POLITICA
Escándalo en el PAMI: la exfuncionaria que denunció corrupción dio detalles sobre las maniobras en el organismo
Viviana Aguirre, exfuncionaria del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) de La Plata y diputada suplente bonaerense que denunció corrupción, brindó este lunes mayores detalles sobre las supuestas maniobras ilícitas en el organismo que derivó en un escándalo en el gobierno de Javier Milei.
Las denuncias sostienen que se obligaba a los empleados a desviar parte de sus sueldos para financiar actividades partidarias y que hubo licitaciones poco transparentes en varias delegaciones del país. En ese marco, Aguirre sostuvo que fue desvinculada del PAMI de La Plata por “cortarle el grifo de la corrupción” y apuntó contra los armadores libertarios Sebastián Pareja y Juan Osaba. “La denuncia que presentamos al juez Alejo Ramos Padilla, que es la corrupción de PAMI, la empezamos a trabajar en equipo con [el extitular del organismo en La Plata] Raúl Simonetto y comenzamos a sacar todo a la luz. Obviamente que cada cosa que veíamos mal sacábamos las copias. Tengo grabaciones y audios. Nos obligaban en realidad a escribir por Telegram para que los chats desaparezcan», indicó Aguirre en diálogo con C5N.
Por otro lado, aseguró que a ella le pedían $1.000.000 por mes para financiar el partido. “Según los sueldos se pide del 5% en adelante. Cuando me ofrecen la dirección de PAMI, yo acepto obviamente y antes de empezar a trabajar me dice Juan Osaba que le dé $1.000.000 de retorno y que tenía que firmar papeles. Y le digo, ‘¿qué papeles?’. Y me acuerdo que él caminaba de un lado al otro y dice, ‘son papeles que ya venimos de otras gestiones. Van a ser regalías‘. No acepté“, expresó Aguirre.
“Al otro día me llamó Simonetto, que él iba a ser coordinador contable, era parte de mi equipo, y me dice, ‘me están ofreciendo la dirección de PAMI, ¿qué hago?’, y le digo, ‘aceptala y empecemos a trabajar en equipo’. Nunca le cumplimos a ellos. Dijimos que sí al principio y después, una vez que estuvimos adentro, lo primero que hicimos fue empezar a investigar toda la corrupción dentro de PAMI», agregó.
Fue tras ello que aseguró que todo dependía de Sebastián Pareja, armador bonaerense de LLA y alfil de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. “A mí me echaron porque le cerré el grifo de la corrupción. Nosotros teníamos que firmar nada más, cosa que no hacíamos, pero sí empezamos a trabajar con los afiliados, con los geriátricos. La verdad es que lo que a mí más me apena de todo esto son los afiliados. No hay control de nada”, dijo Aguirre.
En otro tramo de la entrevista, reveló que le mandó mensajes a Karina , al presidente Javier Milei y a otros funcionarios. “Nadie me respondió. Solamente me clavaban el visto. Y Karina me bloqueó. Yo recibí amenazas de Sebastián Pareja y Juan Osaba para que ‘dejara de hinchar’, según ellos. Yo seguía trabajando en la parte que me correspondía, pero además investigaba todos los hechos de corrupción y empecé a tener fotocopias”, detalló.
A través de un ejemplo, la exfuncionaria dijo que se pagaban sobreprecios: “Un riesgo de vida te salía $500.000 pesos. Si te tenían que operar al mes o a los dos meses, en 24 horas te salía siete veces más caro. Sobreprecio en todo, en las prótesis y en los traslados que no se hacían”.
“El dinero lo recaudaba Osaba, mano derecha de Pareja. Él decía que era para LLA. Me decía que ponga la plata en un sobre en vez de transferirla a una cuenta”, completó la diputada suplente.
Las declaraciones de Aguirre llegan luego de que en varias delegaciones del PAMI en el país, como en la provincia de Buenos Aires, Santa Cruz, La Pampa, Chaco, Misiones y Corrientes, se multiplicaran denuncias de manejo ilícito de los fondos. El jueves, como reveló , la obra social de los jubilados anunció que iniciará una investigación interna sobre las compras y contrataciones de las delegaciones. Un comunicado del organismo advirtió que se tomarán medidas para que las oficinas de PAMI en las provincias dejen de ser “una caja negra al servicio de la política”.
El Gobierno nacional redobló las críticas contra el kirchnerismo por la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, y volvió a reclamar la baja en la edad de imputabilidad.
Tres delincuentes, dos menores de 17 y uno de 19, asesinaron a Rita frente a su hijo adolescente para robarle el auto en La Matanza.
Después de dispararle a quemarropa, fueron a un supermercado como si nada. Ahora ya están identificados, y fueron entregados por sus propias… pic.twitter.com/7lOjjlUoCo
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 19, 2025
Fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien efectuó la crítica a la gestión del gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien tachó de “inútil”.
Las críticas y el pedido por la baja en la edad de imputabilidad surgen a raíz del crimen que terminó con la vida de Rita Suárez, asesinada en el conurbano por tres jóvenes, dos de ellos menores de 17 años.
El Gobierno cuestionó a Axel Kicillof por el brutal crimen de Rita Suárez en La Matanza
Bullrich, cabeza de lista de La Libertad Avanza en la boleta de candidatos a senador por el oficialismo, publicó en X: “Tres delincuentes, dos menores de 17 y uno de 19, asesinaron a Rita frente a su hijo adolescente para robarle el auto en La Matanza. Después de dispararle a quemarropa, fueron a un supermercado como si nada. Ahora ya están identificados, y fueron entregados por sus propias madres. ¿Cómo buscan zafar? Echándole la culpa a un menor”.
La ministra cuestionó: “En la provincia kirchnerista de Buenos Aires, un asesino de 17 años puede robar, matar y después irse a dormir como si nada. El kirchnerismo no solo protege a los delincuentes, también bloquea cualquier discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad”.
Detuvieron a uno de los sospechosos del asesinato de Rita Suárez en La Matanza
Patricia Bullrich dijo que el de Ruita Suárez fue “un crimen brutal más en la tierra del kirchnerismo y del inútil de Kicillof”. La funcionaria advirtió: “Mientras tanto, los argentinos de bien siguen enterrando a sus seres queridos. Kirchnerismo nunca más”.
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POLITICA
El Ministerio de Justicia aprobó un nuevo protocolo para recibir bienes de origen ilícito recuperados por la Justicia
El Ministerio de Justicia aprobó un protocolo operativo que establece los requisitos y procedimientos para formalizar la recepción de bienes provenientes de actividades ilícitas, que hayan sido cautelados o recuperados en procesos penales de competencia nacional y federal. Según se detalla en la Resolución 543/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, la medida apunta a garantizar una gestión ordenada de estos activos, con el objetivo de incorporarlos al patrimonio público.
De acuerdo con la normativa, el Poder Judicial deberá remitir al Ministerio de Justicia, en forma completa y detallada, toda la documentación técnica, registral y económica que acredite la existencia y el estado de los bienes. La cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona solo asumirá la custodia y administración cuando se haya verificado la validez e integridad de la información recibida. El protocolo incluye bienes inmuebles, vehículos, objetos no registrables, dinero en efectivo y activos financieros, y prevé requisitos diferenciados para cada tipo.
Para el caso de inmuebles, el juzgado deberá presentar información sobre la ubicación exacta, la superficie, el tipo de propiedad, su estado edilicio y jurídico, las personas que lo ocupan, posibles contratos vigentes y una valuación estimada. También se debe precisar si existen litigios pendientes y remitir fotografías actualizadas, si las hubiera.
En relación con los bienes registrables, como vehículos, embarcaciones o aeronaves, se exigirá documentación registral, el estado de deuda, condiciones físicas y funcionales, fotografías, lugar de guarda y datos del custodio. Si se trata de bienes no registrables -como maquinaria, tecnología o herramientas-, se deberá presentar una descripción detallada, condiciones de conservación, estimación de valor y un listado inventariado si se trata de lotes.
El protocolo también abarca dinero en efectivo. En estos casos, los tribunales deberán informar el monto exacto y la moneda, el lugar de guarda, el acta de secuestro y toda documentación contable disponible. Cuando se trate de activos financieros o intangibles, como cuentas bancarias, títulos o criptomonedas, la Justicia deberá acompañar constancias de la entidad depositaria, los datos del titular original y la orden judicial que haya dispuesto el congelamiento o bloqueo, si existiera.
El Ministerio de Justicia no podrá aceptar ningún bien mientras no reciba toda la información requerida en el protocolo. El oficio judicial deberá remitirse en formato digital a través del canal oficial que establezca la autoridad de aplicación. De no cumplirse con los requisitos, el Ministerio notificará formalmente al juzgado sobre los faltantes mediante una nota de subsanación.
La omisión o inexactitud en los datos exigidos impedirá el traspaso hasta que el juzgado interviniente lo subsane. No se podrá constituir al Ministerio como depositario ni como administrador de ningún bien sin esa validación previa.
El protocolo aprobado busca afianzar la cooperación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo en la gestión de activos incautados por delitos o alcanzados por procesos de extinción de dominio. Según detalla la normativa, el objetivo de fondo es asegurar la trazabilidad de estos bienes y facilitar su incorporación al patrimonio público.
Boletín Oficial,Conforme a,,Minuto a minuto. Sesión en Diputados, en vivo: hoy votan los vetos de Javier Milei y otros proyectos,,En el Senado. Martín Lousteau respaldó la emergencia pediátrica en el Garrahan y cuestionó los recortes en salud,,Cierre de listas 2025. Qué se sabe de los candidatos y últimas noticias de las elecciones este martes 19 de agosto,Boletín Oficial,,»Reordenar». El Gobierno disuelve programas de vivienda como Casa Propia y crea un nuevo esquema de financiación,,Boletín Oficial. El Gobierno inició el proceso de privatización de AySA: fijan plazo para concretar la venta de las acciones,,Se disuelven organismos. El Gobierno cambió la estructura del Ministerio de Economía
POLITICA
Actualizaron el régimen de registro de armas para las fuerzas de seguridad nacional en actividad y personal retirado
El Registro Nacional de Armas (RENAR) implementó a través de la Resolución 17/2025 una serie de medidas que actualizan el régimen de la base de datos y control de armas y usuarios pertenecientes a las Fuerzas de Seguridad, Policiales, Penitenciarias y Armadas de la Argentina.
El objetivo de estos cambios es adaptar los procedimientos de altas y bajas de material institucional, además de ordenar el sistema de registro y fiscalización de la condición de legítimo usuario y portador de armas de fuego. Se trata de una de las tareas principales del RENAR, restituido a principios de julio a través de una medida oficial tras haber sido disuelto hace aproximadamente una década.
La normativa responde a modificaciones previas dispuestas por el Decreto 409/2025 al régimen general de armas, modernizando procedimientos y estableciendo nuevas obligaciones para todas las instituciones mencionadas en el marco de la Ley Nacional de Armas y Explosivos. Los cambios empezaron a correr a partir del 19 de junio, cuando el Gobierno publicó la normativa a través de Boletín Oficial que alcanzaba al personal de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, servicios penitenciarios, policías provinciales, asociaciones de tiro y usuarios civiles en todo el país.
Esta actualización implica la aprobación de instructivos específicos para las fuerzas federales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, abarcando tanto miembros en actividad como personal retirado de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Servicio Penitenciario Federal, Fuerzas Armadas, junto con sus equivalentes provinciales y porteños.
El nuevo régimen también exige que las instituciones mantengan actualizados ante el organismo los inventarios de armas institucionales. Cada fuerza debe recordar que, para otorgar permisos de tenencia y portación, es esencial la correcta evaluación de antecedentes personales, profesionales y condiciones psicofísicas del solicitante.
En este sentido, el texto subraya que es “indispensable establecer con claridad el deber de las fuerzas comprendidas de informar y mantener actualizada ante el RENAR la situación psicofísica, disciplinaria y patrimonial del personal a su cargo que posean armas registradas o permisos de portación, con el fin de prever sanciones ante el incumplimiento de tales deberes”. La falta de actualización o el incumplimiento de la entrega de información por parte de las fuerzas implicará la responsabilidad administrativa de sus funcionarios, según explicita el texto normativo.
Para acceder al estatus de legítimo usuario y a la autorización de portación, tanto el personal en actividad como quienes estén en situación de retiro deberán adecuar sus solicitudes a los nuevos instructivos. El personal con permisos vencidos también deberá realizar un trámite completo bajo los parámetros vigentes. El texto también aclara que los miembros exonerados o dados de baja obligatoriamente por cuestiones disciplinarias perderán la condición de legítimo usuario y deberán ajustar sus acciones.
Otros aspectos centrales de la resolución son los plazos y modalidades para la actualización de datos y declaraciones. Todos los agentes de las fuerzas comprendidas contarán con sesenta días corridos desde la publicación oficial para enrolarse de manera electrónica a través del portal habilitado (mirenar.minseg.gob.ar), declarando su pertenencia institucional, domicilios vinculados a la guarda del material e información de contacto. Paralelamente, las fuerzas tendrán un plazo de noventa días corridos para informar al RENAR, vía declaración jurada digital, el estado psicofísico y la situación de revista de sus miembros que poseen armas o tramitan permisos de portación.
A partir de la publicación del Decreto 409/2025 a mediados de junio, la cartera que conduce Patricia Bullrich hizo cambios significativos en la reglamentación de la Ley N° 20.429 de Armas y Explosivos. Esto modificó los procedimientos de tenencia y portación de armas de fuego para personal de las fuerzas de seguridad nacional. La resolución impactó tanto en el personal activo como el retirado, al igual que la reciente medida publicada en Boletín Oficial.
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