POLITICA
Fentanilo contaminado: Ariel García Furfaro denuncia sabotaje en el laboratorio HLB Pharma y señala a un excolaborador

La causa judicial que lleva adelante el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak por el fentanilo contaminado que se lo vincula a la presunta muerte de 34 pacientes internados en hospitales y clínicas de la provincia de Buenos Aires, CABA y Santa Fe derivó en un nuevo capítulo. Ariel García Furfaro, abogado y dueño de HLB Pharma y vinculado a Laboratorios Ramallo en la fecha de elaboración de la partida 31202 -diciembre de 2024- señada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) como la partida adulterada con al menos dos bacterias que habría sido el detonante de los fallcimientos, se presentó ante la justicia a través de un escrito. Lo hizo de manera sorpresiva. Hasta ahora el magistrado solo tenía bajo la lupa a los directores técnicos de los dos laboratorios. A lo largo de las once fojas, manifestó que desde hace semanas es objeto de un “escarnio periodístico injustificado” y vincula con un posible sabotaje sobre algunas muestras de fentanilo a y ex colaborador Andrés Quinteros a quien en otra causa penal lo acusa de “extorsión”.
“Lo hago en base a una sospecha fundada de que parte o todo de lo ocurrido pudo tener que ver con el accionar de una persona inescrupulosa, llamada Andrés Quinteros”, sostiene en el escrito y agregó: “Se trata de una persona que he conocido cuando él trabajaba en el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, como secretario del entonces ministro de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Di Rocco -durante la gobernación del Felipe Sola-. En ese entonces, cuando yo estaba pasando por un momento difícil, me ayudó mucho, y lo consideré alguien de profunda confianza. Con posterioridad, fue diputado provincial (PJ), y mantuvimos siempre una relación de cercanía. En ocasión de que yo hubiera adquirido un primer laboratorio, él se acercaba a pedirme donaciones (especialmente de suero) para regalar, a su vez, a hospitales y municipalidades, lo que favorecía su actividad política. Cuando comenzaron los proyectos para poner en funcionamiento Laboratorios Ramallo y HLB Pharma, en 2017, me encontraba absolutamente abocado a los dos (quedando luego más vinculado con los aspectos legales y comerciales de este último), y supe que Quinteros estaba sin trabajo”, relató el empresario al magistrado que por el momento no tomará ningún imperio sobre los dichos de García Furfaro.

Y agregó: “Debido a la relación y buenos gestos que él había tenido hacia mi cuando nos conocimos, no dudé en ofrecerle trabajar en los laboratorios. A poco tiempo, y en la medida en que yo me retiraba hacia otros proyectos y a aspectos comerciales, él se ocupó de los sistemas de seguridad, depósito, y cuestiones generales, como apoderado. Tanto fue así que cuando se fue -de la empresa- surgieron faltantes de grabaciones de las cámaras de seguridad, asumo que para cubrir alguna maniobra que él prefería que permaneciera oculta. Su control sobre los laboratorios, especialmente sobre sus sistemas de cámaras, informáticos y seguridad, o incluso sobre contrataciones de personal era casi total, al punto que muchos creían que se trataba del dueño de Ramallo”.
En la exposición, Ariel García relató varias situaciones que llevaron a que la relaciión entre ambos se quebrara y Quinteros fuese desvinculado del laboratorio. Solo un ejemplo de estas desaveniencias. Dice Garcúa Furfaro: ““Más allá de algunas situaciones de sospecha sobre su conducta que produjeron fuertes discusiones, la relación con Quinteros sólo se rompió del todo cuando un empleado del Ramallo (Infobae se reserva su nombre) puso en conocimiento de su jefe, que Quinteros le había pedido que sustrajera 30 ampollas de morfina y se las vendiera a él, refiriéndole ‘pago lo que sea’”.
García también sostuvo haber denunciado a Quinteros por extorsión en febrero de 2025, luego de que una exempleada informara que Quinteros intentó reclutar personas para realizar denuncias falsas de abuso a cambio de dinero. Testimonios notariales aportados a la causa en la UFIJ N°3 de San Nicolás de los Arroyos señalan que Quinteros instaba a exempleados a denunciar supuestas irregularidades ante la ANMAT, con el objetivo de perjudicar la imagen del laboratorio.

El escrito menciona además un episodio de intento de extorsión sufrido por García en marzo, cuando un individuo (Por razones legales esye medio no publica su nombre) con antecedentes judiciales, lo contactó con información personal y referencias a problemas inminentes relacionados con una presunta contaminación de el fentanilo que se haría publica y vincularía a los laboratorios Ramallo y HLB Pharma. García sospecha que los datos utilizados por esta persona “provenían de Quinteros”-
En relación con la investigación por la contaminación de fentanilo, García expuso sus dudas sobre la rapidez con la que se identificó las bacterias contaminantes en el Hospital Italiano de La Plata y la difusión de información sobre una supuesta cepa multirresistente.
El abogado señala que el médico infectólogo que participó en la identificación de la bacteria en ese centro de salud privado, (Infobae se reserva el nombre) “tendría vínculos previos con Quinteros, tanto por actividades políticas -militando por Florencio Randazzo, se aportaron fotos al expediente) como por la entrega de medicamentos al hospital en cuestión.
García entiende que la información sobre la bacteria pudo haber sido difundida de manera intencionada para agravar la situación mediática y asociar el caso a muertes, aunque reconoce no tener pruebas concluyentes sobre la participación directa del especialista del Hospital Italiano de La Plata en la contaminación.
El primer brote de infección por el presunto medicamento contaminado fue detectado en ese efector privado. De los 18 pacientes afectados que estaban en terapia intensiva, 15 fallecieron. Después de la denuncia del hospital privado platense, la ANMAT intervino, prohibió la venta y utilización de venta del fentanilo de uso clinico de HLB Pharma y posteriormente, el 13 de mayo, inhibió a los dos laboratorios para la fabricación de medicamentos.

El abogado también destaca que la compra de 10.000 unidades de fentanilo por parte del Hospital Italiano del lote contaminado a la droguería Nueva Era de Rosario -que fue allanada por orden el juez Kreplak- fue inusual, tanto por la cantidad como por las condiciones de la operación, y plantea la hipótesis de que el lote comprometido pudo haber sido dirigido específicamente a ese hospital para facilitar la denuncia y la repercusión pública.
García concluye su presentación manifestando su preocupación por el impacto de la situación en los laboratorios y en su entorno personal, y pone a disposición de la justicia toda la información relevante para la investigación en curso.
Quinteros, en diálogo con Infobae, niega las acusaciones, también su ex vinculación con los laboratorios realacionados con la presunta contaminación bacteriana. Sin embargo el abogado de García Furfaro, el defensor de uno de los imputados en la causa Maradona, Gastón Marano, presentó antre el juzgado del juez Enrique Kreplak documentos que lo prueban.
Se trata de una disposición del Instituto Nacional de Vitivinicultura que da cuenta de actuaciones administrativas que desembocaron en una multa emitida contra el exconcejal de San Nicolás y exdiputado provincial del Frente de Todos que identifica a Andrés Quinteros como “Jefe de Productos Regulados” de la firma HLB Pharma Group.

Según la documentación a la que accedió este medio, se trata de la Disposiciónl DI-2025-51-APN-DBA#INV, del 8 de mayo de 2025. Allí se considera probado que Quinteros, inscripto como “Manipulador de Alcohol Etílico” infringió lo establecido por el Artículo art. 29 inc. f) de ley 24566″. Esto es en relación a una anterior resolución del propio Instituto Nacional de Vitivinicultura respecto a “una partida por 526 litros de producto intervenido”. Una partida de alcohol etílico que fue objeto de una instancia de investigación administrativa, por la cual en junio de 2023 el Instituto realizó una fiscalización, con personal que extrajo una muestra. En ese momento, Quinteros fue designado como “depositario legal” de la muestra. Sin embargo, cuando meses más tarde personal de fiscalización de la Delegación Buenos Aires del Instituto Nacional de Vitivinicultura concurre nuevamente al establecimiento a requerir la partida, es el propio Quinteros quien informa a las autoridades que “la misma fue consumida en su totalidad”.
Por esa razón, las autoridades iniciaron un sumario que derivó en la aplicación de una multa. Finalmente Ariel García, quien se identificó como “apoderado de HLB Pharma Group GROUP SA” expresó por escrito que: “El señor Quinteros no trabaja más para la empresa, pero que HLB Pharma Group se hará cargo de la multa”.
García Furfaro, a través de HLB Pharma realizó gestiones, para distribuir en el país unas 50 millones de dósis de la vacuna rusa Sputnik V. Pero finalmente la operación quedó trunca ya que el Estado, a cargo de Alberto Fernández, lo hizo de manera directa. En los papeles que la empresa presentó para inscribirse como proveedora del Estado, además de García Furfaro figuraba como apoderado Andrés Quinteros, el ex diputado bonaerense del Frente para la Victoria, ex concejal de San Nicolás y dirigente del PJ.
Desde el 28 de marzo de este año, HLB Pharma tiene un nuevo presidente. Se trata de Sebastián Nanini, otro abogado. En esa fecha adquirió, segpun le dijo de forma exclusiva a este medio el 99% del paquete accionario de esa firma. Nanini, además de haber sido apoderado de una de varias listas del PJ bonaerense, es abogado de Norma Calismonte, la ex esposa de Lázaro Báez.
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Fuerte cruce entre Patricia Bullrich y una senadora peronista por la reforma laboral

Este viernes, mientras se discutía en la Comisión de Trabajo y Presupuesto del Senado la reforma laboral modificada tras el debate en Diputados, Patricia Bullrich mantuvo un fuerte cruce con la senadora peronista Florencia López. “No van a alcanzar los helicópteros», dijo la opositora al trazar una comparación con la crisis de 2001 y la renuncia de Fernando de la Rúa. La jefa de la bancada liberataria la llamó “golpista”
López realizó un discurso con fuertes críticas a la política económica del gobierno de Javier Milei a raíz del cierre de la fábrica de neumáticos Fate y a la reforma laboral. “Hay una recesión brutal. Pasa que la gente no tiene plata para comprar, para consumir. Acaba de cerrar Fate, 1000 trabajadores en la calle. No venden. Han hecho una apertura indiscriminada de las importaciones sin antes hacer el paso previo. Estamos de acuerdo en las aperturas. Pero primero fortalezcamos lo nuestro, si no, lo van a aniquilar, lo van a destrozar”, consideró la senadora del bloque justicialista.
Y continuó: “Me duele que hoy tengamos que tratar esta reforma de una manera tan irregular en el marco del cierre de 21.000 pymes y en el marco del despido de más de 270.000 trabajadores”. Fue tras ello que advirtió: “Pero ¿sabe qué? El pueblo se va a despertar. Y no van a alcanzar los helicópteros para que se fuguen como lo hicieron antes».
Esto generó la rápida reacción de Bullrich, que presidía el debate. “Epa. Pare ahí, golpista”, lanzó.
López levantó la voz y replicó: “No estoy inventando nada nuevo, es la historia real de la Argentina. ¿Le duele, señora presidenta, que ha sido parte de estos gobiernos que se han escapado en helicópteros dejando a la Argentina en ruina?”. Bullrich replicó: “No, me duele que sean golpistas”.
Tras el dictamen al proyecto, la presidenta del bloque oficialista habló con la prensa. Se refirió a aquellos que dicen que el Gobierno “se irá en helicóptero” o que los libertarios presuntamente “compran” a los legisladores para que voten los proyectos oficialistas.
“Lo vienen intentando desde los 2000. Cada vez que hay una ley que ellos [la oposición] no pueden ganar por votos, intentan decir que esa ley tuvo coimas y/o que nos vamos a ir en helicóptero. Esta ley no tiene coimas. Dicen que nos vamos en helicóptero pero saben que este gobierno ha ganado las elecciones y ha logrado la estabilidad que hoy los argentinos defienden con tanta fuerza”, marcó la exministra de Seguridad.
El proyecto de reforma laboral obtuvo dictamen en Comisión este mediodía en un trámite veloz, tras algo más de media hora de debate. Ahora, quedó en condiciones de ser discutido y sancionado la semana próxima, con el tiempo justo para que Milei pueda exhibir la ley como un triunfo político en el discurso sobre el estado de la Nación del próximo 1 de marzo.
La Comisión de Trabajo aceptó la eliminación del polémico artículo 44 sobre licencias médicas, único cambio realizado por la Cámara de Diputados esta madrugada al proyecto que había aprobado la semana pasada el Senado. Si bien no está convocada de manera oficial, la intención del oficialismo es convocar a sesión el próximo viernes 27 de febrero.
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El oficialismo logró dictamen de la reforma laboral en el Senado y buscará aprobarla el próximo viernes

La Libertad Avanza logró avanzar hacia la aprobación de la Reforma Laboral con el respaldo necesario en el Senado, luego de aceptar la eliminación del artículo 44, relativo a las licencias por enfermedad, durante el tratamiento en Diputados. Este movimiento deja al oficialismo a un paso de sancionar la ley la próxima semana, mientras se intensifican los cuestionamientos de la oposición respecto al alcance de los cambios y su impacto sobre los derechos laborales y las finanzas públicas de provincias y municipios.
Pasados solo siete minutos de las 10 de la mañana, el proyecto—ya corregido tras su debate en la Cámara Baja—se discutió en plenario en el Salón Azul del Senado de la Nación. Comisión de Trabajo y Previsión Social, junto a Presupuesto y Hacienda, lideraron el encuentro con dos escenarios posibles: aceptar el texto modificado por Diputados o insistir en la versión original de la norma. Tras un acuerdo previo, Patricia Bullrich, titular del bloque oficialista, sostuvo que prosperaría la opción de aprobar finalmente el articulado reformado, y se declaró confiada en la sanción definitiva en la sesión prevista para el próximo viernes.
Desde la oposición, las discusiones adquirieron un tono marcado por la denuncia de irregularidades en el proceso legislativo. Jorge Capitanich, senador del peronismo, señaló que su bloque consideraba «una violación flagrante» de artículos reglamentarios y del 14 bis de la Constitución, al hacer referencia a la conformación de las comisiones y al llamado al plenario. Subrayó: «Mantenemos nuestras objeciones por los niveles de afectación de los derechos de los trabajadores y del impacto desde el punto fiscal a los municipios y las provincias, y que no tiene impacto en la generación de empleo“.
Mariano Recalde, también desde el peronismo, criticó el enfoque integral de la reforma, que “modifica 18 leyes y deroga 11 más”. Según recalcó, la ley fue tratada como un conjunto, sin detenerse en debates específicos de cada legislación afectada. “Todavía no nos pudieron decir cuál de los 218 artículos le mejora la vida a los trabajadores”, afirmó en el plenario. En la misma línea, distintos legisladores de la oposición advirtieron que estos cambios se negociaron “a libro cerrado” y cuestionaron la baja de impuestos que el oficialismo promueve, señalando que “solo se los bajan a los ricos”.
Cambios en la composición de las comisiones y debate interno El inicio del plenario estuvo marcado por modificaciones en la integración de legisladores: desde el PRO, la senadora Andrea Cristina reemplazó a Enrique Goerling Lara; en la UCR, Mariana Juri ocupó el lugar de Rodolfo Suarez y Vilma Bedia reemplazó a Bruno Olivera Lucero. Con estos cambios, la bancada oficialista se mostró segura de contar con “las firmas necesarias” para dictaminar el proyecto y garantizar tratamiento en el recinto.
El oficialismo, representado por el senador formoseño Francisco Paoltroni, argumentó que la velocidad en el proceso respondía a la “eficiencia” necesaria para sustituir estructuras laborales “vetustas” y promover el crecimiento económico. “Tenemos apuro por volver a hacer próspera y grande la Argentina”, afirmó Agustín Moteverde, otro senador aliado.
En cambio, desde el bloque Convicción Federal, Fernando Salino denunció el “apuro” como estrategia que allanaría el terreno para la judicialización futura del proceso. También puso en tela de juicio la eliminación del artículo 44, catalogando el debate como “lleno de irregularidades”.
Tensión y judicialización
Durante las intervenciones, se hicieron explícitas amenazas de acudir a la Justicia por el supuesto “incumplimiento del reglamento”, especialmente tras las observaciones de la senadora Juliana Di Tullio. Advirtió que la citación a la comisión no siguió los plazos adecuados y que el proceso tenía vicios de “inconstitucionalidad”. Concluyó: “Cuando volvamos vamos a tener que derogar esto que ustedes van a votar”.
Carlos Linares, senador de Chubut, cuestionó las “promesas incumplidas” respecto a trabajadores petroleros y señaló: “Espero que el viernes que viene cuando se trate este tema el pueblo argentino esté en la calle nuevamente”.
El ambiente también se tensó en el plano discursivo: Florencia López, del PJ, expresó que “el pueblo se va a despertar y no van a alcanzar los helicópteros para que se escapen de nuevo”, lo que fue respondido rápidamente por Bullrich: “Epa, golpista, pare ahí”.
Al cerrar el debate, Patricia Bullrich defendió la legitimidad del proceso, rechazó las acusaciones de corrupción y reclamó consistencia como fórmula para la construcción democrática. Sostuvo que la ley proponía avanzar hacia relaciones laborales más libres: “Tenemos una tasa de desempleo que va a la baja y va a ir mucho más cuando las relaciones entre empleados y empleadores sea más libre”.
La sesión que definirá el destino de la nueva Reforma Laboral quedó, así, fijada para el viernes de la próxima semana en el recinto del Senado.
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Los puntos clave de la reforma laboral aprobada en Diputados

La Cámara de Diputados votó positivamente este jueves el proyecto de reforma laboral. El plenario de las comisiones de Trabajo y Presupuesto del Senado ya emitió un dictamen favorable y se busca tratar el texto el próximo viernes para asegurar su sanción definitiva. El presidente Javier Milei siguió las alternativas de la sesión desde Estados Unidos.
La nueva normativa establece transformaciones profundas en el esquema de despidos y la organización gremial. El texto busca desalentar los litigios judiciales mediante la imposición de límites económicos a las costas procesales. Los aspectos centrales de la propuesta legislativa son los siguientes:
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El salario de los trabajadores se puede pagar en dinero, moneda extranjera, especie o alimentos. La ley introduce el concepto de salario dinámico para pagos por mérito personal o productividad según el acuerdo entre las partes. La base remuneratoria para el cálculo de los despidos tiene un tope de tres veces el salario promedio mensual del convenio aplicable.
Los empleadores conforman el FAL bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores. Las grandes empresas aportan el 1% de sus contribuciones patronales a este fondo. Las pymes destinan el 2,5% de sus recursos. Este mecanismo busca abaratar los costos de desvinculación. En los casos de sentencias judiciales, las grandes firmas pagan la deuda en seis cuotas mensuales, mientras que el plazo para las pequeñas empresas llega a los 12 meses.
La reforma permite la ampliación de la jornada de trabajo de ocho a 12 horas. El empleador y el empleado acuerdan de manera voluntaria un régimen de compensación con un banco de horas. Las vacaciones ocurren entre el 1° de octubre y el 30 de abril. Las partes acuerdan el fraccionamiento del descanso en tramos no menores a siete días.
El texto crea la figura del repartidor independiente para el sector de aplicaciones móviles. La normativa aclara que “este vínculo no constituye una relación laboral”. Esta definición otorga libertad para las formas de contrato en las plataformas digitales. La antigüedad de los trabajadores se cuenta desde el inicio de la relación. El reingreso bajo el mismo empleador tras una desvinculación mayor a tres años anula el cómputo del tiempo de servicio anterior.
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La operatividad de los servicios esenciales asegura una cobertura del 75% durante las protestas. El proyecto califica como esencial a la educación en sus tres niveles. Las fuerzas de seguridad deben prestar servicio al 100% y los servicios trascendentales el 50% de su funcionamiento normal.
El Gobierno mantiene la cuota sindical obligatoria con un tope del 2% del salario mensual. Este cobro dura dos años para trabajadores afiliados y no afiliados. Los empleadores actúan como agentes de retención de estos fondos. La reforma prioriza los acuerdos por empresa o regionales por sobre los convenios sectoriales de alcance nacional.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Laura Serra.
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