad Nacional. En su alocución para presentar el Presupuesto 2026, la todavía ministra marcó que Gendarmería y Prefectura “se sienten mal” estando en IOSFA y que “pagan burocracia y reciben menos servicios”.

Consultados por Infobae, en Casa Rosada dijeron que la realización de la división es mucho más compleja y que podría no darse en el corto plazo. En tanto, fuentes ministeriales han dejado trascender de que esta debería darse antes de que los dos ministros abandonen su actual cargo para irse al Congreso. Esa última opción parece impracticable.

El expresidente del Foro de Generales Retirados, José Luis Figueroa, indicó que una de las principales causales de los números de IOSFA fue su “el manejo bajo un criterio político y no con un criterio de administración”. “Por afiliados entran 90.000 pesos por mes por afiliado, de los cuales el 12% va para gastos administrativos. El gasto para salud [el PMO] para una obra social de estas características da un costo por mes de 75.000 pesos. Los números cerrarían. Lo que pasa es que la obra social está rota”. En el sector indican que en los últimos años hubo una merma de funcionarios técnicos y gerenciales que afectó al manejo de la obra social.

En la actual administración alegan que los aportes por afiliados mermaron en términos reales por la falta de incrementos y que a esto se le sumó el sinceramiento de los insumos médicos, sobre todo los importados. “Subieron todos los costos de manera significativa, así como los como honorarios médicos y prestaciones de las clínicas”. En el Gobierno dicen que desde hace seis meses que dejaron de tomar deuda y que la situación está estabilizada aunque en niveles altamente graves.