Con 12 votaciones en contra y ninguna a su favor, el gobierno de Javier Milei recibió anoche un duro golpe desde la Cámara de Diputados, en un abanico de iniciativas que van desde los seis decretos motorizados por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que fueron rechazados, hasta fondos y retribuciones que la Casa Rosada y el Ministerio de Economía se niegan a otorgar a sectores como las universidades nacionales y el hospital Garrahan.

Entre la bronca y la ironía, desde el Gobierno atribuyeron la nueva mayoría conseguida por la oposición “al escenario electoral”. Sin reconocer de manera oficial gestiones para frenar la debacle, dejaron en claro que no habrá cambio de rumbo, tal como lo anticiparon los voceros del oficialismo, como los diputados Santiago Santurio y Damián Arabia durante la maratónica sesión.

“No entendieron la lógica del Gobierno: vamos a avanzar hagan lo que hagan, con todas las herramientas disponibles”, afirmaron a cerca del jefe del Estado, que durante la madrugada reposteó en redes sociales varios discursos, entre ellos los de Santurio y Arabia, en los que acusaron a la oposición de “psicopatear porque estamos en elecciones”.

“Todo lo que se ha planteado tiene que ver con más recursos. El kirchnerismo quiere romper al Gobierno porque tiene temor de perder las prebendas que ha obtenido en este siglo”, dijo el jefe de gabinete, Guillermo Francos, en la primera reacción oficial luego de la aciaga noche que vivió el oficialismo. “Casi todos los radicales, prácticamente todos, la Coalición Cívica (CC), algunas fuerzas provinciales… votaron todos con el kirchnerismo”, agregó Francos, dejando en claro su disgusto por la confluencia opositora, que llegó casi a 160 votos- cercano a los dos tercios- en proyectos clave como la emergencia pediátrica y más fondos para las universidades. Francos, además, dio a entender que si avanzan las iniciativas tendrán destino de veto. “Todo lo que podemos vetar lo vetaremos”, confirmó el jefe de Gabinete. Recientemente, con el argumento de que tendrán impacto fiscal, Milei vetó el aumento a los jubilados, la extensión de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad.

“Van a montar este show todas las semanas”, lamentó otro vocero oficial, resignado a que las derrotas del oficialismo se multipliquen hasta las elecciones. Cerca del jefe de gabinete negaron haber hecho alguna gestión ante los gobernadores para morigerar la avalancha de votos en contra que complicaron los planes del oficialismo.

“Los K estuvieron muy tranquilos, aprovechando la situación. Y algunos de los aliados (del Gobierno) estaban enojados por no estar en la lista”, comentó un aliado de los libertarios en la Cámara de Diputados. El referente también aclaró que “hubo llamados” aunque sin demasiado énfasis desde la Casa Rosada, desde el despacho del subsecretario Eduardo “Lule” Menem, el articulador nacional de Karina Milei, para torcer algunas voluntades, pero que fueron infructuosos. “En el Gobierno no quieren ceder nada a horas del cierre de listas. Y cada uno quiere saber cuál es el lugar que ocupa”, destacó un legislador oficialista. “No se podía frenar, hacen esto, después presionan y negocian. Así se manejan”, respondieron desde otro despacho oficial, para explicar que tradicionales gobernadores aliados, como Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) ubicaran a sus legisladores en la vereda de enfrente del oficialismo en distintas votaciones.

Cerca de varios mandatarios provinciales puntualizaron que los radicales Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza), más los macristas Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) “jugaron bien con los Menem”, aunque también sostuvieron (y consiguieron) el aumento de fondos para las provincias en concepto ATN y el impuesto a los combustibles. “El resto está de campaña, jugaron todos muy fuerte, y es lógico”, afirmaron cerca de un mandatario provincial que sí colaboró con el oficialismo.

Más difícil fue para el oficialismo explicar que un sector de Pro, aún con el acuerdo en Ciudad de Buenos Aires recién abrochado, se abstuvieran o votaron iniciativas de la oposición, como lo hizo María Eugenia Vidal, que apoyó la emergencia pediátrica. Hasta entre los “radicales peluca”, el tucumano Mariano Campero o el catamarqueño Francisco Monti dejaron trascender su malestar por alguna promesa incumplida. Sin embargo, Monti votó anoche con los libertarios y Campero se ausentó.

“Bienvenidos a la democracia”, ironizaron cerca de Sturzenegger, uno de los más enojados con los diputados, que rechazaron la disolución de Vialidad Nacional, el Inti y el Inta, entre otros organismos. Y expresaban su temor de que esos mismos decretos fueran rechazados por el Senado, donde el kirchnerismo conserva su poderío. “Es la lucha entre la casta y la libertad. Vamos a ver”, explicaron desde el despacho del ministro, con lógica libertaria aunque sin darse por vencido luego del cachetazo legislativo.

EL CALAFATE.- El gobierno de Santa Cruz formalizó una oferta para adquirir el obrador principal de la empresa Austral Construcciones, ubicado en la ciudad de Río Gallegos, que se encuentra en proceso de liquidación desde el 2017 cuando se inició la quiebra de la empresa constructora de Lázaro Báez. La gestión de Claudio Vidal ofertó U$S 2.000.000 millones con la intención de reconvertir al emblemático predio de la constructora en un polo de actividades productivas.

El ofrecimiento de compra se realizó ante el Juzgado Comercial 28, secretaria 55 que lleva adelante la quiebra de Austral Construcciones SA, y que a la fecha solo le resta subastar el obrador central para terminar con la venta de los inmuebles que estaban a nombre de la empresa.

El predio forma también parte del listado que los peritos de la Corte Suprema determinaron, en el marco de la causa Vialidad, que deberán ser decomisados en caso que el próximo 13 de agosto los nueve condenados — entre ellos Báez- no aporten $684.990.350.139,86.

Si no entregan ese dinero, la Justicia avanzará en el decomiso de los bienes de cada uno, que por ahora están embargados. Por esta razón, e interesados tanto en los galpones, como en la estratégica ubicación sobre la Ruta Nacional 3, a 6 km del centro de Río Gallegos y en el ingreso al aeropuerto internacional, es que el gobierno santacruceño se presentó en la causa y depositó $ 256.000.000 para mostrar su voluntad de compra que fue afectado a un plazo fijo renovable cada treinta días, a tasa preferencial, según lo dispuesto por el juez subrogante Jorge Sícoli.

La oferta fue trasladada a la sindicatura, al Banco de la Nación Argentina, y a los martilleros intervinientes en el proceso en tanto que la acción de parte del estado provincial la está llevando con suma discreción el directorio de la empresa estatal “Santa Cruz Puede SAU” y el fiscal de Estado, Ramiro Castillo, quienes presentaron una propuesta de venta directa a favor de la sociedad comercial cuyo único accionista es el Estado provincial.

El inmueble en cuestión fue uno de los principales centros operativos de Austral Construcciones en la provincia, y cuenta con infraestructura apta para ser reutilizada en proyectos industriales, logísticos o de servicios. La empresa estatal fue creada el año pasado durante el primer año de gobierno de Vidal y fue nombrada con la frase que el propio gobernador usó en campaña y suele repetir en sus discursos.

Santa Cruz Puede SAU, — creada con el propósito de impulsar el desarrollo productivo de la provincia mediante la innovación, la sostenibilidad y el compromiso con las comunidades, generando un impacto positivo- expuso ante la justicia los proyectos a los que podrían destinar el predio: un aserradero móvil que realizará la explotación racional de la lenga y el ñire, con base en la cordillera pero que prevé un proceso de industrialización en Río Gallegos; una fábrica de ensamblado de calzado industrial para atender las demandas de la actividad minera y petrolera, una planta de fraccionamiento de víveres destinada a los programas sociales, una planta de alimento balanceado estratégico para la producción agropecuaria y una unidad de producción avícola enfocada en la cría de gallinas ponedoras.

Según surge del expediente que se tramita la empresa necesita de instalaciones que permitan poner en marcha las maquinarias y realizar los procesos productivos y consideran que con una previa adecuación los enormes galpones abandonados desde el año 2016 y que supo albergar centenares de maquinarias y vehículos, hoy sería el lugar ideal para llevar adelante los proyectos estatales.

Sin mantenimiento aunque con seguridad, los custodios judiciales de los bienes debieron establecer seguridad en torno al obrador para evitar robos y saqueos, aún así, no se pudo parar el deterioro de las inclemencias climáticas. La propuesta, firmada por Gustavo Sívori, presidente de “Santa Cruz Puede SAU”, ofrece adquirir el inmueble en el estado que se encuentra por U$S 2.000.000 a pagar en pesos al cambio oficial, dentro de los diez días que quede firme la operación, y la oferta incluye el pago del IVA, la comisión a martilleros y los impuestos provinciales.

Del mismo modo la empresa estatal propone asumir el compromiso de constituirse en depositario de la documentación de la quiebra que se encuentra en el predio, para lo cual destinará un lugar específico en el predio, como también de las máquinas y bienes de terceros que aún están allí, como también se ofrecen a gestionar el traslado o devolución.

En el mismo plan, solicitan que de existir otras ofertas, se les reconozca el carácter de ser los primeros oferentes y se les otorgue el derecho de mejorar la misma. Consultados por este medio, la empresa estatal desistió de hacer declaraciones a la espera que se desarrolle la suerte del expediente.

Ante la consulta de , fuentes del Estudio Stupnik, que tiene a su cargo la sindicatura que lleva adelante la liquidación de los activos de Austral, detallaron que todos los bienes inmuebles de la quiebra ya han sido vendidos bajo la modalidad de remate y solo resta el predio donde se encuentra el Obrador Central de la firma, con una hipoteca a favor del Banco de la Nación Argentina.

Austral Construcciones S.A., declarada en quiebra en el año 2017, la empresa, fundada por Lázaro Báez, tuvo un rol central en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas, y acumuló 51 contratos en Santa Cruz y otras provincias. La causa judicial que derivó en su quiebra incluyó investigaciones por lavado de dinero, evasión fiscal y administración fraudulenta. Las 51 obras fueron investigadas de la causa Vialidad.

El obrador de Río Gallegos es uno de los activos más relevantes, tanto por su tamaño como por su ubicación estratégica por tal razón, la iniciativa se enmarca en una política de recuperación de activos improductivos, impulsada por la administración de Vidal.

El expediente judicial, identificado como N° 22216/2017, continúa en trámite en el Juzgado Comercial N°28, Secretaría N°55, y aún faltan definiciones para saber si se aceptará la oferta del gobierno de Vidal. De confirmarse, el otro predio constructor, pasará a manos del estado y los galpones volverán a recobrar la actividad que tuvo la década pasada.