POLITICA
Facturas sospechosas: investigan la relación entre la AFA y proveedores de “ficción jurídica”

En una presentación de 58 páginas que entregó este jueves a la justicia, el Gobierno, a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), arremetió por segunda vez en cuarenta días contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La presentación fue el resultado de cruces de datos con bases de contribuyentes no confiables del organismo e intercambio de notificaciones entre la ARCA y la AFA. En la Casa Rosada no dudan en considerar que el material terminará en una de las “principales denuncias” contra la cabeza del fútbol argentino.
Este nuevo escrito de la ARCA puso en la mira el uso de facturas presuntamente apócrifas con un monto estimado en más de $376 millones, aunque en el mismo texto se aclara que no es la cuantificación final, por lo que podría ascender aún más.
La presentación contempla 15 anexos, uno por cada empresa proveedora. La documentación a la que tuvo acceso divide en dos grupos a las sociedades sospechosas: uno de “ficción jurídica” y otro en el que las autoridades del fisco resaltan la discrepancia entre el nivel de facturación y sus acreditaciones bancarias.
La detección de esos proveedores se dio en el marco de un proceso interno del organismo y fueron llevados por la ARCA ante el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, en las últimas horas.
Amarante ya tenía en su despacho de los tribunales de la avenida de los inmigrantes, la primera denuncia de ARCA contra la AFA. Esa primera denuncia fue realizada el 12 de diciembre último, por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, con un perjuicio fiscal de $7.593.903.512.
En el marco de ese expediente, a comienzos de esta semana Amarante aceptó a la ARCA como querellante. Lo que significó una victoria para el Poder Ejecutivo, que podrá formar parte del expediente activamente y pedir medidas de prueba, así como un duro revés para la cabeza del fútbol, Claudio “Chiqui” Tapia.
En la presentación realizada este jueves, a la que este diario tuvo acceso, se apunta a que la AFA es “usuaria de facturas apócrifas” y que existen coincidencias en los períodos fiscales que se denunciaron “oportunamente”, en referencia a la presentación hecha en diciembre. Esos períodos van de 2023 a 2025.
Los anexos de la presentación, que incluyen detalles sobre cada una de las 15 sociedades sospechosas, repiten una frase: “Del análisis de los antecedentes colectados se concluye que se habrían reunido elementos suficientes y necesarios que permitirían inferir la apocrificidad de las operaciones correspondientes a los períodos fiscales supra detallado, pagadas por la Asociación del Fútbol Argentino, respecto de la proveedora analizada”.
contactó a la AFA, pero al momento de publicación de esta nota no fueron respondidas las consultas realizadas sobre la posible apocrificidad de las operaciones bajo la lupa del fisco.
Si bien la AFA ocupa el centro de la presentación realizada por ARCA, gran parte de la documentación se dedica a describir a empresas que le emitieron comprobantes a la entidad presidida por Tapia. Las características de esas sociedades -domicilios supuestamente inexistentes o discrepancias entre los montos facturados y sus estructuras operativas -son el principal argumento utilizado por el fisco para inferir una posible apocrificidad en las operaciones entre ellas y la casa madre del fútbol argentino.
Los anexos detallan dos grandes grupos dentro de las 15 sociedades sospechosas. Siete de ellas están agrupadas en una “ficción jurídica”, tal como plantea la documentación. ¿Por qué? Tienen accionistas y autoridades declaradas en común y, en simultáneo, “carecen de sustancia económica real”.
Dentro de este grupo se encuentran sociedades como Maxstore SA. Cuando los sabuesos del fisco se dirigieron a su domicilio no encontraron a nadie allí, pero el encargado del edificio indicó que “el departamento en cuestión es utilizado para alquileres temporarios a través de la plataforma AIRBNB”, tal como se lee en la documentación. Esta firma le emitió comprobantes a la AFA por un total de $23.500.000 entre el 13 de enero de 2023 y el 9 de febrero de 2024, según los documentos de ARCA.
De acuerdo con la presentación, esta sociedad sospechosa posee dos accionistas. Una de ellas también tiene participación en otra de las sociedades sospechosas, llamada Holdembrog SA.
Otro caso dentro de este primer grupo de sociedades sospechosas es el de Central Hotel SRL. “Pese a estar la proveedora inscripta en actividades declaradas, como servicios de hotelería y servicios de publicidad, el concepto facturado a la Asociación del Fútbol Argentino fue de ‘obras realizadas en el predio Ezeiza’, concepto que no puede vincularse con dichas actividades”, consideró el fisco. Esta empresa le emitió comprobantes a la entidad de la calle Viamonte por un total de $9,6 millones distribuidos en dos fechas: 11 de noviembre y 1 de diciembre de 2023, según indica la documentación.
La telaraña de relaciones dentro del grupo de sociedad catalogado como de “ficción jurídica” se completa con los sujetos que forman parte de Central Hotel SRL. Se trata de dos mujeres. La primera de ellas también aparece en Belesan y Mosili; la segunda está vinculada a las firmas Gramez y Ninapey, de acuerdo con documentos comerciales.
El segundo grupo de sociedades sospechosas lo componen las ocho firmas restantes, cuyo denominador común -según la presentación de ARCA- es la discrepancia entre su nivel de facturación, acreditaciones bancarias y estructura operativa (empleados declarados y bienes registrables a su nombre).
La documentación elaborada por el fisco destacó algunos casos. Uno de ellos es el de ID Constructora SRL, cuyo nivel de facturación en el período 2023 alcanzó los $2904 millones, mientras que sus acreditaciones bancarias ascendieron a 419.943 pesos. Algo similar se observa con la firma Meroka, cuya facturación marcó $561.918.416,07 y sus acreditaciones bancarias, $67.738.234. Las observaciones de ARCA también mencionaron a Albamonte Construcciones SRL, en relación a un “incremento excepcional” del volumen de su facturación en 2023 que “carece de respaldo fáctico”.
La información que dio pie a la presentación salió de “tareas de fiscalización” de la ARCA, en las que se constató que la AFA realizó pagos vinculados a operaciones registradas a 15 (quince) proveedoras que revisten el carácter de apócrifas”.
Por un procedimiento administrativo que fue detectando irregularidades, la ARCA notificó a la AFA el pasado martes 20 de enero sobre lo detectado y le dio un plazo de 15 días, que comienza a correr a partir del 2 de febrero, para que aporte las pruebas que hagan a su defensa. Fue con “la finalidad de conmover la convicción administrativa”, según se consigna en el documento. En la Casa Rosada no tienen dudas de que la AFA no podrá justificar lo que se le exige y que el caso escalará judicialmente.
El procedimiento interno en la ARCA data de meses atrás y se dio después de varios cruces entre el organismo y la cabeza del fútbol local, a través de notificaciones, en las que la primera cuestionaba irregularidades detectadas, como las “salidas no documentadas” de dinero y la AFA manifestaba su “disconformidad con la liquidación que le fuera’ practicada.
Hasta que el 19 de diciembre, una semana después de la primera denuncia, ARCA notificó nuevamente la liquidación practicada al domicilio fiscal electrónico de la AFA y el 2 de enero de 2026, la entidad que preside Tapia insistió con su disconformidad. La fiscalización remitió las actuaciones a la División Revisión y Recursos de Grandes Contribuyentes, lo que dio inicio al procedimiento determinativo de oficio,
El área de investigación realizó cruces sistémicos sobre las bases de datos del organismo, advirtiendo la existencia de otras facturas consignadas a nombre del contribuyente AFA “que fuera emitida por proveedores incluidos en la base de contribuyentes “no confiables”, distintos de los identificados en la fiscalización anterior, lo que agravó más la situación.
“Dentro de las tareas de investigación se pudo cuantificar en forma preliminar el importe del impuesto determinado en concepto de Impuesto a las Ganancias- Salidas No Documentadas”, que asciende a más de $376 millones. Aunque en el escrito se aclara que “podrá arribarse a una cuantificación efectiva”, una vez concluido todo el procedimiento en curso.
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POLITICA
SUTEBA se suma al paro contra Axel Kicillof y peligra el inicio de clases en la Provincia de Buenos Aires

En consonancia con el paro nacional docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), el gremio SUTEBA anunció una medida de fuerza que podría poner en riesgo el inicio del ciclo lectivo en la Provincia de Buenos Aires.
La huelga está prevista para el próximo 2 de marzo y contará no solo con la adhesión del sindicato que conduce Roberto Baradel, sino también de la asociación de docentes privados Sadop; la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba), alineada con la CGT; la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB).
Esta última fue la primera en oficializar la medida de fuerza, luego de rechazar la propuesta salarial del gobernador Kicillof -que contemplaba un incremento del 3%- por considerarla “insuficiente”.
Entre los principales reclamos, los sindicatos exigen una recomposición salarial y convocatoria a paritaria nacional.
En el comunicado difundido a través de redes sociales, bajo el título “No al ajuste educativo”, los gremios exigieron la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), eliminado por el Gobierno nacional en los primeros meses de gestión; un aumento del presupuesto destinado a educación; la devolución de los fondos que, según señalaron, la Nación “le debe” a la Provincia; el fin de la sobrecarga laboral; y la convocatoria urgente a la paritaria nacional docente.
Además, manifestaron su rechazo al proyecto de ley denominado “Libertad Educativa” y reclamaron un aumento salarial.

En las últimas horas, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) decidió un paro nacional docente para el 2 de marzo, como parte de un plan de acción que incluirá movilizaciones, acampes y caravanas en todo el país, en reclamo de la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente y de un aumento salarial que supere la inflación.
Por su parte, los sindicatos educativos de la CGT, encabezados por la Unión Docentes Argentinos (UDA), advirtieron que “corre riesgo el inicio de clases y se va a profundizar el conflicto si el Gobierno no convoca a paritarias” y destacaron “la grave situación presupuestaria que atraviesa la educación pública”.
En el caso de CTERA, el paro fue resuelto en un congreso extraordinario de la entidad, que lidera Sonia Alesso, donde, además del reclamo salarial, se exigió una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y un aumento urgente del presupuesto educativo.

Además, durante el congreso de CTERA se reiteró “el rechazo a toda reforma laboral regresiva y al avance de proyectos que promuevan la mercantilización de la educación”, en tanto demandó “condiciones dignas de trabajo, infraestructura adecuada, recursos pedagógicos, conectividad para el dictado de clases y la defensa de los regímenes jubilatorios docentes”.
Durante el encuentro también se insistió en el rechazo de la organización al proyecto de Ley de Libertad Educativa que impulsa el gobierno de Javier Milei y por eso se decidió impulsar acciones durante todo el mes de marzo para “informar y esclarecer a la comunidad sobre el verdadero significado de este proyecto y las consecuencias que implicaría para la educación pública”.
Por su parte, en un comunicado de prensa, la UDA, que lidera Sergio Romero, secretario de Políticas Educativas de la CGT, y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), dirigida por Fabián Felman, advirtieron al Gobierno nacional que “corre riesgo el inicio de clases y se va a profundizar el conflicto si no convocás a paritarias”.
Los dos sindicatos subrayaron que “si no se concreta una convocatoria urgente a paritarias, el conflicto con el sector docente podría profundizarse y prolongarse, lo que afectará —por imposición de las actuales circunstancias generadas por el Gobierno— el normal funcionamiento del ciclo lectivo”.
POLITICA
El Senado tratará la semana que viene la reforma laboral, la baja de la edad de imputabilidad y una ley clave para los gobernadores del norte

Va a ser una semana de superacción en el Senado. Tras la aprobación de la reforma laboral en Diputados, la Cámara alta tiene previsto la semana que viene convertir en ley los principales objetivos políticos del presidente Javier Milei en sesiones extraordinarias. Entre el jueves y el viernes, el oficialismo confía en sancionar de manera definitiva la baja de la edad de imputabilidad y la modernización de las relaciones del trabajo.
Tras la aprobación del dictamen en comisión, el Senado tendrá listo para su debate en el recinto la reforma laboral que Diputados aprobó en la madrugada por 135 votos a favor y 115 en contra. Debido a que se eliminó el polémico artículo 44 que limitaba las licencias médicas, la Cámara alta deberá volver a discutirlo para darle sanción definitiva.
Según confirmó a Infobae la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, la intención es tratar el jueves la baja de la edad de imputabilidad y al día siguiente -tras cumplir la semana exigida por reglamento- la reforma laboral.
Pero no serán las únicas sesiones. Antes, el martes 24 de febrero está convocada la sesión preparatoria, donde los legisladores se reúnen para definir autoridades, comisiones y funcionamiento.
El jueves, de acuerdo a lo que anticipó Bullrich, se discutirá la ley penal juvenil -que tuvo aprobación en Diputados-, la aprobación de la designación de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica y ante la Unión Europea, y la denominada Ley de Glaciares.
Esta última es un reclamo de los gobernadores del norte -que tienen un potencial minero en plena expansión- quienes fueron claves para que el gobierno de Javier Milei consiguiera el aval parlamentario para sus objetivos políticos. El salteño Gustavo Sáenz, el catamarqueño Raúl Jalil, el sanjuanino Marcelo Orrego, y el jujeño Carlos Sadir venían reclamando por esa iniciativa, que despeja límites para el desarrollo de esa actividad clave para el desarrollo de sus provincias.

El viernes próximo, en tanto, está previsto que se lleve al recinto la reforma laboral, el proyecto que tuvo anoche una aprobación de Diputados. La Cámara baja modificó la redacción original que la semana pasada había aprobado el Senado. Al eliminar el artículo 44, la iniciativa debe volver en revisión a la Cámara de origen. De acuerdo a los cálculos que tiene el Gobierno, el proyecto no tendrá inconvenientes para convertirse en ley.
También, ese mismo día, está prevista la discusión del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que tuvo ya en Diputados una aprobación holgada, incluso con votos peronistas.
Tanto para la reforma laboral como la baja de la edad de imputabiidad y el acuerdo comercial con Europa, el Gobierno consiguió apoyo de legisladores del peronismo, por lo que el oficialismo descarta que en la Cámara alta no habrá complicaciones para conseguir la aprobación.

La única fuerza que se opuso en todas las iniciativas que llevó el Gobierno a las sesiones extraordinarias fue el sector de Unión por la Patria que está alineado y responde al liderazgo de Cristina Kirchner, presidenta del PJ Nacional y que cumple una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por la “Causa Vialidad”.
El Senado ya había aprobado con 42 votos en general y 38 en particular la reforma laboral. Por eso, en la sesión del viernes próximo, La Libertad Avanza descuenta que se repetirá el mismo escenario. Más aun, porque la Cámara alta podrá votar de manera más rápida si acepta o no el cambio que se ejecutó en la Cámara baja.
En concreto, los diputados, con acuerdo el oficialismo, removieron el artículo 44 que tenía la limitación del pago de las licencias médicas.
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POLITICA
Patricia Bullrich: “La Justicia no puede interponerse sobre la voluntad de los legisladores”

“La Justicia no puede interponerse sobre la voluntad de los legisladores”. La advertencia de Patricia Bullrich coloca en primer plano la tensión por eventuales impugnaciones legales a la reforma laboral que avanza hacia una definición clave en el Senado argentino, donde está previsto que se decida sobre los cambios impulsados por la Cámara de Diputados.
El proceso ha sido calificado como “una construcción muy democrática de esta ley” y, según la senadora, el objetivo es que “la Argentina amanezca con un, un nuevo paradigma laboral que nos permita […] a los argentinos concentrarnos en que empresas y trabajadores puedan lograr […] conciliación, convivencia y buenas prácticas”.
De acuerdo con Bullrich, el cronograma parlamentario establece que la reforma será votada el viernes: “El viernes se debate la reforma laboral, el jueves el régimen Penal Juvenil y Mercosur, así que tenemos una agenda importante”.
En cuanto a las expectativas de cumplir todos los plazos antes del 1 de marzo, día del discurso del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa por la apertura del período de sesiones ordinarias, la legisladora sostuvo una visión optimista: “Esperemos que sí, esperemos que eso sea lo que logremos. Creemos que acá se ha armado un equipo muy sólido, de grupos […] reformistas, de un equipo reformista que quiere ayudar a que la, el país se reforme y aportar, porque ha tenido […] aportes de todos, de la Unión Cívica Radical, del PRO, de los bloques provinciales”.
Bullrich habló antes de ingresar al Senado para participar de la reunión del plenario de Trabajo y Presupuesto, donde se deberá formalizar la eliminación del artículo 44 de la reforma laboral votada ayer en la Cámara de Diputados.
El jueves, de acuerdo a lo que anticipó Bullrich, se discutirá la ley penal juvenil -que tuvo aprobación en Diputados-, la aprobación de la designación de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica y ante la Unión Europea, y la denominada Ley de Glaciares.
El viernes próximo, en tanto, está previsto que se lleve al recinto la reforma laboral, el proyecto que tuvo anoche una aprobación de Diputados. La Cámara baja modificó la redacción original que la semana pasada había aprobado el Senado. Al eliminar el artículo 44, la iniciativa debe volver en revisión a la Cámara de origen. De acuerdo a los cálculos que tiene el Gobierno, el proyecto no tendrá inconvenientes para convertirse en ley.
También, ese mismo día, está prevista la discusión del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que tuvo ya en Diputados una aprobación holgada, incluso con votos peronistas.
Tanto para la reforma laboral como la baja de la edad de imputabilidad y el acuerdo comercial con Europa, el Gobierno consiguió apoyo de legisladores del peronismo, por lo que el oficialismo descarta que en la Cámara alta no habrá complicaciones para conseguir la aprobación.
La única fuerza que se opuso en todas las iniciativas que llevó el Gobierno a las sesiones extraordinarias fue el sector de Unión por la Patria que está alineado y responde al liderazgo de Cristina Kirchner, presidenta del PJ Nacional y que cumple una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por la “Causa Vialidad”.
El Senado ya había aprobado con 42 votos en general y 38 en particular la reforma laboral. Por eso, en la sesión del viernes próximo, La Libertad Avanza descuenta que se repetirá el mismo escenario. Más aun, porque la Cámara alta podrá votar de manera más rápida si acepta o no el cambio que se ejecutó en la Cámara baja.
En concreto, los diputados, con acuerdo el oficialismo, removieron el artículo 44 que tenía la limitación del pago de las licencias médicas.
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