La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional resolvió frenar el traslado a la justicia federal de la investigación sobre presuntas maniobras irregulares en los negocios internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y ordenó que el expediente continúe en los tribunales ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires. La decisión reactivó una de las causas que más inquieta a la dirigencia del fútbol argentino y volvió a poner bajo la lupa el rol del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia; el tesorero Pablo Toviggino; y los empresarios Javier Faroni y Gabriela Érica Gillette, responsables de Tour ProdEnter LLC, la firma que habría canalizado ingresos multimillonarios de la Selección que ganó la Copa del Mundo.

El pronunciamiento, firmado por el camarista Ignacio Rodríguez Varela, revocó la declaración de incompetencia que había dispuesto el envío del expediente al juzgado federal de Lomas de Zamora, donde se investiga una causa paralela por lavado de activos. En una resolución extensa, el magistrado sostuvo que la remisión fue “precipitada y prematura”, que no existía identidad de hechos entre ambos procesos y que no estaban dadas las condiciones legales para desplazar la causa del fuero ordinario.

Gran parte del fallo reproduce y analiza los argumentos presentados por el denunciante Guillermo Luis Tofoni en su apelación, utilizándolos como insumo para evaluar la razonabilidad de la decisión recurrida.

El abogado de AFA, Gregorio Dalbón, comunicó a Infobae que “no hay preocupación alguna” con la causa, “ya que la resolución dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional se limita estrictamente a resolver una cuestión de competencia”.

“No existe en el fallo pronunciamiento alguno sobre responsabilidad penal ni sobre la veracidad de las imputaciones formuladas por el denunciante. Se trata de una definición procesal que determina el ámbito jurisdiccional donde continuará la investigación, sin emitir juicio de mérito”, resaltó.

Y agregó: “La AFA mantiene absoluta tranquilidad institucional. Existe plena disposición a colaborar con la Justicia, aportar documentación y permitir que el proceso avance con rigor técnico y sin interferencias mediáticas. La institución no se guía por especulaciones sino por hechos verificables”.

Los detalles de la decisión de la Cámara

La causa se inició a partir de la denuncia de Tofoni, titular de la empresa World Eleven, quien sostuvo que la AFA violó contratos de exclusividad firmados en diciembre de 2019 y mayo de 2021 para la organización de partidos amistosos de la Selección entre noviembre de 2022 y diciembre de 2030. Según su presentación, esos convenios le otorgaban derechos exclusivos para gestionar encuentros internacionales, pero Tapia y Toviggino habrían celebrado contratos paralelos con otras compañías, entre ellas ProSport Live LLC y la firma china CRI, sin respetar ese compromiso.

El eje central del expediente no es solo el supuesto incumplimiento contractual, sino una presunta maniobra de administración fraudulenta. Tofoni afirmó que los pagos efectuados por los organizadores extranjeros nunca ingresaron al patrimonio de la AFA ni fueron registrados en su contabilidad, sino que habrían sido derivados a cuentas controladas por TourProdEnter LLC, desde donde luego se redistribuyeron hacia una red de sociedades sin actividad real.

El fallo recoge esa hipótesis y señala que, según el denunciante, la constitución de TourProdEnter y su designación como mandataria de la AFA constituirían “un capítulo más de la administración fraudulenta”, al haber funcionado como vehículo para cobrar y desviar fondos.

Uno de los puntos centrales del expediente es el rol de TourProdEnter LLC. De acuerdo con la reconstrucción realizada en la denuncia y reproducida en el fallo, esa empresa fue designada como “agente exclusivo para canalizar ingresos y egresos de la AFA fuera del país”, según surge de un contrato secuestrado en la causa federal.

Tofoni sostiene que TourProdEnter no sólo cobraba los pagos por los partidos, sino que tenía pactada una comisión del 30%, que calificó como injustificada. El camarista reproduce ese planteo al indicar que, conforme a la presentación del denunciante, la firma “independientemente de los fondos que se habría ocupado de cobrar y hacer desaparecer, tenía acordada una comisión del 30% que no tendría justificación alguna”.

Los partidos involucrados corresponden al período posterior al Mundial, cuando el valor comercial de la Selección alcanzó niveles inéditos. Entre 2023 y 2025, Argentina disputó amistosos en Asia, Medio Oriente, Estados Unidos y Europa, con contratos multimillonarios. En ese contexto, TourProdEnter pasó a ocupar un rol central en la administración de esos recursos.

Uno de los segmentos más detallados de la resolución es la descripción del recorrido de los fondos, basada en la información aportada por Tofoni. Según su exposición, el monto total desviado rondaría los 300 millones de dólares (USD 300.000.000). El fallo enumera las principales transferencias denunciadas, que la encabeza un broker de Uruguay por 106.773.505 dólares, y otras siete transferencias a Sports Nextgen LTD: USD 5.719.204,20; Marmasch LLC: USD 13.477.350; Soagu Services LLC: USD 10.800.000; Velp LLC: USD 3.000.000; Velpasalt LLC: USD 14.700.000; Global FC LLC: USD 5.974.012,27 y transferencia a María Florencia Sartirana: USD 40.000.

Según el denunciante, varias de estas sociedades carecían de actividad comercial real y funcionaban como “fachadas” para dispersar fondos. El juez recoge esa caracterización al mencionar un “entramado de sociedades sin actividad real, integradas o dirigidas por individuos vinculados al resto de los imputados”. También se mencionan gastos en bienes y servicios suntuarios, como alquiler de embarcaciones y aeronaves privadas, señalados como posibles maniobras de aprovechamiento personal.

En diciembre de 2025, el fiscal de instrucción solicitó que la causa fuera remitida al juzgado federal de Lomas de Zamora, donde el juez Luis Armella investigaba inicialmente maniobras de lavado vinculadas al Club Banfield. La jueza de primera instancia aceptó el planteo al considerar que existía identidad o conexidad entre los hechos y que resultaba conveniente unificar las investigaciones. La decisión fue respaldada por la fiscalía general y por las defensas de Gillette y Faroni. Este movimiento dejó virtualmente paralizada la investigación en la justicia ordinaria.

Rodríguez Varela consideró que la declinatoria carecía de sustento suficiente. Señaló que no era posible afirmar, en ese estado inicial del proceso, que existiera identidad entre los hechos investigados y que no se realizó el análisis mínimo exigido por la jurisprudencia. En ese sentido, afirmó que no se cumplió el “discernimiento previo elemental” requerido y que la resolución apelada no se compadecía con los datos disponibles.

También explicó que, aun admitiendo la existencia de vínculos entre ambos expedientes, no puede confundirse la investigación por administración fraudulenta con la pesquisa por lavado de activos, ya que la primera tutela el patrimonio y la segunda el orden económico-financiero. Así, descartó la existencia de litispendencia o riesgo de doble persecución.

El núcleo jurídico del fallo es la reafirmación de la competencia de la justicia nacional. Rodríguez Varela recordó que la competencia federal es excepcional y que los delitos comunes deben ser investigados por jueces ordinarios, aun cuando involucren grandes sumas o instituciones relevantes. Sostuvo que los fraudes “no dejan de ser comunes porque el monto sea importante” ni porque sus efectos trasciendan jurisdicciones. Además, cuestionó que se haya enviado el expediente directamente a un juzgado específico, advirtiendo que no corresponde al juez ordinario asignar destinos dentro del fuero federal.

La resolución contiene críticas al desempeño de fiscales y jueza de primera instancia. El camarista señaló que se formularon afirmaciones categóricas sin fundamentación suficiente y que se priorizaron criterios de conveniencia sobre las reglas legales. Advirtió que las reglas de economía procesal no pueden ser usadas para apartarse del marco normativo.

El fallo reconstruye con precisión los hechos de diciembre de 2025: la denuncia del 26, la ampliación del 30 con un escrito de 80 páginas, la declaración ante la fiscalía, el aporte masivo de documentación y, en paralelo, la ampliación del expediente federal hacia la AFA. Para el tribunal, esa secuencia muestra que la expansión de la causa de Lomas de Zamora coincidió temporalmente con la presentación de Tofoni, lo que relativiza el argumento de que existía una investigación federal previa consolidada.

La causa se desarrolla en un contexto de fuerte concentración de poder en la conducción de la AFA. Tras la consagración mundial, Tapia consolidó su liderazgo y convirtió a la Selección en el principal activo económico del fútbol argentino. Los amistosos internacionales, las giras y los contratos comerciales se transformaron en la principal fuente de ingresos en dólares. En ese esquema, la operatoria financiera pasó a ser un área estratégica. El expediente pone en cuestión la transparencia de ese sistema. Una eventual comprobación de desvíos por cientos de millones de dólares impactaría sobre el núcleo de poder de la entidad.

La Cámara ordenó reanudar la instrucción “con prontitud” y recordó que siguen pendientes el pedido de querella y las medidas cautelares solicitadas por Tofoni, entre ellas el embargo de cuentas en el país y en el exterior. También habilitó el uso de documentación secuestrada en otras causas.

El fallo no adelanta conclusiones sobre la responsabilidad penal de los imputados. El propio juez aclara que no emite juicio de mérito ni sobre la verosimilitud de las acusaciones. La resolución devuelve la causa al ámbito donde podrá avanzar sin el paraguas del fuero federal. A partir de ahora, la investigación deberá determinar si los fondos ingresaron efectivamente a la AFA, si existieron rendiciones, cuál fue el verdadero rol de Tour ProdEnter y qué grado de intervención tuvieron Tapia, Toviggino, Faroni y Gillette.