POLITICA
Espinoza y las impúdicas amoralidades bonaerenses

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, se mantiene en silencio. Los escandalosos pedidos de sobreseimiento de la fiscal Mónica Cuñarro en la causa por presunto “abuso sexual simple en concurso real con desobediencia a la Justicia” iniciada por su exsecretaria Melody Rakauskas habían sido presentados hace un mes. Pero ahora, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 31, Fernando Mario Caunedo, dispuso que la causa sea elevada a juicio oral y público. Mientras la defensa del jefe de la comuna más grande del país anuncia que apelará, desde distintos sectores se reclama que Espinosa pida licencia o sea suspendido en su cargo hasta que se aclare su situación. Sin registro moral de sus actos, aferrado al poder con el apoyo del propio gobernador bonaerense –junto a quien se muestra desde el día siguiente al procesamiento–, nada indica que esté dispuesto dar un paso al costado.
La Ley Orgánica de Municipalidades contempla la eventualidad del apartamiento ante una condena firme por un delito doloso o ante una situación de prisión preventiva, por lo que el jefe comunal no estaría aun legalmente obligado a correrse. Dentro del Concejo Deliberante de La Matanza, con 13 de los 24 concejales que responden a Espinoza, el minoritario bloque libertario prepara un proyecto para apartarlo del cargo, contemplando que dentro del propio oficialismo comunal empiezan a aparecer algunos tímidos apoyos con un malestar creciente.
Formalmente, el PJ bonaerense, que conduce Máximo Kirchner y del cual Espinoza es consejero titular, aguarda silenciosamente pero sin soltarle la mano el pronunciamiento de la Justicia, en medio de la preocupación por el impacto negativo sobre los votos del populoso conurbano en un año electoral.
Ya se cumplieron cuatro años desde el momento en que se conoció la denuncia presentada por Rakauskas en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y tanto silencio solo encierra el implícito respaldo de su entorno al intendente. Es la misma complicidad que, en julio pasado, se tradujo en la reelección de Espinoza como presidente de la Federación Argentina de Municipios, a solo 48 horas de la confirmación de su procesamiento. Sus pares de La Plata, Julio Alak; de Avellaneda, Jorge Ferraresi; de José C. Paz, Mario Ishii, y de Ensenada, Mario Secco, entre otros, apuntan a construir junto al gobernador Axel Kicillof una fuerza independiente de Cristina Kirchner y de La Cámpora dentro del PJ. Más de lo mismo aunque pretendan diferenciarse. En ocasión del Día de la Memoria se vio a los intendentes con Espinoza, una vez más, sonriendo juntos para las fotos en esa realidad paralela que hábilmente construyen los gerentes de la pobreza para despegarse del barro de las calles, la falta de cloacas, la rampante inseguridad, el hambre y la miseria de sus gobernados. “Estamos en la calle para recuperar los sueños de las mayorías populares de toda la Argentina”, decía quien pretende seguir robándoselos desde su quinta intendencia.
Espinoza había violado la prohibición de acercamiento durante la investigación, enviándole a su exsecretaria a un funcionario a su domicilio para que firmara la desestimación de la denuncia. Tanto la preeminencia del imputado como el poder que su cargo le confería fueron considerados como elementos de peso ante la reticencia de la denunciante. Quienes se llenaron la boca condenando la violencia de género durante varias décadas, hoy se llaman a un estruendoso silencio. Del expresidente Alberto Fernández para abajo, incluido el exgobernador tucumano José Alperovich, que ya cumple condena, la historia sigue confirmando la catadura moral de siniestros personajes que solo buscaron administrar suculentas cajas promoviendo idearios alejados de sus convicciones y de sus propias vidas, tanto dentro del ámbito oficial, como en el privado.
“Acá hay al menos dos de los tres poderes que lo están avalando”, venía lamentando Rakauskas cuando fue sorprendida por la noticia del juicio. “Espinoza ya no tiene más recursos para apelar nada más”, afirmó, conforme ante la decisión de este tercer juez que enfrentó a fiscales que “defendían a un violador”, demostrando que “todavía se puede confiar en el Poder Judicial argentino”. Será en ese ámbito donde se dirima el caso que involucra a uno de los dirigentes más relevantes de la política provincial.
El poder que la confianza ciudadana deposita en sus servidores públicos no puede ser justificativo ni aval para delinquir o para desacreditar a una querellante, mucho menos cuando para ello se deben sostener lealtades aberrantes. La desfachatez de una sonrisa y la negativa a dar un paso al costado mientras se investigan las acusaciones son otra clara muestra de la inhabilidad moral de una persona hoy señalada por la sociedad.
POLITICA
El director general de la AFA se negó a responder preguntas

Mientras el mundo del fútbol fue arrastrado a una protesta en defensa de Claudio Tapia y Pablo Toviggino, las máximas autoridades de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) comenzaron hoy su ronda de indagatorias en los tribunales, donde deben responder por las acusaciones de haberse apropiado ilegalmente de aportes previsionales de los empleados y por evadir unos 19.000 millones de pesos.
El paro afecta todas las categorías, desde las juveniles a las profesionales, y se extenderá todo el fin de semana en rechazo a las citaciones a declarar por evasión a las autoridades de la AFA.
Quien arrancó los interrogatorios fue Gustavo Lorenzo, director general de la AFA.
Lorenzo compareció ante el juez en lo penal económico Diego Amarante. Pero el directivo presentó un escrito y no respondió las preguntas del juez ni del fiscal Claudio Naval Rial.
Lorenzo llegó al mediodía al edificio judicial de Retiro de Avenida de los Inmigrantes 1950. El lunes de la semana próxima será el turno del secretario general de la AFA, Cristian Malaspina a las 11 y a continuación declarará Víctor Blanco, exsecretario general de la entidad.
El jueves y viernes está previsto que declaren el tesorero Pablo Toviggino y el presidente de la AFA, Claudio Tapia.
Lorenzo presentó un escrito en el que señala que por su función en la comisión directiva de la AFA era ajena a las cuestiones impositivas. Además, negó vinculación con la falta de pago.
La denuncia de la agencia tributaria ARCA señala que hubo una apropiación de aportes y retenciones impositivas por $ 19.353.546.843.
La ARCA puntualiza una omisión del depósito de las retenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a las Ganancias.
Según la denuncia, esto ocurrió en 19 ocasiones, entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
La Justicia analiza 69 hechos.
El juez Amarante dictó la prohibición de salida del país para todos los involucrados, incluidos Claudio Tapia y Pablo Toviggino.
Luego Tapia tuvo un permiso puntual para asistir a actividades de la Conmebol en Colombia y Brasil, pero se le negó otro para viajar a Venezuela y acompañar el regreso del gendarme Nahuel Gallo, que había estado secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro durante 15 meses. Tapia no pudo estar allí.
La defensa de Tapia y Toviggino había planteado la nulidad de la indagatoria con el argumento de que aún resta que la Cámara de Apelaciones resuelva si hay delito o no.
Hoy, la Cámara rechazó un pedido de nulidad de Toviggino, es declr, la obligación de presentarse para ser interrogado sigue vigente.
El juez Amarante ya está en condiciones de resolver sobre el pedido de nulidad de Tapia, pues tanto la fiscalía como la querella de la ARCA ya expusieron sus argumentos.
El Gobierno, a través de la ARCA, hizo primero una denuncia en esta causa y luego una ampliación. Primero habló de que el monto evadido era de $7500 millones y luego sumó otros $11.000 millones.
La ARCA amplió los períodos por los que se reclama la deuda, incorporó nuevos conceptos impositivos y previsionales y presentó un cuadro global sobre el supuesto delito.
Tanto en la denuncia original como en su ampliación, se acusó a la AFA de incurrir en la retención de tributos y contribuciones a la Seguridad Social que no fueron depositados dentro del plazo, conducta que encuadra en los artículos 4° y 7° del Régimen Penal Tributario (Ley 27.430).
El documento asegura que la entidad actuó como agente de retención —descontando impuestos y cargas sociales a terceros— y se financió con esos fondos.
Para la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, como expone en la denuncia original, existió dolo (intención) por parte de la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
La ARCA encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los 10 días hábiles.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
La familia del argentino Germán Giuliani pidió que la embajadora de EEUU en Venezuela interceda por su liberación

La familia del abogado argentino Germán Darío Giuliani, detenido en Venezuela desde mayo de 2025, difundió este domingo un emotivo video en el que pidió la intervención de la encargada de negocios de Estados Unidos en Caracas, Laura Dogu, para lograr su liberación.
El mensaje fue publicado con motivo del Día Internacional de la Mujer y está protagonizado por la madre, la esposa y las hermanas del letrado, quienes reclamaron ayuda ante lo que consideran una detención arbitraria que ya lleva 290 días.
El video, grabado en Buenos Aires, muestra a las mujeres de la familia Giuliani realizando un llamado directo a la diplomática estadounidense para que utilice su influencia y colabore con gestiones que permitan que el abogado vuelva a la Argentina.
La primera en hablar fue su madre, Adriana Palavecino, quien expresó el dolor que atraviesa la familia desde la detención. “Mi hijo lleva 290 días secuestrado injustamente. Le pido, embajadora Laura Dogu, que escuche nuestro dolor. Ayúdenos a traerlo de vuelta a casa”, afirmó en el mensaje.
Luego tomó la palabra Virginia Rivero, esposa del abogado, quien describió la angustia diaria que vive el entorno familiar. “Mi marido es inocente. Como mujer, le ruego que intervenga. Mi familia necesita que Germán vuelva”, expresó.
Las hermanas del abogado también participaron del video y sumaron su pedido de ayuda en una fecha simbólica como el 8 de marzo.
Karina Giuliani señaló que la situación que atraviesa su hermano golpea profundamente a toda la familia. “Este 8 de marzo no puedo celebrar. Le pedimos, señora Dogu, que nos ayude”, sostuvo.
En la misma línea, Vanesa Giuliani remarcó que Germán “es un hombre bueno, acusado de delitos que no cometió”, mientras que Lorena Giuliani recordó el largo tiempo transcurrido desde su arresto. “Han pasado 290 días de angustia”, expresó, al tiempo que pidió la mediación de la diplomática.
Por su parte, Luciana Giuliani describió el impacto emocional que provoca la ausencia del abogado en la vida cotidiana de la familia: “Cada día sin él es una tristeza para todos”. Finalmente, la menor de las hermanas, Melisa Giuliani, apeló a la empatía en el Día de la Mujer. “Le hablo de mujer a mujer. Por favor, ayude a que mi hermano vuelva a casa”, afirmó.
La detención en Venezuela
Germán Darío Giuliani, abogado especializado en derecho penal laboral, fue detenido el 22 de mayo de 2025 por fuerzas de seguridad venezolanas. Tras su arresto permaneció 12 días desaparecido, sin que su familia recibiera información oficial sobre su paradero.
Según denuncian sus familiares, durante ese período no tuvieron contacto con él ni se les comunicaron formalmente los cargos. En un video grabado pocos días después de su detención, el propio Giuliani aseguró estar incomunicado y afirmó temer por su vida, mientras reclamaba ayuda para recuperar su libertad.
Actualmente se encuentra recluido en el Internado Judicial Yare II, una cárcel del sistema penitenciario venezolano. La familia sostiene que enfrenta acusaciones falsas y sin garantías para ejercer su derecho a la defensa.
El último argentino detenido en Venezuela
El caso de Giuliani forma parte de una serie de detenciones de ciudadanos argentinos en Venezuela en los últimos años. Sin embargo, tras distintas liberaciones recientes, es el único argentino que continúa preso en ese país.
Entre quienes recuperaron la libertad recientemente se encuentran Nahuel Gallo, Gustavo Rivara, Roberto Baldo y Yaacob Harary. Organizaciones de derechos humanos como Foro Penal han advertido que los detenidos extranjeros en Venezuela suelen ser utilizados como “fichas de negociación” en disputas políticas o diplomáticas.
La familia de Giuliani reiteró que continuará reclamando su liberación y solicitó la intervención de gobiernos, organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos para evitar que el caso quede en el olvido.
En ese contexto, el video difundido este 8 de marzo busca llamar la atención de la comunidad internacional y sumar presión diplomática para que el abogado argentino pueda recuperar su libertad y regresar al país. Según sus allegados, el objetivo es claro: “que Germán vuelva a casa”.
POLITICA
Financiamiento universitario: gremios docentes desafían a Milei y llaman a un paro para exigir la aplicación de la ley

Gremios docentes preparan medidas de fuerza contra el gobierno nacional en reclamo por la aplicación de la ley de financiamiento universitario y la apertura de negociaciones paritarias. La Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) y la Conadu histórica ya confirmaron un paro de una semana que comenzará a regir el 16 de marzo.
La Asociación de Docentes de la UBA, la otra entidad que nuclea a trabajadores de la casa de altos estudios, resolvió esta tarde su adhesión al paro junto a personal no docente de los establecimientos. Los servicios de los hospitales universitarios también se verán afectados.
“No volvemos a las aulas hasta que nos paguen el 51% que nos deben y que se cumpla la ley vigente”, afirmaron en AGD-UBA en relación a la normativa que se aprobó el año pasado y buscaba garantizar el envío de fondos a los establecimientos de educación superior.
El presidente Javier Milei había vetado la iniciativa, pero el Congreso logró insistir con el texto, al igual que con la ley de emergencia en discapacidad. Y a pesar de que el Gobierno promulgó la iniciativa en octubre, los gremios denuncian que continúa sin implementarse. En diciembre, el gobierno había intentado, sin éxito, derogarla mediante un artículo incluido en el proyecto de presupuesto 2026.
“Exigimos la plena aplicación de la ley de financiamiento universitario que ordena al Gobierno nacional a convocar a paritaria salarial, que se rija por el índice de inflación establecido por el Indec, y la recuperación de nuestro salario de lo perdido entre 2024 y 2025 que a noviembre del año pasado, reconocido por el propio gobierno, ascendía al 51%”, indicó Francisca Staiti, secretaria general de la Conadu histórica, a .
La entidad que conduce respalda el paro que comenzará el 16 de marzo y se extenderá durante una semana. De no obtener respuesta del gobierno nacional antes del 1° de abril, tiene previsto intensificar el plan de lucha, con acciones que podrían incluir una nueva marcha nacional de universidades públicas.
“El presidente de la Nación está poniendo en riesgo las actividades académicas, perjudicando a dos millones de estudiantes, casi 200 mil docentes y 50 mil no docentes. Los salarios han caído por debajo de la línea de pobreza, generando la renuncia de más de 10 mil docentes, cortando las vocaciones académicas y dañando los equipos de cátedra”, denunciaron en la Conadu.
La organización también rechaza el nuevo proyecto de financiamiento que la administración nacional envió al Congreso el mes pasado para modificar la normativa vigente. Como contó , el proyecto del gobierno, solo propone reconocer la pérdida salarial del 2025, pero no la acumulada en 2024 y no obliga a actualizar los salarios por el índice de inflación.
La Conadu histórica ya anticipó que realizará un paro de 48 horas cuando el Congreso trate la iniciativa oficialista.
Esta tarde, la Asociación de Docentes de la UBA (Aduba) confirmó su adhesión al paro del 16 de marzo. Dirigentes de la entidad se reunieron hoy a las 17 con sus pares de la Asociación Personal de la UBA (Apuba), que engloba a trabajadores no docentes de la institución, para acordar una medida de fuerza conjunta. Los hospitales universitarios ofrecerán guardias mínimas.
Al igual que la Conadu histórica, además del financiamiento universitario, la organización sindical reclama por el llamado a paritarias. “Estamos a principios de marzo y no hubo comunicación para esto. Es importante poder hacerlo y plantear la recomposición salarial en el ámbito formal previsto, que es la paritaria”, afirmó Emiliano Cagnacci, secretario general de Aduba a .
ley de financiamiento universitario,Javier Milei había vetado la iniciativa,promulgó la iniciativa en octubre,intentado, sin éxito, derogarla,Indec,nuevo proyecto de financiamiento,Abigail Contreiras Martínez,Universidades,Paro docente,Paritarias,Conforme a,Universidades,,“Hito institucional”. Por primera vez, dos mujeres asumieron el rectorado de una universidad pública más que centenaria,,Frente estudiantil. La Libertad Avanza lanzó una agrupación para impulsar la agenda oficialista en las universidades,,Desde y cuando quieras. La universidad que plantea una educación sin límites ya abrió las inscripciones 2026
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