La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció que hará retención de tareas desde la medianoche de este 9 de abril. Esto impactará aún más en la baja circulación de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que ya habían implementado algunas empresas por la suba del costo del gasoil. En un comunicado, la entidad gremial advirtió que la medida alcanzará a las líneas cuyas empresas no hayan cancelado “la totalidad de los haberes”.

“Informamos que, encontrándonos al cuarto día hábil del mes, sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios del mes de marzo en determinadas empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires, se resuelve la retención de tareas”, expresaron, y detallaron que será a partir de las 00 de este 9 de abril.

Desde el gremio aclararon que solo será en aquellas empresas que no hayan cancelado la totalidad de los haberes como “medida de autotutela de los trabajadores representados”.

Desde la UTA apuntaron contra las empresas de colectivos por reducir la frecuencia debido a la suba del precio del gasoil y el atraso en el pago de subsidios, una medida que impactó de lleno en el AMBA en los últimos días. “Los empresarios bajaron la frecuencia de los servicios, generaron un gran malestar en los usuarios y violencia hacia nuestros representados, manifestando que no les ingresaron los subsidios nacionales ni provinciales. Nosotros queremos cobrar los sueldos y defenderemos los puestos de trabajo”, concluyeron.

Por el momento, se desconoce qué líneas serán las que presentarán baja frecuencia por esta nueva medida.

En tanto, desde el grupo DOTA aseguraron a que los sueldos fueron pagados y que sus líneas trabajarán con normalidad.

El anuncio de la UTA suma un nuevo problema al ya preexistente en relación a la baja frecuencia de los colectivos. Esta semana la disparada del precio del gasoil golpeó de lleno a las empresas de colectivos en un momento que la demanda del transporte público no para de caer y los subsidios siguen en retroceso.

Tras ello, la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) anunció la reducción de frecuencias. En la mayoría de las empresas alcanza el 30%, mientras que en algunas el 40%. En un comunicado, AEETA informó de la “extrema gravedad financiera” que atraviesan las empresas por la suba del costo del gasoil y el atraso del pago de compensaciones.

“Obligó a una readecuación operativa de emergencia en las líneas de jurisdicción nacional y provincial del AMBA. Es importante aclarar que la reducción de servicios no fue por una medida de fuerza gremial, sino una racionalización técnica forzada por la falta de recursos para cubrir las necesidades del gasoil”, explicaron.

El aumento del gasoil se produjo por el conflicto internacional en Medio Oriente, y causó un desfasaje entre el costo del insumo y los montos que figuran en las planillas estatales. “Mientras que las empresas deben adquirir el combustible a valores que oscilan entre los $2100 y los $2444 por litro, la estructura de costos oficial solo reconoce $1750 por litro”, señalaron.

Los aportes del Estado sufrieron a su vez un retroceso y cubrieron el 63% de los ingresos frente al 91% de diciembre de 2023. Esta merma de recursos se dio en un escenario de caída del 12% en la demanda del servicio durante el último año.

A su vez, el sistema trasladó a 1,1 millones de pasajeros diarios menos que en el periodo anterior y, en los últimos cuatro años, el parque automotor del sector ya perdió 3000 unidades.

“Nosotros estamos para llevar gente, no para no llevar gente; le pedimos disculpas al pasajero, pero si no, el Gobierno no nos recibe”, se lamentó el presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), Daniel Tenisi.

Las principales líneas afectadas por la reducción de frecuencia son las 136, 163, 166, 176, 182, 194, 195, 228, 236, 237, 269, 276, 302, 303, 310, 322, 326, 327, 336, 365, 386, 392, 395, 441, 443B, 448, 503, 504, 507, 510, 634, 670 y 741. Según comunicaron, la frecuencia debería mejorar a partir de mañana, gracias al pago de subsidios que ingresó este miércoles.

Con el apoyo de las provincias mineras, el oficialismo y los bloques aliados se aprestan a convertir esta noche en ley en la Cámara de Diputados la reforma de la ley de glaciares, iniciativa que apunta a acotar la protección que hoy rige sobre todo el área glaciar y periglacial para permitir la instalación de nuevos proyectos productivos, sobre todo mineros.

Tras conseguir el quorum sin mayores inconvenientes -incluso con el aporte de algunos legisladores cuyos bloques votarán en contra de la reforma-, los libertarios estiman que la votación (prevista para esta madrugada) arrojará entre 135 y 140 votos positivos.

El debate de la reforma, impulsada por el Poder Ejecutivo, divide antagónicamente las aguas en el recinto. Sus defensores insisten en que la iniciativa no afectará la protección que hoy rige sobre los cuerpos de hielo que cumplen una función hídrica comprobada científicamente y desmienten que la provisión de agua esté en peligro.

Sus detractores, en cambio, enfatizan que esta reforma es motorizada por los intereses mineros y que, de ser aprobada, será judicializada por inconstitucional y regresiva ya que, a su juicio, viola los presupuestos mínimos de conservación.

En defensa de la iniciativa, el diputado y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales Nicolás Mayoraz negó que la reforma viole el principio de no regresión, como advierten los críticos de la iniciativa, e insistió en que el paradigma que vertebra la ley actual de protección de los glaciares –su importancia hídrica- “no se modifica” con la reforma.

El legislador destacó que, con esta reforma, “se fortalece federalismo de concertación” al darle la posibilidad a las provincias a realizar los estudios de segundo y tercer grado para distinguir qué reas periglaciales cumplen una función hídrica relevante y las que no.

“Hoy el Ianigla (el Instituto Nacional de Nivología y Glaciología) no los puede hacer por falta de recursos y las provincias sí pueden”, sostuvo Mayoraz, quien desestimó las sospechas de que las provincias actúen guiadas por los intereses de las corporaciones mineras.

“Las provincias no pueden hacer lo que quieran, tienen los pergaminos para demostrar que hacen su trabajo con seriedad”, sostuvo el libertario santafesino.

La réplica vino de Unión por la Patria en la voz de Sabrina Selva. “No dudo que las provincias tengan las capacidades técnicas pero tampoco dudo, como lo demostró el Gobierno con la apertura de ATN (Aportes del Tesoro Nacional) esta semana a distintas provincias, que los gobernadores priorizan el criterio político a la hora de tomar definiciones sobre el criterio científico, que sí tiene el Ianigla”.

La legisladora advirtió que la reforma es motorizada por los intereses mineros y cuestionó que se haya soslayado del debate a las provincias que podrían verse perjudicadas con los nuevos proyectos mineros, entre ellas La Pampa, cuyas cuencas hídricas se aprovisionan del agua que proviene del área glaciar y periglacial ubicada en la Cordillera.

“El dominio originario de los recursos naturales establecido en la Constitución Nacional por parte de las provincias no puede ser interpretado sesgadamente”, sostuvo.

También el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) denunció que, detrás de esta reforma, subyacen los intereses de las empresas mineras. “No tengo ningún problema en decirlo: el sujeto regulado, las mineras, redactaron esta ley”, advirtió. “Es importante el desarrollo minero en la Argentina, y es compatible con el control ambiental, pero no a cualquier precio”, insistió.

“Estamos ante una nueva ofensiva colonial, reprimarizadora de la economía, un verdadero proyecto de saqueo“, acusó, a su turno, la diputada Myriam Bregman.

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