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La reforma laboral ya es ley y la expectativa está puesta ahora en el decreto reglamentario que dictará el Gobierno para instrumentar sus alcances. Mientras espera una respuesta favorable de la Justicia a su amparo contra la norma, la CGT tiene otro objetivo: tratar de incidir en la redacción de aquel decreto para atenuar el efecto negativo de algunos artículos sobre el poder sindical.

Uno de los puntos bajo la lupa de los dirigentes gremiales es el referido a las cuotas solidarias, que el Gobierno accedió a mantener por presión de los líderes cegetistas, aunque la flamante ley dispuso que tengan un tope del 2% de las remuneraciones de los trabajadores.

La versión final de la reforma laboral, finalmente sancionada, dejó a salvo estos aportes compulsivos vía convenio colectivo de trabajo que se aplican a todos los trabajadores de una actividad, fueran o no afiliados y, aunque fijó un tope, eliminó la exigencia de que ese límite comenzara a regir a partir del 1° de enero de 2028.

El artículo de la Ley 27.802 de Modernización Laboral quedó redactado de esta forma: “Las contribuciones y los aportes previstos en las Convenciones Colectivas de Trabajo, a favor de asociaciones de trabajadores, que sean válidas para afiliados o no afiliados comprendidos en el ámbito de la convención, no podrán superar el dos por ciento (2%) de las remuneraciones de los trabajadores. Quedan excluidas las cuotas de afiliación sindical y las cláusulas que acuerden otros beneficios especiales en función de la afiliación a la asociación profesional de trabajadores que suscribió el convenio colectivo”.

En un relevamiento efectuado por Infobae quedó en claro que los principales sindicatos cuya cuota solidaria supera el 2% no están apurados en reducir el porcentaje a lo que marca la nueva ley. Dirigentes de varias organizaciones gremiales afirmaron que están a la espera del decreto reglamentario para avanzar con los cambios. En otros casos aguardan a que venza el convenio colectivo de trabajo para concretar el cambio correspondiente.

Desde el Gobierno, sin embargo, advirtieron a Infobae que “el límite del 2 por ciento para las cuotas solidarias no requiere reglamentación”, aunque, de todas formas, “se impuso el plazo de un año para modificar los convenios colectivos” porque la nueva ley elimina la ultraactividad automática de las cláusulas obligacionales (donde están comprendidos estos aportes compulsivos).

En el caso del Sindicato de Camioneros, liderado por Hugo Moyano, es uno de los que deberá adecuar ese descuento a la Ley 27.802 de Modernización Laboral porque actualmente tiene una cuota solidaria del 3%, uno de los más altas. Sus dirigentes tienen previsto bajar ese aporte al 2% recién cuando se discuta el nuevo convenio colectivo de trabajo de la actividad.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), que conduce Armando Cavalieri, todavía ni comenzó a hablar del tema, aunque deberá hacerlo: la cuota solidaria vigente es del 2,5%.

El mismo 2,5% de descuento por la cuota solidaria tienen firmado otros gremios como la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), cuyo titular es Luis Barrionuevo.

Otro de los gremios que tiene una cuota solidaria superior a lo que permite la nueva ley es el Sindicato de Mecánicos y afines del Transporte Automotor (SMATA), encabezado por Ricardo Pignanelli: es del 4%.

Las cuotas solidarias son el recurso clave para el financiamiento de los sindicatos. Se trata de un porcentaje del sueldo que se descuenta de manera obligatoria y compulsiva a todos los trabajadores de una actividad, sean o no afiliados, ya que se acuerda con los empresarios en los convenios colectivos de trabajo.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, incluyó en la primera versión de la reforma laboral lo mismo que ya figuraba en el DNU 70 de Javier Milei: un artículo que condicionaba el pago de esos aportes al consentimiento explícito de los trabajadores, algo que siempre rechazó la CGT porque iba a complicar el pago de ese ítem decisivo a los sindicatos.

En octubre pasado, durante el Coloquio de IDEA, mientras la reforma laboral se debatía en el Consejo de Mayo, Sturzenegger confirmó que apuntaba contra las cuotas solidarias al calificarlas de “peajes sindicales” y aseguró que afectan el salario neto que perciben los trabajadores y el costo total de contratación que asumen las empresas, generando distorsiones en la competitividad y en los precios al consumidor.

Tras calificar estos aportes como “impuestos privados ilegales”, puso en números su impacto: en el caso del convenio colectivo de trabajo del Sindicato de Camioneros, por ejemplo, tiene una cuota solidaria equivalente al 3%del sueldo de convenio y un 4% adicional por otros conceptos, lo que representa un descuento de $845.401 pesos por año a cada trabajador y un ingreso anual al gremio de $206.522 millones.

Según un estudio de la consultora Zentrix, los 10 principales gremios manejan un flujo anual que ronda los USD 685 millones, originado en descuentos obligatorios aplicados sobre el salario formal como las cuotas solidarias. En pesos, esa recaudación supera ampliamente el billón de pesos por año.

En el último tramo de las tratativas sobre la reforma laboral, el sector político del Gobierno (el asesor presidencial Santiago Caputo y los Menem, Martín y Lule, alineados con Karina Milei) logró neutralizar la posición dura de Sturzenegger y priorizó las negociaciones con los gobernadores y la CGT para facilitar la sanción de la ley.

Eso permitió quitar las fuertes restricciones a las cuotas solidarias del proyecto, pero ahora la central obrera redobla la apuesta: quiere flexibilizar ese punto tan decisivo para la “caja sindical” mediante la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral. ¿Lo logrará?

Un nuevo centro de salud público abrió sus puertas en el barrio de Villa Urquiza, en la Ciudad de Buenos Aires, con prioridad de atención para los vecinos porteños. “La Ciudad no va a ser más la prepaga gratuita de ningún extranjero”, sostuvieron las autoridades.

El establecimiento funciona como un Centro de Diagnóstico donde se pueden realizar estudios especializados -como ecografías, eco doppler, mamografías y radiografías odontológicas- sin necesidad de trasladarse a un hospital.

Es el tercero de su tipo en CABA y forma parte de la estrategia oficial para descentralizar la atención médica.

“Organizamos un sistema que durante mucho tiempo tuvo una demanda creciente sin reglas claras. Y hoy por primera vez en la historia los porteños tienen prioridad”, afirmó al respecto al jefe de gobierno porteño, Jorge Macri.

Y siguió: “Además pusimos un límite a una injusticia disfrazada de solidaridad: personas que no viven en Buenos Aires venían a hacer un tour sanitario que terminaban pagando los porteños. Eso se terminó”.

El nuevo centro de salud está ubicado en la calle Galván 3463 y se estima que beneficiará a cerca de 500 mil vecinos de los barrios de Villa Urquiza, Saavedra, Villa Pueyrredón, Coghlan, Belgrano, Núñez y Colegiales.

El edificio cuenta con dos niveles, 20 consultorios y atiende de lunes a viernes entre las 8 y las 16 horas. Además, en el mismo predio funciona una base del SAME y un Centro de Día.

Según precisaron desde el GCBA, en la planta baja se ubican la farmacia, el área de diagnóstico por imágenes, salas de ecografía, eco doppler y holter, además de mamografía, rayos X y un equipo radiológico panorámico odontológico. También hay boxes para análisis y consultorios de tocoginecología.

En la planta alta se encuentran otros consultorios, una sala de espera y el área de conducción profesional y esterilización, entre otros espacios destinados al funcionamiento del centro.

Acompañado por el ministro de Salud, Fernán Quirós, y al director del SAME, Alberto Crescenti, el jefe de gobierno siguió: “En la campaña asumí con los porteños el compromiso de construirlo y hoy estoy honrando la palabra: finalizamos la obra en 18 meses como estaba previsto. Gobernamos así, con respuestas concretas y ordenando prioridades. Para nosotros, la salud es una prioridad”.

Por ahora, la Ciudad cuenta con otros dos centros de diagnóstico similares ubicados en los barrios de La Paternal y Barracas, mientras que se construye un cuarto establecimiento en Palermo.

En paralelo, avanzan distintas ampliaciones dentro del sistema público de salud. Entre ellas, las obras en el Centro Regional de Hemoterapia en Villa Ortúzar, la incorporación del primer acelerador lineal del sistema público en el Hospital Marie Curie y la suma de 700 nuevas camas destinadas a cuidados críticos e internación general.

Además, se inauguraron los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) 42, 49 y 50, y continúa la construcción del CeSAC 51 en el barrio de Colegiales.

Cómo se organiza la red de salud porteña

El sistema de salud público de CABA se estructura en tres niveles de atención. En el primero se encuentran 50 CeSAC que actúan como el punto inicial de contacto: allí se realizan controles médicos generales, vacunación, seguimiento de embarazos, controles pediátricos y tratamiento de enfermedades crónicas, entre otros.

Le siguen los Centros de Diagnóstico Porteños, que brindan estudios médicos y consultas con especialistas. A estos centros acceden pacientes que previamente fueron derivados desde los CeSAC.

Finalmente, el tercer nivel lo conforman los 34 hospitales generales y especializados de la Ciudad. En estos establecimientos se concentran las internaciones, cirugías, atención de emergencias y procedimientos de mayor complejidad. También reciben a los pacientes derivados desde los niveles anteriores cuando requieren tratamientos o prácticas más complejas.

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