El presidente Javier Milei ratificó ayer a Manuel Adorni como jefe de Gabinete después que trascendiera que su continuidad en la gestión estaba en duda. El exvocero presidencial atraviesa su peor momento político después del revuelo que generó la presencia de su esposa Bettina Angeletti en el avión presidencial junto con la comitiva del Gobierno en Nueva York para participar del evento “Argentina Week”.

En paralelo, el ministro coordinador enfrentó un vendaval por la confirmación de que realizó con su esposa y sus hijos un vuelo a Punta del Este en avión privado. Según comprobó la Justicia, el tramo de ida del taxi aéreo figura como costeado por Imhouse SA, del periodista Marcelo Grandio, amigo del ministro coordinador. Actualmente Grandio vive en Uruguay, pero tiene un programa ( Giros en línea recta) en la Televisión Pública (que depende del jefe de Gabinete). Tiene además un ciclo en un canal de streaming de la misma emisora, en la que Adorni fue entrevistado en varias ocasiones.

En las últimas horas, reveló que Angeletti registró a su nombre en noviembre de 2024 la casa en el country Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz que señaló en una denuncia penal la diputada Marcela Pagano, una exintegrante de La Libertad Avanza (LLA).

Adorni, un funcionario muy cercano a Karina Milei, se negó a dar explicaciones sobra la casa que compró su esposa en Exaltación de la Cruz cuando él ya era funcionario público. Adujo que prefería no responder preguntas sobre el origen de los fondos o si la propiedad había sido declarada ante la Oficina Anticorrupción (OA) porque el tema está bajo investigación.

En concreto, Adorni enfrenta varias causas judiciales y pedidos de informes en el Congreso. Por un lado, los diputados Esteban Paulón (socialista), Pablo Juliano (UCR opositora) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) hicieron una denuncia contra Adorni para que la Justicia investigue el viaje que hizo el jefe de Gabinete en un chárter privado en el feriado de Carnaval junto a su mujer, sus hijos y su amigo Grandio.

El expediente recayó en manos del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita. El hecho que se investiga podría encuadrar en un posible enriquecimiento ilícito (de corroborarse que Adorni tuvo un crecimiento patrimonial apreciable que no puede justificar) o en un caso de dádivas.

Lijo y Pollicita ya verificaron que el viaje de ida fue costeado por Imhouse SA, de Grandio, amigo del ministro coordinador. El misterio gira en torno a quién pagó el tramo de vuelta.

Es que fuentes judiciales confirmaron a que ese viaje forma parte de un paquete de 10 viajes que abonó otra persona: Agustín Issin Hansen, quien tiene domicilio en Uruguay. La Justicia prepara un exhorto diplomático para pedir información al vecino país.

En simultáneo, Pagano denunció que Adorni no había incluido la casa de Exaltación de la Cruz en la declaración jurada que debe entregar cada año en la OA.

La denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito recayó en el Juzgado Federal N.º 1, a cargo de la jueza María Servini.

La exlibertaria también radicó una presentación judicial contra el jefe de Gabinete en la que reclamó que se investigaran los contratos de la consultora de Angeletti, +BE, que se dedica al “coaching ontológico” y que fue creada en 2024 poco después de que Adorni juró como vocero presidencial. Entre los clientes está confirmado que tuvo a la naviera National Shipping.

Anteriormente, Pagano había denunciado a Adorni por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, a raíz del viaje de su esposa a Nueva York. Esa presentación está en manos del juez Daniel Rafecas.

Entre tanto, el abogado Gregorio Dalbón, que supo representar a Cristina Kirchner y la AFA, denunció a Adorni por haber subido a su esposa al avión presidencial durante el viaje de Estado de Milei por el Argentina Week. Según Dalbón, ese hecho “podría configurar la comisión del delito de malversación de caudales públicos y/o utilización indebida de bienes del Estado por parte de un funcionario público nacional”. Ese expediente recayó en el juzgado que subroga Lijo.

“Vengo una semana a deslomarme a Nueva York; quería que me acompañe”, justificó Adorni, quien también enmarcó las acusaciones en una maniobra para desprestigiar el encuentro empresario en Nueva York.

En ese marco, Adorni también enfrenta pedidos de informes y de interpelación en el Congreso que fueron impulsado por integrantes de la oposición.

Las presentaciones fueron realizadas por Paulón y el bloque de Unión por la Patria, que conduce Germán Martínez.

“El funcionario deberá dar cuenta de las presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos”, señala la solicitud impulsada por el kirchnerismo.

Desde la bancada opositora reclamaron que se informen el “traslado, alojamiento y gastos de su cónyuge en la ciudad de Nueva York”. A su vez, pidió datos del viaje de Adorni a Uruguay “en una aeronave privada […] debiendo acreditar fehacientemente la modalidad de pago, el origen de los fondos y la identidad de la persona humana o jurídica que sufragó dicho desplazamiento”.

A pesar de algunos cruces y críticas, la líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, elogió este viernes al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, por una de sus últimas medidas: la eliminación de las restricciones vigentes para la obtención de patentes farmacéuticas.

A través de su cuenta de X, en contraste con sus varias chicanas para con la administración de Javier Milei, la dirigente política celebró la Resolución Conjunta 1/2026, publicada en el Boletín Oficial: “Lo que está haciendo el ministro, habilitando la importación de medicamentos de laboratorios extranjeros y haciendo cesar el proteccionismo escandaloso de los laboratorios nacionales todavía ‘en desarrollo’, es lo más importante que se hizo en los últimos años en la Argentina”.

Luego agregó: “Espero que esto abarate los precios”.

El mensaje de Carrió llega luego de que el jueves los ministerios de Salud y de Economía eliminaran las restricciones vigentes para la obtención de patentes farmacéuticas con el objetivo de simplificar el proceso de registro y alinear el sistema local con los estándares internacionales.

La resolución derogó la normativa 118, vigente desde 2012, que fijaba criterios específicos para el funcionamiento del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y limitaba su facultad para evaluar y otorgar títulos de propiedad intelectual. Ahora el INPI analizará las solicitudes caso por caso, sin necesidad de atravesar los procesos burocráticos previos.

La norma establece que el fortalecimiento de la protección de las invenciones aportará “condiciones de previsibilidad”. Según se detalla, el esquema favorece la incorporación de desarrollos científicos y el acceso a nuevos medicamentos.

En tanto, la medida establece un mecanismo de protección para los productos que ya circulan en el mercado: el artículo 2 de la resolución determina que “para el caso de patentes concedidas vinculadas a productos farmacéuticos que estén siendo comercializados por terceros localmente, los titulares de las patentes no tendrán derecho a impedir la continuación de la comercialización ni a requerir una retribución”.

Sturzenegger calificó el cambio como “una mejora trascendental en el respeto de la propiedad intelectual en nuestro país”. Sostuvo que la normativa anterior dificultó el registro de “terapias innovadoras” en la Argentina.

Puntualizó, además, que la derogación rige para los trámites futuros, pero que los medicamentos ya presentes en el mercado mantienen su situación actual.