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Fentanilo contaminado: Ariel García Furfaro denuncia sabotaje en el laboratorio HLB Pharma y señala a un excolaborador

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La causa judicial que lleva adelante el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak por el fentanilo contaminado que se lo vincula a la presunta muerte de 34 pacientes internados en hospitales y clínicas de la provincia de Buenos Aires, CABA y Santa Fe derivó en un nuevo capítulo. Ariel García Furfaro, abogado y dueño de HLB Pharma y vinculado a Laboratorios Ramallo en la fecha de elaboración de la partida 31202 -diciembre de 2024- señada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) como la partida adulterada con al menos dos bacterias que habría sido el detonante de los fallcimientos, se presentó ante la justicia a través de un escrito. Lo hizo de manera sorpresiva. Hasta ahora el magistrado solo tenía bajo la lupa a los directores técnicos de los dos laboratorios. A lo largo de las once fojas, manifestó que desde hace semanas es objeto de un “escarnio periodístico injustificado” y vincula con un posible sabotaje sobre algunas muestras de fentanilo a y ex colaborador Andrés Quinteros a quien en otra causa penal lo acusa de “extorsión”.

“Lo hago en base a una sospecha fundada de que parte o todo de lo ocurrido pudo tener que ver con el accionar de una persona inescrupulosa, llamada Andrés Quinteros”, sostiene en el escrito y agregó: “Se trata de una persona que he conocido cuando él trabajaba en el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, como secretario del entonces ministro de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Di Rocco -durante la gobernación del Felipe Sola-. En ese entonces, cuando yo estaba pasando por un momento difícil, me ayudó mucho, y lo consideré alguien de profunda confianza. Con posterioridad, fue diputado provincial (PJ), y mantuvimos siempre una relación de cercanía. En ocasión de que yo hubiera adquirido un primer laboratorio, él se acercaba a pedirme donaciones (especialmente de suero) para regalar, a su vez, a hospitales y municipalidades, lo que favorecía su actividad política. Cuando comenzaron los proyectos para poner en funcionamiento Laboratorios Ramallo y HLB Pharma, en 2017, me encontraba absolutamente abocado a los dos (quedando luego más vinculado con los aspectos legales y comerciales de este último), y supe que Quinteros estaba sin trabajo”, relató el empresario al magistrado que por el momento no tomará ningún imperio sobre los dichos de García Furfaro.

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Y agregó: “Debido a la relación y buenos gestos que él había tenido hacia mi cuando nos conocimos, no dudé en ofrecerle trabajar en los laboratorios. A poco tiempo, y en la medida en que yo me retiraba hacia otros proyectos y a aspectos comerciales, él se ocupó de los sistemas de seguridad, depósito, y cuestiones generales, como apoderado. Tanto fue así que cuando se fue -de la empresa- surgieron faltantes de grabaciones de las cámaras de seguridad, asumo que para cubrir alguna maniobra que él prefería que permaneciera oculta. Su control sobre los laboratorios, especialmente sobre sus sistemas de cámaras, informáticos y seguridad, o incluso sobre contrataciones de personal era casi total, al punto que muchos creían que se trataba del dueño de Ramallo”.

En la exposición, Ariel García relató varias situaciones que llevaron a que la relaciión entre ambos se quebrara y Quinteros fuese desvinculado del laboratorio. Solo un ejemplo de estas desaveniencias. Dice Garcúa Furfaro: ““Más allá de algunas situaciones de sospecha sobre su conducta que produjeron fuertes discusiones, la relación con Quinteros sólo se rompió del todo cuando un empleado del Ramallo (Infobae se reserva su nombre) puso en conocimiento de su jefe, que Quinteros le había pedido que sustrajera 30 ampollas de morfina y se las vendiera a él, refiriéndole ‘pago lo que sea’”.

García también sostuvo haber denunciado a Quinteros por extorsión en febrero de 2025, luego de que una exempleada informara que Quinteros intentó reclutar personas para realizar denuncias falsas de abuso a cambio de dinero. Testimonios notariales aportados a la causa en la UFIJ N°3 de San Nicolás de los Arroyos señalan que Quinteros instaba a exempleados a denunciar supuestas irregularidades ante la ANMAT, con el objetivo de perjudicar la imagen del laboratorio.

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Por orden judicial se allanaron dos veces las instalaciones de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo

El escrito menciona además un episodio de intento de extorsión sufrido por García en marzo, cuando un individuo (Por razones legales esye medio no publica su nombre) con antecedentes judiciales, lo contactó con información personal y referencias a problemas inminentes relacionados con una presunta contaminación de el fentanilo que se haría publica y vincularía a los laboratorios Ramallo y HLB Pharma. García sospecha que los datos utilizados por esta persona “provenían de Quinteros”-

En relación con la investigación por la contaminación de fentanilo, García expuso sus dudas sobre la rapidez con la que se identificó las bacterias contaminantes en el Hospital Italiano de La Plata y la difusión de información sobre una supuesta cepa multirresistente.

El abogado señala que el médico infectólogo que participó en la identificación de la bacteria en ese centro de salud privado, (Infobae se reserva el nombre) “tendría vínculos previos con Quinteros, tanto por actividades políticas -militando por Florencio Randazzo, se aportaron fotos al expediente) como por la entrega de medicamentos al hospital en cuestión.

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García entiende que la información sobre la bacteria pudo haber sido difundida de manera intencionada para agravar la situación mediática y asociar el caso a muertes, aunque reconoce no tener pruebas concluyentes sobre la participación directa del especialista del Hospital Italiano de La Plata en la contaminación.

El primer brote de infección por el presunto medicamento contaminado fue detectado en ese efector privado. De los 18 pacientes afectados que estaban en terapia intensiva, 15 fallecieron. Después de la denuncia del hospital privado platense, la ANMAT intervino, prohibió la venta y utilización de venta del fentanilo de uso clinico de HLB Pharma y posteriormente, el 13 de mayo, inhibió a los dos laboratorios para la fabricación de medicamentos.

En el Hospital Italiano de La Plata murieron 15 pacientes por la presunta contaminación de fentanilo (Hernán Foulliet)

El abogado también destaca que la compra de 10.000 unidades de fentanilo por parte del Hospital Italiano del lote contaminado a la droguería Nueva Era de Rosario -que fue allanada por orden el juez Kreplak- fue inusual, tanto por la cantidad como por las condiciones de la operación, y plantea la hipótesis de que el lote comprometido pudo haber sido dirigido específicamente a ese hospital para facilitar la denuncia y la repercusión pública.

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García concluye su presentación manifestando su preocupación por el impacto de la situación en los laboratorios y en su entorno personal, y pone a disposición de la justicia toda la información relevante para la investigación en curso.

Quinteros, en diálogo con Infobae, niega las acusaciones, también su ex vinculación con los laboratorios realacionados con la presunta contaminación bacteriana. Sin embargo el abogado de García Furfaro, el defensor de uno de los imputados en la causa Maradona, Gastón Marano, presentó antre el juzgado del juez Enrique Kreplak documentos que lo prueban.

Se trata de una disposición del Instituto Nacional de Vitivinicultura que da cuenta de actuaciones administrativas que desembocaron en una multa emitida contra el exconcejal de San Nicolás y exdiputado provincial del Frente de Todos que identifica a Andrés Quinteros como “Jefe de Productos Regulados” de la firma HLB Pharma Group.

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El remito que acredita la compra de 10.000 unidades de la partida que resulto contaminada del fentanilo por parte del Hospital Italiano a la  droguería Nueva Era

Según la documentación a la que accedió este medio, se trata de la Disposiciónl DI-2025-51-APN-DBA#INV, del 8 de mayo de 2025. Allí se considera probado que Quinteros, inscripto como “Manipulador de Alcohol Etílico” infringió lo establecido por el Artículo art. 29 inc. f) de ley 24566″. Esto es en relación a una anterior resolución del propio Instituto Nacional de Vitivinicultura respecto a “una partida por 526 litros de producto intervenido”. Una partida de alcohol etílico que fue objeto de una instancia de investigación administrativa, por la cual en junio de 2023 el Instituto realizó una fiscalización, con personal que extrajo una muestra. En ese momento, Quinteros fue designado como “depositario legal” de la muestra. Sin embargo, cuando meses más tarde personal de fiscalización de la Delegación Buenos Aires del Instituto Nacional de Vitivinicultura concurre nuevamente al establecimiento a requerir la partida, es el propio Quinteros quien informa a las autoridades que “la misma fue consumida en su totalidad”.

Por esa razón, las autoridades iniciaron un sumario que derivó en la aplicación de una multa. Finalmente Ariel García, quien se identificó como “apoderado de HLB Pharma Group GROUP SA” expresó por escrito que: “El señor Quinteros no trabaja más para la empresa, pero que HLB Pharma Group se hará cargo de la multa”.

El juez Ernesto Kreplak a cargo de la causa por el fentanilo contaminado   162

García Furfaro, a través de HLB Pharma realizó gestiones, para distribuir en el país unas 50 millones de dósis de la vacuna rusa Sputnik V. Pero finalmente la operación quedó trunca ya que el Estado, a cargo de Alberto Fernández, lo hizo de manera directa. En los papeles que la empresa presentó para inscribirse como proveedora del Estado, además de García Furfaro figuraba como apoderado Andrés Quinteros, el ex diputado bonaerense del Frente para la Victoria, ex concejal de San Nicolás y dirigente del PJ.

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Desde el 28 de marzo de este año, HLB Pharma tiene un nuevo presidente. Se trata de Sebastián Nanini, otro abogado. En esa fecha adquirió, segpun le dijo de forma exclusiva a este medio el 99% del paquete accionario de esa firma. Nanini, además de haber sido apoderado de una de varias listas del PJ bonaerense, es abogado de Norma Calismonte, la ex esposa de Lázaro Báez.

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Nuevo revés para Cristina Kirchner y De Vido en el caso de los Cuadernos de las Coimas

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La expresidenta Cristina Kirchner y el exministro de Julio de Vido recibieron un nuevo revés de la Cámara Federal de Casación Penal en la causa de los Cuadernos de las Coimas. El tribunal rechazó sus recursos para desestimar las declaraciones de los imputados “arrepentidos” en el caso y la pretensión de la expresidenta de cerrar la causa por ser cosa juzgada.

La decisión fue tomada por los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que bloquearon el acceso la Corte Suprema de los recursos planteados por la expresidenta y De Vido.

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El fallo lleva la firma de los jueces Daniel Petrone, Javier Carbajo y Ángela Ledesma.

Los magistrados declararon inadmisibles los recursos extraordinarios federales presentados por las defensas de Cristina Kirchner y Julio De Vido.

Cristina Kirchner Captura LN+

Petrone y Carbajo dispusieron el rechazo de las apelaciones, mientras que la jueza Ledesma votó en disidencia, a favor de conceder los recursos para que las quejas llegaran al máximo tribunal.

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La defensa de Cristina Kirchner cuestionó la resolución que “incorporó los legajos de arrepentidos” al expediente principal del caso de los cuadernos de las coimas, que está actualmente en pleno juicio oral.

Julio de Vido, al salir de tribunales de Comodoro Py junto al abogado Maximiliano Rusconi (archivo)

Hoy, en esas audiencias prestaron declaración indagatoria Oscar Thomas, extitular del Ente Binacional Yacyretá, y los funcionarios Walter Faggias, Germán Nivello, Ramón García y Camilo Gómez.

El juez Petrone, al liderar el voto de la mayoría al que adhirió Carbajo, desestimó la vía extraordinaria. Argumentó que “la resolución que se pretende impugnar no constituye sentencia definitiva ni es equiparable a tal categoría”.

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Además, remarcó que la defensa solo demostró una discrepancia de criterios, señalando que “la parte recurrente basó su impugnación en juicios discrepantes con el criterio adoptado, lo que no implica de suyo acreditar relación directa e inmediata entre la materia del pleito y la cuestión federal invocada”.

Por su parte, la jueza Ledesma votó en soledad para habilitar la apelación, al considerar que el planteo de la expresidenta introducía un debate válido sobre “el alcance del derecho de defensa en juicio, los principios de publicidad, oralidad y contradicción y la garantía de doble conforme”.

Asimismo, la expresidenta apeló el rechazo a su pedido de considerar que el caso debía archivarse por “falta de acción por cosa juzgada”.

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Nuevamente, los jueces Petrone y Carbajo rechazaron su recurso con el mismo argumento sobre la falta de una sentencia definitiva.

A la hora de fundamentar por qué no se aplicaba la doctrina de la arbitrariedad, la mayoría resolvió que “para que prospere la impugnación con ese respaldo, es menester que se demuestren defectos graves en la decisión recurrida que la descalifiquen como acto jurisdiccional válido, lo cual el impugnante no consiguió probar en autos”.

Ledesma, en cambio, sostuvo que la apelación debía prosperar porque se encontraba en juego el “alcance de las garantías de doble conforme y ne bis in idem, que se refiere a que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Y destacó además “la exigencia en el caso de una tutela judicial inmediata”.

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De Vido, por su parte, había acudido a Casación buscando revertir el “rechazo de nulidad y recusación” del Tribunal Oral Federal que lleva adelante el juicio.

Petrone y Carbajo declararon “inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto, con costas”.

La magistrada Ledesma volvió a diferenciarse y argumentó a favor de los imputados, al señalar que los planteos de la defensa introducían cuestiones de gravedad institucional vinculadas al “alcance de los derechos a la doble instancia, debido proceso, defensa en juicio, garantías de imparcialidad, de juez natural y de legalidad”.

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Al igual que en los casos de la expresidenta, Ledesma advirtió que la resolución atacada “resulta equiparable a una sentencia definitiva en tanto le ocasionaría a su defendida un perjuicio de imposible o tardía reparación ulterior”.

De esta forma, ahora las defensas de Cristina Kirchner y De Vido les queda el camino de plantear un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.


Hernán Cappiello,Conforme a

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El Gobierno suspendió por irregularidades a 25 cooperativas que funcionaban en La Matanza

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El Ministerio de Capital Humano informó la suspensión preventiva de la operatoria de 25 cooperativas de trabajo con sede en el partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, tras detectar “serias irregularidades” en su funcionamiento. Todas las entidades tenían domicilio en Entre Ríos 3269, San Justo, una oficina perteneciente al gobierno municipal. La medida fue adoptada por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y marca un nuevo capítulo en la fiscalización estatal sobre el cumplimiento de los derechos laborales en el sector cooperativo creadas en gestiones anteriores.

Según el comunicado difundido por la cartera, la decisión se fundamenta en el resultado de un muestreo realizado sobre los asociados de estas cooperativas, en el cual se detectó que 119 trabajadores contratados no contaban con los beneficios de seguridad social obligatorios. La investigación determinó que las entidades, bajo la figura jurídica cooperativa, podrían haber desvirtuado los principios legales previstos en el artículo 2 de la Ley N° 20.337, así como la normativa vigente sobre aportes previsionales.

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La suspensión de las actividades y la apertura del sumario administrativo fueron adoptadas como medidas preventivas, mientras se profundiza la investigación sobre la presunta utilización irregular de la estructura formal cooperativa. El Ministerio de Capital Humano remarcó que existen indicios de que estas organizaciones habrían sido empleadas para “eludir normativa vigente y con prácticas que vulneran derechos laborales”.

La ministra, Sandra Petovello, informó la decisión a través de su cuenta de X, replicando el comunicado oficial y arrobando al presidente Javier Milei.

La nómina oficial incluye cooperativas con nombres correlativos y diferentes CUIT, todas radicadas en el mismo edificio municipal de San Justo

La decisión se tomó luego de descubrir que 119 trabajadores no percibían aportes jubilatorios ni cobertura de seguridad social.

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De acuerdo a lo establecido por la Resolución 4664/13 del INAES, las cooperativas deben realizar los aportes correspondientes al régimen previsional de trabajadores autónomos, o bien cumplir con otro sistema legalmente habilitado. Sin embargo, el relevamiento realizado por el organismo reveló que los beneficios sociales no eran otorgados a los contratados, en franca contradicción con las disposiciones vigentes.

Las entidades intervenidas comparten domicilio en una oficina de la Unidad Ejecutora Operativa Matanza, lo que ha llevado a las autoridades a investigar la posible implicancia de la Municipalidad de La Matanza y de sus funcionarios en el funcionamiento de las cooperativas suspendidas. El sumario administrativo deberá dilucidar el grado de injerencia de la administración local en la operatoria de las entidades.

El Ministerio de Capital Humano sostuvo que las irregularidades detectadas podrían haber desnaturalizado los fines cooperativos, apartándose de los principios de ayuda mutua y esfuerzo propio, y aprovechando la estructura formal para eludir obligaciones legales. El comunicado advierte que, de comprobarse las acusaciones, las cooperativas habrían incurrido en prácticas que vulneran derechos laborales, utilizando la figura jurídica con fines ajenos a los establecidos por la normativa.

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La decisión del INAES implica la suspensión de toda operatoria de las cooperativas alcanzadas hasta que se determine la existencia o no de responsabilidades administrativas, civiles o penales. El procedimiento se mantendrá vigente mientras avanza el sumario y se recolectan pruebas sobre la operatoria real de las entidades y la eventual participación de funcionarios municipales.

El comunicado oficial incluye la nómina completa de las entidades suspendidas, que abarca organizaciones con denominaciones correlativas y diferentes números de CUIT, como Coop. de Trabajo La Matanza 12 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 49 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 51 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 56 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 61 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 72 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 77 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 105 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 112 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 116 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 123 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 135 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 142 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 171 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 205 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 206 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 229 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 236 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 311 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 329 Ltda. y Coop. de Trabajo Fortalecer Ltda.

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Axel Kicillof: “Javier Milei nos está robando recursos, pero no aceptaremos ninguna extorsión”

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LA PLATA.− El gobernador Axel Kicillof citó en esta ciudad a los 135 intendentes bonaerenses para advertirles de la frágil situación financiera que atraviesa el territorio. “Estamos ante una verdadera catástrofe. El gobierno de Javier Milei tiene en la mira a la provincia de Buenos Aires”, aseguró.

El mandatario estuvo acompañado por intendentes de diversos partidos políticos, la vicegobernadora Verónica Magario, y los ministros de Economía, Pablo López, y de Gobierno, Carlos Bianco.

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Ante ellos, anunció que la provincia presentará una nueva demanda judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que se restituyan fondos por 1,3 billones de pesos por incumplimientos en la ley de consenso fiscal.

Kicillof, Magario, Bianco y Álvarez Rodríguez, ayer en Chascomús

“Nos están robando recursos, pero no aceptamos ninguna extorsión para aceptar leyes dañinas”, denunció Kicillof. Ningún referente de La Libertad Avanza acudió a la Casa de Gobierno.

Recordó que hay siete causas en litigio ante al Corte Suprema de Justicia de la Nación para recuperar los fondos retenidos de Seguridad, de Compensación de transporte público de pasajeros, de Incentivo Docente, de Bosques Nativos, el Compensador para la caja previsional, Boleto Integrado y reclamos por tributos locales en la facturación de gas.

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“Vamos a realizar una nueva denuncia en la Corte por incumplimiento consenso fiscal por convenios que ascienden a 1,3 billones de pesos”, afirmó.

El ministro de Economía sostuvo que existe una marcada caída de la actividad en el país y en la provincia. Y fue el encargado de explicar a los municipios la merma de transferencias. “Queremos que vean por qué tienen una caída en los recursos que reciben. Tiene que ver con caída de recaudación y de las transferencias del gobierno nacional. Vemos una situación extremadamente compleja, de riesgo. No estamos viendo perspectiva de que esto vaya a cambiar”, afirmó Pablo López.

El ministro hizo hincapié en la caída de la recaudación nacional por séptimo mes consecutivo –cercano al 10 por ciento interanual–. Y dijo que eso luego se traduce en la coparticipación provincial.

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Agregó que la provincia perdió 6,6 billones pesos en coparticipación desde 2023 y que las deudas de la Nación por las obras públicas suman más de 15 billones de pesos. “Llegamos así a más de 22 billones de pesos acumulados en dos años. Esto es una pérdida de recursos equivalente a la mitad del presupuesto anual de la provincia, que este año es de 44 billones de pesos”, dijo.

Entre los intendentes presentes se destacaron Julián Alvarez, de Lanús, y Juan Ustarroz, de Mercedes, alineados con La Cámpora. Entre los radicales se dejaron ver Maximiliano Suescun, de Rauch, y Diego Reyes, de Púan. También asistieron alcaldes del Frente Renovador como Javier Gastón, de Chascomús.

El gobernador les prometió que distribuirá 250 millones de pesos a los municipios en abril, correspondientes al fondo de Emergencia a la Inversión Municipal.

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María José Lucesole,Conforme a

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