POLITICA
Espert firmó con Fred Machado un contrato por 1 millón de dólares justo antes de la campaña de 2019
El 7 de junio de 2019, 15 días antes de presentarse formalmente como candidato a presidente, José Luis Espert firmó un contrato de “locación de servicios” por 1 millón de dólares con Federico “Fred” Machado, el empresario que este martes la Corte Suprema decidió extraditar a los Estados Unidos, donde lo juzgarán por delitos ligados al narcotráfico y el lavado de dinero.
El contrato, al que accedió de una fuente que lo conoció desde sus inicios, disponía que 100.000 dólares fueran abonados “en el acto de la suscripción” del acuerdo; es decir, cuando Espert estaba a dos semanas de empezar oficialmente su campaña; y el resto, “en nueve cuotas mensuales consecutivas e iguales”, todas de US$100.000 cada una, “a partir del mes siguiente al de la suscripción” del convenio, mediante “transferencia bancaria”.
Machado firmó el contrato como “representante” de Minas del Pueblo, una empresa de Guatemala que era de él y que hoy también está investigada y que fue intervenida por la justicia estadounidense.
Machado, el mismo año de firma del contrato, le financió la campaña presidencial a Espert con vuelos en un avión privado -la Justicia detectó que fueron al menos 36- y una camioneta que puso a su disposición. En ese momento no era buscado por la justicia estadounidense. Todo esto fue admitido en las últimas horas por Espert, pero Machado habló además de otras “100 o 150 lucas” (no lo especificó, pero pareció aludir a 100.000 o 150.000 dólares) para “comida, hoteles, los aviones”. Nada de esto fue declarado como fondos de campaña.
La semana pasada, cuando todavía era el primer candidato a diputado de la Alianza La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Espert reconoció haber cobrado, en 2020, 200.000 dólares de Minas del Pueblo y admitió la firma de un convenio con Machado. No dijo que era por un millón de dólares ni que su redacción preveía que él recibiera pagos cuando estaba en la carrera presidencial. Dijo, por el contrario, que tuvo una reunión a mediados de 2019 con un hombre de Machado, pero que él le dijo que sólo una vez que terminara la campaña podría asumir el compromiso como asesor privado.
Espert reconoció el pago horas después de que publicó una constancia oficial, emitida por el Bank of America, de la transferencia de 200.000 dólares que una firma ligada a Machado le había hecho a una cuenta bancaria en Nueva York. Antes, el candidato Juan Grabois había denunciado la existencia de ese pago, pero Espert se había negado a admitirlo.
Según el contrato al que tuvo acceso , Espert aceptó “la realización de un análisis de mercado y el asesoramiento integral para refinanciar deuda y confeccionar un plan estratégico de ampliación y crecimiento de la empresa a tres años, con su seguimiento y control, informando periódicamente al comitente sobre los avances del trabajo encomendado”.
En este punto, el contrato coincide con la versión de Espert -ratificada por Machado este martes- de que lo habían contratado para asesorar como economista a una minera “para la reestructuración de la deuda” que tenía.
El acuerdo preveía una estrategia de “refinanciación” y una de “expansión”. En cuanto a la refinanciación establecía que “al tratarse de un proceso complejo” que requería “un asesoramiento especializado en estos temas”, era “necesario que se realice un estudio y evaluación profunda de la situación económica en concreto, señalando y analizando las necesidades a corto y largo plazo de la empresa”.
La redacción, poco convencional, le fijaba a Espert algunas pautas. Decía, por ejemplo: “Debemos tener en cuenta que la opción de una buena refinanciación de la deuda, es siempre preferible al concurso de acreedores”. Algunos tramos del contrato fueron redactados en primera persona: “Como no todos los procesos de refinanciación son iguales considero que siempre deben estar presentes los siguientes puntos”, afirmó en el documento quien parecer ser Machado, que enumeró, como primer punto a considerar la “Estrategia de la Compañía” y dijo que “la propuesta de refinanciación debe contener una estrategia inicial”. También sostuvo que “el plan debe plantear una negociación colectiva e individual” y que “contendrá una reducción de costos y la mayor generación de flujos de caja”.
Además, el acuerdo preveía que se iba a plantear “la posible ampliación del capital, con aportes de sus accionistas u otros nuevos” y que en la propuesta habría “que buscar el equilibrio entre los intereses de la empresa y de los acreedores”.
“Como estas operaciones de refinanciación de la deuda suelen ser procesos largos y complejos a los que hay que dar solución, es de vital importancia involucrar a asesores legales, fiscales y financieros apoyando al equipo”, preveía el documento dentro de la descripción de las tareas.
En cuanto a la “expansión”, pautaba que se elaborara un documento que reflejara “las grandes decisiones” que iban “a orientar la marcha de la sociedad hacia la gestión de excelencia”.
El contrato tenía un “tiempo estipulado para llevar a cabo el trabajo encomendado”, que era de doce meses contados a partir de la firma del convenio. Pero establecía: “Ambas partes expresan que el plazo convenido podrá ser prorrogado por acuerdo de ambas por el plazo que estimen conveniente”.
Las pautas de los pagos estaban claramente fijadas: Espert debía cobrar “dentro de los primeros cinco días de cada mes”.
Y Machado renunciaba “expresamente a alegar cualquier impedimento derivado de fuerza mayor caso fortuito o disposición estatal de la que resultare la imposibilidad de dar cumplimiento a los pagos en la especie de moneda pactada”. Es decir, Espert se garantizaba cobrar -y en dólares- sin importar lo que pasara en Guatemala.
Espert relató que el contrato no avanzó porque él debía viajar a conocer la mina y la pandemia de Covid se lo impidió.
El pacto tenía una parte dedicada a posibles “incumplimientos”. Decía: “Para el caso de que el prestador [Espert], no finalice el trabajo en el plazo establecido y no hubiere acuerdo en la prórroga del plazo facultará al comitente [Machado] a requerir al prestados a que de cumplimiento a su obligación dentro de los próximos (30) treinta días, vencidos los cuales sin que haya satisfecho su prestación quedará resuelto el contrato, pudiendo reclamar el comitente la devolución de las sumas entregadas y los daños y perjuicios ocasionados por la conducta de el prestador”.
En este caso, según el relato de Espert, no devolvió el dinero pese a que no terminó el trabajo, pero se debió a una razón de fuerza mayor, que fue la pandemia.
Por último, el contrato establecía que ante cualquier controversia que pudiera surgir, las partes acordaban someterse a “la competencia de los Tribunales Ordinarios de New York, de los Estados Unidos de América”.
El contrato está firmado, de puño y letra, por Espert y Machado, y está acompañado por un acta de certificación de las firmas de un escribano público de la ciudad de Buenos Aires, fechado el 19 de junio de 2019, el miércoles previo al sábado en el que Espert se inscribió como precandidato a presidente para una elección en la que superó el corte de las PASO, el 11 de agosto, y finalmente quedó sexto (con 1,5% de los votos) en las generales de octubre.
Espert habló por primera vez de este contrato el jueves pasado, en el video que grabó en las oficinas de Santiago Caputo para explicar el cobro de los US$200.000. “Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista. Me contactó entonces el señor Iván Morales de la empresa Minas del Pueblo de Guatemala. Tuvimos una reunión hacia mediados de 2019. Lo que me solicitó fue asesoramiento sobre distintos proyectos que tenían y, sobre todo, consejo para reestructurar la deuda de la empresa que estaba activa y que tenía pocos años de existencia. Le dije que me interesaba, pero que tendría que esperar al fin del proceso electoral para volver a la actividad profesional».
Espert relató: “Ese mismo año, competí en las elecciones presidenciales y perdí como en la guerra, y entonces volví a mi actividad privada. En enero de 2020, nuevamente ejerciendo mi profesión como consultor económico y habiendo finalmente firmado un contrato con aquella empresa, comencé a recabar información para emprender el trabajo acordado. A principios de febrero de este año, reitero, terminada la elección y totalmente dedicado a mi actividad privada de consultor, recibí un adelanto en virtud de ese contrato”.
El sábado, en la última entrevista que dio antes de renunciar a su candidatura, ya blanqueó que el contrato lo había firmado con Machado. Dijo, en diálogo con radio Mitre: “La empresa era de Fred Machado. Yo el contrato lo firmo con Fred Machado. Es un contrato de trabajo para la reestructuración de la deuda. Era un trabajo muy profundo que tenía que ver con lo que yo hice toda la deuda, un trabajo profesional como economista (…). Yo firmé ese contrato en 2019, antes de ser candidato a presidente y cobré parte de ese contrato en el año 2020. Después se interrumpieron los pagos por la cuarentena porque yo debería haber viajado”. Según Espert, la ruptura la decidió él: “Después, cuando me entero de que es narco, digo: ‘Andá a cagar, no te agarro un mango más”. Y detalló que no devolvió el dinero. “Yo ya había hecho una parte bastante gorda del trabajo”.
Espert dice que no hubo pagos previos a 2020 y, si bien no se conoce registro alguno de transferencias que lo desmientan, el contrato establecía que durante la segunda mitad de 2019 Espert debía cobrar 100.000 dólares “dentro de los primeros cinco días de cada mes”.
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POLITICA
El Gobierno no incluirá en extraordinarias el proyecto de las Sociedades Anónimas Deportivas
En medio de la confrontación con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, el Gobierno resolvió no ir a fondo y, por lo tanto, no incluir el tratamiento de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el temario de las sesiones extraordinarias.
Sin embargo, el Ejecutivo seguirá antagonizando con el mandamás del fútbol argentino desde la tribuna mediática en la puja que tiene lugar entre esta entidad y Estudiantes tras la reacción del club y el equipo pincharrata al polémico título que le dieron a Rosario Central.
Un gremio de árbitros acusó a la AFA de manipular los resultados de los partidos
Desde Balcarce 50 son partidarios de avanzar con un marco jurídico que permita la participación de actores privados en el fútbol, pero aseveran que no es el momento para hacerlo.
No están dadas las condiciones objetivas
Entre las razones para no incluir a las SAD en las extraordinarias se encuentran el buen vinculo que mantiene la Selección Argentina de fútbol con el presidente de la AFA y la influencia que este tiene en la FIFA, en donde goza de una buena relación con su titular Gianni Infantino. Esta precaución tiene a la proximidad del Mundial 2026 como telón de fondo.
A su vez, desde el Gobierno rechazan la posibilidad de impulsar una resolución o intervención desde la Inspección General de Justicia (IGJ). Por el momento, las acciones se limitan a la denuncia hecha por la DGI contra el financista Ariel Vallejos, dueño de Sur Finanzas y parte del circulo de poder de Tapia.
En medio del escándalo, la financiera vinculada a “Chiqui” Tapia se puso a disposición de la Justicia
Sin embargo, desde el Ejecutivo cuentan con una carta a su favor para presionar por las SAD y es su firma en la renovación de la cesión del predio de Ezeiza, que tendrá lugar en 2030.
Por otro lado, la AFA cambió su jurisdicción de CABA a PBA, lo que también complica cualquier acción judicial o ejecutiva de jurisdicción nacional.
En el último caso, la FIFA no permite y sanciona que los Gobiernos intervengan directamente a las federaciones de fútbol, consideradas como una suerte de enclaves del máximo organismo del fútbol profesional a nivel mundial en .
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El Gobierno apuesta a dar un golpe de efecto en diciembre que le estire el veranito electoral ante una economía diaria que no da respiro para un sector de la sociedad que en octubre eligió darle a Javier Milei otra oportunidad. El reloj de arena ya se dio vuelta. Los próximos tres meses serán clave para Javier Milei, que se juega su reelección con las reformas que vienen como eje central de su proyecto a futuro.
El oficialismo concentrará la mayoría de las nuevas leyes en sesiones extraordinarias, a excepción de la reforma jubilatoria, que postergó para no empantanar con un clima social adverso el resto de sus propuestas. El nuevo régimen laboral vuelve a ser el gran desafío. De las 10 propuestas del Consejo de Mayo, sólo dos quedarán afuera: la reforma previsional y una nueva ley de coparticipación. El resto se presentará el 9 de diciembre. El Gobierno adelantó la redacción una semana, para comenzar con el debate lo antes posible.
En principio, se estaría imponiendo la versión más dura de Federico Sturzenegger para los cambios laborales, según relataron un integrante del Consejo de Mayo y otro miembro del gabinete. No en vano Gerardo Martínez y Armando Cavalieri salieron el mismo día a cuestionar en duros términos a la Casa Rosada. El ala dialoguista de la CGT entró en alerta.
Una filmina con la palabra “peaje” como símbolo de corrupción alcanzó para que el líder de la Uocra cruzara al ministro de Desregulación en plena reunión. “Es una provocación”, lo frenó, cuando en el Powerpoint con los títulos generales de la reforma laboral Sturzenegger los trataba de “caranchos” y usaba ese tipo de palabras para describir el accionar gremial. “Plantea una discusión ideológica, es un fanático”, se quejó Martínez ante sus pares tras la reunión del miércoles del Consejo de Mayo. Dijo que el funcionario tuvo una actitud “asquerosa”, entre otras cosas. Fue la primera vez, desde que se inició el diálogo, que el jefe de la Uocra salió a rechazar los cambios con tanta dureza.
Apenas terminó el encuentro en Jefatura de Gabinete, Martínez rumbeó con mal semblante para el despacho de Santiago Caputo. El asesor presidencial le propuso armar una mesa de trabajo diferente, según relataron a Infobae fuentes gremiales, que todavía confían en la influencia del joven asesor en Milei. “Santiago promueve darle un orden político a la discusión”, relatan cerca de Martínez. Los próximos días serán claves para ver quién tiene más peso. En otros despachos de la Casa Rosada, donde la interna entre las Fuerzas del Cielo y el karinismo sigue intacta, la película parece ser otra: cerca de la secretaria general insisten en que el único canal oficial habilitado es el de Sturzenegger y Sandra Petovello, a través del secretario de Trabajo, Julio Cordero.
“Lo mejor que nos puede pasar es que nos hagan un paro”, refuerzan en Balcarce 50 respecto a la futura reacción gremial. Por ahora sostienen que van a fondo. Eso incluye tocar la cuota solidaria, modificar la vigencia de los convenios colectivos actuales, y propiciar los convenios por empresa por sobre la ley general de determinada actividad, además de reformas que eviten la llamada industria del juicio.
El mismo día en que Sturzenegger les anunciaba las líneas generales al Consejo de Mayo, en Parque Norte, Armando Cavalieri, el líder del Sindicato de Empleados de Comercio, se despachaba por primera vez contra Milei. “La única reforma laboral que está esperando la Argentina es la del salario, que está hundido”, se quejó ante sus afiliados e incluso no descartó medidas de fuerza y movilizaciones en todo el país.
Con el triunfo interno de Karina Milei, los gremios se quedaron sin interlocutores. Mantienen el canal abierto con Caputo, pero nadie sabe cuán efectivo puede ser el asesor presidencial. Siguen esperando una comunicación con Diego Santilli, el nuevo ministro del Interior, que rápido de reflejos, supo alinearse a tiempo con la secretaria general.
Puede dar cuenta ya el nuevo ministro de Defensa, Carlos Presti, del rigor karinista. Ocurrió el mismo día que participó de su primera reunión de Gabinete. Apenas terminó el encuentro de ministros del miércoles, encabezado por Milei, el nuevo funcionario recibió una invitación de Santiago Caputo para que pasara por su despacho. Cuando Karina se enteró (lo vieron todos porque habló con los medios acreditados al salir del encuentro), lo llamó para recordarle a quién respondía. Dicen cerca de la secretaria general que el militar pecó de ingenuo. El martes próximo jurará como ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, mano derecha de Patricia Bullrich. Presti deberá esperar unos días más.
El nuevo Congreso
Con los gremios en la vereda de enfrente, en el Gobierno se aferran a los gobernadores para lograr la aprobación del paquete de leyes que viene. El Presupuesto será el primer desafío de cara a mostrar una nueva construcción de gobernabilidad. Por el momento, Santilli sigue recibiendo mandatarios, pero ninguno se lleva de él promesas concretas. “Quisiera que nos dé respuestas”, sinceró el vínculo Maximiliano Pullaro, que esta semana contó que no se iba a reunir hasta tanto no se concreten los reclamos puntuales. El espacio de Provincias Unidas, con el santafecino a la cabeza, muestra más diferencias con Milei que los mandatarios de origen peronista. Los temas en debate siguen siendo los mismos. Obra pública, sobre todo rutas nacionales, y la deuda por la caja de jubilaciones. Son temas que se arrastran sin solución desde hace dos años. Antes de hacer públicas las razones de su ausencia en la Casa Rosada, Pullaro había hablado por teléfono con Santilli.
El gobernador de Santa Fe se puso al frente, además, del bloque que conformarán en el Congreso. Impuso a su vice, Gisela Scaglia, diputada electa, como jefa, lo que valió el portazo de Miguel Pichetto. Todavía quedan unos días para negociar, hasta el miércoles, pero por el momento el clima sigue áspero para que terminen confluyendo en un mismo espacio. En Provincias Unidas recalarían unos 17 legisladores, entre ellos Martín Lousteau, Mariela Coleta y Pablo Juliano, del radicalismo, además de los que responden a los gobernadores de ese espacio (Santa Fe, Córdoba, Jujuy, Corrientes y Chubut) y los socialistas Esteban Paulón y Pablo Farías. De todas maneras, Scaglia tendrá que ganarse el liderazgo y es poco probable que en temas como la reforma laboral, voten todos iguales.
Pullaro pretende erigirse como un interlocutor de peso ante la Casa Rosada. Él e Ignacio Torres fueron los que más se movieron para la creación del nuevo bloque. Martín Llaryora, de Córdoba, ya tenía un acuerdo con Pichetto, pero ni siquiera estuvo en la reunión en la que se desencadenó el desencuentro. Una hernia epigástrica le impidió llegar a Buenos Aires. Aspiran a convertirse en la tercera minoría, desplazando al PRO y a la UCR. La competencia directa pasó a ser el conglomerado de gobernadores de lo que supo ser Innovación Federal, si es que terminan juntos.
En el Gobierno se muestran más cómodos con los peronistas no kirchneristas y se entusiasman con el salto de Raúl Jalil del bloque de Fuerza Patria. Hace una semana que esperan el anuncio. Escurridizo, el gobernador de Catamarca coquetea con el espacio de Innovación Federal, que lidera el salteño Gustavo Saenz. Quienes hablaron con él en las últimas horas cuentan que ya tiene tomada la decisión, pero que esperaba tener una última charla con la ex gobernadora y actual senadora Lucía Corpacci. En principio no se irían los cuatro diputados por la provincia, sino tres. No logró convencer de la salida a Claudia Palladino, diputada electa.
Con ese esquema, La Libertad Avanza consigue ser la primera minoría. El viernes pasado sumó tres integrantes en un día: Verónica Razzini, Alejandro Bongiovanni y Lorena Petrovich, tras la salida de Silvia Lospennato, de mudanza a la legislatura porteña. Con esos 94, una vez que se formalice la partida de los catamarqueños del peronismo, ya no habrá discusión.
Economía real versus batalla cultural
El Gobierno confía en tener resuelto el frente político y aspira a dar un golpe de efecto este mes que comienza en lo económico, a través de la posibilidad del regreso a los mercados internacionales de deuda. Nadie se puede imaginar aún a qué tasa, con un riesgo país que no logra bajar de los 600 puntos. Así y todo, hay analistas económicos cercanos al oficialismo que interpretan que el Gobierno está trabajando en esa línea para los futuros vencimiento de deuda de enero, por unos USD 4.500 millones con bonistas privados.
En los despachos oficiales miran el largo plazo. “No esperen que Milei haga locuras ahora”, anticipan, sobre los pasos del Presidente. “Si no cambió el rumbo con las marchas por discapacidad o Garrahan, no lo va a hacer ahora que ganó”, insisten a su lado, con el crédito político de las elecciones de medio término.
De la mayoría de las encuestas posteriores a los comicios surge el mismo dato: Mieli recuperó todo o casi todo lo que había perdido en los meses previos. Se ve un cambio en el clima social, de plazos difusos. Es difícil imaginar la duración de la bonanza, porque lo que todavía presenta con niveles bajos es la representación del núcleo duro. De ahí que el Gobierno pretenda avanzar lo más rápido posible en concretar las reformas, como la laboral, antes de que se diluya el crédito.
Los argentinos mantienen la expectativa de mejora a futuro, pero prevalece un escenario de insatisfacción por la situación económica actual. La última medición de la Universidad de San Andrés refleja que los problemas económicos siguen dominando, con los bajos salarios a la cabeza (34%), la corrupción (31%) y la falta de trabajo (30%). Los tres son percibidos como los principales problemas del país.
El día a día muestra malas noticias, sobre todo por el cierre de empresas emblemáticas. El último informe del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA) marca para octubre una baja de la actividad en torno al 2% en términos interanuales y en la comparación mensual proyecta un nivel similar al de septiembre, que tuvo apenas un 0,3 de crecimiento. Es un estancamiento en los mismos niveles del cuarto trimestre de 2024 y en torno a un 10% por debajo de 2022 y 2023. Esta misma semana, el economista Miguel Ángel Broda puso el foco en este tema. “No creo que se pueda abrir la economía con un dólar barato como tenemos hoy”, opinó.
Las empresas en crisis se reflejan en los números de los procesos preventivos de la Secretaría de Trabajo. En octubre alcanzaron los 143, cuando en todo el año pasado se presentaron 131. Eso representa un 9% más y se convierte en el mayor número desde 2018 y 2019. “Todos los días vamos a tener noticias de empresas que cierran, pero esos empleos se van a reconvertir”, prometen en el Gobierno, aferrados al modelo. Sostienen que para muchos sectores va a ser “traumático” y ponen todas las fichas al agro, el sector energético y los servicios. Todas las promesas son a largo plazo.
El Gobierno se focalizará también en el relato, la batalla cultural, como la llaman. Ahí se inscribe el papel de Milei en la pelea entre Estudiantes y la AFA. Fue uno de los temas determinantes de la semana que pasó en la Casa Rosada, con la decisión del Presidente de suspender el viaje a Estados Unidos, para el sorteo del mundial. La decisión oficial es desgastar a Claudio “Chiqui” Tapia, a pesar de que el año pasado Karina Milei había mostrado un acercamiento en un viaje a Paraguay en plena batalla por la intervención de la Inspección General de la Justicia (IGJ), y la mudanza que hizo Tapia a la provincia de Buenos Aires para evitar controles nacionales. “Vamos a escalar, hay plafón”, dicen en Balcarce 50.
Patricia Bullrich ya amenazó a Tapia con “investigarlo” desde el Senado. Es hoy la mejor alumna de Milei y Karina. Lo demostró el viernes, en la previa de su jura, cuando le dijo a la hermana presidencial, impedida de ingresar al evento, que le podía mandar la policía a la vicepresidenta Victoria Villarruel para que la dejen pasar al palco de invitados.
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POLITICA
En los últimos dos años, el Gobierno de Milei remató 83 vehículos por casi medio millón de dólares
Desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el Gobierno viene impulsando una política de subastas públicas de bienes inmuebles y muebles: el objetivo declarado es achicar la estructura y gastos del Estado, monetizar bienes en desuso y redirigir recursos hacia otras áreas.
Hace una semana, Infobae reveló que la gestión libertaria ya vendió 10 inmuebles desde diciembre de 2023 – entre ellos edificios y terrenos emblemáticos – y recaudó más de USD 200 millones, en base a un análisis de las subasta publicadas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y el portal oficial de contratación públicas ComprAr.
Los remates también incluyeron a los vehículos en manos de organismos públicos. Según un nuevo relevamiento de este medio de información publicada por la AABE, en los últimos dos años, el Gobierno vendió 83 automóviles por casi USD 490.000 en total. El monto supera en más de USD 130.000 la suma de los precios base a los que habían salido a subasta.
De ese total, 35 vehículos pertenecían al Ministerio de Justicia; 16 eran titularidad de la AABE y 11 eran de la Administración De Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Del Estado (ADIFSE), convertida en febrero de este año en Sociedad Anónima Unipersonal para allanar el camino hacia una futura privatización del sistema ferroviario. En otros dos casos, se trató de decomisos judiciales en causas de trata de personas.
La venta de mayor valor fue un lote de 5 vehículos por los que se pagaron casi USD 70.000 en total, y fueron adquiridos por la empresa de la ciudad de La Plata Simen SA. Le siguió otro de 13 vehículos rematados en USD 55.000, que fueron adjudicados a la firma que presta servicios de limpieza Plusbyte SRL.
El que se remató al precio más alto fue un utilitario Iveco Daily modelo 2014 por el que se pagó USD 22.299 dólares. Su precio base había sido USD 18.579.
El 1 de julio pasado quedó en manos de Ricardo Lionel Gargiulo, quien figura en la base de datos comerciales Nosis como empleado del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires.
En los últimos dos años, Gargiulo se adjudicó otras tres unidades en subastas del Estado: una Ford Transit Bus modelo 2014 por la que pagó USD 12.670; una Ford Ranger modelo 2015, por la que ofertó USD 11.235; y una Ford Ecosport modelo 2023, por la que pagó USD 7.662.
Segunda en precio final de remate se ubicó una Toyota Hilux modelo 2015, que fue adjudicada el 5 de mayo pasado por USD 14.400 a Cristian Benitez, un monotributista proveedor del Estado en servicios de electricidad, ferretería e informática. Había salido a subasta a la mitad de ese precio, USD 6.892.
Y tercera en monto de venta quedó una combi Ford Transit Bus modelo 2014 cuyo precio base era de USD 5.684 y se subastó en USD 14.178. Se la quedó el Establecimiento Mafelu SAS, una firma cordobesa dedicada a la venta y reparación de vehículos.
Esta empresa resultó adjudicada con 16 vehículos, en total, en la gestión de Milei.
No fue la única Ford Transit Bus que compró Establecimiento Mafelu. También ganó la subasta de otra combi igual, del mismo año, por la que pagó USD 19.638. A su vez, entre la de mayor monto que adquirió, figuran dos camionetas Renault Master modelo 2015, por las que ofertó USD 10.011 cada una.
Sin embargo, no fue la que más vehículos adquirió por esta modalidad. Américo Costa – un monotributista que también se dedica al comercio y reparación de vehículos y motos – se quedó con 17 autos y camionetas en subastas lanzadas en los dos últimos años, pese a figurar en situación de deudor “irrecuperable” para el Banco Central.
Los tres vehículos por lo que pagó un mayor monto fueron una Volkswagen Saveiro modelo 2015, con el que salió adjudicado en mayo, al ofertar USD 9.400: una camioneta Ford Ranger modelo 2012 por la que pagó ese mismo mes USD 8.400; y una Ecosport modelo 2014 por la que pagó, en febrero pasado, USD 7.890.
Decomiso judicial
Dos de los vehículos rematados por el estados fueron decomisados en la llamada “causa Mora” referida a la investigación judicial sobre trata de personas con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre, entre otros delitos. Están acusadas una decena de personas señaladas como líderes y miembros de una secta criminal conocida como Templo Filadelfia, ubicado en San Justo, que, bajo la fachada de una congregación religiosa, habría explotado laboralmente a decenas de fieles durante casi cinco décadas.
En la causa, la Justicia dispuso el remate de varios vehículos, de los cuales ya fueron vendidos dos. Uno es un SUV Chevrolet Tracker 2016, adquirido en agosto pasado por Javier Aguirre, un abogado que trabaja en el Poder Judicial de la Nación, quien pagó USD 11.800 (el precio base era USD 6.6600).
El otro es un Fiat Siena Sedán 2010, adjudicado en septiembre del año pasado por USD 4.370 a Carlos Gallardo, un monotributista con experiencia laboral en temas aduaneros. El precio con el que salió a subasta era de USD 2.300. El producto de esas ventas es destinado, por ley, al Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata (ley Nº 26.364).
Próximos vehículos a subastar
No solo el Poder Ejecutivo viene llevando a cabo esta política de subastas de bienes del Estado. La Cámara de Diputados de la Nación rematará el próximo 5 de diciembre 20 autos de su flota oficial, con precios base que arrancan en $3,5 millones para un sedán 2.0 de 4 puertas año 2010, y $7 millones para un Peugeot 408 modelo 2014 y para un Volskwagen Bora 2010.
En total, los precios base suman $170,3 millones equivalentes a casi USD 120.000, el monto mínimo que desde la Cámara baja aspiran a conseguir. En este caso, la subasta pública se llevará a cabo on line a través del portal oficial de subastas del Banco Ciudad y la exhibición de los vehículos se realizó el miércoles pasado.
La flota de vehículos oficiales incluye autos, utilitarios, minibuses y pickups. Entre los modelos figuran Chevrolet Prisma, Cruze y Spin; Peugeot 408; Volkswagen Vento y Bora; Ford Ranger, Renault Master. Los modelos van desde 2008 a 2014.
Los tres modelos que saldrán con el precio base más alto son una camioneta doble cabina Ford Ranger modelo 2014 a $16 millones; un utilitario Renault Master modelo 2010 a $15 millones; y una pickup Chevrolet S10 a $13,5 millones.
Ya el año pasado, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, había concretado la venta de una flota de 46 autos oficiales. Según explicó en ese momento, el monto recaudado iba a ser destinado a la adquisición de bienes de uso, inversión edilicia, “y a todo otro gasto que constituya una inversión patrimonial” del palacio legislativo.
En un comunicado, se indicó que la medida iba “en línea con el compromiso asumido por el gobierno Nacional para promover la austeridad en la política y cuidar el dinero de los argentinos”.
Visualización de datos: Daniela Czibener
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