La designación del teniente general Carlos Presti al frente del Ministerio de Defensa fue pensada por el Gobierno con el objetivo de abrir una nueva etapa en la relación del mundo militar con la sociedad civil, pero también generó un conflicto interno en las Fuerzas Armadas (FFAA) por choques entre la cadena de mando y la escala jerárquica de las autoridades, lo cual podría ser solucionado por Luis Petri antes de dejar el cargo.

El actual titular de la cartera no tiene pensado dejar el puesto antes del 10 de diciembre, por lo que asumirá la banca en la Cámara de Diputados recién en esa fecha para así recibir los vehículos blindados Strikers y los caza F-16.

El mendocino encabezará esta semana los actos de presentación de ambas adquisiciones, en la localidad bonaerense de Boulogne y en la ciudad cordobesa de Río IV, respectivamente, para mostrarlas como hitos de su gestión.

En paralelo, el funcionario está planificando otro evento para mostrarle al presidente Javier Milei los aviones, que no se haría en el mismo momento del arribo de las aeronaves, sino unos días más tarde.

Aunque el jefe de Estado va a estar finalmente en la Argentina cuando aterricen los F-16, ya que canceló su viaje a Estados Unidos, la idea es que los vea más adelante: “No es un problema de él, sino de logística y horarios”, explicaron.

Por todos estos compromisos pendientes, Petri no va a renunciar en el corto plazo al Ministerio de Defensa, como sí hizo Patricia Bullrich al de Seguridad para convertirse en senadora, dejándole su antiguo lugar a Alejandra Monteoliva.

En su caso, va a jurar como diputado el próximo miércoles, como el resto de los legisladores electos, pero su reemplazo en el Gabinete no será formalmente nombrado hasta después del 9.

Durante este tiempo, según revelaron distintas fuentes a Infobae, es probable que el mendocino además aproveche para designar a la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas y evitar así que esa tarea recaiga en su sucesor, que es actualmente el jefe del Ejército.

Es habitual que cuando hay una renovación en el Ministerio de Defensa, el funcionario que llega cambie a las máximas autoridades militares para poner a gente de su confianza, pero en esta oportunidad se da una situación particular porque Presti es un uniformado en actividad.

Este escenario plantea un conflicto en la cadena de mando, ya que en el ámbito castrense hay un orden claro de jerarquías que se basa en tres factores: el cargo, el rango y la antigüedad.

Al tener menos tiempo como teniente general que lo que tiene de brigadier general Xavier Isaac, jefe del Estado Mayor Conjunto, se da la particularidad de que quien maneja en el plano operacional las FFAA tendría que cumplir las instrucciones políticas de alguien que, en realidad, es un inferior, lo cual no puede suceder.

Además, ese puesto es uno de los más codiciados y es reclamado desde hace tiempo por la Armada, que no está al frente del mismo desde el menemismo. El último marino que ocupó esa silla fue Jorge Enrico, entre el 23 de octubre de 1996 y el 27 de agosto de 1997.

Sin embargo, todo indicaría que quien va a sustituir a Isaac va a ser alguien del Ejército, por lo que Petri podría ser quien lo designe en estos días para que no tenga que ser Presti, hasta hoy jefe de esa misma fuerza, el que lo haga más adelante.

De todas formas, el futuro ministro enfrentará desafíos vinculados al conflicto generado por lo inusual de que haya un uniformado en el Gabinete, principalmente porque ya anticipó que no desea retirarse.

“Voy a cumplir con lo que determina la ley para personal militar. Voy a seguir con jerarquía militar, pero en una situación distinta”, aseguró el teniente general luego de una reunión que tuvo en la Casa Rosada.

Es la Ley 19.101 la que regula las distintas condiciones en las que pueden encontrarse los miembros de las FFAA a lo largo de su carrera, que son en servicio efectivo, el retiro y la disponibilidad.

Esta última es la categoría en la que quiere quedar Presti para no tener que desprenderse del rango mientras cumple su función en Defensa, aunque aquí también hay un problema y es que la norma permite que se le otorgue ese permiso para no estar en actividad cuando se es convocado por el Poder Ejecutivo, pero por un plazo de hasta seis meses como máximo.

Todavía no está confirmado, de todas formas, el camino que seguirá el próximo ministro, que ya tomó su primera decisión importante al elegir como su jefe de Gabinete a Guillermo Madero, que se desempeña como subsecretario de Defensa Civil y Protección Humanitaria.

El funcionario llegó en marzo último y durante estos pocos meses de gestión en el gobierno libertario tuvo un fuerte vínculo con los Estados Unidos y coordinó, entre otras cuestiones, los ejercicios combinados con la Guardia Nacional de Georgia.

Debido a que el dirigente tiene experiencia en el ámbito de la seguridad en espectáculos deportivos -fue uno de los responsables del Programa Tribuna Segura durante la administración de Bullrich en 2016-, llamó la atención de las autoridades norteamericanas, que lo convocaron para cooperar en la planificación del Mundial del año que viene.

Por otra parte, Presti también deberá enfrentar el desafío de tomar decisiones que involucran a las tres fuerzas, sobre todo en relación con el presupuesto, sin que cada movimiento sea interpretado en el interior del sector como un favoritismo para el Ejército, que históricamente es el que tiene mayores recursos y, por ende, gastos más grandes.

Por ejemplo, uno de los temas que están en carpeta son las negociaciones para adquirir submarinos, una medida que, en el caso de concretarse, beneficiaría directamente a la Armada.

La semana pasada, el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Marcelo Rozas Garay, viajó junto a su secretaria a Río de Janeiro para asistir a la botadura del cuarto Scorpene construido en Brasil por Naval Group, una de las empresas con las que está negociando el gobierno de Milei.

El período ordinario finalizó en el Congreso y el Ejecutivo puede prorrogar el mismo o, como ya dijo, convocar a sesiones extraordinarias. Esta situación no quita a los legisladores la posibilidad de presentar proyectos -no así tratarlos, salvo que estén incorporados al temario- y, a días de la jura del futuro ministro de Defensa y actual jefe del Estado Mayor Conjunto, Carlos Presti, el senador radical Maximiliano Abad (Buenos Aires) pidió que se active un plus salarial a los militares que sumen títulos educativos en los niveles terciario, universitario y de postgrado, entre otros, con el fin de frenar salidas anticipadas y bajas en las Fuerzas Armadas.

La iniciativa de Abad apunta a un 15% del sueldo básico para el nivel terciario, un 20% para el universitario, y un 25% para postgrado, especialización, maestría o doctorado. Los suplementos serían de carácter “remunerativo” y “únicamente” para quien “hubiera costeado sus estudios por sí mismo y sin interrumpir la prestación ordinaria del servicio de armas”. En tanto, quedarán “excluidos” los “títulos otorgados por los institutos de formación militar”.

En los fundamentos, el legislador radical expresó que “el régimen retributivo actual presenta distorsiones, inequidades y retrasos significativos, tanto en términos reales como en comparación con otras jurisdicciones o funciones públicas de similar exigencia”. Y agregó que “estas condiciones se ven agravadas por la alta inflación acumulada en los últimos años, la desactualización de suplementos específicos, la fragmentación del régimen salarial y la falta de una política salarial integral para el personal de defensa”.

Según Abad, “la creación de un suplemento especial constituye una medida de justicia y racionalidad, tendiente” a “incentivar la formación académica individual como herramienta de desarrollo personal y profesional, complementaria a la formación castrense”; “reconocer el esfuerzo económico y personal que implica acceder a una formación superior por cuenta propia”; “mejorar las condiciones de vida y carrera del personal militar, con impacto positivo en la moral institucional, la retención de talentos y la calidad profesional”; y “fomentar una cultura organizacional basada en el conocimiento, la actualización y la mejora continua, elementos esenciales para las fuerzas armadas”.

“En el contexto actual de transformación tecnológica, creciente complejidad geopolítica y demandas multidimensionales hacia las Fuerzas Armadas, la formación académica del personal militar resulta un componente estratégico e ineludible. La realidad contemporánea exige oficiales y suboficiales con capacidades analíticas, técnicas, logísticas y operativas que excedan ampliamente la formación militar básica”, argumentó el senador radical.

Abad detalló que “el suplemento propuesto tiene un impacto presupuestario limitado, ya que se aplica exclusivamente al personal militar que haya alcanzado títulos académicos fuera de la capacitación militar y costeados de forma personal, y su liquidación se realiza sobre el sueldo básico del grado, no sobre la totalidad de la remuneración”. En cuanto a cifras, manifestó que implicaría un “0,008%” del Producto Bruto Interno (PBI).

“La Constitución Nacional reconoce, en su artículo 14 bis, el derecho de todo trabajador a una retribución justa, a condiciones dignas y equitativas de labor, y a una protección integral. Aunque los miembros de las Fuerzas Armadas no se encuadran dentro del régimen laboral común, el principio de remuneración adecuada también rige su estatuto de función pública. La presente reforma busca subsanar dicha situación, estableciendo criterios objetivos, progresivos y acumulativos que den mayor previsibilidad, transparencia y equidad al régimen retributivo”, finalizó Abad.

Como el Ejecutivo dedicará su potencial convocatoria a extraordinarias para avanzar en el Congreso con el Presupuesto 2026, el proyecto de “inocencia fiscal” y la reforma laboral, como principales leyes, el texto de Abad y los que presenten legisladores oficialistas y opositores tendrán que aguardar el inicio del período ordinario, que será el 1 de marzo próximo.

Continúa el escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El caso se destapó tras la difusión de unos audios del extitular del organismo, Diego Spagnuolo. La causa envuelve a Miguel Ángel Calvete quien, según el fiscal Franco Picardi, era uno de los jefes paraestatales de la ANDIS. Tras investigaciones, quedó expuesto por sostener una estructura de protección enquistada en el Estado, capaz de mantener durante años maniobras ilícitas. Actualmente está detenido en una causa por prostitución. Ramón Indart, periodista de Infobae en Vivo, analizó la magnitud de la estructura de protección montada en las entrañas del Estado.

Indart desmenuzó el entramado de relaciones, tanto políticas como administrativas, que posibilitaron que Calvete –ahora preso por proxenetismo– edificara una red que se extendía mucho más allá de la agencia estatal Andis. “La causa es apenas una parte de un circuito mucho más amplio, donde se mezclan actores de distintas gestiones y terminales de poder financiero y político”, explicó el periodista.

De acuerdo con información proporcionada por el periodista, uno de los elementos claves fue el hallazago de un papel, pegado con un imán en la heladera de la casa de Calvete donde, instruía que, ante cualquier pregunta por empresas clave –Indecon, Finfox, Profarma, Reposán, Vmax– o ante la mención de su propio nombre o el de su pareja, Guadalupe Muñoz, se respondiera con un escueto: “Acá no es”.

Además, el mismo instructivo indicaba que en caso de allanamientos, se debía avisar, sacar una foto y consultar directamente al abogado Camilo Cordero Fabbri. “El nivel de brutalidad y desparpajo era tal, que las instrucciones sobre cómo actuar ante un allanamiento estaban escritas y pegadas en la heladera”, expresó Indart.

El periodista subrayó con asombro: “Que el abogado defensor de Calvete sea, en los hechos, el coordinador de admisión y derivación de denuncias de la Oficina Anticorrupción, es una muestra de cómo la red de impunidad penetraba todos los niveles”.

Detalles del operativo

El escándalo se agrava al considerar los detalles de la causa judicial llevada por el fiscal Picardi, quien estimó el monto del desvío en 37 mil millones de pesos. El operativo judicial incluyó el secuestro de dinero en efectivo y bienes, entre ellos, los 700 mil dólares encontrados en la casa de Calvete.

La propia hija del implicado, Ornela Calvete, pidió a la justicia la devolución de 50 mil dólares y 1.900 euros alegando que eran “de su propiedad y sobrantes de un viaje”. “El resto, no sé”, declaró ante la justicia, de acuerdo con datos brindados por Indart.

Otro aspecto controversial es el hecho de que Calvete, aun estando condenado por proxenetismo, permanecía en libertad y seguía operando en las sombras. “Que alguien condenado esté libre, con operadores adentro de oficinas estratégicas, demuestra que el problema es mucho más grave que un solo caso de corrupción. Es un sistema”, enfatizó la periodista Maru Duffard.

Cabe destacar que el origen de la causa estuvo en una serie de audios de Spagnuolo que, si bien luego no tuvieron valor jurídico probatorio, sí motivaron que la fiscalía iniciara una pesquisa que destapó la red de pagos, licitaciones amañadas y una estructura de encubrimiento.

El proceso judicial avanza contra 21 imputados. Tras la convocatoria a declarar, muchos optaron por el silencio y la negativa, entre ellos, Calvete. Ahora, Picardi deberá, en este contexto, determinar si alguno recurre a la figura del “imputado colaborador”, aportando datos hacia arriba en la cadena de mando para acceder a posibles beneficios judiciales.

Perfil y antecedentes de Miguel Ángel Calvete

Miguel Ángel Calvete ocupa un rol central en la trama de corrupción conocida como Coimagate en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según el fiscal Franco Picardi, Calvete fue uno de los jefes paraestatales de la agencia, con vínculos sólidos en el sector farmacéutico y un historial relevante en distintas causas judiciales. El martes 25 de noviembre, la Justicia lo indagó en Comodoro Py y optó por no declarar ante las autoridades.

La acusación sostiene que Calvete facilitó pagos en efectivo por cinco millones de pesos a Diego Spagnuolo, entonces titular de la ANDIS. También se lo vincula a maniobras de lavado de dinero junto a Sergio Mastropietro, exsocio de Fred Machado, un acusado de narcotráfico. Actualmente, Calvete está detenido por explotación económica de la prostitución, tras una condena de cuatro años impuesta en 2019.

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