POLITICA
Escándalo en el Poder Judicial de Chubut: Aumentos millonarios para los jueces

La crisis en el Poder Judicial provincial se profundiza. El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SiTraJuCh) cumple su segundo día de paro tras el rechazo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) a entablar un diálogo y frente a la negativa de los jueces a frenar los aumentos salariales que se otorgaron a sí mismos.
La protesta comenzó luego de que se conociera un aumento del 50% para los seis ministros del STJ, lo que elevaría sus ingresos a casi 10 millones de pesos mensuales. Mientras tanto, los empleados judiciales de menor rango cobran alrededor de 950 mil pesos y todavía esperan el pago del 11,8% adeudado por fallos de la Corte Suprema.
El conflicto escaló cuando el STJ no solo cerró las puertas de su sede en Rawson para impedir el ingreso de representantes gremiales, sino que además canceló una reunión ya pactada y solicitó la intervención de la Policía para bloquear el acceso al edificio. La secretaria general del sindicato, Gabriela Huenchual, denunció que fue una decisión directa del presidente del tribunal, Javier Raidan.
“Los ministros se autoasignan aumentos millonarios mientras nos niegan lo que por derecho nos corresponde. Se niegan a cumplir con la ley de Porcentualidad y además adeudan retroactivos ordenados por la Corte Suprema”, expresó Huenchual, quien calificó la actitud del STJ como “arrogante e intransigente”.
La situación se tensó aún más cuando la Subsecretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, fijando una audiencia para el 19 de junio. El gremio rechazó esa medida por considerarla improcedente y dilatoria. En asambleas realizadas en toda la provincia, los trabajadores señalaron que esta maniobra solo busca enfriar el conflicto sin resolver los reclamos de fondo.
Entre las demandas del SiTraJuCh se encuentra la derogación de las acordadas que favorecen a la cúpula judicial, el pago de la deuda salarial y el cumplimiento efectivo de la ley que vincula los haberes de los empleados con los sueldos de los ministros.
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POLITICA
Cuevas, facturas truchas y sociedades fantasma: así se desviaron millones de dólares de la AFA durante la gestión de Tapia y Toviggino

Un entramado de sociedades pantalla, facturas truchas y cuevas financieras con eslabones en Argentina, Estados Unidos y España, permitió que altos directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) extrajeran millones de dólares de las arcas de la entidad durante la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, según reconstruyó en base a fuentes, documentos bancarios y registros societarios consultados en tres países.
La operatoria incluyó el uso de sociedades constituidas en Miami que solo existen en los papeles, pero que emitieron facturas apócrifas por ”logística” y otros supuestos servicios que jamás proveyeron a la entidad de la calle Viamonte. Bajo el paraguas de contratos de patrocinio globales, la AFA ordenó a las empresas “intermediarias” que recaudan sus ingresos −como TourProdEnter LLC, de Javier Faroni− que transfirieran millones a esas firmas “fantasma”. El circuito cerraba con el retorno del dinero al país. Ahí aparecieron un puñado de “cuevas” de la city porteña que acercaban “puntas” y se encargaban de entregar los fondos en efectivo en Buenos Aires.
Los protagonistas centrales de la operatoria fueron el tesorero de la AFA y mano derecha de Tapia, Toviggino, y el otrora presidente ejecutivo del Consejo Federal de la entidad, Juan Pablo Beacon, según reconstruyó . Ambos impartieron órdenes, coordinaron con los “cueveros” y empresarios involucrados, y llegaron incluso a confeccionar algunas de las facturas apócrifas cuyas copias obtuvo .
La maniobra se desarrolló durante la vigencia del cepo cambiario y la brecha entre las cotizaciones del dólar oficial y el “blue”. Y abarcó a múltiples sociedades “fantasma” o “pantalla”. Entre ellas, SCH Consulting Group LLC, MS Innovation Tech Corp, MLS Global Trading Corp, Arcofisa International Corp y Samtak LLC. Esas cinco se constituyeron en el estado de Florida y registraron el mismo domicilio legal: la oficina 1130 “A” de la avenida Brickell número 848 de la ciudad de Miami, según consta en el Registro Comercial de ese estado.
Esas cinco sociedades “pantalla” emitieron once facturas, por un total de 3.745.090 dólares. Previamente, la AFA ordenaba a los intermediarios pagar en presunta contraprestación por presuntos servicios genéricos como “campaña de marketing digital en redes de Internet” (Samtak y MS Innovation), “tercerización y consultoría de procesos administrativos” (Arcofisa), y “servicios de consultoría” (SCH Consulting y MLS Global). En las facturas nunca aparecen la cantidad de horas o el llamado Indicador Clave de Desempeño (KPI, por sus siglas en inglés), dos requisitos estándar en cualquier contratación corporativa transparente.
Ante la consulta de , días atrás, Tapia criticó a la prensa. “Son dos realidades distintas, la de los medios y la de la gente”, afirmó desde el balneario de Mar del Plata donde vacacionó. Y tras minimizar las revelaciones sobre el trasiego de fondos de la AFA que lo involucran junto a Toviggino −“no le doy bola a lo mediático”−, sostuvo que los hinchas del fútbol argentino lo quieren. “Me duelen las piernas de pararme y sentarme por las fotos −remarcó−, tengo las rodillas a la miseria”.
Una revisión de las facturas emitidas por las cinco sociedades “pantalla” revela patrones inusuales, además del domicilio compartido en Miami. Por ejemplo, en el formato visual y los errores de ortografía. ¿Cómo es eso? Las facturas de MS Innovation Tech, MLS Global Trading, Arcofisa y SCH Consulting tienen una estructura visual y de datos casi idéntica, lo que sugiere una matriz única de confección. Incluso, quienes estuvieron detrás de la maniobra cometieron pifias reveladoras: en la sección de pagos de distintas sociedades escribieron “Al payment” en lugar de “All payment”.
No sólo eso. Las facturas se emitieron en una concentración notable de fechas. En enero de 2022, por ejemplo, la AFA recibió facturas de tres de estas sociedades que sirvieron para canalizar fondos de la AFA −MS Innovation, SCH Consulting y MLS Global− en un período de apenas cuatro días, por US$1,2 millón en total.
Las facturas muestran otras inconsistencias notables. En el caso de las tres emitidas por MS Innovation Tech Corp, el número del “invoice” es más bajo con el transcurso de los días y semanas, cuando debería ocurrir lo contrario. Así, el 10 de enero de 2022 emitió la factura número 241 y el 31 de enero emitió la 268, pero el 6 de abril expidió la número 237.
Detrás de cuatro de esas sociedades “pantalla” (MS Innovation Tech, MLS Global Trading, Arcofisa y SCH Consulting) aparece Diego Martín Schrager, según constató . Se trata de un argentino de 48 años con domicilio en Suipacha al 1100 de la ciudad de Buenos Aires. En algunos documentos públicos se presentó como “empresario” y en otros como “comerciante”. Afronta problemas crediticios y comerciales −está en situación 3, “con problemas/riesgo medio”−, y llegó a estar en situación 5. Es decir, “incobrable”, de acuerdo a los registros que consultó en el país.
En la Argentina, Schrager aparece vinculado a una sociedad de nombre casi idéntico a una constituida en Miami −Arcofisa SA− y preside además la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Libertador General San Martín Limitada, con domicilio legal en el piso 7 de la calle Reconquista 144 de la ciudad de Buenos Aires, en pleno corazón de la city porteña, donde funcionaría como “cueva”, que llevó adelante operaciones con Bybit Fintech, según las fuentes consultadas por . Es decir, operó con una contratista de la AFA.
procuró contactar a Schrager, que no respondió las reiteradas consultas hasta el momento de esta publicación.
Detrás de la quinta sociedad, Samtak LLC, aparece otro argentino, de 46 años. Se trata de Darío Francisco Samaniego, con domicilio fiscal en Banfield, Lomas de Zamora, que también se presenta como “empresario” y aparece como accionista de Gurruchaga Inversiones SA, junto a Alan Esteban Rasumoff.
Samaniego tiene un perfil en Internet que resulta inconsistente con el de un consultor internacional capaz de facturar millones a la AFA. Aparece también como gerente de la firma Green Bull FL LLC, en Florida, Estados Unidos, pero posteó una búsqueda de trabajo en la que consignó que era el encargado de “frutas y verduras” en un supermercado Jumbo. Según ese posteo, busca trabajo como “repositor, administrativo, conductor o operario” y se declaró disponible “en cualquier horario, incluido fines de semana”.
contactó a Samaniego, que respondió un correo electrónico. Preguntó cuál era la consulta. Al explicarle que era por su rol en Samtak LLC, no volvió a contestar.
Schrager y Samaniego no son caras conocidas en la city porteña. Tampoco serían los últimos eslabones de la cadena. Hubo al menos otras cuatro “cuevas” adicionales en la ciudad de Buenos Aires por donde se movieron los fondos de la AFA. Tres en la avenida Corrientes número 456, en el edificio Safico; y una cuarta, en la misma avenida, pero a una cuadra de distancia, en el número 327. Y las cuatro mantuvieron un ida y vuelta continuo con Juan Pablo Beacon, según reconstruyó durante las últimas semanas.
Por entonces presidente ejecutivo del Consejo Federal de la AFA y, desde ese rol, lugarteniente de Pablo Toviggino, Beacon coordinó la confección, el envío y el pago de las facturas apócrifas emitidas por las cinco sociedades “pantallas” de Miami. Y lo hizo, en un ida y vuelta continuo con el santiagueño Marcelo Fabián Ramón Saracco y su socio español, Israel Amoedo. Se trata de los dueños de Odeoma SL, una de las empresas que contrató la AFA para administrar los fondos aportados por los patrocinadores alrededor del mundo.
Los pagos tuvieron un trasfondo que les dio apariencia real. A fines de 2021, el Comité Ejecutivo de la AFA publicó en sus boletines que había firmado contratos de auspicios y venta de imagen de la Selección con las empresas Bybit Fintech Ltd, Genius Sports Technologies Ltd y One Football Gmbh. En todos ellos, Odeoma asumió el rol de agente de cobro, con la correspondiente retención del 30% de los ingresos en concepto de honorarios.
Según reconstruyó , Beacon ordenó pagar las facturas apócrifas de las sociedades “pantalla” de Miami dentro de los contratos con Bybit Fintech Ltd y Genius Sports Technologies Ltd; y Saracco y Amoedo avanzaron con la operatoria a través de la marca comercial de la española Odeoma SL, “Gold Medal Sports”.
El paso final se desarrolló en Buenos Aires. Previo cobro de un porcentaje por sus servicios, los “cueveros” de la City porteña se movieron con dinero en efectivo por las calles porteñas.
Con la colaboración de Ricardo Brom
Nicolás Pizzi,Hugo Alconada Mon,AFA,Claudio Chiqui Tapia,Pablo Toviggino,Conforme a,AFA,,»Ningún enfrentamiento» El jefe de la IGJ dosifica la ofensiva contra la AFA y relativiza la chance de colocar un veedor,,Citó una canción de Spinetta. El juez Saettone rechazó el planteo de Carrió para sacarlo del caso Yofe,,Escándalo en el fútbol. El presidente de la UIF se reunió con autoridades de los EE.UU. por el caso AFA
POLITICA
El Gobierno decidió no extender el mandato de la Defensora General y continúa la crisis de vacantes en la Justicia

El Gobierno de la Nación resolvió este miércoles no extender el mandatado de la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, quien el próximo 1 de febrero cumplirá 75 años. La decisión se conoció luego de que el Ejecutivo decidió desistir de los pliegos en el Senado de la Nación para que continúe por cinco años más.
La responsable de los defensores oficiales estaba en el cargo desde el 2006, cuando asumió tras ser propuesta por el entonces jefe de Gabinete Alberto Fernández. En aquel entonces, el cargo estaba vacante y era Martínez quien ocupaba el rol de forma interina por ocho meses.
Ahora, quien tendrá la responsabilidad será el defensor ante la Corte Suprema, Julián Langevín, de 64 años. Así, se suma al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, que ejerce desde el 2017 de forma interina y es el jefe de los fiscales. De esta manera, dos de los cargos más importantes dentro del Poder Judicial tienen nombramientos interinos.

De esta manera, desde Casa Rosada estudian como hacer frente a la crisis de vacantes que se viene expandiendo en la Justicia y que incluso se ve en la Corte Suprema, donde dos de las cinco sillas están vacías, pese a los esfuerzos del Ejecutivo con los nombramientos fallidos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.
Justamente, según pudo saber Infobae, se espera que en el corto lapso y a la espera del inicio de las sesiones ordinarias, el Gobierno envíe al Senado de la Nación una serie de pedidos masivos para cubrir parte de las vacantes que hay en la Justicia.
La estrategia, diseñada en el hermetismo de la Casa Rosada y ejecutada por el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, busca desactivar una bomba de tiempo institucional. Según cifras que manejan tanto en el Palacio de Tribunales como en el Ejecutivo, la Justicia Nacional y Federal opera hoy con una fragilidad estructural alarmante, con cerca del 37% de sus cargos clave sin titular. Esta situación obliga a centenares de magistrados a desdoblarse para cubrir juzgados vecinos mediante subrogancias, un sistema de parches que resiente el servicio y demora las causas de los ciudadanos.
Sin embargo, la novedad no radica solo en la voluntad de cubrir los puestos, sino en el criterio de selección. En un giro discursivo respecto a administraciones anteriores —que solían priorizar la lealtad partidaria—, el oficialismo asegura que apostará al purismo técnico.“No habrá jueces mileistas”, es la consigna que repiten como un mantra en los pasillos de Justicia.

El plan es desafiar al Senado a aprobar los pliegos, respetando estrictamente el orden de mérito de los concursos, poniendo a la oposición en la incómoda posición de tener que rechazar a los candidatos mejor calificados.
Para entender la magnitud del desembargo que prepara el Gobierno, primero hay que dimensionar el “tapón” que se generó en el último tiempo. Los datos oficiales del Consejo de la Magistratura, a los que accedió Infobae, confirman que el sistema de selección entró en una fase de letargo profundo.
El 2025 cerró como el año menos productivo desde 2022. El organismo encargado de administrar el Poder Judicial y seleccionar a los jueces envió apenas 19 ternas al Poder Ejecutivo durante todo el ejercicio. La cifra representa un desplome vertical si se la compara con el desempeño de 2024, cuando se habían aprobado y elevado 96 expedientes. Para encontrar un nivel de parálisis similar hay que remontarse a los años 2012 o 2013, momentos de altísima tensión política entre el kirchnerismo y la Justicia.
Este “apagón” en el Consejo no fue un accidente, sino parte de un escenario más complejo. Mientras la maquinaria de concursos bajaba su ritmo, el stock de expedientes pendientes de definición política crecía exponencialmente. El informe de gestión detalla que, al cierre de diciembre, existen 203 vacantes cuyos concursos ya terminaron, pero que aguardan “pisados” en el escritorio del Presidente. A esto se suman otras 157 vacantes que actualmente están en trámite dentro del Consejo, la mayoría de ellas correspondientes a tribunales ya habilitados que hoy funcionan con jueces prestados.

La auditoría silenciosa
¿Por qué el Gobierno dejó acumular más de 200 pliegos sin mover una ficha? Ante la consulta de Infobae, una alta fuente del Ministerio de Justicia con acceso directo al despacho presidencial justificó la demora bajo la premisa de la “auditoría”. El oficialismo decidió no enviar nombres “a libro cerrado” ni convalidar automáticamente las ternas heredadas de la gestión de Alberto Fernández.
“Estuvimos dos años estudiando los candidatos”, explicó en estricto off the record. Según detallaron fuentes oficiales, la revisión de los antecedentes no fue una tarea política delegada en operadores, sino un trabajo técnico donde se analizó caso por caso para depurar la lista de los 203 postulantes.
Con ese trabajo finalizado, la luz verde ya está encendida. “Los tenemos casi todos listos. Imaginamos que, una vez retomada la actividad legislativa ordinaria, estaremos enviándolos”, confirmó la misma fuente. El objetivo es ambicioso: el envío no será por goteo, sino que se espera una “catarata” de expedientes que busque cubrir no solo juzgados de primera instancia, cámaras y tribunales orales, sino también fiscalías y defensorías que se encuentran acéfalas.
POLITICA
El titular de la IGJ dosifica la ofensiva contra la AFA y relativiza la chance de colocar un veedor oficial

En medio del escándalo por las sospechas en torno a la administración de los fondos de la AFA, el Gobierno de Javier Milei consideró que la documentación que presentó la entidad sobre sus estados contables y financieros desde 2017 hasta la fecha es insuficiente. Sin embargo, la Casa Rosada intenta por estas horas bajarle el tono a la pelea con Claudio “Chiqui” Tapia y el resto de las autoridades de la casa madre del fútbol argentino.
El encargado de fijar la postura oficial fue el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, quien reporta al ministro Mariano Cuneo Libarona y su vice, Sebastián Amerio, un hombre de confianza de Santiago Caputo, principal asesor del Presidente.
“No hay ningún enfrentamiento entre el Gobierno o la IGJ y la AFA”, advirtió Vítolo a , en una señal de distensión con Tapia y Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.
En esa línea, el funcionario remarcó que “la IGJ no participa en ninguna causa judicial y no es parte de ninguna investigación respecto de los directivos”. “Nosotros no estamos imputando a nadie ningún delito”, insistió Vítolo, después del cruce con la AFA por las irregularidades contables. A su vez, sembró dudas respecto de la posibilidad de que el Gobierno nombre un veedor oficial para controlar las cuentas de la AFA.
No obstante, remarcó que la institución que conduce Tapia no explicó “nada” sobre el balance con cierre de ejercicio el 30 de junio de 2024, al que consideró como “el más importante”, por los “valores involucrados”.
“Es muy raro porque ese lo presentaron acá [en la ciudad de Buenos Aires], nosotros les pusimos observaciones y ellos después lo presentaron en la provincia de Buenos Aires y dicen: ‘Me los aprobaron’. Pero eran de acá. Es una cosa ridícula, veremos qué encontramos”, anticipó Vítolo a . Días atrás, había denunciado el intento de la AFA para escapar del radar de la IGJ, al promover un traslado de su sede al municipio de Pilar que no fue aprobado por el organismo.
Frente al creciente escándalo por la derivación de millonarios fondos de la AFA, la IGJ había citado para este jueves y viernes a los contadores que avalaron los balances tanto de la AFA como de la Superliga entre 2017 y 2024.
En ese marco, el titular del ente regulador dependiente del Ministerio de Justicia advirtió que todavía se encuentran revisando la documentación.
Los próximos pasos están supeditados a la verificación del informe que presentó la casa madre del fútbol argentino. Sin embargo, Vítolo relativizó hoy la posibilidad de que la IGJ le recomiende al Ministerio de Justicia que nombre a un veedor oficial para auditar sus documentos y libros contables de los últimos ocho años.
“El veedor no es ninguna decisión porque va a depender de lo que encontremos y lo que nos digan. A lo mejor no está todo correcto, pero no es que no entregaron nada. Le podemos decir: ‘Tiene cinco días para completar, o diez…’. Eso se ve de acuerdo a lo que traigan”, explicó.
La AFA había presentado los balances desde 2017 en el tiempo correspondiente. Sin embargo, la IGJ formuló vistas en cada balance, mediante las que pidió aclaraciones sobre algunas partidas. “Nunca las dieron”, señaló Vítolo.
Como parte de sus funciones, la IGJ revisa y controla que las sociedades comerciales, las asociaciones civiles, las fundaciones y las entidades deportivas actúen su estatuto y que sus balances contables sean reales.
Ayer, en un nuevo comunicado, titulado “La única verdad, es la realidad (bis)”, la AFA negó irregularidades contables en su administración, como una posible malversación de fondos y lavado de dinero, y apuntó contra el Gobierno.
En ese sentido, aseguró haber respondido a los requerimientos sobre sus estados financieros. Señaló que existió “una única vista debidamente notificada a la AFA [en 2017]” y remarcó que fue respondida. Alegó que el resto de las vistas a las que hace alusión el inspector general “nunca fueron notificadas, como exige la propia normativa de la IGJ” y que “el incumplidor no es la AFA, sino la propia IGJ”.
Vítolo volvió hoy a desestimar esos argumentos. En diálogo con , dijo que el planteo de la entidad liderada por Tapia “es ridículo”, ya que “las vistas no se notifican por cédula”, sino que es el interesado del administrado el encargado de seguir el trámite.
En el mismo comunicado, la entidad liderada por Tapia sostuvo que la IGJ no tiene facultades para aprobar ni desaprobar balances, sino que esa es una función que “corresponde exclusivamente a los socios”.
Vítolo también marcó diferencias con la cúpula de la AFA en ese punto. Según el funcionario, los socios aprueban los balances a los efectos de la sociedad, pero la IGJ los revisa y está habilitada a realizar observaciones.
El titular del ente regulador profundizó la desescalada de la disputa con la AFA. Aclaró que desde la IGJ no están enfrentados a la conducción de la entidad. “Aparece ahora porque antes nadie le pedía [aclaraciones sobre los números en los balances]. Cuando llegamos nosotros encontramos que estaba pendiente esto”, agregó.
Apenas estalló el escándalo en la AFA, el gobierno de Milei salió a confrontar con Tapia y activó una denuncia penal de la DGI por apropiación indebida de tributos por $7500 millones. Pero en las últimas semanas el Gobierno ensaya gestos orientados a dosificar su ofensiva.
Tanto la casa del fútbol argentino como Vítolo reconocen que la asamblea en la que se aprobó el cambio de jurisdicción de la AFA de la Ciudad a la provincia de Buenos Aires fue fiscalizada por veedores del organismo. La entidad alega que la IGJ nunca cuestionó el cambio de jurisdicción y que la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires (DPPJ) lo aprobó, inscribió y notificó formalmente a la IGJ.
Sin embargo, Vítolo aclaró que los veedores no aprueban ni convalidan las decisiones, sino que solo registran lo que pasa y confeccionan un informe. La AFA, entonces, debería haber elevado la reforma de estatutos a escritura pública, detalló. Respecto de la supuesta notificación de la DPPJ, Vítolo indicó: “Eso es falso. No hay constancia en IGJ de ninguna notificación en ese sentido. Tampoco la AFA acompañó copia de tal notificación en su presentación”.
Por el contrario, la entidad futbolística señala que adecuó la reforma estatutaria a los “sucesivos y cambiantes requerimientos formulados por la IGJ” a lo largo del año pasado.
El inspector general deslizó que imagina que la mudanza tiene una explicación política. “Para mí es inexplicable salvo que sea evitar controles”, sugirió en TN. Allí agregó que la AFA justifica que no van a explicar el balance de 2024 porque ya lo tienen aprobado en la provincia de Buenos Aires, “pero lo habían presentado antes en la IGJ, es decir estaba bajo análisis de la IGJ”.
El organismo inscribe y fiscaliza únicamente sociedades comerciales y entidades civiles con domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires.
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