POLITICA
Fabiola Yañez pedirá 12 años de prisión para Alberto Fernández

Los abogados Fabiola Yañez solicitarán 12 años de prisión para Alberto Fernández por las distintas agresiones que la ex primera dama sufrió a manos del expresidente, según la denuncia y la hipótesis de la Justicia. La causa tiene al expresidente procesado por tres distintos hechos violencia y se encamina al juicio oral.
La etapa de pruebas está concluida. Cuando la querella, a cargo del abogado Mauricio D’Alessandro, realice el requerimiento de elevación y pida los 12 años de prisión, será el turno de la defensa del expresidente, en manos de la abogada Silvina Carreira, y luego del fiscal que instruyó el caso, Ramiro González, que en su dictamen acusó al exmandatario de lesiones leves y graves agravadas por un contexto de violencia de género y amenazas coactivas.
El juez Julián Ercolini, que procesó al expresidente por algunos de esos hechos, será quien tenga la última palabra y decida si eleva la causa a juicio oral o falta alguna medida de prueba adicional.
El caso se inició en agosto de 2024, luego de se hicieran públicos algunos chats que evidenciaban las presuntas agresiones por parte del expresidente y la ex primera dama decidiera instar la acción penal contra él. Los mensajes que trascendieron inicialmente pertenecían a una conversación en la que Yañez le decía a la entonces secretaria del presidente, María Cantero, que su jefe le pegaba.
Tras la denuncia, el juez Ercolini imputó al expresidente, le prohibió el acercamiento a Yañez y dio inicio a un escarpado proceso judicial que incluyó un allanamiento al domicilio del expresidente, peritajes de teléfonos, recusaciones fallidas, informes de distintos profesionales de la salud y varios capítulos de una guerra mediática pero asordinada entre el expresidente y Yañez, con acusaciones y denuncias cruzadas entre ambos.
En su declaración indagatoria, donde no contestó preguntas del juez ni del fiscal, el expresidente arremetió contra el juez Ercolini −a quien intentó sin éxito correr del caso−, negó las acusaciones y pidió su sobreseimiento. A través de un escrito, sostuvo que jamás ejerció violencia física contra su expareja, y que si alguien fue agredido en la pareja fue él, que debió soportar insultos y maltratos varios, agresiones que asoció a los reconocidos problemas de Yañez con el alcohol.
“Ninguno de los testigos que han pasado por esta causa han visto o han conocido de algún modo que yo haya tenido semejante conducta”, afirmó. “En este tribunal me siento como en la embajada de una potencia extranjera: aquí no se aplica la ley argentina”, sumó.
En febrero de este año, el juez Ercolini procesó al expresidente por los delitos de lesiones leves −agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja, reiteradas en 2 oportunidades−; lesiones graves −agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja−; y amenazas coactivas. Además, trabó un embargo de 10 millones de pesos sobre sus bienes y resaltó la relación asimétrica entre ambos.
“Como todo supuesto de violencia de género, este también se encuentra asentado en una relación asimétrica de poder entre Fernández y Yañez. Así el desarrollo personal, profesional, la vida política y pública del imputado se encuentra por demás acreditado y se ve contrastado con el desarrollo que tuvo la víctima, incluso luego de iniciar la relación con el nombrado, se observa un bajo perfil”, afirmó el juez.
El procesamiento fue luego confirmado por la Cámara Federal.
marcelo bailaque,política
POLITICA
La CGT marchó casi a reglamento, con menos gente que la esperada y algunos guiños al Gobierno

Antes de la marcha de San Cayetano, en la CGT había entusiasmo por la posibilidad de protestar en la calle contra el Gobierno y algunos dirigentes coincidían en un pronóstico con tono de advertencia: “Vamos a mover a toda nuestra gente”. Sin embargo, la postal que dejó la movilización del 7 de agosto no estuvo a tono con ese vaticinio. Hubo mucha gente, pero no fue la cantidad esperada. Y sólo un puñado de sindicatos que pertenecen a la CGT se destacó por el número de manifestantes.
Sin embargo, para la cúpula cegetista el balance fue positivo. En diálogo con Infobae, uno de sus líderes dijo: “Cumplimos lo que nos habíamos propuesto. No era nuestra marcha, sino que nos sumamos a la que organizaron los movimientos sociales. Pero fuimos todos los que teníamos que ir, llevamos mucha gente y sacamos un documento para fijar nuestra posición».
Lo cierto es que la participación de la CGT se fue deshilachando con el correr de los días. La propuesta de adherir a la marcha fue aprobada el 21 de julio por la mesa chica ampliada, pero, en el fondo, se pareció más a un recurso para contener a los sectores duros que presionaban por otro paro general contra el Gobierno.
Al comienzo, la expectativa era que los sindicatos enviaran manifestantes para que marcharan desde Liniers con los movimientos sociales, que organizan esta movilización a partir de 2016 para reclamar por más trabajo, pero luego hubo un viraje: la CGT se concentraría en Diagonal Sur y Perú para caminar una cuadra a Plaza de Mayo.
El cambio se produjo, como anticipó Infobae, por el temor de que algunos sectores radicalizados increparan a la dirigencia de la CGT para exigirle un paro nacional.
Aún está fresco el traumático recuerdo de lo que sucedió en marzo de 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando la conducción cegetista de entonces (casi igual a la de hoy) realizó un acto de protesta y no precisó cuándo haría una huelga general, lo que provocó la reacción de un grupo que reclamó que le pusieran fecha al paro e increpó al triunvirato que lideraba la CGT (Héctor Daer, de Sanidad; Carlos Acuña, de estaciones de servicio, y Juan Carlos Schmid, de Dragado y Balizamiento), que tuvo que bajarse del palco entre insultos y empujones de la gente para refugiarse en el Sindicato de Comercio. En los incidentes se robaron el atril con el logo de la CGT.
Ahora, algunos sindicalistas temían la explosiva combinación que se iba a dar en la calle de sectores críticos y hostiles hacia la CGT como La Cámpora, gremios combativos y expresiones de izquierda.
Por eso pasaron de la idea inicial de caminar 15 kilómetros entre Liniers y Plaza de Mayo a recorrer 100 metros hasta donde finalizaría la marcha. Para tener mayores garantías, incluso, los dirigentes de la CGT sólo estuvieron 2 o 3 horas, se acomodaron sobre la calle Hipólito Yrigoyen, cediendo la ubicación principal del acto, y se retiraron antes de que se leyera el documento.
Esa declaración incluyó duras críticas a las políticas del Gobierno y al estilo presidencial, como cuando señala que “la descalificación, el agravio y la violencia verbal son incompatibles con la democracia y el necesario debate de ideas”. Pero el texto también tiene guiños a la administración libertaria con apelaciones al diálogo y la búsqueda de consensos (a lo que apuestan los líderes cegetistas al participar del Consejo de Mayo).
“Creemos en el diálogo social como herramienta clave y eje central en la búsqueda de consensos que posibiliten la puesta en marcha de políticas superadoras para dejar atrás una crisis que venimos soportando desde hace años y que golpea inequitativamente a la gran mayoría de nuestra sociedad”, afirma el documento, que seguramente no conformó al ala dura de la CGT, que no quiere dialogar con el Gobierno y busca desgastarlo a fuerza de paros.
Entre quienes redactaron el texto figura Gerardo Martínez (UOCRA), del ala dialoguista de la CGT, miembro del Consejo de Mayo y partidario de negociar con Milei para impedir que se avance con una reforma laboral que pondría en peligro al sindicalismo, entre otros puntos.
Más allá de estos matices, lo que mostró la CGT en la calle este jueves fue un muestrario de datos sugestivos.
Algunos de los sindicatos que llevaron más gente fueron Camioneros, UOCRA, UPCN, UDA y los integrantes de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), encabezados por Juan Carlos Schmid y Juan Pablo Brey, junto a ATE y los miembros del ultraopositor Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, entre otros. Pero, como se preveía, impactó la capacidad de movilización de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el gremio de los movimientos sociales que lidera Alejandro Gramajo y que organizó la marcha.
En materia de concurrencia de dirigentes, hubo falta con aviso del cotitular de la CGT, Héctor Daer, que este mismo 7 de agosto tuvo comicios en su sindicato, ATSA Buenos Aires, donde no compitió por una nueva reelección.
En la columna principal de la CGT hubo sindicalistas de perfil más bajo que pasaron a una ubicación destacada, como Cristian Jerónimo (vidrio), Maia Volcovinsky (judiciales) y Jorge Sola (seguro), cuyos nombres, casualmente (o no), circulan como posibles miembros del triunvirato cegetista que se elegiría en el congreso de renovación de autoridades, en noviembre próximo.
La nota destacada la dio Hugo Moyano, por primera vez en mucho tiempo en la columna principal de la CGT, flanqueado por Gerardo Martínez y por Octavio Argüello (Camioneros), el único cotitular cegetista presente en la marcha (además de Daer, tampoco estuvo Carlos Acuña). Detrás del líder sindical estuvo en todo momento su hijo menor, Jerónimo, mencionado como el candidato de Camioneros para la Secretaría de la Juventud de la CGT.
A quien nadie vio en la marcha es a Pablo Moyano, quien había convocado a movilizarse desde un video con ruido ambiente de una cancha de fútbol y vestido con una campera que lleva el escudo del club Camioneros, del que es presidente. ¿No habrá querido cruzarse con su padre, con quien está peleado? ¿O estará concentrado en el partido que su equipo jugará el sábado con Deportivo Paraguayo por el torneo de la Primera C?
POLITICA
Milei y Petro vuelven a acercarse luego de meses de frialdad y distancia

Lejos, muy lejos, parecen haber quedado aquellos intercambios de insultos y descalificaciones, moneda corriente en aquellos tumultuosos primeros meses de gestión, con Javier Milei en la Casa Rosada y Gustavo Petro como presidente de Colombia. Hoy, ambos países dieron un nuevo paso hacia la reconciliación, al menos en lo que hace al vínculo político y económico bilateral.
Este jueves, el flamante embajador de Colombia en el país, José Roberto Acosta, encabezó los festejos por el aniversario número 206 de la independencia de Colombia. Debajo de un retrato de Simón Bolívar en la sede diplomática en Buenos Aires, Acosta contó que el canciller Gerardo Werthein le había dado, en tiempo récord y el día anterior, su plácet para desempeñarse como embajador. Con gracia, afirmó que las relaciones entre ambos países son “sólidas y fraternas” y que no hay “twitter que nos pueda separar”, en referencia a las redes sociales, a las que son tan afectos ambos presidentes, separados por un océano ideológico, pero unidos –al parecer- por un pragmatismo a prueba de batallas culturales.
Nadie quiso recordar que, a fines de marzo de 2024, Milei había tildado de “terrorista asesino” a Petro por su participación en organizaciones guerrilleras de izquierda durante su juventud. Declaraciones que derivaron en la expulsión de los diplomáticos argentinos de Bogotá. Tampoco nadie mencionó que el colombiano calificó de “neonazi” al presidente argentino y luego dijo, en diciembre y en una entrevista con Clarín, que Milei era un “potencial dictador”, que sus discursos eran “anacrónicos”, y que su discurso en el G20 de Río de Janeiro había sido “más aplaudido” que el de su par argentino.
Intentando una vuelta de página, el nuevo embajador colombiano habló de “fortalecer” una “relación de hermanos”, citó el histórico encuentro entre San Martín y Bolívar, y hasta reconoció que el himno argentino le parece “emocionante”. Lo escuchaban, en primera fila, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Fernando Brun, y su jefe de gabinete, Marcelo Lucco, enviados del canciller Werthein a la celebración, y parte de una concurrencia dónde se destacaron diplomáticos de Chile, Paraguay, Brasil, Cuba, la Unión Europea, Marruecos, entre otros.
“Nos unen recuerdos como el 5 a 0 en la cancha de River, que nunca vamos a olvidar”, bromeó el embajador en relación a aquel partido en las eliminatorias mundialistas de 1993 que terminó en goleada para los colombianos. “Esto es pragmatismo, un trabajo bien hecho”, sostuvieron voces de la diplomacia argentina, dejando de lado las antiguas-y profundas- rencillas.
No se trata de la primera vez que Petro y Milei intentan recomponer sus ásperos vínculos, que tienen como antecedente un solo saludo, a medias e informal, en esa reunión del G20 en Brasil. Luego de llamar a consultas a su embajador en el país, Camilo Romero, Petro le ordenó al diplomático que regresara a Buenos Aires. “Debe haber un acuerdo básico de civilidad”, dijo Romero a cuando volvió al país, en abril de 2024, con la intención de calmar las aguas.
Pero su estadía en la Argentina duró unos pocos meses, ya que en febrero de este año renunció al cargo, con el objetivo de ser candidato a presidente en 2026, año en el que Petro culminará su mandato. Por el lado argentino, Mario Raúl Verón Guerra continúa siendo el embajador en Bogotá desde mayo de 2024, cuando reemplazó a Gustavo Dzugala, quien pagó los platos por el conflicto entre ambos presidentes.
Milei y Petro, que duda cabe, siguen perteneciendo a mundos distintos. Aliado del norteamericano Donald Trump y del premier israelí Benjamín Netanyahu, el presidente argentino tiene como uno de sus slogans luchar contra los “comunistas” como Petro, quien sostiene un buen vínculo con la Venezuela de Nicolás Maduro y tomó partido por los palestinos en el conflicto de Medio Oriente, además de que suele polemizar con Washington.
Los más de cien mil colombianos que viven en Argentina, y sobre todo la necesidad de expandir las puertas del comercio parecen haber sido razones suficientes para no alimentar más el conflicto y deponer las armas, al menos por ahora.
había tildado,cuando volvió,Jaime Rosemberg,Conforme a
POLITICA
La oposición acelera en Diputados para revertir los vetos de Milei al aumento de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad

La oposición acelera en Diputados para intentar revertir los vetos de Javier Milei a las jubilaciones, la moratoria previsional y discapacidad. Se trata de tres iniciativas que se convirtieron en un nuevo frente de batalla para el oficialismo, en medio de una campaña electoral que condiciona los movimientos de todos los bloques.
La oposición, sin pausa, ya trabaja para rechazar los vetos presidenciales. Para mantener esas normas vigentes y obligar al Ejecutivo a su promulgación necesitarán reunir los dos tercios de los diputados presentes en el recinto. El oficialismo, por su parte, busca blindar los vetos como lo hizo en 2024, con el respaldo de al menos 87 diputados.
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Los números obtenidos por la oposición en la sesión del miércoles —cuando se aprobaron 12 iniciativas con amplios márgenes— reflejan una Cámara adversa para el oficialismo. Hubo acuerdos entre Unión por la Patria, la Coalición Cívica, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, el Frente de Izquierda y varios diputados de partidos provinciales, de la UCR e incluso del PRO.
“Ponerse de acuerdo con el kirchnerismo y votar leyes para perjudicar a un Gobierno que está obteniendo resultados es, básicamente, odiar a la Argentina. Priorizan sus intereses personales y sus lugares en las listas por encima de todo. Falta menos para octubre”, publicó en redes sociales el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Las declaraciones del titular de la Cámara Baja se dieron tras la aprobación de los proyectos de financiamiento para las universidades y el Hospital Garrahan, el emplazamiento a la Comisión de Presupuesto para tratar reformas en la coparticipación y los Aportes del Tesoro Nacional, temas de Ciencia y Tecnología y la reapertura de la comisión investigadora del caso $Libra.
También se aprobó el rechazo a varios decretos de legislación delegada mediante los cuales el presidente Milei y el ministro Federico Sturzenegger eliminaron o reestructuraron organismos públicos.
Rápidamente, la diputada del radicalismo crítico Mariela Coletta (Democracia para Siempre) respondió: “¿Los resultados? Desigualdad, desamparo, angustia, incertidumbre, violencia. Odiar a la Argentina es lo que hacen ustedes destruyendo todo lo que funciona bien y trae inversión a futuro: las universidades, el Garrahan, los institutos de investigación… y la lista sigue”.
Más allá de las diferencias que dejó el último debate legislativo, el Gobierno ya adelantó que vetará todos los proyectos que comprometan su objetivo de déficit fiscal cero. “El superávit fiscal no se negocia”, escribió el presidente Javier Milei en redes sociales.
La oposición, sin embargo, ya se prepara para dar batalla. “Tenemos el número para ponerle un freno a la crueldad de (Javier) Milei y vamos a trabajar para eso”, dijo la diputada de Unión por la Patria Sabrina Selva.
Los libertarios, por su parte, confían en reunir las voluntades necesarias para sostener los vetos. “Vamos a poder sostener el veto”, le dijo a TN el diputado salteño Carlos Zapata. Para ello, Martín Menem y Guillermo Francos apuestan a los 39 legisladores propios, más Paula Omodeo (Creo, Tucumán) y los seis diputados de la Liga del Interior liderada por Pablo Cervi, que responde al ala radical libertaria. A esto suman la mayoría de los diputados del PRO, pese al quiebre que se evidenció en la última votación: hubo ausentes como Silvia Lospennato, abstenciones y apoyos parciales al oficialismo.
También observan con atención a la UCR: Rodrigo de Loredo, que negocia su reelección con los libertarios cordobeses, podría arrastrar a parte de su bancada (14 integrantes). Además, confían en algunos diputados provinciales, como los de Misiones, Río Negro y Salta, que podrían respaldar el veto al aumento jubilatorio, pero no necesariamente el de la emergencia en discapacidad.
Desde la oposición, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) señaló a TN: “Creo que la oposición, y por lo menos la Coalición Cívica, tiene que ser muy seria y responsable para construir los dos tercios de los presentes en la Cámara para insistir, total o parcialmente, con estas leyes que son significativas. Será el trabajo de las próximas dos semanas. Ya lo hicimos con la Emergencia Pediátrica (que incluye el tema Garrahan), con más de dos tercios: 159 votos a favor, 67 en contra. Muchos pensaron que no íbamos a lograr el quórum, pero no solo lo conseguimos: lo sostuvimos con más de 135 diputados”.
La estrategia de UxP y del resto de los bloques opositores será dictaminar la mayor cantidad de proyectos en la próxima semana, a partir de los emplazamientos aprobados en el recinto. Entre ellos, los cambios en los Aportes del Tesoro Nacional, en la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos, la promoción de la salud cerebral (impulsado por Facundo Manes), la declaración de emergencia en el sistema de Ciencia y Tecnología, y la reforma de la resolución que creó la comisión investigadora del caso $Libra.
Esas propuestas, hasta ahora trabadas en la Comisión de Presupuesto presidida por José Luis Espert, podrían quedar habilitadas para el debate en el recinto. Los bloques ya tienen en agenda —aunque falta el pedido formal— una sesión especial para el 20 de agosto. “No pensamos en el calendario electoral, pensamos en bajar al recinto cuando tengamos asegurado los dos tercios para cumplir con las mayorías reglamentarias”, aseguró a este medio un importante diputado del kirchnerismo.
“Si revisamos los números de la última sesión, la oposición aprobó los dictámenes con el número suficiente como para rechazar un veto. Todos los derechos sancionados fueron con los dos tercios de la Cámara de Diputados”, afirmó Eduardo Valdés, de UxP.
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“Tenemos la ambición de discutir la emergencia en discapacidad, el aumento en jubilaciones y cualquier otro veto, porque los números van a estar. Contamos con los 98 diputados de UxP, y seguramente en las provincias donde antes acompañaban a (Javier) Milei, ahora, por distintas razones —temas sociales y económicos, pero también por las tensiones con los gobernadores—, habrá cambios. Antes no confrontaban, pero ahora Milei les arma partidos en sus provincias. Por ahí veo factible lograr las mayorías necesarias para ratificar derechos cuando el Ejecutivo los censura”, concluyó Valdés.
Oposición, Diputados, veto
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