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Espert firmó con Fred Machado un contrato por 1 millón de dólares justo antes de la campaña de 2019

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El 7 de junio de 2019, 15 días antes de presentarse formalmente como candidato a presidente, José Luis Espert firmó un contrato de “locación de servicios” por 1 millón de dólares con Federico “Fred” Machado, el empresario que este martes la Corte Suprema decidió extraditar a los Estados Unidos, donde lo juzgarán por delitos ligados al narcotráfico y el lavado de dinero.

El contrato, al que accedió de una fuente que lo conoció desde sus inicios, disponía que 100.000 dólares fueran abonados “en el acto de la suscripción” del acuerdo; es decir, cuando Espert estaba a dos semanas de empezar oficialmente su campaña; y el resto, “en nueve cuotas mensuales consecutivas e iguales”, todas de US$100.000 cada una, “a partir del mes siguiente al de la suscripción” del convenio, mediante “transferencia bancaria”.

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Machado firmó el contrato como “representante” de Minas del Pueblo, una empresa de Guatemala que era de él y que hoy también está investigada y que fue intervenida por la justicia estadounidense.

Machado, el mismo año de firma del contrato, le financió la campaña presidencial a Espert con vuelos en un avión privado -la Justicia detectó que fueron al menos 36- y una camioneta que puso a su disposición. En ese momento no era buscado por la justicia estadounidense. Todo esto fue admitido en las últimas horas por Espert, pero Machado habló además de otras “100 o 150 lucas” (no lo especificó, pero pareció aludir a 100.000 o 150.000 dólares) para “comida, hoteles, los aviones”. Nada de esto fue declarado como fondos de campaña.

Federico «Fred» Machado, cuando la Policía Federal fue a buscarlo a la casa familiar donde cumplía prisión domiciliaria para trasladarlo a una dependencia policial

La semana pasada, cuando todavía era el primer candidato a diputado de la Alianza La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Espert reconoció haber cobrado, en 2020, 200.000 dólares de Minas del Pueblo y admitió la firma de un convenio con Machado. No dijo que era por un millón de dólares ni que su redacción preveía que él recibiera pagos cuando estaba en la carrera presidencial. Dijo, por el contrario, que tuvo una reunión a mediados de 2019 con un hombre de Machado, pero que él le dijo que sólo una vez que terminara la campaña podría asumir el compromiso como asesor privado.

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Espert reconoció el pago horas después de que publicó una constancia oficial, emitida por el Bank of America, de la transferencia de 200.000 dólares que una firma ligada a Machado le había hecho a una cuenta bancaria en Nueva York. Antes, el candidato Juan Grabois había denunciado la existencia de ese pago, pero Espert se había negado a admitirlo.

Según el contrato al que tuvo acceso , Espert aceptó “la realización de un análisis de mercado y el asesoramiento integral para refinanciar deuda y confeccionar un plan estratégico de ampliación y crecimiento de la empresa a tres años, con su seguimiento y control, informando periódicamente al comitente sobre los avances del trabajo encomendado”.

En este punto, el contrato coincide con la versión de Espert -ratificada por Machado este martes- de que lo habían contratado para asesorar como economista a una minera “para la reestructuración de la deuda” que tenía.

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El acuerdo preveía una estrategia de “refinanciación” y una de “expansión”. En cuanto a la refinanciación establecía que “al tratarse de un proceso complejo” que requería “un asesoramiento especializado en estos temas”, era “necesario que se realice un estudio y evaluación profunda de la situación económica en concreto, señalando y analizando las necesidades a corto y largo plazo de la empresa”.

La redacción, poco convencional, le fijaba a Espert algunas pautas. Decía, por ejemplo: “Debemos tener en cuenta que la opción de una buena refinanciación de la deuda, es siempre preferible al concurso de acreedores”. Algunos tramos del contrato fueron redactados en primera persona: “Como no todos los procesos de refinanciación son iguales considero que siempre deben estar presentes los siguientes puntos”, afirmó en el documento quien parecer ser Machado, que enumeró, como primer punto a considerar la “Estrategia de la Compañía” y dijo que “la propuesta de refinanciación debe contener una estrategia inicial”. También sostuvo que “el plan debe plantear una negociación colectiva e individual” y que “contendrá una reducción de costos y la mayor generación de flujos de caja”.

José Luis Espert y Nazareno Etchepare, en 2019, delante del avión de Fred Machado

Además, el acuerdo preveía que se iba a plantear “la posible ampliación del capital, con aportes de sus accionistas u otros nuevos” y que en la propuesta habría “que buscar el equilibrio entre los intereses de la empresa y de los acreedores”.

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“Como estas operaciones de refinanciación de la deuda suelen ser procesos largos y complejos a los que hay que dar solución, es de vital importancia involucrar a asesores legales, fiscales y financieros apoyando al equipo”, preveía el documento dentro de la descripción de las tareas.

En cuanto a la “expansión”, pautaba que se elaborara un documento que reflejara “las grandes decisiones” que iban “a orientar la marcha de la sociedad hacia la gestión de excelencia”.

El contrato tenía un “tiempo estipulado para llevar a cabo el trabajo encomendado”, que era de doce meses contados a partir de la firma del convenio. Pero establecía: “Ambas partes expresan que el plazo convenido podrá ser prorrogado por acuerdo de ambas por el plazo que estimen conveniente”.

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Las pautas de los pagos estaban claramente fijadas: Espert debía cobrar “dentro de los primeros cinco días de cada mes”.

Y Machado renunciaba “expresamente a alegar cualquier impedimento derivado de fuerza mayor caso fortuito o disposición estatal de la que resultare la imposibilidad de dar cumplimiento a los pagos en la especie de moneda pactada”. Es decir, Espert se garantizaba cobrar -y en dólares- sin importar lo que pasara en Guatemala.

Espert relató que el contrato no avanzó porque él debía viajar a conocer la mina y la pandemia de Covid se lo impidió.

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El pacto tenía una parte dedicada a posibles “incumplimientos”. Decía: “Para el caso de que el prestador [Espert], no finalice el trabajo en el plazo establecido y no hubiere acuerdo en la prórroga del plazo facultará al comitente [Machado] a requerir al prestados a que de cumplimiento a su obligación dentro de los próximos (30) treinta días, vencidos los cuales sin que haya satisfecho su prestación quedará resuelto el contrato, pudiendo reclamar el comitente la devolución de las sumas entregadas y los daños y perjuicios ocasionados por la conducta de el prestador”.

En este caso, según el relato de Espert, no devolvió el dinero pese a que no terminó el trabajo, pero se debió a una razón de fuerza mayor, que fue la pandemia.

Por último, el contrato establecía que ante cualquier controversia que pudiera surgir, las partes acordaban someterse a “la competencia de los Tribunales Ordinarios de New York, de los Estados Unidos de América”.

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El contrato está firmado, de puño y letra, por Espert y Machado, y está acompañado por un acta de certificación de las firmas de un escribano público de la ciudad de Buenos Aires, fechado el 19 de junio de 2019, el miércoles previo al sábado en el que Espert se inscribió como precandidato a presidente para una elección en la que superó el corte de las PASO, el 11 de agosto, y finalmente quedó sexto (con 1,5% de los votos) en las generales de octubre.

Espert habló por primera vez de este contrato el jueves pasado, en el video que grabó en las oficinas de Santiago Caputo para explicar el cobro de los US$200.000. “Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista. Me contactó entonces el señor Iván Morales de la empresa Minas del Pueblo de Guatemala. Tuvimos una reunión hacia mediados de 2019. Lo que me solicitó fue asesoramiento sobre distintos proyectos que tenían y, sobre todo, consejo para reestructurar la deuda de la empresa que estaba activa y que tenía pocos años de existencia. Le dije que me interesaba, pero que tendría que esperar al fin del proceso electoral para volver a la actividad profesional».

Espert, en el video del jueves 2 de octubre, explica cuándo firmó el contrato en Guatemala

Espert relató: “Ese mismo año, competí en las elecciones presidenciales y perdí como en la guerra, y entonces volví a mi actividad privada. En enero de 2020, nuevamente ejerciendo mi profesión como consultor económico y habiendo finalmente firmado un contrato con aquella empresa, comencé a recabar información para emprender el trabajo acordado. A principios de febrero de este año, reitero, terminada la elección y totalmente dedicado a mi actividad privada de consultor, recibí un adelanto en virtud de ese contrato”.

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El sábado, en la última entrevista que dio antes de renunciar a su candidatura, ya blanqueó que el contrato lo había firmado con Machado. Dijo, en diálogo con radio Mitre: “La empresa era de Fred Machado. Yo el contrato lo firmo con Fred Machado. Es un contrato de trabajo para la reestructuración de la deuda. Era un trabajo muy profundo que tenía que ver con lo que yo hice toda la deuda, un trabajo profesional como economista (…). Yo firmé ese contrato en 2019, antes de ser candidato a presidente y cobré parte de ese contrato en el año 2020. Después se interrumpieron los pagos por la cuarentena porque yo debería haber viajado”. Según Espert, la ruptura la decidió él: “Después, cuando me entero de que es narco, digo: ‘Andá a cagar, no te agarro un mango más”. Y detalló que no devolvió el dinero. “Yo ya había hecho una parte bastante gorda del trabajo”.

Espert, sobre cuándo firmó el contrato con Machado (Mitre, sábado 4/10)
Espert, sobre cuándo firmó el contrato con Machado (Mitre, sábado 4/10)

Espert dice que no hubo pagos previos a 2020 y, si bien no se conoce registro alguno de transferencias que lo desmientan, el contrato establecía que durante la segunda mitad de 2019 Espert debía cobrar 100.000 dólares “dentro de los primeros cinco días de cada mes”.


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La esposa de Adorni pidió crédito en un organismo público que, ahora, LLA busca eliminar en la Ciudad

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A semanas de que se conociera que la esposa de Manuel Adorni viajó a Estados Unidos junto a la comitiva presidencial por la Argentina Week, la narrativa libertaria vuelve a enfrentar una contradicción. Es que Bettina Julieta Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, habría comprado una vivienda en Parque Avellaneda con un crédito del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), el mismo organismo que ahora La Libertad Avanza (LLA) busca cerrar como parte de un ajuste que propone en la Ciudad.

Según pudo saber , en diciembre de 2008, Bettina Julieta Angeletti, esposa de Adorni, accedió a un crédito del IVC para comprar un departamento ubicado en Bragado 4747, en el barrio porteño de Parque Avellaneda. A través del organismo porteño también adquirió una cochera en ese mismo domicilio. La transacción que le permitió acceder al inmueble de 52 metros cuadrados se realizó en el marco de los programas “Operatoria Terreno, Proyecto y Construcción” y “Operatoria Acceso Inmediato en Pesos” del organismo porteño.

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Manuel Adorni junto a su esposa Bettina AngelettiInstagram Bettina Angeletti

La compra del departamento -de acuerdo a fuentes oficiales- habría tenido un valor total de $104.654,89, financiados en 360 cuotas sociales -es decir, un plan de pago a 30 años– de $474, monto que incluye intereses. La cochera, en tanto, se habría adquirido por un valor total de $4000 financiados también en 360 cuotas de $19,10 con intereses.

En un listado de la cartera de préstamos del IVC publicado en 2015, Angeletti figura como beneficiaria de dos créditos del organismo. El documento da cuenta de un préstamo de 360 cuotas aprobado el 30 de marzo de 2009 por un total de $98.365,44 para la compra de un departamento ubicado en Bragado 4741. También está registrado un préstamo de 360 cuotas aprobado el 5 de mayo de 2009 por $3920,48 para la compra de una cochera en ese mismo edificio.

Documento oficial del Instituto de la Vivienda

Ambos créditos aparecen asociados a “TPYC -Bragado 4741″, siglas que coinciden con el nombre del programa “Operatoria Terreno, Proyecto y Construcción” citado por las fuentes consultadas. En planillas del IVC de 2019 y 2020, “TPYC Bragado 4741″ aparece en conjunto con otras alturas de la misma calle: “TPYC BRAGADO 4741/61/63/65″. En tanto, en el despacho 0397/18 de la Legislatura porteña, esas mismas direcciones (4761/63/65) aparecen en tándem -como pertenecientes al mismo complejo habitacional- con la dirección Bragado 4747, informada por las fuentes consultadas.

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Angeletti habría cancelado la deuda contraída por el IVC en agosto de 2024, después de que su esposo se incorporara al gobierno nacional como vocero presidencial. Alrededor de seis meses más tarde, el 14 de enero de 2025, Angeletti habría obtenido del Gobierno de la Ciudad la documentación que acreditaba el pago de la hipoteca y la titularidad de su vivienda social.

Bettina Angeletti, la esposa de Manuel AdorniInstagram Bettina Angeletti

Que la esposa de Adorni utilizara un crédito del IVC para comprar un inmueble tensiona el discurso de LLA, que impulsa la eliminación del organismo bajo el argumento de que no ha logrado brindar “soluciones efectivas para quienes buscan acceder a la vivienda”.

El legislador libertario Nicolás Pakgojz -cercano a Pilar Ramírez, alfil de Karina Milei en la ciudad y presidenta del bloque violeta en la Legislatura porteña- es el autor del proyecto que busca cerrar el instituto y reasignar sus partidas presupuestarias. La iniciativa fue presentada ante el parlamento local el pasado 16 de marzo y tiene como coautores, entre otros, a la propia Ramírez -que difundió la propuesta en su cuenta de X- y Marcelo Gregorio Ernst, quien asumió su banca como reemplazante de Adorni luego de que el funcionario nacional decidiera permanecer en Casa Rosada.

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“La continuidad del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IVC), creado por la Ley N° 1.251, constituye un claro ejemplo de un esquema estatal que prioriza el sostenimiento de su propia estructura antes que la eficacia de la política pública que dice ejecutar», dice el proyecto presentado por el partido de Javier Milei.

Según cifras citadas en el texto, la mayor parte del presupuesto se destina a gastos operativos asociados al personal y funcionamiento general del organismo en detrimento de los programas de crédito. La iniciativa detalla que “el programa ‘Créditos Ley 341/964′ registra $4.026 millones (aprox 3,6% del total del IVC) y, dentro de ese programa, los ‘préstamos a largo plazo’ alcanzan apenas $1.045 millones (menos del 1% del total del Instituto)“. Estos últimos corresponden al tipo de crédito tomado por la esposa de Adorni.


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Mahiques anunció el inicio del proceso formal para enviar al Senado 62 pliegos que cubrirán vacantes en la Justicia

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El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, anunció que enviará el pedido formal a la Cámara de Senadores para cubrir los cargos vacantes que hay en el Poder Judicial. Esto se da después de un nuevo encuentro que mantuvo en la Casa Rosada con el presidente Javier Milei.

Según publicó en su cuenta de X, el titular de la cartera judicial señaló: “Hoy iniciamos el proceso formal para enviar al Senado de la Nación los primeros 62 pliegos de jueces, fiscales, defensores y conjueces destinados a cubrir vacantes en los fueros: penal, penal económico, civil (familia), comercial, contencioso administrativo y seguridad social”.

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Y agregó: “Se trata de cargos que hace años se encuentran sin titular, lo que impacta directamente en el funcionamiento del sistema judicial. Con la decisión política del presidente @jmilei cubrir estas vacantes no es una opción: es una condición básica para que la Justicia funcione como corresponde”.

Hoy por la mañana, el propio jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó el envío a la Cámara Alta y sostuvo: “Para el Gobierno, la Justicia es un pilar fundamental de la gestión y de la relación con la ciudadanía. Hoy, 364 mil cargos de la Justicia Federal están vacantes, haciendo funcionar a la justicia casi al 60 % de capacidad de sus responsabilidades, paralizando una de las funciones básicas del Estado y profundizando la anomia social”.

“Durante demasiado tiempo, la corrupción y la judicialización del debate público detuvieron por completo el nombramiento de nuevos jueces, ya que cada nuevo juez federal y nacional podía ser un futuro problema. Esto se termina”, continuó.

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En una entrevista con Infobae, el propio Mahiques sostuvo que el Presidente «quiere una Justicia cercana a la gente, confiable, rápida. El servicio de justicia tiene una deuda con la sociedad, el presidente quiere saldarla y ese es su objetivo“.

Mahiques aclaró que el criterio para esa primera etapa no será político sino de funcionamiento. “La prioridad son los fueros que están colapsados”, explicó. Entre ellos mencionó al fuero de familia, al civil, al penal ordinario de instrucción de la Ciudad de Buenos Aires y a la Cámara Penal Económica, donde —según describió— la falta de magistrados ya impacta directamente en el servicio de justicia.

En las últimas horas, el ministro también anunció que comenzarán a redactar un nuevo Código Penal por pedido del mandatario. De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes oficiales, el encuentro se realizó el martes por la tarde y contó también con la presencia de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

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Juan Bautista Mahiques y el presidente Javier Milei

Entre las figuras que se van a incorporar, y tal como había anticipado este medio, están temas “migratorios, estafas piramidales, viuda negra, salideras y entraderas, motochorro, daño animal, armas en las cárceles, picadas y centralidad sobre las víctimas”.

Si bien era uno de los proyectos a tratar en estas sesiones ordinarias, antes de remitirlo para su tratamiento legislativo, el funcionario se propuso revisar el texto que había dejado preparado su antecesor, Mariano Cúneo Libarona, y optó por hacer varios cambios.

“El envío del proyecto se mantiene pero, conscientes de que es un proceso y que el nuevo código requiere revisiones, el Presidente considera que hay temas que no pueden seguir demorándose porque son delitos que están afectando el día a día”, explicaron fuentes calificadas.

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Así las cosas, si bien la intención del Gobierno es presentar un texto integral en un futuro cercano, por el momento será un paquete más reducido.

“Van a debatir con el Presidente todos los puntos de la iniciativa, con la visión del ministro, pero la idea es tener un Código Penal que respete los principios liberales”, señaló una persona al tanto de las conversaciones, momentos antes de la reunión.

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Estamos bien, pero vamos mal

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Durante los dos primeros y sufridos años de su Presidencia, Carlos Menem popularizó una frase que diagnosticaba la situación nacional: “Estamos mal, pero vamos bien”. Javier Milei, que suele mirarse en el espejo de Carlos Menem, podría describir el trance actual invirtiendo esa fórmula: “Estamos bien, pero vamos mal”. El Presidente disfruta de niveles de aceptación superiores a los de quienes lo precedieron. Se puede ufanar de logros valiosos, como la reducción de la inflación y la mejora en la administración de la política social, que incluye la recuperación del espacio público para los transeúntes, en especial en la ciudad de Buenos Aires. Estamos bien. Sin embargo, las encuestas registran un fenómeno delicado: no sólo ha caído la imagen positiva de su administración; también se han deteriorado las expectativas sobre la capacidad del oficialismo para alcanzar algunos objetivos importantes. Vamos mal.

Esta modificación en el clima colectivo está determinada por tres factores que se potencian entre sí. Uno es la parálisis de la actividad económica en sectores que están muy asociados al humor popular. Sobre todo, el consumo. Otro, asociado al anterior, es el cambio en las prioridades de la ciudadanía. Comienzan a prevalecer la preocupación por la conservación del empleo y por el poder adquisitivo del salario. El tercer factor es la aparición de escándalos de corrupción, que se recortan con más nitidez sobre el paisaje del malhumor.

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Desde el punto de vista político, hay una incógnita que todavía es imposible despejar. Cuándo la combinación de estos vectores negativos terminará facilitando la aparición de un actor capaz de convertirse en una alternativa a La Libertad Avanza. Eso todavía no está a la vista. Y tal vez no lo esté en el futuro inmediato, si es que el Gobierno logra revertir su declinación. Este último es el más importante de los interrogantes.

El nivel de aceptación de la gestión de Milei es muy razonable. Según el consultor Hugo Haime está en 37%. Es superior al que tenían Cristina Kirchner y Alberto Fernández, para el mismo momento, en sus respectivas presidencias: 33%. También al de Mauricio Macri: 35%. Sin embargo, es el más bajo desde que llegó a la Casa Rosada. Regresó al mismo piso en que estaba antes de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre pasado.

La Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés (Udesa) pinta un cuadro similar, aunque un poco más sombrío. La marcha general de las cosas despierta una satisfacción del 33%, lo que supone una caída de 7 puntos desde diciembre. La de Macri para la misma época era del 36%. La desaprobación de la administración actual es del 59%, lo que representa un aumento también de 7 puntos desde fin de año.

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La imagen actual es razonable. El problema aparece en una dimensión dinámica. Según Haime, las expectativas de que haya una mejoría a un año cayeron 5 puntos en el último mes: están en 35%. Diez puntos menos que en diciembre. La percepción de una mejora en los últimos tres meses es de 16%. Quiere decir que se derrumbó 11 puntos en el último mes. La idea de que las cosas van a empeorar se mantiene en 53%.

Udesa detectó una visión del futuro más pesimista: 46% cree que el país estará peor en un año. En cambio, 30% espera una mejora y 16% supone que seguirá igual.

Las expectativas sociales siempre son cruciales para que el que gobierna conserve el poder. En el caso de un elenco que carece de mayorías en el Congreso y también de control territorial, son más importantes todavía. Los dirigentes de la oposición están dispuestos a colaborar con el Gobierno cuando advierten que su propia base bendice las decisiones que se están tomando. Cuando se percibe un clima negativo, los políticos se apartan del oficialismo, aunque crean que su gestión es aceptable. Hay una relación más o menos directa entre expectativas y gobernabilidad.

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Sobre este cuadro se recortan los escándalos que despiertan sospechas de corrupción. Ayer volvió a ganar el primer plano la peripecia del jefe de Gabinete Manuel Adorni. La situación de Adorni es complicada no sólo por los hechos que protagonizó. También, y acaso más todavía, por las lagunas y contradicciones que él produce a la hora de explicarlos.

Las incoherencias son llamativas. Adorni alegó que su patrimonio se constituyó con los ingresos que tenía antes de ingresar al Gobierno. Pero cuando debió explicar por qué en su declaración jurada no aparecen determinados bienes, como una casa en un country de Exaltación de la Cruz, se justificó en que esa declaración jurada todavía no había vencido. Quiere decir que admitió que hay activos que no fueron declarados y que ya poseía antes de entrar al Estado. ¿Podrá mostrar las fechas de las escrituras? Adorni tiene una coartada: la casa del country está a nombre de su esposa, la monotributista Bettina Angeletti. ¿Figurará en la declaración jurada de Angeletti? Por ser su cónyuge está obligada a presentar una, que permanece como información reservada en los archivos de la administración, salvo que un juez la requiera.

Ayer se presentó otro inconveniente. Adorni tiene un departamento que tampoco declaró. Ya son varios inmuebles. Va en camino a ser Cristian Ritondo, quien acuñó, para risotadas de sus amigos de Mataderos, una frase memorable: “Los escándalos pasan, pero las propiedades quedan”. Los Adorni se han mudado a ese departamento de la calle Miró al 500. Figura a nombre del jefe de Gabinete. Quiere decir que hubo una omisión en la declaración. O hubo un incremento patrimonial a partir de diciembre de 2023. Porque el otro departamento, el de la calle Asamblea, en Parque Chacabuco, donde vivió hasta hace, todavía no se pudo vender. A propósito de esa vivienda: en la declaración jurada figura con 115 metros cuadrados, pero se ofrece en Zonaprop como si tuviera 191 metros cuadrados. Atención eventuales compradores con esa diferencia, aunque sea una minucia.

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El malhadado viaje a Punta del Este también se transformó en un calvario para Adorni. Ayer dijo que pagó la parte proporcional a su familia. Se supone que la cobró su amigo Marcelo Grandio, contratista de la TV Pública, que está a cargo del jefe de Gabinete. Todavía no apareció ni una transferencia de Adorni a Grandio ni un recibo de Grandio a Adorni. Se habrán perdido en la mudanza de Asamblea a Miró. ¿Y el viaje de vuelta? Porque los Adorni regresaron solos. Es verdad, por ese tramo apareció una factura con fecha del 9 de marzo. Es decir, 20 días después de que se realizó la travesía. Con una curiosidad: 9 de marzo es la fecha en que se conoció la existencia de ese traslado. Como comentó un viejo dirigente peronista: “Se nota que a Adorni le falta mucho para ser casta. En la casta lo primero que te enseñan, si querés usar un avión privado, es que antes de despegar ya tenés que tener la factura”.

Cuando se supo que habría una conferencia de prensa de Adorni, se especuló con que ofrecería la documentación capaz de despejar todas las dudas. Por ejemplo, escrituras de propiedades y facturas y transferencias del pago de los vuelos. Adorni no pudo presentar nada. Al contrario, oscureció todo mucho más. Se quejó de que el periodismo informaba tergiversando la información sobre su nivel de vida. Y, al mismo tiempo, dijo que no daría esa información, que permitiría corregir esos supuestos errores. Arguyó que está en manos del Poder Judicial. Es un problema, porque si terminan por conocerse esos datos, aparecerá el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques diciendo que las causas deben ser anuladas porque hubo filtraciones.

Con su trabajosa manera de razonar, Adorni insistió en dos inconsistencias sorprendentes. Una es afirmar que hay decisiones, como la de viajar en un jet particular, que pertenecen a su vida privada. Adorni todavía ignora que como funcionario carece de vida privada, sobre todo a la hora de realizar gastos. La otra coartada es que el gobierno de Milei puso la vara moral muy alta. Por eso los escándalos. Es decir: no es que él haya hecho cosas incorrectas; el problema es que el patrón moral establecido es muy exigente. ¿Habrá que relajarlo para evitar nuevas tormentas? Hay una nota del show de ayer que le da un aspecto extravagante: Adorni exhibe su falta de sagacidad y sus infinitas torpezas con una arrogancia tan infundada que viró del patetismo a la comicidad. El pobre jefe de Gabinete parece guionado por el genial Pedro Saborido.

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La conferencia de prensa de ayer daña al oficialismo en una escala subliminal. Muestra a gente muy poco competente. Se supone que, antes de exponerse, Adorni se había entrenado con un equipo encabezado por Santiago Caputo, el “Mago del Kremlin”, y otros expertos en comunicación. ¿Esos especialistas permitieron que el funcionario aparezca ante las cámaras de TV tan desprovisto de pruebas y argumentos? ¿O los defectos en el entrenamiento son otra agresión a Karina Milei, madrina de Adorni? Si el mismo profesionalismo rige para otras decisiones de la administración se corroboraría el dictamen: estamos bien, pero vamos mal.

Al elenco que gobierna le faltará mucho para ser casta, pero ya reacciona como casta ante este tipo de problemas. Por ejemplo, selecciona a sus funcionarios para encontrar algún salvataje judicial. Así se entiende la llegada a Mahiques al Ministerio de Justicia. Sus primeras apariciones no estuvieron destinadas a explicar sus políticas en la materia. Las dedicó a ejercer la abogacía defensora de Milei y de su hermana, Karina, la secretaria general de la Presidencia, enredada también en problemas judiciales. Las declaraciones de Mahiques fueron llamativas porque parecían ser veladas instrucciones a los jueces sobre cómo manejar los expedientes para lograr un resultado absolutorio. Por ejemplo, declarar nulo un peritaje si se filtró a los medios. Aunque ya estuviera incorporado como prueba antes de la supuesta filtración.

Una versión muy fidedigna, surgida de las entrañas del Gobierno, afirma que Mahiques se incorporó al gabinete gracias a estas prestaciones. Con más detalle: como él es un engranaje más en el universo de la AFA, habría conseguido los audios de Diego Spagnuolo en los que se hablaba de coimas tributadas a la señorita Milei, a cambio de que ella lo promueva como ministro. No serían tanto los audios que se conocieron como otros que estarían en poder de Pablo Toviggino. Mahiques y Toviggino tienen una relación de intimidad. El actual ministro suministró al tesorero de la AFA todo un grupo de abogados. Sobre todo uno, Ignacio Jakim, que es un subordinado completo de Mahiques. Jakim tuvo un costoso percance con una empresa de importación de electrónicos que aprovechaba un acceso privilegiado a dólares oficiales de la que también habrían participado Mahiques y Toviggino. Tiempos de Sergio Massa, al que ahora le reprochan que “no avisó que ‘el rulo’ se terminaba”. Toviggino, Jakim, Mahiques, Karina Milei: ese sería el circuito que siguieron los audios para que Mahiques ingrese al poder.

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Con el mismo propósito, controlar las causas judiciales que se han vuelto una pesadilla, desde el entorno de Karina Milei se han aproximado al tenebroso Antonio Stiuso y a su secretario privado, Lucas Nejamkis. Sería para fortalecer su influencia en la SIDE, adquirida por decisión del “Mago” Caputo. Stiuso y Nejamkis habrían cruzado de vereda y ya consiguieron una comida, dicen en el Gobierno, con Eduardo “Lule” Menem. Si esta versión, en la que insisten diversas fuentes muy bien informadas, fuera cierta, entrañaría una curiosidad. Hace dos semanas, Stiuso y Nejamkis comieron con Massa en el restaurante Roldán. ¿Massa será parte del manejo del espionaje de Milei? Para el excandidato peronista sería una noticia invalorable. Desde hace meses no duerme, angustiado por su proximidad con Toviggino y, sobre todo, con el matrimonio Faroni, que intermedió millonadas de dólares de contratos sospechosos de la AFA.

Stiuso puede hipnotizar a Karina Milei con dos expedientes que la tienen en vilo. Uno es el de la criptomoneda $Libra, que está en manos de Marcelo Martínez de Giorgi. Ese juez, a quien en Comodoro Py denominan “el nuevo Oyarbide”, tiene una dependencia umbilical con Stiuso, que fue quien hace años, en una oficina de la Secretaría de Inteligencia, le ofreció el cargo. La otra causa es la de las supuestas coimas relatadas por Spagnuolo, que están en manos de Ariel Lijo. Este juez era otro de los comensales de Roldán aquella noche. ¿Será capaz Stiuso de presionar con estos casos para recuperar influencia en la SIDE? Por supuesto, es una pregunta retórica.

En este ajedrez hay una línea de conflicto. Mahiques y Lijo quieren lo mismo: la Procuraduría General de la Nación, es decir, la jefatura de todos los fiscales nacionales y federales del país. Mahiques contaría para esta carrera con el apoyo de Mauricio Macri. El ministro de Milei ha sido siempre un gestor judicial del Pro. Su amigo Jakim integró el gobierno de María Eugenia Vidal por iniciativa del entonces ministro de Justicia, Gustavo Ferrari. A propósito de Ferrari, estaría por incorporar a su estudio al juez federal Julián Ercolini, apenas se jubile. La esposa de Ercolini, Julia Kenny, fue vocera de Germán Garavano, ministro de Justicia de Macri, alter ego de Ferrari. Con Garavano el actual ministro Mahiques fue subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial.

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Los Mahiques son esenciales para el Pro. Sobre todo para Macri. El padre del ministro, Carlos Mahiques, el boxindanga, firmó aquel escandaloso pronunciamiento de la Cámara de Casación, en el marco de la causa “Cuadernos”, que admitía que Ángelo Calcaterra, primo hermano de los Macri, no había pagado coimas al kirchnerismo, sino que sólo había hecho aportes de campaña. La tempestad que se provocó con ese fallo llevó a la Cámara a anularlo. Lo hicieron dos de los jueces que lo habían suscripto: Diego Barroetaveña y Daniel Petrone. Mahiques, en cambio, insistió con que no hubo coimas.

Alrededor de los audios de Spagnuolo hay otra causa: la que debe determinar si fueron obtenidos de manera delictiva, con grabaciones subrepticias que violan la Ley de Inteligencia. Esa investigación está en manos de Carlos Stornelli. Un manjar para el fiscal. Porque una presunción muy extendida es que esos audios de Spagnuolo pasaron por las manos de Franco Bindi, el esposo de Marcela Pagano, que es un abogado vinculado al ambiente del espionaje. Siempre se sospechó que Bindi, por una venganza contra el falso espía Marcelo D’Alessio, organizó la denuncia que pretendía demostrar que Stornelli intervenía en operaciones extorsivas. De todos modos, no está claro que Bindi haya efectuado las grabaciones. Quienes conocen los movimientos de Spagnuolo apuntan a Fernando Cerimedo, cuya esposa había sido jefa de gabinete del “arrepentido”, o a Guillermo Montenegro, expareja de Victoria Villarruel. De todos modos, esos audios habrían estado en los archivos de Bindi, que los habría puesto a disposición de Toviggino para divulgarlos a través de la plataforma Carnaval.

Estas tramas policiales se proyectan sobre la gestión Milei de una manera muy riesgosa: comienza un método de selección de funcionarios, en la SIDE o en Justicia, cuyo principal criterio es conseguir zafar en tribunales. Es un procedimiento peligroso, porque Milei termina incorporando a su equipo a personajes que tienen una historia ancestral de enfrentamientos y pases de facturas. Es decir, se inocula todo un pasado de conflictos de los que ni siquiera está enterado. Todo con una premisa de difícil cumplimiento: que lo van a proteger.

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La remodelación de la administración que se realiza de este modo tiene otro motor determinante: la guerra a muerte entre Karina Milei y el “Mago” Caputo. Uno de los frentes de batalla todavía no se abrió: es ARCA, territorio de Caputo y de su mano derecha, Manuel Vidal. Los que saben aseguran que ARCA, la antigua AFIP, puesta bajo el mando del muy experimentado Andrés Vázquez, es la verdadera central del espionaje de todos los gobiernos. Además, allí está la Aduana, que es el paraíso perdido de Stiuso. ¿Habrá cambios? En los últimos días muchos conocedores juran que regresará el equipo de Guillermo Michel, que dominó la Aduana durante la gestión de Massa. Pero no debería asombrar que quede Vázquez. ¿Michel ya se reunió con Karina Milei para garantizar la avanzada? Habladurías.

De nuevo surgen perplejidades. ¿Milei entregará un resorte tan decisivo a gente muy vinculada a Massa? Es cierto que Michel, que formó parte de un sistema escandaloso de manejo de recursos, comenzó a desplegar su propia historia. Sería un error, sin embargo, ver este eventual acuerdo, todavía imaginario, como una novedad completa. El hombre más cercano a Michel, socio suyo en un estudio jurídico de la avenida Callao y Vicente López, Sergio “Nono” Vargas, se convirtió en senador bonaerense desde las listas de Milei gestionadas por Karina. Era la época en que desde el massismo se financiaba la campaña de La Libertad Avanza para quebrar al Pro, sobre todo en el conurbano bonaerense. Al menos eso dicen. Después Vargas se apartó del oficialismo e integra lo que se conoce como La Libertad Avanza Blue.

La Aduana es un territorio colonizado por el “Mago” bajo la cobertura del poderoso Leonardo Scatturice, a quien muchos respetan como si fuera casi un socio, si no un jefe, de Caputo. Esto para que no se crea que Karina Milei, o el desopilante Adorni, tienen el monopolio de la opacidad dentro del Gobierno. Sería de esperar que, antes de que lleguen las brigadas de Michel, si es que llegan, el juez Pablo Yadarola consiga desentrañar con quien habló por teléfono aquella agente de Aduana que, cuando terminó la llamada, desistió de revisar las valijas que traía Laura Belén Arrieta, la solitaria viajera del Bombardier negro del audaz Scatturice. Un aspecto relevante de la guerra de Karina Milei con el “Mago” Caputo es la intriga que genera en la hermana del Presidente que ella tenga que responder a todas las preguntas, pero Caputo pase debajo del radar en operaciones tan sospechosas como la de esa mañana en Aeroparque. O los multimillonarios contratos de Scatturice en Educ.ar. A propósito: cuando todo era armonía, Adorni negó que aquel día hubieran llegado valijas que no se revisaron. Tuvieron que desmentirlo los fiscales. ¿Sus actuales desmentidas tendrán la misma calidad?

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El fresco tan poco edificante que se va configurando con estos episodios se vuelve más inconveniente en un clima económico recesivo. La encuesta de Haime coincide con la de Udesa en que los bajos salarios y la falta de trabajo son, de lejos, los principales problemas de la ciudadanía. A la par está la corrupción. Suele suceder que de un modo no del todo consciente la gente relacione la plata que, supone, se llevan los políticos, con la que le falta a ella misma para hacer las compras en el supermercado o pagar la cuota de un crédito al banco o a la financiera. Porque también la morosidad se disparó.

En septiembre del año pasado, cuando estaba en el mismo piso que ahora en materia de consideración popular, Milei logró revertir la caída. Así ganó las elecciones, cheque de Donald Trump mediante. Hoy sigue disfrutando de un activo inigualable: no existe una fuerza alternativa. Los que intentan formarla, como Michel, asociado a una liga federal de dirigentes peronistas, tal vez sean capaces de tentarse con una caja que les ofrecen desde el Gobierno. Sin embargo, hay un vector capaz de crear las condiciones para cubrir ese lugar que hoy está vacante. Ese vector es el malestar socioeconómico, que deteriora el optimismo. Si se repasa la cuenta de X de Milei se corrobora que su única obsesión es la inflación. El problema productivo para él es el invento de una conspiración opositora. Allí se juega la batalla por las expectativas. La presunción creciente de que estamos bien, pero vamos mal.


Carlos Pagni,Manuel Adorni,Conforme a,Manuel Adorni,,Para comprar un departamento. La esposa de Adorni pidió crédito en un organismo público que, ahora, LLA busca eliminar en la Ciudad,,Transparencia vs. opacidad. Un país que no responde preguntas,,El amigo de Adorni. La TV Pública no renovará el contrato con Marcelo Grandio y solo queda en pie un convenio con su hijo para el streaming

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