POLITICA
Espert cambió en los últimos días su versión en seis hechos claves del vínculo que tuvo con Machado

La explicación de José Luis Espert sobre su vínculo con Federico “Fred” Machado parece la obra de un guionista indeciso. El candidato libertario ajustó la versión de los hechos a medida que salían a la luz precisiones sobre el papel que cumplió en su campaña de 2019 el empresario ahora detenido bajo cargos de narcotráfico.
Lo que decía desconocer el miércoles en un canal de televisión lo admitía con total naturalidad el sábado en un estudio de radio. Fechas clave que dio el jueves en el video que grabó de urgencia en las oficinas de Santiago Caputo no coinciden con las que consignó en una entrevista 48 horas después. La más notoria: dio dos versiones sobre cuándo firmó un contrato de consultoría con una minera de Guatemala, del cual provienen -dijo- los 200.000 dólares que le giraron el 22 de enero de 2020 desde el entramado de empresas de Machado. Hay una diferencia de casi un año entre una y otra explicación.
A lo largo de la semana se desdijo también sobre los vuelos en aviones de Machado, sobre la profundidad de su vínculo con él y el conocimiento que tenía sobre quién hacía los aportes de la campaña.
Hasta el jueves pasado, Espert nunca había reconocido haber recibido pago alguno relacionado con Machado. Aseguraba que todo lo que había percibido de él fue un viaje en avión a Viedma, de favor, durante su campaña de 2019. El jueves, sin embargo, habló por primera vez del cobro de 200.000 dólares después de que se confirmara que la transferencia consta en documentos oficiales de la justicia de los Estados Unidos. La explicación que dio es que el dinero fue el pago por un trabajo que hizo como economista para una mina de Guatemala.
Entre el jueves y el sábado dio dos versiones contradictorias sobre ese contrato. El jueves dijo que Machado le había avisado que una minera “vinculada a él” (no de él) necesitaba de sus servicios profesionales. Contó que después siguió el tema con otra persona de la empresa, llamada Iván Morales. A él le advirtió en una reunión de “mediados de 2019″ que iba a tener que esperar a que terminara el proceso electoral, amplió.
El sábado, en su entrevista en radio Mitre con el conductor Gabriel Anello dijo, en cambio, sin ninguna duda que la minera era propiedad de Machado y que con él había firmado el contrato de trabajo “en 2019”. Precisó incluso que fue “antes de ser candidato a presidente”.
Su declaración fue: “La empresa era de Fred Machado. Yo el contrato lo firmo con Fred Machado. Es un contrato de trabajo para la reestructuración de la deuda. Era un trabajo muy profundo que tenía que ver con lo que yo hice toda la deuda, un trabajo profesional como economista (…). Yo firmé ese contrato en 2019, antes de ser candidato a presidente y cobré parte de ese contrato en el año 2020. Después se interrumpieron los pagos por la cuarentena porque yo debería haber viajado”. Según Espert, la ruptura la decidió él: “Después, cuando me entero de que es narco, digo: ‘Andá a cagar, no te agarro un mango más”. Y detalló que no devolvió el dinero. “Yo ya había hecho una parte bastante gorda del trabajo”.
El jueves por la noche, en el video que grabó en las oficinas de Caputo, había dicho: “Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista. Me contactó entonces el señor Iván Morales de la empresa Minas del Pueblo de Guatemala. Tuvimos una reunión hacia mediados de 2019. Le dije que me interesaba, pero que tendría que esperar al fin del proceso electoral para volver a la actividad profesional. Ese mismo año competí en las elecciones presidenciales y perdí como en la guerra, y entonces volví a mi actividad privada. En enero de 2020, nuevamente ejerciendo mi profesión como consultor económico y habiendo finalmente firmado un contrato con aquella empresa, comencé a recabar información para emprender el trabajo acordado”.
le pidió a Espert la documentación que respalda esa supuesta contratación, pero no obtuvo respuesta del candidato, que no hizo público documento alguno sobre el tema. La mina en cuestión, Minas del Pueblo, habría sido parte -según la causa de la justicia de Estados Unidos- de la estructura delictiva de Machado y su socia Debra Mercer-Erwin, condenada a 16 años de prisión.
La admisión del cobro de los 200.000 dólares por parte de Espert es el giro principal de su relato.
La transferencia se conoció por primera vez porque el candidato peronista Juan Grabois dio cuenta de ella en una denuncia penal que presentó contra Espert el viernes 26 de agosto. El domingo 28 el dato fue publicado en Perfil y Eldiario.ar. En esa denuncia, Grabois incluyó un documento que -explica- forma parte de la contabilidad informal de Machado y Mercer-Erwin que daba cuenta de ese desembolso (figura el nombre de Espert y el monto de 200.000 dólares) y contó que el registro estaba en poder de la justicia estadounidense.
En un primer momento, Espert eludió responder si ese pago había existido. Dijo que era todo una operación de Grabois con un “Excel trucho”. Pero tras la publicación de de otro documento en poder de la Justicia de EEUU -un registro contable oficial hecho por el Bank of America donde aparecen todos los detalles del pago a Espert-, su versión cambió. El candidato admitió el pago por primera vez en aquella declaración del jueves que luego modificó.
En 2021, Espert decía que “toda, toda, toda” la relación que había tenido con Machado había sido el viaje a Viedma de 2019. Nada más.
Ese vuelo era innegable porque él le agradeció públicamente, en aquel momento, que lo hubiera llevado. Según Espert, esa declaración registrada en cámara es la prueba de que él desconocía las actividades presuntamente ilícitas de su benefactor. Pero los vuelos fueron muchos más.
Sólo entre abril y agosto de 2019, hizo al menos 36 dentro del país. Y Espert admitió ayer otro, del que nunca había hablado: “Hubo un vuelo al exterior que hicimos”. Lo dijo al pasar, sin más detalles.
En 2021 se abrió una causa penal para investigar el presunto financiamiento de Machado a la campaña de Espert. El objeto procesal era originalmente muy amplio pero, en los hechos, la investigación se acotó a los vuelos, informó un funcionario que conoce el expediente.
Fue en ese expediente que el juez Marcelo Martínez de Giorgi corroboró, con informes oficiales, que los vuelos fueron 36 entre abril y agosto de 2019, que es el período por el que preguntó el juez. En los documentos figuran distintos aeropuertos por los que pasaron, desde Catamarca, Villa María (Córdoba) y Corrientes, hasta San Fernando e incluso “Pergamino Airport” (de Pergamino es oriundo Espert). Esa información fue publicada en varios medios el viernes 3.
En su entrevista de este sábado, Espert respondió: “En total fueron 35 vuelos, entre ida y vuelta, alrededor de 17 viajes a destinos diferentes, a donde íbamos a presentar el libro o hablar de las ideas de la libertad”.
Además de la referencia al vuelo “al exterior”, Espert agregó que habría usado más de un avión de Machado. “A veces se cambiaban”, dijo, sobre los aviones.
Antes de aceptar todos estos viajes, Espert decía que los encargados de la campaña se ocupaban de la logística y que él no tenía idea de quiénes eran los dueños de los vehículos que usaba.
En el informe de los gastos de campaña, el partido que llevaba como candidato a Espert sólo admitió como desembolsos en “servicios de transporte” 56.798 pesos. Eran todos gastos en empresas de ómnibus: La Veloz del Norte, Crucero del Sur y Andesmar, según prueba un anexo del Informe Final de Gastos de campaña que publicó este domingo la periodista Jesica Bossi.
Desde 2021, cuando Machado fue detenido bajo acusaciones de lavado, fraude y narcotráfico, Espert mantuvo firme una línea argumental para explicar el vínculo que tenía con él: era alguien que se le acercó por admiración, se lo presentaron personas en que él confiaba y, poco tiempo después, le ofreció llevarlo en su avión a la presentación de un libro en Viedma el 18 de abril de 2019.
En una entrevista con Rolando Graña, en mayo de 2021, dijo que lo había conocido “en una de las tantas reuniones empresarias” de las que participaba “como consultor”. La última semana fue más preciso y dijo que se lo habían presentado “personas muy honorables” porque Machado quería colaborar para impulsar “las ideas de la libertad”.
A Graña le había explicado que el viaje a Viedma fue el fin del vínculo: “Esa fue toda, toda, toda mi relación con el señor Federico Machado”. En un escrito judicial que presentó en marzo de este año, en la causa que instruye Martínez de Giorgi, se aferró a esa historia: “Con posterioridad (al viaje a Viedma) no tuve más trato con esa persona”.
En las entrevistas que dio la última semana insistió en que Machado era una de las tantas personas que se le había acercado en aquella campaña. Y que era alguien con quien no tenía una relación cercana. El miércoles, con Pablo Rossi en A24, afirmó que si hubo aportes de campaña de Machado fue algo que se arregló con el sello partidario que inscribió su candidatura. “¿Me preguntas si yo le llevé a Fred Machado al sello? No”, dijo.
El sábado dio un giro, horas después de que el periodista Eduardo Feinmann publicó un video de Espert bromeando recostado al borde de una pileta, que sería la de la casa de Machado.
“Es probable que sea cierto ese video. Yo he estado ahí, sí, puede ser”, dijo Espert. “No definiría como amistosa la relación. Si me hablas, antes de que se supiera que era narco, yo tenía una relación razonable. Después de narco, para mí, cárcel o bala”. Las acusaciones que pesan sobre Machado en Estados Unidos se hicieron públicas en febrero de 2021.
Uno de los puntos de controversia de la campaña de Espert 2019 fue el uso de una camioneta Jeep negra blindada, en teoría provista por Fred Machado. A bordo de ese vehículo, el candidato sufrió un ataque (no se sabe si de balas o piedras) en Puerto Madero el 7 de agosto de 2019.
Hasta este sábado Espert juraba desconocer que Machado le hubiera provisto ese medio de transporte.
“Nosotros, candidatos en campaña, nos subimos a donde el sello partidario nos dice que nos tenemos que subir”, le respondió a Rossi en A24 el miércoles pasado.
Ante una pregunta específica sobre la Jeep negra, insistió: “Un candidato no maneja plata de campaña ni maneja los vehículos. Yo subí los aviones que ellos me proveían, la camioneta que ellos me proveían”. Aludía a los sellos UNIR (primero) y Unite (después) que sostuvieron formalmente su campaña.
Rossi insistió: “¿Vos estabas al tanto de que los vehículos eran de Fred Machado?” La respuesta no deja dudas: “Ni idea tenía”.
El sábado, en radio Mitre, habló con naturalidad de los aportes de Machado a la campaña. “Sólo fueron avión y autos, los vehículos”. Anello le preguntó: “¿El auto blindado?”. Espert respondió: “Uno, uno, si no me equivoco, ya no me acuerdo”.
La camioneta Jeep estaba a nombre de Claudio Ciccarelli, primo hermano y hombre de confianza de Machado. Durante 2019 se tramitó una cédula azul para que Espert pudiera conducirla.
No está claro todavía cuántos desembolsos incluía el plan original de Espert y Machado respecto del mencionado contrato para asesorar una minera en Guatemala.
Feinmann dijo en su programa, el viernes pasado, que esos 200.000 dólares fueron el adelanto de un contrato por un millón de dólares. Cuando Espert afirmó, este sábado, que todo cambió cuando supo que Machado “era narco” y entonces decidió “no agarrarle un mango más”, pareció insinuar que había otros pagos comprometidos.
En la misma entrevista del sábado Espert dijo que no recibió más dinero de Machado que esos 200.000 dólares. Esa transferencia fue del 22 de enero de 2020, mientras que la información sobre las presuntas actividades ilícitas de Machado se conoció en febrero de 2021. Y lo detuvieron en abril, a pedido de la justicia de Estados Unidos.
En el video que grabó el jueves para explicar el vínculo Espert primero habló de “un pago”, pero también usó el plural “los pagos”.
En el escrito judicial que presentó este año en la causa de Martínez de Giorgi, Espert resumió así el inicio de su trato con Machado: “Lo conocí circunstancialmente en un evento social en el que participaron muchos de los empresarios más reconocidos y serios de nuestro ámbito, con quienes Machado interactuaba con familiaridad, y en ese contexto me fue presentado como un empresario de bajo perfil, pero de reconocida trayectoria”. ¿Cuándo fue ese encuentro? “Ello ocurrió antes del inicio del acto eleccionario, en el año 2018, cuando me dedicaba a la actividad privada”.
En las entrevistas que ofreció en la última semana afirmó que la primera reunión en realidad había ocurrido “a principios de 2019” (“en enero o febrero”, precisó en A24 el miércoles).
Ya no aludió a un evento social con empresarios, sino que -dijo- se lo presentó “gente muy honorable”, a pedido del propio Machado, que era un admirador de las ideas de Espert y quería ayudarlo en la campaña electoral.
En todos los casos sitúa ese primer encuentro como el prólogo de lo que sería el viaje a Viedma, donde quedó documentado en video su agradecimiento a Machado por haberlo llevado en su avión hasta allí.
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POLITICA
Tras la captura de Maduro, el Gobierno adelantó que apoyará las medidas de Trump para el futuro de Venezuela

El Gobierno aseguró que apoya todas las decisiones que tome Donald Trump durante la transición que realiza en Venezuela, tras detener a Nicolás Maduro.
“Confiamos en todo lo que disponga el presidente de Estados Unidos y apoyamos cualquier decisión de él”, expresaron en Casa Rosada. Las declaraciones se dan luego de que el norteamericano haya decidido mantenerse a cargo de la situación de Venezuela, sin darle la posibilidad a María Corina Machado ni al presidente electo, Edmundo González Urrutia.
Leé también: Cuba reveló las identidades de los 32 custodios de Maduro que murieron durante el ataque de EE.UU.
En Balcarce 50 aseguraron que ya estaban al tanto de la operación militar que Trump impulsó el sábado pasado, aunque no tenían confirmado con exactitud que esa fecha iba a ser la elegida para la misión. “Somos los únicos en la región que los apoyamos de manera incondicional”, insistieron en el Gobierno.
Además, en el oficialismo entienden que el operativo de EE.UU. y la detención de Maduro permitirá que la liberación de los presos políticos sea más rápida. “La extracción de Maduro fue un proceso muy importante. Ahora comienza otra fase para desarmar las instituciones que se transformaron en narco instituciones”, agregó otra importante voz libertaria.
Las declaraciones van en línea con lo que dijo Trump durante un discurso que dio este martes. “Maduro tenía una cámara de tortura en medio de Caracas, que ahora está siendo clausurada”, aclaró. Se espera que, con este primer paso, se acelere la excarcelación de los detenidos por el líder chavista.
Leé también: Trump respondió a las críticas por el operativo en Venezuela y cargó contra Maduro
En ese sentido, en el Gobierno hay expectativas por la liberación de los dos argentinos que fueron detenidos durante la gestión de Maduro: Nahuel Gallo y Germán Giulani.
A pesar de ello, el oficialismo maneja el asunto con sumo hermetismo. Aunque habría información reservada sobre el tema y se habrían activado gestiones confidenciales en Venezuela para lograr la libertad de los dos detenidos, aún es una incógnita cómo es el estado de salud de ambos.
La postura que tomó el Gobierno también se dio a conocer internacionalmente
La gestión de Javier Milei no solo expresó su postura con respecto a la situación en Venezuela internamente: los representantes argentinos en la ONU y en la OEA mantuvieron la misma posición que la Casa Rosada.
Ejemplo de ello fue el discurso que este lunes dio el embajador ante la ONU, Francisco Tropepi. El funcionario respaldó de manera explícita la operación militar que impulsó Estados Unidos para detener a Maduro y ponerlo a disposición de la Justicia de Nueva York.

“El Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de Estados Unidos y por su gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, líder del Cartel de los Soles, declarada como organización terrorista por el Gobierno argentino en 2025,” dijo Tropepi. Su discurso marcó puntos fundamentales en el posicionamiento argentino: apoyó la decisión estadounidense, definió a Maduro como dictador y habló del narcoterrorismo.
Por otro lado, el representante argentino ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Cherniak, también reafirmó este martes el total apoyo de Milei a la detención de Maduro por parte de EE.UU.
En sus declaraciones, Cherniak volvió a nombrar el narcoterrorismo y calificó a Maduro como “una amenaza para el hemisferio”. Asimismo, sostuvo que la gestión chavista “quebraba el Estado de derecho”.
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POLITICA
En un polémico fallo, la Justicia ordenó a un histórico diario de Bahía Blanca “rectificar” publicaciones de la época de la dictadura

Como parte de un fallo con múltiples condenas a exmilitares y policías que actuaron durante la última dictadura, el Tribunal Oral de Bahía Blanca, en una decisión polémica, ordenó al histórico diario La Nueva (antes denominado La Nueva Provincia) publicar una “rectificación” sobre información que difundió en los 70’ sobre 36 víctimas del gobierno de facto. Ocurrió durante el desarrollo del juicio conocido como “Zona V”.
El veredicto y el polémico capítulo que impone al diario realizar una nueva publicación como medida “moralmente reparatoria” fueron dados a conocer el pasado 26 de diciembre, de manera virtual, en la última audiencia de un mega juicio que se extendió por casi cuatro años.
Si el fallo eventualmente queda firme, el diario contará con 10 días para realizar la nueva publicación en la que deberá hacer “expresa mención de la fecha, la página y la sección en la que fueran vertidas” las noticias que debe corregir.
Es que el tribunal dio por acreditado que 36 de las más de 300 víctimas alcanzadas por la investigación no murieron en “enfrentamientos militares”, como informó el medio en su momento, hace 50 años, sino que fueron objeto de secuestro, tortura, fusilamiento o desaparición por parte de personal militar o de las fuerzas de seguridad.
El fallo no hace referencia a una nota o un conjunto de notas en particular publicadas en aquel momento, sino que hace mención a la “publicación” en términos generales.
La sentencia le puso punto final a uno de los juicios más amplios de la provincia. En total, fueron condenados 31 exmilitares y policías por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la jurisdicción militar de Bahía, del V Cuerpo de Ejército, de donde el juicio toma su nombre. A los condenados, el tribunal los encontró culpables de ser autores o cómplices en un amplio abanico de delitos, como homicidio, tortura o privación ilegítima de la libertad, entre otros.
En línea con lo solicitado por la fiscalía y la querella, de la que forma parte la subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense y la organización H.I.J.O.S Bahía Blanca, además de las condenas -que incluyeron 16 prisiones perpetuas y 15 con penas de hasta 20 años-, los jueces incluyeron el apartado que afecta al diario La Nueva, que tuvo en su momento como director a Vicente Massot. intentó contactar a Massot, pero al momento de la publicación no había respondido la consulta.
En el dispositivo 55 del fallo, los jueces del tribunal, Ernesto Sebastián, Sebastián Luis Foglia y Marcos Javier Aguerrido, dijeron: “Disponer para el momento en que se encuentre firme esta sentencia que en el plazo de 10 días el diario La Nueva Provincia de esta ciudad publique la rectificación como acto moralmente reparatorio de la publicación oportunamente vertida“.
Este apartado de la resolución corrió en línea con el pedido del fiscal Miguel Ángel Palazzani, quien había solicitado que el diario publicara el resolutorio del tribunal en un “lugar destacado y visible”.
Entre otras medidas de reparación, también fue solicitada la rectificación de legajos militares y nulidades en sentencias de consejos y tribunales militares; pero este y otros pedidos, como investigar lugares de enterramiento clandestino, calificar los hechos como “genocidio” o el restablecer prisiones preventivas, fueron rechazados por el tribunal.
Foglia y Sebastián fueron designados como jueces titulares casi en simultaneo, en marzo de 2021, ante una situación de total vacancia del Tribunal. El primero fue fiscal de Bahía Blanca durante 14 años, y es especialista en juicio por jurado. Sebastián, en tanto, contaba con 20 años en la justicia federal y experiencia previa como juez subrogante en Viedma.
Aguerrido, por su parte, es titular desde 2012 del Tribunal Oral de Santa Rosa, La Pampa, y en el de Bahía Blanca actúa como juez subrogante. A diferencia de sus colegas, ya había intervenido en procesos de lesa humanidad como juez de La Pampa. En la causa conocida como “Subzona 14” dictó condenadas de entre 6 y 25 años de prisión para trece exintegrantes de la policía provincial y del Ejército.
La Nueva
La Nueva Provincia es el histórico diario de Bahía Blanca, fundado en 1898, y contó con un extendido alcance en el sur de la provincia de Buenos Aires. En 2017 fue adquirido por el empresario Gustavo Elías y pasó a llamarse La Nueva. Elías es un empresario del transporte dueño, entre otras empresas, de Chenyhi, al que vinculan directamente con el gremialista Hugo Moyano. Es decir, sus actuales propietarios deben responder por un juicio que afecta a un período en el que todavía no se habían hecho cargo de la empresa.
Desde el diario La Nueva dijeron a que se encuentran revisando los alcances del fallo para ver cómo actuar, remarcaron que los actuales dueños del medio no tienen un vínculo particular con los anteriores y que todavía no han sido notificados oficialmente. También subrayaron que el diario no tiene obligación de publicar nada hasta que el fallo quede firme. “Es un avasallamiento sobre la libertad de prensa”, calificaron desde la actual conducción del medio.
Durante el juicio, La Nueva fue calificado por las querellas como el “principal órgano difusor” de los últimos dos regímenes militares en el país. En otro proceso judicial, en el que Massot resultó sobreseído, el fiscal Palazzani acusó al diario de ofrecer un “guion” al “terrorismo de Estado y del genocidio perpetrado en Bahía Blanca y la región”. En ese proceso, la Justicia secuestró del archivo histórico de La Nueva las publicaciones correspondientes al periodo investigado, dijeron fuentes del diario, y todavía no han sido devueltas.
Para el constitucionalista Vicente Sola la imposición de una nueva publicación al diario sobrepasa las facultades de los magistrados. “El diario La Nueva Provincia no era parte del proceso penal y por lo tanto solicitarle una publicación está fuera de la competencia del tribunal”, sostuvo.
Otros constitucionalistas consultados por , si bien destacaron la existencia del derecho a “rectificación” que asiste a las víctimas de la difamación, marcaron que el apartado del fallo dedicado a La Nueva excede todos los pronunciamientos anteriores sobre la materia.
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Tras la caída de Maduro, el Gobierno seguirá manteniendo al Cartel de los Soles como organización terrorista

Tres funcionarios de diferentes estamentos del Gobierno afirmaron a Infobae que por ahora no está en evaluación una medida para alterar el estatus del Cartel de los Soles, a quien la Casa Rosada coloca al exdictador Nicolás Maduro como su principal líder, dentro del de Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
Esta aclaración se hizo luego de que esta mañana se replicara en diversos portales y redes sociales un artículo de The New York Times publicado este martes y que se titula El Departamento de Justicia retira la afirmación de que el “Cártel de los Soles” de Venezuela es un grupo real.
La nota se sustenta en la acusación formal de la fiscalía estadounidense que acusó a Maduro de participar en una conspiración para el narcotráfico, pero mermando las afirmaciones acerca del funcionamiento del Cártel de los Soles.
El Departamento de Estado que preside Marco Rubio la había catalogado como una organización terrorista a mediados del año pasado y tuvo el acompañamiento formal de países como Argentina, Ecuador, Paraguay y República Dominicana.

El sábado por la mañana, la Fiscal General de los Estados Unidos, Pam Bondi, comunicó la acusación formal de Washington sobre la figura de Maduro, su esposa Cilia Flores y otras cuatro personas más. Allí se refiere a un “sistema de clientelismo” y una “cultura de corrupción” impulsada por el dinero del narcotráfico.
La antigua acusación realizada por la administración estadounidense alude unas 32 veces al Cártel de los Soles y describe a Maduro como su líder. Pero la nueva lo menciona dos veces y afirma que, al igual que su predecesor, Hugo Chávez, participó, perpetuó y protegió este sistema de clientelismo.
Un funcionario del Gobierno interpretó ante Infobae que esto no implica que el Cartel de los Soles no figure como organismo terrorista para los Estados Unidos. Marca que, en todo caso, “es un cambio en la estrategia judicial de Washington” en línea con sus objetivos para negociar la transición política y las condiciones políticas por estas semanas venideras.
Una de las pocas figuras del ecosistema libertario en referirse al tema fue el jefe de bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense, Agustín Romo. “Esto es 100% falso. Estados Unidos le está ofreciendo a Maduro que entregue a todos los miembros del Cartel de los Soles a cambio de salvarse él”, publicó este martes por la tarde en sus redes sociales, luego de que el artículo del Times fuera ampliamente difundido por diferentes sectores.
“En los registros de EEUU siguen siendo considerados organizaciones terroristas extrajeras”, aseguraron a este medio importantes fuentes oficiales vinculadas al ámbito de la Seguridad Nacional. “El Cartel de los Soles sigue activo tanto en las dos listas de referencia: la Foreing Terrorist Organizations (FTO) y la Specially Designated Global Terrorist (SDGT)”, indicó una fuente inobjetable.

Ante cualquier cuestión, en Casa Rosada vuelven a mencionar que no se moverán “un centímetro de la estrategia general de Trump”. Es por eso que, tal y como informó en exclusiva Infobae, la alianza estratégica llegó al punto de no convalidar nombres para la transición política en Venezuela (incluyendo a figuras como Edmundo González Urrutia y María Corina Machado) sin tener la venia de Washington, todo esto con el objetivo de no entorpecer las negociaciones políticas que Trump tiene con el régimen.
La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York acusó a Maduro y otros líderes del régimen de cuatro cargos:
- conspiración de narcoterrorismo,
- conspiración de importación de cocaína,
- posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos
- y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
Al comienzo del texto se indica que esa cúpula abusó “de sus posiciones de confianza pública y corrompido instituciones otrora legítimas para importar toneladas de cocaína a Estados Unidos” por más de 25 años.
La acusación marca que se ofreció “protección policial y apoyo logístico” a grupos narcotraficantes como el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua. En el documento se indica que Maduro está acusado de vender pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes y de facilitar vuelos bajo cobertura diplomática para traer ganancias del narcotráfico.
En el artículo del Times se menciona que el término Cartel de los Soles se empleaba de manera coloquial desde hace más de dos décadas para referirse en términos más generales a la presunta complicidad de funcionarios y militares corruptos de Venezuela. Es decir, no como una organización que se rigiera bajo esa denominación exacta, pero que sí mantenía y avalaba procedimientos que daban lugar a hechos delictivos.
Es por esa razón que la Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas de la Administración para el Control de Drogas (DEA), que detalla las principales organizaciones de narcotráfico, nunca ha mencionado al Cártel de los Soles. Tampoco lo ha hecho el Informe Mundial sobre Drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
La administración nacional de Javier Milei comunicó la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista el pasado 26 de agosto. En esa medida participaron funcionarios de la Presidencia de la Nación, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Cancillería. La medida finalmente se aplicó a través de la publicación de la Resolución Conjunta 4/2025.
“Este grupo criminal transnacional es encabezado por miembros de alto rango de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, incluidos Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, según un informe el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicado en marzo del 2020, donde se detallan sus actividades ilícitas, entre ellas el narcotráfico, el contrabando y la explotación ilegal de recursos naturales, así como vínculos con otras estructuras criminales en la región”, informaron en ese entonces.
A partir de ese momento, esa grupo fue incluido en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación.
Este listado habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales, al tiempo que protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos. Además, refuerza la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, en estrecha coordinación con socios regionales y multilaterales.

Semanas antes, la entonces ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, había mantenido un encuentro con el Subsecretario de Defensa para la Defensa Nacional y Asuntos Hemisféricos de EE.UU, Roosevelt Ditlevson; el Subsecretario de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental, Sr. Joseph M. Humire y el asesor especial del Presidente Trump sobre Asuntos del hemisferio Occidental en el National Security Council, Michael Jensen.
Allí se hablaron sobre medidas “para afrontar el grave daño que produce el denominado Cártel de los Soles en Venezuela, así como la actuación de otros grupos vinculados a este, como el Tren de Aragua”.
Al momento de la extracción y detención de Maduro, la Oficina del Presidente (OPRA) publicó un escrito en el que lo catalogó como “el mayor enemigo de la libertad en el continente”.
“Entre sus operaciones ha realizado interferencias electorales en Argentina, México, Colombia y Bolivia; ha empleado estrategias de infiltración en varios países del continente vía ataques de migración masiva; ha desarrollado alianzas con distintas ONGs progresistas para impulsar la izquierda radical en el mundo; ha fortalecido vínculos con Irán y Hezbolá; ha dado apoyo logístico a Hamás y a la guerrilla en Colombia; y todo esto lo ha financiado con ingresos del narcotráfico que derivan del Cartel de los Soles”, afirma.
Diplomacy / Foreign Policy,North America,NEW YORK CITY
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