POLITICA
Escándalo en el PAMI de El Bolsón: cerraron las oficinas por la marcha de Cristina y podrían echarlos
El frío patagónico no fue impedimento para que los empleados de la delegación del PAMI de la ciudad rionegrina de El Bolsón no abrieran al público en «solidaridad» con la marcha a Plaza de Mayo que en ese momento reclamaba por la suerte judicial de Cristina Kirchner y ahora el Gobierno analiza sancionar a los responsables de la supuesta «ocupación» del local que, a la postre, dejó a los beneficiarios a la intemperie sin poder realizar los trámites administrativos.
El hecho se produjo el miércoles 18 de junio en las oficinas de la obra social de los jubilados de esa villa turística patagónica, que también atiende a afiliados de los alrededores, y tras la denuncia de las autoridades locales, el departamento de legales del organismo conducido por Esteban Leguizamo inició un expediente que podría derivar en sanciones hacia un coordinador y cuatro empleados administrativos.
Una vecina, que decidió preservar su nombre, hizo catarsis en una carta de lectores del portal local «Vivo Informado», al recordar que esa «mañana fría de junio en El Bolsón, salí temprano con mi madre de 88 años a realizar trámites en la delegación local de PAMI. Lo que encontramos fue desolador: puertas cerradas, vidrios cubiertos de carteles de paro, ni un mínimo de atención, ni una persona que nos reciba. Ni siquiera la puerta abierta. Solo un mensaje claro: hoy no hay nadie».
Luego se hizo eco del slogan de la convocatoria de la protesta kirchnerista en defensa de Cristina: «´en nombre de la defensa de la democracia´ —como rezan los carteles— se nos niega algo tan básico como el acceso a servicios esenciales. Y no hablamos de comodidad: hablamos de personas mayores, de familias vulnerables, de vecinos que organizan su día para resolver trámites impostergables».
Lo cierto es que una primera auditoría interna de las autoridades locales logró constatar que los trabajadores en cuestión se encontraban dentro de las instalaciones aquel 18 de de junio pero «no despacharon ni un sólo trámite». Una fuente oficial, en este sentido, arriesgó que «ocuparon el edificio, cerraron sus puertas y dejaron a la gente sin atender»
Desde PAMI central, en tanto, confirmaron que se inició un expediente administrativo para investigar lo sucedido que podría derivar en el apercibimiento, suspensión o expulsión de los agentes involucrados en el polémico episodio.
Para la diputada Lorena Villaverde, referente de LLA en Río Negro, «ningún sector político puede hacer uso de las instituciones del Estado como trinchera ideológica y tener a los ciudadanos, en este caso a nuestros abuelos, como rehenes de su militancia. No solo es un acto de profunda irresponsabilidad sino también un desprecio absoluto por el deber que tienen con la comunidad».
Casi desde el comienzo de la administración de Javier Milei, se registraron polémicas en torno a la distribución de cargos para las delegaciones de organismos nacionales en las provincias, como Anses, Vialidad o el propio PAMI. La primera crítica que venía de los socios locales de LLA aducían que aún quedaban «delegados kirchneristas» a cargo de esas dependencias. Pero, poco a poco, se fueron cubriendo la mayor parte de las delegaciones aunque quedan algunas oficinas con una fuerte presencia K.
A comienzos de junio pasado trascendió, en el marco de la disputa entre el armado electoral de Karina Milei y el de Santiago Caputo, una crítica hacia los primos Martín y «Lule» Menem por las denuncias sobre supuestos desvíos de fondos y pedidos de retornos a empleados y funcionarios de las oficinas del PAMI en distritos como Chaco, Misiones o Santa Cruz. Es que los armadores políticos de la secretaria general de la Presidencia habrían influido en la designación de los jefes de las delegaciones locales de la obra social de los jubilados.
El PAMI cuenta este año con un presupuesto reforzado que, mediante una actualización, supera los 4 billones de pesos ($4.911.595.518.311), y tiene más de 600 Agencias de Atención -la mayoría ubicada en CABA y Provincia- y 38 Unidades de Gestión Local (UGL). Estas últimas, las «regionales», sí manejan «un monto de dinero dependiendo la cantidad de afiliados por población» a diferencia de las delegaciones del organismo que ni siquiera «tienen caja chica». Pero fuentes oficiales consultadas coinciden en que esta administración «centralizó» aún más el manejo del dinero por parte de PAMI Central, que conduce Leguizamo, vinculado a Santiago Caputo.
Javier Milei,Cristina Kirchner,PAMI
EL CALAFATE.- El incendio de 1995 mientras el submarino se encontraba amarrado en el puerto en Mar del Plata; una falla de propulsión a plano de seguridad en octubre de 2014; una salida a superficie en emergencia ese mismo año por el corte de alimentación eléctrica que produjo un blackout; un listado de 33 tareas de mantenimiento pendientes en 2015 cuando salió de la revisión de media vida, y la limitación de operar a 100 metros de profundidad junto a que llevaba más de 40 meses sin entrar a dique seco. Estas fueron algunas de las fallas que quedaron expuestas durante la quinta y sexta jornadas del juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan y la trágica muerte de sus 44 tripulantes.
El debate judicial atraviesa detalles técnicos a partir de los testigos aportados por el Ministerio Público Fiscal que dejan a la vista la complejidad de un juicio que intenta no solo reconstruir lo que pasó en las últimas fatales horas del submarino, sino también rehacer el camino de los últimos años del submarino entre que pasó de la reparación de media vida a cargo del Proyecto Submarino -conocido como PYSU- al traspaso del mismo al Comando de la Fuerza de Submarinos.
La prueba recolectada por la instrucción de la causa que derivó en el juicio oral ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos, -y a partir del cual trabaja el actual equipo de fiscales-, sostiene que hubo alertas y hechos que indicaban que el buque no estaba en condiciones segura de operar en 2017. En la misma línea van los tres abogados querellantes Cecilia Carreras, Lorena Arias y Luis Tagliapietra, quienes representan a las 44 familias de los marinos fallecidos,
Por su parte, las defensas de los cuatro exoficiales superiores de la Armada Argentina juzgados -el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, el capitán de navío destituido Claudio Javier Villamide, el capitán de navío retirado Héctor Aníbal Alonso y el capitán de fragata retirado Hugo Miguel Correa- si bien admiten (como lo demuestran los documentos expuestos en las audiencias) había tareas pendientes, pero que el submarino estaba en condiciones de navegabilidad.
Poco más de once horas transcurrieron entre el principio de incendio en el tanque de baterías del submarino, que se produjo casi en la medianoche del 14 de noviembre de 2017 y su colapso estructural, a las 10.51 horas de la mañana, que provocó la muerte de los 44 tripulantes que iban a bordo de la nave.
Un incendio de baterías de similares características –y que ahora se recordó durante el juicio- sufrió el ARA San Juan en 1995, cuando el buque estaba a punto de zarpar de Mar del Plata.
El suboficial Jorge Mercado, especializado en máquina y extripulante del ARA San Juan, quien declaró como testigo, recordó estar a bordo de la nave cuando ocurrió el incendio.
El incendio en cuestión, de acuerdo a diferentes fuentes llevó más de un día sofocar el humo tóxico, y hasta contaron con la presencia de los bomberos de Mar del Plata y el personal de la Base Naval.
En octubre de 2014, mientras se realizaban las pruebas de mar tras terminar la reparación de media vida, y de acuerdo a los documentos bajo secreto militar que forman parte de la causa y se ventilan en el juicio, el submarino registró una falla de propulsión mientras navegaba a 40 metros de profundidad, luego que se produjo la rotura de un selector que dejó al buque sin la posibilidad de conectar la propulsión.
Consultado por este punto, el capitán de navío, Fabián Walter Krawinkel, jefe del Proyecto Submarino de la Dirección General del Material Naval, -área de la cual dependió la reparación y revisión técnica de media vida por la que pasó el ARA San Juan entre 2008 y 2014-, detalló como fue el proceso de reparación y aseguró que fue reparado de inmediato. En tanto que entre los años 2014 y 2015 se realizaron ocho navegaciones de prueba en Mar del Plata y el marino confirmó que durante todas las pruebas se embarcaban inspectores del Proyecto Submarino para evaluar los arreglos.
Desde la fiscalía exhibieron a Krawinkel el reporte de “Salida a Superficie de Emergencia” que reportó el buque en noviembre de 2014 durante el desarrollo de otro viaje de prueba, del cual a participó como máxima autoridad del Proyecto Submarino: la unidad navegaba a 80 metros de profundidad, y al pasar a etapa IV se produjo un blackout total del buque que cortó la alimentación de las baterías, dejando a la unidad sin propulsión y sin alimentaciones eléctricas.
Según el informe mostrado en la audiencia “en el cuarto de tableros se cubría el sistema de respiración de emergencia y se luchaba por establecer el origen del humo generado en el compartimento. En simultáneo personal del cargo electricidad procuraba restablecer la alimentación de la unidad. Recién al notificarse la existencia de humo y la imposibilidad de propulsar en el corto plazo se ordenó en Comando salir a superficie”.
Recordando ese día que estaba a bordo, Krawinkel aseguró: “En estas condiciones no trajo consecuencias porque los electricistas reconectaron rápidamente. Fui a comando, el barco estaba subiendo lentamente. Y les dije que trabajen tranquilos reconectando porque la situación estaba controlada”.
En septiembre de 2015, tras 15 meses de prueba el ARA San Juan cambió de dependencia orgánica y pasó del Proyecto Submarino al Comando de la Fuerza de Submarinos, que en ese momento estaba a cargo del capitán de navío Víctor Manuel Pereyra, quien testificó el lunes en el juicio y brindó especificaciones técnicas de la operatividad submarina.
El cambio de dependencia del ARA San Juan, incluyó, de acuerdo a la información bajo secreto militar que se mostró en el juicio, un listado de 33 tareas de mantenimiento correctivo pendientes de ejecución y cotización, de las cuales el Comando de la Fuerza de Submarino autorizó invertir en trece de las observaciones que estaban relacionados con el ejercicio Pelicano.
Durante la dos jornada, los testigos se explayaron sobre lo que significaba la falta de la prueba hidráulica a 62,5 bares en el submarino, que, según la imputación, tuvo un impacto crítico en la seguridad y en la capacidad operativa del submarino ARA San Juan, manifestándose principalmente en la restricción de profundidad con la limitación de la navegación a un máximo de 100 metros de profundidad, restricción que se impuso tras una pinchadura previa en el sistema de refrigeración a 85 metros. No se tenía la certeza técnica de que las tuberías internas pudieran resistir presiones mayores sin romperse.
También se planteó ante los testigos que el submarino sufrió un impacto logístico, al no poder ingresar al dique seco, sufrió una postergación sistemática de la entrada a dique que llevaba más de 40 meses vencida. La nave tenía fecha de ingreso al dique seco, para el primer semestre de 2018, según se demostró ayer a partir de la documentación ventilada ayer.
De acuerdo a un documento interno del consejo asesor del Arma Submarina que se reunió en abril del 2017, y ratificada por los vocales del cuerpo, se decidió: “Tramitar la imperiosa entrada a dique seco del SUSJ (ARA San Juan) durante el primer semestre del año de 2018 a fin de asegurar su operatividad, dado que lleva en la actualidad 39 meses sin realizar el mantenimiento correspondiente, que de acuerdo al manual del fabricante debería ser cada 18 meses”.
Para las querellas y la acusación fiscal, a medida que se desenvuelve el juicio, deja a la vista que la falta de esta prueba significó que el submarino zarpó hacia una misión de patrulla en zona de mar abierto con una vulnerabilidad estructural no verificada, lo que elevó el riesgo de la operación por encima de los límites permitidos.
Durante la jornada del martes -que se extendió por más de 11 horas-, declararon los suboficiales Elbio Seltzer y Félix Edgardo Macías, sumados a los capitanes de navío Ernesto Horacio Blanco, Carlos Humberto Acuña y Eduardo Cella Irigoyen. Algunos de los tramos de la audiencia no se transmitió por zoom, dado que el Tribunal aludió que debía proteger el rol de personal de inteligencia de alguno de los testigos.
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A la espera de la redacción de un nuevo Código Penal, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, explicó que en esa transición impulsarán en el Congreso la incorporación de delitos como los migratorios, estafas piramidales, “viudas negras” (mujeres y hombres que seducen y roban), salideras y entraderas, entre otros.
Mahiques anunció inicialmente que luego de una reunión con el presidente Javier Milei decidieron avanzar en la redacción de un nuevo Código Penal “a la altura de los desafíos actuales”.
El ministro de Justicia explicó que durante la transición hasta tener un nuevo Código trabajarán junto al Congreso “en el endurecimiento de penas, la armonización de las mismas y en la incorporación de nuevos delitos”.
Mahiques dijo que impulsan sumar delitos al Código como los migratorios, estafas piramidales, salideras y entraderas, motochorro, daño animal, armas en las cárceles y picadas, con eje sobre las víctimas.
El funcionario dijo que además buscarán un agravamiento de las penas para los casos de incumplimiento de deberes alimentarios, trapitos, grooming y abuso sexual infantil.
En respuesta al mensaje que dejó Mahiques, Milei respondió en X: “Muy importante”. El antecesor del funcionario, Mariano Cúneo Libarona, trabajó en la reforma del Código, asesorado por un grupo de abogados y especialistas. Aunque se tendrán en cuenta esos aportes, la redacción será nueva.
El ministro de Justicia tiene prevista durante la semana una reunión con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para informarlo de este y otros temas de la gestión del área a su cargo.
El proyecto de cambios en el Código Penal es uno de los proyectos que el Gobierno enviará al Congreso, cómo anunció el jefe de Gabinete, que destacó que la iniciativa tendrá “foco en el endurecimiento de las penas”.
Juan Mahiques mantuvo su primera reunión con la Corte: gestos de acercamiento y compromiso para cubrir vacantes
La semana pasada Mahiques tuvo su primera reunión con la Corte Suprema, en un encuentro con gestos de acercamiento y compromiso para cubrir las vacantes de jueces. Participaron de la cumbre los tres integrantes del máximo tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Desde Justicia destacaron que Mahiques “ratificó el compromiso de avanzar en la cobertura de vacantes judiciales, iniciando el proceso de envío al Senado de los pliegos necesarios para cubrir más de 300 cargos de jueces, fiscales y defensores en todo el país, una medida clave para normalizar la integración de los tribunales y mejorar la capacidad de respuesta de la Justicia”.
Explicaron que entre los ejes de la reunión estuvieron además “la necesidad de fortalecer los mecanismos de integración transitoria de los tribunales, en particular a través del sistema de conjueces previsto en el régimen de subrogancias, con el objetivo de asegurar el normal funcionamiento de los tribunales federales ante situaciones de vacancia, licencia u otros impedimentos de los magistrados titulares».
codigo penal, Juan Bautista Mahiques
POLITICA
El Gabinete espera que Javier Milei ordene la tensión interna y el Presidente decidió volver a la ofensiva
Impredecibles y terminales a la hora de sostener o despedir a un funcionario, los hermanos Milei atraviesan días de alta intensidad en la reconfiguración del equipo para avanzar en el tercer año (la segunda mitad) del mandato. Si bien Karina Milei configuró un plan para avanzar en casilleros que eran propiedad de Santiago Caputo, nunca esperó tener que decidir sobre el jefe de gabinete Manuel Adorni, su funcionario más leal y, quizás, quien mejor entendió dónde estaba el verdadero poder. A pesar de los rumores y nombres propios para reemplazarlo, el funcionario sigue al frente del cargo. Por la tarde del 24 de marzo se comunicó su agenda en lo que apunta a ser una estrategia de salir a atacar nuevamente. Conferencia de prensa —con preguntas incluidas— actos con ministros (Juan Bautista Mahiques y Federico Sturzenegger el miércoles y Luis Caputo y Alejandra Monteoliva el viernes) y el cierre de semana junto al Presidente y su hermana. ¿Significa que el capítulo está cerrado? Aunque quisiera escribir “Fin”, Adorni sabe que puede suceder cualquier cosa. Sobre todo si aparecen más cuestiones de su vida privada que no pueda justificar.
El Gobierno buscará retomar la agenda. El video publicado por los 50 años del golpe de Estado no llamó la atención como el año pasado. Un planteo negacionista financiado con recursos del Estado debe haber sido lo que más unió a la vicepresidenta Victoria Villarruel con su compañero de fórmula. Durante la tarde el Presidente volvió a X para hablar de uno de los temas que más preocupa a esta administración: La inflación. Milei apuntó un gráfico sobre inflación recibida y entregada por las últimas administraciones y señaló: “El gráfico muestra que salvo el actual gobierno, todos los restantes dejaron una mayor inflación que la recibida. Esto no significa que el problema de la inflación esté terminado pero está claro que vamos por el buen camino”. ¿Será que el arco se corrió y ahora se venderá como objetivo cumplido si se mantiene una inflación menor a la que dejó el Frente de Todos? Si bien los datos oficiales marcan una caída en el consumo y una suba del desempleo, el Gobierno vende su propio relato. “Bajamos inflación y aumentando el nivel de actividad, el cual se encuentra en pico histórico…”, respondió Milei a un usuario que reclamaba por la actividad económica. El Presidente respondió decenas de mensajes y uno de ellos no dejó dudas sobre la idea que hay en la mesa chica de Casa Rosada sobre lo que puede y lo que no puede hacer la gestión económica en lo que se refiere a actividad: “Sabías que pretender meter al Estado en la ‘micro’ es pedir corrupción y desigualdad ante la ley?”, dijo.
La última encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de marzo de 2026, realizada por la Universidad de San Andrés, mostró un deterioro de la satisfacción general: Sólo el 33% de los argentinos se muestra satisfecho con la marcha general de las cosas, una caída de 7 puntos porcentuales respecto a la medición de noviembre de 2025. Por el contrario, la insatisfacción escaló al 65%. La gestión de Milei, por otra parte, registra un 38% de aprobación frente a un 59% de desaprobación. La agenda de problemas muestra, además, la preocupación que escaló hasta el primer lugar: los bajos salarios (37%) y la falta de trabajo (36%) se consolidaron como las principales preocupaciones del país, superando incluso a la corrupción (33%). Otro dato preocupante es la expectativa del futuro inmediato. El sentimiento negativo creció y el 46% de los encuestados cree que la situación del país empeorará en el próximo año, mientras que solo un 30% aún mantiene la esperanza de una mejora. Ese tipo de estudio de San Andrés se condice con el dato más duro de los últimos días que señaló que el desempleo también subió el año pasado de 6,6% a 7,5%, el valor más alto tras la pandemia.
El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que realiza la Universidad Torcuato Di Tella registró en marzo de este año una caída por cuarto mes consecutivo, alcanzando la cifra más baja desde que asumió su mandato en diciembre de 2023 con 2,30 puntos. El bajo nivel de confianza en el Gobierno de Milei “se ubica en valores muy similares al de la gestión de Mauricio Macri”, que en marzo de 2018 tenía un ICG de 2,32 pese a haber ganado las elecciones legislativas de 2017. El informe, que fue destacado por la gestión libertaria durante 2024 cuando los números le daban por encima de toda gestión anterior, agregó un dato que inquieta aún más a la administración nacional: “El promedio de la gestión Milei desciende a 2,43 puntos, su registro más bajo desde el inicio del mandato, ubicándose en una posición intermedia entre el promedio que Macri (2,55) y Fernández (1,99) registraron en el mismo tramo de sus respectivas gestiones”.
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Revelan numerosas fallas del submarino ARA San Juan durante el juicio por el hundimiento
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🟡 Hay alerta amarilla por fuertes vientos y lluvias en 3 provincias para hoy, miércoles 25 de marzo
Cuáles son los delitos que el Gobierno sumará al nuevo Código Penal
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