POLITICA
Exclusivo: la denuncia que reveló el millonario mecanismo de recaudación que complica a directivos de la AFA y a Javier Faroni
El escándalo por los desvíos millonarios de dinero en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sigue sumando capítulos y cada vez se conocen más detalles sobre cómo eran las maniobras que involucran a directivos de la AFA y al empresario Javier Faroni. Todo se inició, vale recordar, tras una investigación de Estados Unidos que reveló un sistema de recaudación paralelo llevado a cabo por empresas fantasmas que alcanza una cifra cercana a los USD 300 millones.
Ahora, gracias a una denuncia judicial que presentó el empresario Guillermo Tofoni se conocieron detalles de la presunta maniobra de recaudación millonaria que involucró a la cúpula de la AFA y un grupo de empresas radicadas en EEUU.
En ese marco, Claudio “Chiqui” Tapia ocupa un lugar central jaqueado por investigaciones penales que avanzan en paralelo en la Justicia y que ya derivaron en reiterados allanamientos a las dos sedes de la AFA. Esta tarde, en uno de los nuevos operativos impulsados por la Justicia, fue encontrado a su vez un contrato que confirma el vínculo entre la institución y una una empresa relacionada a Javier Faroni.
Además de dirigentes, otras personas físicas -que no tienen relación alguna con el mundo del fútbol- también están entre los apuntados como testaferros. De acuerdo a lo que pudo saber Infobae de la presentación que realizó el empresario ante la Justicia, las maniobras se remontan a meses antes de que la selección argentina gané el Mundial de Qatar 2022.
Para entender cómo funciona esta red de recaudación, primero es necesario comprender de donde vienen los ingresos que percibe la AFA. La principal fuente de ganancia proviene de los partidos amistosos que juega el equipo de Lionel Scaloni al rededor del mundo durante las conocidas Fechas FIFA. A esto se suma la publicidad, sponsors, premios, etc. Todo debe ser informado dentro de los balances del organismo como también a los miembros asociados, es decir, los clubes. En teoría.
Según averiguó este medio y que consta en la presentación de Tofoni, existen firmas que se encargan de organizar estos amistosos que se denominan como FIFA Match Agent. Estas son empresas que suelen acordar entre las asociaciones y las ciudades donde se juegan estos partidos, con el objetivo de obtener una ganancia, ya que no son solo los 90 minutos, sino que se suman actividades extra como pueden ser visitas a lugares determinados o eventos con hinchas.
En ese sentido, la denuncia que el empresario presentó se inicia luego de que la AFA no haya respetado un contrato en el que se había acordado llevar a cabo la organización de encuentros amistosos y giras. La firma que encabeza el propio Tofoni, llamada World Eleven, que iba a tener en su poder los amistosos de la Selección desde noviembre de 2022 hasta fines del 2023. Es decir, dos ciclos mundialistas para uno de los equipos más importantes del mundo.
Cómo es el mecanismo de recaudación con los partidos amistosos
Sin embargo, según lo que pudo saber este medio de la denuncia, el quiebre del acuerdo llegó tras la obtención del Mundial de Qatar y la designación a otra empresa desconocida para organizar dos partidos amistosos que se jugaron en la Argentina tras la consagración: un partido con Curazao en Santiago del Estero y otro con Panamá en Buenos Aires. La firma que estuvo detrás se denominaba ProSport Live LLC.
Esto abrió el manto de sospecha sobre una cantidad de partidos organizados por la AFA. Según citó Tofoni en su denuncia, en el que se puso la lupa fue el encuentro que jugó el equipo de Scaloni en Beijing ante Australia, el 15 de junio de 2023. Todo comenzó con una nota publicada en el Diario Clarín, en la que se señaló que la recaudación de este amistoso fue de 7 millones de dólares, pero que se habían depositado en una cuenta en Miami, que no tenía relación con la AFA. Esto solo era la punta del iceberg.
Meses después, el periodista Gustavo Grabia mencionó en el programa de “¿Y ahora quién podrá ayudarnos?”, conducido por Ernesto Tenembaum, que una empresa china denominada “CRI” fue quien firmó el contrato por ese monto y transfirió el dinero a una cuenta en Estados Unidos a nombre de TourProdenter LLC.
Esta firma es una sociedad de responsabilidad limitada constituida en el Estado de Florida y con un importante vínculo con la AFA. En este tipo de armado societario la responsabilidad de los socios se limita al capital que aportaron, protegiendo su patrimonio personal frente a deudas del negocio. Según los especialistas, es ideal para una PyME en territorio norteamericano.
Justamente, el organismo que conduce Tapia designó a esta firma como un Agente Comercial Exclusivo en el extranjero. El acuerdo, que fue firmado con esta empresa en diciembre de 2021, le otorga el poder de representar a la AFA fuera del país hasta el 31 de diciembre de 2026 y puede hacer acuerdos de sponsoreo, patrocinio o similares que generen ingresos para la Asociación del Fútbol Argentino.
Todo esto quedó confirmado con los allanamientos que llevó a cabo este martes la Justicia en la sede de la AFA. Allí se comprobó el vínculo entre Faroni y el organismo que conduce Tapia, en el que se otorgaba la exclusviidad para estionar los cobros y pagos en el exterior, a cambio de recibir una comisión del 30%.
El procedimiento fue ordenado por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, a pedido de la Fiscalía Federal Nº 2 de esa jurisdicción, a cargo de Cecilia Incardona, con la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
La documentación será ahora analizada para determinar su alcance, vigencia y el circuito financiero asociado.
El rol de TourProdenter y Javier Faroni
Esta empresa es administrada por Erica Gariela Gillette, pareja de Javier Faroni, un empresario teatral que es investigado actualmente por sus vínculos con Tapia y apuntado como la cabeza de la firma mencionada anteriormente. Esto debido a que Gillette aparece en sus redes sociales como una docente de nivel inicial en el profesorado “Sara C. de Eccleston”.
“No registra una estructura acorde a los servicios que dice ofrecer ni a la enorme cantidad de dinero que administra. Cuenta únicamente con una dirección en una suite de un edificio”, remarca la denuncia que presentó Tofoni que siguió de cerca la investigación y el rol de TourProdenter en este mecanismo.
En ese marco, en las últimas horas, tras un pedido del empresario para conocer más sobre el rol de la firma mencionada, se conoció que la Justicia de Estados Unidos habilitó una serie de medidas de discovery que permitieron rastrear fondos millonarios que circularon por bancos estadounidenses vinculados a contratos internacionales de la Asociación. De esta manera, se pudieron ver las cuenta de TourProdenter que tenía en el sistema bancario y los giros de importantes sumas de dinero. Así se empezó a vislumbrar una trama financiera compleja, con sociedades privadas, intermediarios, bancos internacionales y una profunda asimetría entre lo declarado en Argentina y lo registrado en el sistema financiero estadounidense.
De acuerdo a la presentación judicial, en la cuenta de Bank of America, a nombre de la firma vinculada a Faroni y Gillette, se observan movimientos de enorme envergadura desde, al menos, mayo de 2023. Desde esa fecha, cuando el balance de la cuenta no superaba los USD 300.000, hasta el 30 de septiembre de 2025, cuyo balance cerró en USD 352.000, ha habido ingresos y movimientos por más de doscientos millones de dólares (USD 200.000.000).
El mecanismo, según lo que describió Tofoni y ahora es materia de investigación, sería que los fondos ingresan en grandes bloques, en montos de seis y siete cifras, y los redistribuyen hacia destinatarios que son recurrentes: a) un custodio financiero en el exterior, b) otras cuentas de la propia Tourprodenter LLC u otras vinculadas a ella en los Estados Unidos; y c) una red de sociedades y personas físicas que no guardan relación evidente con la actividad declarada.
Esos montos provienen de contratos ligados al fútbol argentino y sponsors internacionales. Sin embargo, cuando egresan, van a esas cuentas lejos de tener vínculo con la AFA o a pagos de servicios indebidos como pueden ser barcos, aviones, compras y consumos personales.
Cómo eran los desvíos de dinero y qué montos se manejaban
En este punto, la investigación que realizó Tofoni apuntó a los destinos de esos fondos y cómo, a partir de trasferencias, se busca perder el rastro del dinero. Un dinero que no ingresó nunca a las cuentas de la AFA en el país, ni tocó el sistema financiero argentino.
Por un lado, el empresario mencionó el rol de Adcap Securities Uruguay Agente de Valores S.A., una firma financiera con sede en Montevideo. Solo de la cuenta de Bank of America, TourProdenter envió 33 transferencias por un monto de USD 74.823.505,00.
Sumadas a las transferencias que se realizaron desde las cuentas de Synovus Bank y Banco Citibank, el monto que recibió esta financiera uruguaya asciende a USD 106.773.505.
Según pudo saber este medio, desde Adcap reconocieron su rol como agente financiero y aseguraron que todas las operaciones realizadas se ajustaron a la normativa vigente y contaron con la debida documentación respaldatoria. Explicaron que en todos los casos los fondos provinieron de bancos norteamericanos y eran transferidos posteriormente a cuentas de la AFA en bancos del sistema financiero local, de forma consistente con el contrato existente entre ambas empresas que es de público conocimiento.
En otro de los movimientos que se analizan, se encuentra como benefactor otra empresa vinculada a Faroni. Se trata de Sports Nextgen LTD, una sociedad que está registrada en el Reino Unido, con domicilio en Londres, en un estudio conocido por alojar un gran número de compañías sin presencia física efectiva, a través de servicios de oficinas virtuales. Esta firma recibió sumas por un total de USD 5.719.204,20.
También se menciona a Marmasch LLC, una sociedad registrada en Florida en 2023, con domicilio en Miami. Su titular es Mariela Marisa Schmalz, quien residiría y trabajaría en relación de dependencia en San Carlos de Bariloche. Schmalz es pareja de Javier Alejandro Ojeda Jara, vinculado a Soagu Services LLC, que a su vez recibió desde las cuentas de Tourprodenter LLC aproximadamente 10,8 millones de dólares.
Justamente, Marmasch LLC figura como beneficiaria habitual de transferencias desde la cuenta del Bank of America de Tourprodenter LLC, con un total de 22 operaciones que suman USD 4.983.350; desde la cuenta de Synovus Bank recibió 11 transferencias por USD 2.611.000; desde JPMorgan Chase Bank recibió 5 transferencias por USD 1.080.000; y desde Citibank recibió 17 transferencias por USD 4.803.000. En total, esta firma recibió 13.477.350 dólares.
Además, otro ejemplo, es una sociedad que aparece registrada en el Estado de Wyoming, denominada Global FC LLC, cuyo agente registrado es Registered Agents Inc. Esta firma estadounidense, fundada en 2008, ofrece servicios de constitución de empresas y actúa como contacto para notificaciones legales. Tanto Global FC LLC como Marmasch LLC comparten a Registered Agents Inc como agente registrado. Cabe remarcar que esta sociedad es conocida por ocultar la propiedad de las empresas que forma al incluir su dirección.
En ese sentido, en 2022, una investigación conjunta de The Washington Post y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación señaló que agentes vinculados con Registered Agents Inc representaban a empresas acusadas de blanquear fondos de COVID-19 en Brasil.
Global FC LLC recibió numerosas transferencias por montos millonarios. Desde la cuenta del JP Morgan Chase Bank, la sociedad obtuvo 11 transferencias por un total de 2.814.980 dólares, mientras que desde la cuenta del Citibank recibió 33 transferencias por 3.159.032,27 dólares.
Pagos a yates y aviones privados
Otro de los puntos que llamó la atención en la investigación de Tofoni, es que Tourprodenter LLC realizó pagos a servicios de “yachting” y aviones privados durante junio de 2024 y julio de 2025
Según pudo saber este medio de la presentción judicial, una de las empresas beneficiarias fue CCYACHTING LLC. Desde la cuenta del Bank of America, se realizaron 11 transferencias que suman 365.058 dólares hacia esta sociedad, que no presenta actividad verificable, lo que representa un flujo de fondos considerable hacia una LLC con escasa información disponible.
Durante el mismo período, se documentaron transferencias a otras empresas dedicadas al sector náutico, como Charter Dreams Yacht Services. Estas operaciones coinciden con lo que informó Clarín sobre las vacaciones de Tapia en Mónaco en julio de 2024, cuando habría utilizado un yate.
Tourprodenter LLC también efectuó pagos relacionados con alquiler de aviones y servicios de aeronavegación. Insured Aircraft Title Service (IATS) recibió transferencias por un total de 6.006.000 dólares desde la cuenta del Synovus Bank, mientras que PLS Logistic LLC registró, a través del JP Morgan Chase Bank, una transferencia por 400.000 dólares fechada el 5 de marzo de 2024.
La inconsistencia de los balances de la AFA y los nuevos allanamientos
Por último, Tofoni mencionó las investigaciones de la Inspección General de Justicia (IGJ) que detectaron inconsistencias contables en la AFA por un monto acumulado de aproximadamente 111 millones de dólares. En los balances correspondientes a 2022, 2023 y el primer semestre de 2024 no aparecen reflejados los movimientos ni las operaciones denunciadas.
En ese sentido, recién en el segundo semestre de 2024 figura Tourprodenter LLC en los documentos oficiales, presentada únicamente como un “sponsor” y sin detallar las maniobras ni los flujos de capital involucrados.
A todo esto, durante este martes, se realizaron allanamientos en la sede de la AFA en la calle Viamonte que dejaron documentos donde se evidencia el vínculo entre Faroni y Tapia. Justamente, también se realizaron procedimientos en la casa del empresario teatral en el barrio Nordelta.
Sin embargo, la nota estuvo dada en el Aeroparque Jorge Newbery, donde la Policía de Seguridad Aeroportuaria evitó que Faroni pueda abordar un vuelo privado con destino a Uruguay, pero el empresario logró descartar su celular que todavía no fue hallado.
Según informó este medio, aún se desconoce “si el chip que tenía se corresponde con el celular de él”. Y otro dato que llamó la atención de los pesquisas: ayer martes 29 arribó al país procedente de Uruguay y esta madrugada intentaba regresar al país vecino. No lo pudo hacer porque desde el juzgado de Armella ya había circulado la alerta que le prohibía salir de la Argentina.
El esquema, que alcanzaría un desvío de aproximadamente 300 millones de dólares, se estructuró mediante el uso de cuentas y sociedades radicadas en Estados Unidos, las cuales funcionaron como instrumentos para evadir controles y ocultar fondos. Estos movimientos no solo eludieron la supervisión de las autoridades regulatorias, sino que tampoco fueron informados en los balances ni en la documentación contable de la AFA, manteniéndose fuera del conocimiento de los clubes del fútbol argentino.
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POLITICA
Convocaron a una audiencia pública para debatir la Ley de Glaciares a la espera de su tratamiento en Diputados
La Cámara de Diputados convocó a una audiencia pública los días 25 y 26 de marzo de 2026 para recibir opiniones sobre un proyecto que propone modificar la Ley de Glaciares N° 26.639. Se trata de otra de las reformas impulsadas por el Gobierno, con la intención de fomentar la explotación económica del ambiente periglacial nacional.
Según la convocatoria publicada en el Boletín Oficial, el formato de la audiencia prevé una doble modalidad de participación: presencial y virtual. Así, el 25 de marzo de 2026, quienes estén inscriptos podrán exponer presencialmente en la sala 2 del segundo piso del anexo C de la Cámara de Diputados en Avenida Rivadavia 1841, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No obstante, el 26 de marzo la dinámica se realizará de forma virtual. Según establecieron las comisiones organizadoras, la audiencia conservará el mismo horario, es decir, se realizará en la franja de 10:00 a 19:00 horas.
Las Comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y la de Asuntos Constitucionales acordaron los términos de esta convocatoria en una reunión realizada el 4 de marzo de 2026. El objeto específico será recibir y considerar aportes en torno al Expediente 0072-S-2025, que propone modificaciones directas a la Ley de Glaciares vigente.
De esta manera, confirmaron que la inscripción al Registro de Participantes estará habilitada hasta el viernes 20 de marzo. Los interesados pueden registrarse en persona en la oficina de la comisión, ubicada en el primer piso, oficina 149, de la propia Cámara de Diputados, entre las 10:00 y las 16:00 horas. Otra opción para inscribirse es completar el trámite electrónicamente mediante un formulario que estará disponible hasta las 20:00 horas en la página web de la institución.
Cada exposición, según la normativa, no podrá exceder los cinco minutos, y quienes deseen presentar una ponencia por escrito deberán hacerlo presencialmente o bien enviarla al correo de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano (crnaturales@hcdn.gob.ar).
Para esto, pidieron que el escrito cuente con una extensión máxima de diez carillas en formato PDF, tamaño A4, letra Times New Roman 12. Además, informaron que las exposiciones como las presentaciones escritas quedarán registradas y serán publicadas posteriormente en la web de la Cámara de Diputados de la Nación.
Por otro lado, indicaron que la audiencia seguirá las pautas del Plan de Trabajo de Audiencia Pública sobre Ley de Glaciares, su Anexo I – Reglamento, el artículo 114 bis del Reglamento de la Cámara y el artículo 7 del Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales para América Latina y el Caribe.
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Al fundamentar la iniciativa, el Poder Ejecutivo argumentó que existen “graves falencias interpretativas” en la legislación vigente, que habrían generado inseguridad jurídica y obstaculizado inversiones productivas, principalmente en minería.
Según el oficialismo, el objetivo principal apunta a “ordenar el marco normativo, eliminar interpretaciones arbitrarias y fortalecer el federalismo ambiental”. Esto implicaría una transferencia de poder a las provincias para que asuman mayor protagonismo en la gestión de recursos.
Durante la discusión de la Ley de Glaciares, varios legisladores subrayaron la importancia de incluir a comunidades indígenas y actores sociales en las audiencias. Al respecto, el diputado de Unión por la Patria, Juan Grabois, afirmó que “todas las comunidades indígenas que estén registradas y que estén en las cuencas afectadas tienen que tener asegurada su participación“.
En el caso de la diputada Silvana Giudici, integrante del bloque de La Libertad Avanza, defendió la idea original del oficialismo al recordar que “hubo un sistema que fue de la misma manera que se propone hoy. Lo que corresponde es considerar la propuesta de las presidencias de la comisión”.
Estos son los puntos claves de la Ley de Glaciares vigente
La actual Ley de Glaciares marcó un cambio en la política ambiental nacional al establecer, desde el 30 de septiembre de 2010, los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y el ambiente periglacial. Por ese entonces, se estableció como objetivo central “preservar estos cuerpos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, la agricultura y la recarga de cuencas hidrográficas”.
En este sentido, la norma definió a los glaciares como “bienes de carácter público” y extendió su protección a las áreas de suelos congelados que cumplen funciones reguladoras de los recursos hídricos, conocidas como ambiente periglacial. Para garantizar la identificación y el resguardo de estos espacios, el artículo 3 de la ley ordena la creación del Inventario Nacional de Glaciares.
Según el texto, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) es el organismo responsable de “identificar y registrar todos los glaciares y geoformas periglaciares del territorio argentino”. El inventario debe actualizarse al menos cada cinco años e incluir información sobre la ubicación exacta, la superficie y el estado de conservación de cada glaciar.
En contraposición a la propuesta del Gobierno, la ley prohíbe de manera explícita toda actividad que pueda alterar la condición natural de los glaciares o del ambiente periglacial. La lista incluye la “liberación de sustancias contaminantes, la construcción de infraestructura ajena a la investigación científica, la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, y la instalación de industrias”.
Por esto, frente a cualquier proyecto que se pretenda realizar en zonas donde existan glaciares, la norma exige una evaluación de impacto ambiental y la garantía de participación ciudadana. Solo quedan exceptuados los casos de rescate, investigación científica no invasiva y deportes no motorizados, de acuerdo con la letra de la ley.
Las sanciones por el incumplimiento de la Ley 26.639 pueden ir desde advertencias hasta multas económicas y la suspensión total de la actividad responsable del daño. La normativa advirtió que, en caso de reincidencia, las multas “pueden triplicarse”.
Si la infracción la comete una empresa, la ley determinó que “sus directivos y administradores también resultan responsables”. Además, el dinero recaudado a través de las multas debe destinarse prioritariamente a la protección y recuperación de los glaciares afectados.
gabriel cano / comunicacin senado
El Gobierno promulgó este viernes la Ley de Modernización Laboral, sancionada hace una semana en el Congreso. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial y rige desde este 6 de marzo.
La norma introduce desde hoy cambios en la Ley de Contrato de Trabajo y en otros aspectos del régimen laboral.
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La reforma laboral fue publicada con un total de 25 capítulos. Entre ellos, incorpora un banco de horas de carácter voluntario para compensar horas extraordinarias con descanso, habilita el fraccionamiento de vacaciones por acuerdo entre las partes y prevé la creación optativa de un Fondo de Cese Laboral como alternativa para atender desvinculaciones.
“En uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la Constitución Nacional, promúlgase la Ley Nº 27.802 sancionada por el H. Congreso de la Nación en su sesión del día 27 de febrero de 2026″, indica el texto oficial.
La norma que comenzó a regir este viernes señala que sus disposiciones no serán aplicables a los dependientes de la Administración Pública; al personal de casas particulares; a los trabajadores agrarios; a los prestadores independientes de plataformas tecnológicas y a contratistas regulados por el Código Civil y Comercial.
Qué establece la reforma laboral
La reforma laboral o ley N° 27.802 está compuesta por 25 capítulos e introduce cambios en indemnizaciones, despidos, licencias, vacaciones, horas extras e impuestos.
A continuación, las principales claves de la Ley de Modernización Laboral
Salarios
Los salarios podrán ser pagados en dinero, ya sea en moneda nacional o extranjera, especie, habitación o alimentos. También se incluye el concepto de “salario dinámico” que podrá ser acordado en los convenios colectivos, regionales o por empresa, y ser tratado como pago al mérito personal del trabajador o productividad.
Idemnizaciones
Se reduce la base de cálculo y no se consideran dentro de la misma las vacaciones, el aguinaldo, propinas o premios. Quedará un tope salarial como base remunerativa, que no puede exceder tres veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador. De esta manera y para desalentar discrecionalidades en litigios judiciales, las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3% anual.
También se habilita a las pymes el pago en cuotas.
Se dispone la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se financiará con el aporte obligatorio que realizan los empleadores, y la ANSES dejará de percibir esos ingresos. La administración de los recursos recaerá en la Comisión Nacional de Valores. Hace una segmentación de 1% para las grandes empresas y 2,5% para las pymes.
Vacaciones
De acuerdo a la norma, el empleador deberá conceder las vacaciones entre el 1º de octubre y el 30 de abril del año siguiente. Las partes pueden acordar disponerlas fuera de dicho período. Se propone un mutuo acuerdo entre el empleador y el trabajador para convenir el fraccionamiento de las vacaciones, “con una antelación no menor a treinta (30) días”, permitiendo fraccionamientos mínimos de siete días.
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Banco de horas
Con respecto a las horas extras y bancos de horas, el artículo 197 bis incorporado prevé que empleador y trabajador “podrán acordar voluntariamente un régimen de compensación de horas extraordinarias”, debiendo formalizar por escrito el sistema.
“Dicho régimen deberá respetar los descansos mínimos legales, asegurando en todo momento la protección, beneficio e interés del trabajador”, indica el texto.
El derecho de huelga
La reforma fija porcentajes mínimos de funcionamiento durante las huelgas, de acuerdo al tipo de actividad. De esta manera, los servicios que son considerados esenciales deberán asegurar una cobertura del 75%, en tanto que los establecidos como trascendentales, al menos el 50%.
Por otra parte, la norma amplía el número de actividades alcanzadas. Finalizada una conciliación obligatoria, los sindicatos deberán presentar con anticipación un plan de ejecución de la medida de fuerza. Las asambleas de trabajadores tendrán que contar con autorización previa del empleador.
Formalización del empleo
Se crea el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) por un año y establece que, por cada nuevo trabajador, el empleador pagará menores contribuciones patronales (solo 8%, incluido el 3% destinado al Fondo de Indemnizaciones).
Sobre las nuevas incorporaciones, deberán no haber tenido una relación laboral registrada al 10 de diciembre de 2025, haber estado inscripto en el monotributo y haber sido empleado público.
reforma laboral, Javier Milei
El nuevo ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, comenzó su gestión promoviendo cambios en las cúpulas de todos los organismos que se encuentran bajo su órbita. En ese sentido, este jueves se dio a conocer que puso al frente de la Inspección General de Justicia a Alejandro H. Ramírez, abogado con amplia experiencia y que ha litigado contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entidad a la que deberá investigar.
Ramírez, quien reemplaza en el cargo a Daniel Vítolo, es abogado y Magíster en Derecho Empresario por la Universidad Austral, donde se desempeña como profesor de grado y de la Maestría en Derecho Empresario (MDE). Como parte de su trabajo privado, ha representado a la empresa Berg Watches S.A. en una demanda contra la casa madre del fútbol argentino. La compañía y la AFA fueron socias en la comercialización de 10.000 relojes de lujo en homenaje a la Selección Argentina campeona del mundo en 2022.
Los mismos contaban con un diseño en color celeste, con detalles que denotan la tercera estrella, movimiento suizo Ronda 704 y cristal de zafiro. Evidentemente, algo salió mal, la sociedad se quebró y los relojes ya no se pueden ver en la página oficial de la empresa, aunque persiste en la web la descripción del artículo.
La IGJ protagoniza un conflicto con la AFA, sobre todo luego de que requiriera la designación de veedores para revisar documentación contable, financiera y contractual de la entidad que rige al fútbol argentino.
En un intento por obstaculizar ese trabajo, la asociación civil estableció su domicilio en Pilar, quedando así bajo la órbita de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense.
Ramírez, quien dicta cursos de posgrado en distintas universidades del país, es socio del estudio Highton & Ramírez.
Según informa su currículum, ha representado a la República Argentina ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL), integrando el grupo de trabajo sobre PYMES, donde participó en la elaboración de la Ley Modelo sobre Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) y en la Guía Legislativa de la ONU sobre Registro de Empresas.
También fue punto focal ante la OEA en materia de simplificación del derecho societario en América y co-redactor de la Ley 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor y del régimen de la Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS).
Es miembro del Comité de Políticas Públicas de la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) y Director del CES-Latam (Centro de Estudios Societarios para Latinoamérica). Es autor del libro SAS – Sociedad por Acciones Simplificada (Editorial Astrea, 2019), entre otras publicaciones especializadas.
No es menor el detalle de su especialización en SAS, ya que se ha enfrentado en redes sociales y hasta en el Congreso de la Nación con el gobierno de Alberto Fernández por ese mismo tema. Incluso también con la IGJ, organismo que ahora comandará.
En 2023, se puso al hombro los reclamos del sector y apuntó una y otra vez tanto contra Fernández como contra el entonces ministro de Economía, Sergio Massa. De hecho, acusaba al Poder Ejecutivo de que, en su busca de limitar las SRL y las SAS, podía llegar a disolver una sociedad y confiscarla.
“Otra vez fui a Diputados a defender el inentendible ataque de este Gobierno a las SAS, los emprendedores y a las PYMES. ¡Es increible no tener consenso en que sin empresas y emprendimientos no vamos a salir nunca para adelante!“, expresó en su cuenta de X el 28 de abril de 2023, con mención a la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA).
Casi un año más tarde, el 16 de abril de 2024, cuando ya era presidente de la Nación Javier Milei, Ramírez celebró: “La IGJ intentó matar a las SAS. Con ASEA hicimos un amparo. Hoy, la Corte Suprema nos dio la razón, avalando al fuero Comercial, quien había suspendido todos los atropellos de la IGJ. ¡A veces, en Argentina hacer políticas públicas significa defender lo ya conseguido!“.
Entre otras cosas, lo que pretendía el gobierno de Fernández era crear un Registro de Emprendedores, a cargo del Ministerio de Economía de Massa y la Secretaría de Desarrollo Productivo, que tendría la potestad de aceptar o rechazar a quién se consideraba emprendedor y, por lo tanto, quién podía conformar una sociedad.
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