En las últimas horas, la Justicia investiga las escalas del presunto viaje de Manuel Adorni al Caribe. El fiscal Gerardo Pollicita ya tiene confirmado por Migraciones que el 29 de diciembre salió directo a Perú, y que luego volvió desde Ecuador el 10 de enero. Sospechan que fueron destinos intermedios antes de arribar a Aruba.

Además, existen versiones periodísticas que indican que hay al menos uan testigo que asegura haber visto a Adorni en el paraíso del Caribe. No obstante, eso todavía no fue sumado de manera oficial a la causa.

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El paquete que habría adquirido Adorni en su presunto viaje a Aruba rondaría los US$ 10.000. Es lo que busca dilucidar la Justicia por estos días.

Sucede que en algún destino que no es Perú estuvo, porque la vuelta fue por Ecuador. “El Presidente no prohibió que viajemos al exterior. Solo nos pidió austeridad, pero no sugiere dónde vacacionar”, se defendió Adorni en conferencia de prensa.

Pese a las explicaciones del jefe de Gabinete, la polémica en torno a Adorni es que generó cierta pérdida de credibilidad en el Gobierno. El funcionario deberá explicar cómo adquirió los vuelos y las propiedades, en comparación con sus ingresos.

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Mientras esto avanza en los tribunales, Adorni contrató un abogado para que lo defienda. Se trata de Matías Ledesma, penalista hijo de Guillermo Ledesma, juez que enjuició a las Juntas.

El jefe de Gabinete deberá explicar también los motivos por los que se lo investiga por enriquecimiento ilícito, que exceden los viajes al exterior. En este sentido, uno de ellos es la compra de un departamento de Caballito, donde paga un adelanto de USS 45.000, además de los vuelos a Punta del Este, entre otras irregularidades.

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El gobierno de Estados Unidos resaltó este viernes el trabajo en conjunto que realiza con Argentina en la lucha contra el narcotráfico.

A través de una publicación en las redes sociales de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado del país norteamericano, se brindaron detalles de los operativos que realizaron en Argentina junto con la DEA en 2025.

«Solo en 2025, las unidades de lucha contra el narcotráfico apoyadas por la INL y la DEA en Argentina confiscaron más de 1260 kg de cocaína y miles de dosis de drogas sintéticas, además de arrestar a 35 narcotraficantes. La cooperación mantiene las drogas mortales fuera de las calles estadounidenses», indicó el posteo del ente gubernamental estadounidense.

Los números especificados a través de una imagen que acompañó el texto expusieron que se secuestraron, además de los 1.260 kilos de cocaína, 12.900 pastillas de MDMA, 1.257 cartones de LSD y 250 gramos de anfetaminas. Además, se detuvo a 35 narcotraficantes.

A principios de este mes, el 7 de marzo, Argentina, con la presencia de Javier Milei, acompañó la iniciativa Escudo de las Américas propuesta por Donald Trump, a través de la cual el jefe de Estado norteamericano, apoyado por mandatarios de doce países, pretende enfrentar a los carteles de la droga asociados con el terrorismo de Irán y la constante ofensiva comercial de China.

La alianza es inédita porque combina la acción diplomática anunciada por Trump a través del Escudo de las Américas con un acuerdo militar firmado hace por el Pentágono y veinte países de la región.

En la actual coyuntura global, a Washington le interesa combatir un crimen trasnacional en sistemático ascenso: la profunda relación que une a los carteles de la droga de América Latina con las células encubiertas del grupo terrorista Hezbollah, que operan en la región por cuenta y orden de Teherán.

“El corazón de nuestro acuerdo es un compromiso de usar fuerza militar letal para destruir los siniestros carteles y redes terroristas de una vez por todas”, exclamó Trump durante el lanzamiento de la iniciativa.

Javier Milei -Argentina-, Rodrigo Paz -Bolivia-, José Antonio Kast -Chile-, Rodrigo Chaves -Costa Rica-, Luis Abinader -República Dominicana-, Daniel Noboa -Ecuador-, Nayib Bukele -El Salvador-, Tito Asfura –Honduras-, Mohamed Irfaan Alí -Guyana-, José Mulino -Panamá-, Santiago Peña -Paraguay- y Kamla Persad-Bissessar -Trinidad y Tobago- son los socios fundadores de la iniciativa Escudo de las Américas, junto a Estados Unidos.

La arquitectura diplomática y militar del Escudo de las Américas fue diseñada por Marco Rubio -secretario de Estado- y Pete Hegseth -secretario de Guerra- bajo las órdenes directas de Trump.

Antes de concluir la ceremonia, Trump firmó la declaración política que inició formalmente al Escudo de las Américas.

Esa declaración establece lo siguiente:

1. Los cárteles criminales y las organizaciones terroristas extranjeras en el hemisferio occidental deben ser demolidos en la mayor medida posible, de conformidad con la legislación aplicable.
2. Estados Unidos y sus aliados deberían coordinarse para privar a estas organizaciones de todo control territorial y de acceso al financiamiento o a los recursos necesarios para llevar a cabo sus campañas de violencia.
3. Estados Unidos entrenará y movilizará a los ejércitos de los países socios para lograr la fuerza de combate más efectiva necesaria para desmantelar los cárteles y su capacidad de exportar violencia y buscar influencia mediante la intimidación organizada
4. Estados Unidos y sus aliados deben mantener a raya las amenazas externas, incluidas las influencias extranjeras malignas procedentes de fuera del hemisferio occidental.

El punto cuatro de la declaración formal de Trump explicita sin nombrarlo al principal enemigo global de Estados Unidos: China.

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En medio de las causas que enfrenta el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito y otra que investiga las circunstancias de su viaje a Punta del Este en un vuelo privado, quien también hace las veces de vocero presidencial contrató un abogado para defenderse. Se trata del penalista Matías Ledesma, hijo de Guillermo Ledesma, el juez que integró el tribunal del Juicio a las Juntas.

La idea de contratar un abogado había sido sugerida por el exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona. “Es un enorme expositor, brillante. Pero en causa propia es distinto. Es como los abogados: pueden ser buenos, pero cuando te toca a vos, mejor buscate un abogado”, había advertido en una entrevista.

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Las principales investigaciones judiciales que alcanzan al jefe de Gabinete tramitan en el juzgado federal de Ariel Lijo. Una de ellas busca determinar si existieron irregularidades en el viaje familiar a Punta del Este, en particular por el rol del periodista Marcelo Grandio, señalado en los primeros testimonios como quien habría abonado el vuelo privado. En paralelo, se abrió otro expediente que analiza la evolución patrimonial del funcionario bajo la sospecha de posible enriquecimiento ilícito.

A su vez, hay una tercera causa vinculada a un traslado a Nueva York junto a su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial. Ese expediente está en manos del juez Daniel Rafecas y bajo la órbita de la fiscal Alejandra Mangano. Desde el entorno del funcionario relativizan el impacto de esa investigación y aseguran que no representa un riesgo inmediato.

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En el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, una de las últimas medidas fue la citación como testigo de la escribana que intervino en la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito. La convocatoria fue dispuesta por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien tiene delegada la investigación.

Noticia que está siendo actualizada.-

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