POLITICA
Fentanilo contaminado: exclusivo, qué declararon los detenidos en la causa vinculada a 96 muertes

En los tribunales federal de La Plata se vivieron ayer 12 horas de afiebrada actividad. En ese lapso, ante el juez Ernesto Kreplak y la fiscal Laura Roteta, prestaron declaración indagatoria nueve de los diez imputados que el día anterior fueron detenidos bajo la sospecha de que “formaban parte del plantel de los laboratorios HLB Pharma Group SA y Laboratorio Ramallo SA, mediante la toma de distintas decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta, en la adulteración del lote 31202 de fentanilo”. Hoy tendrá su oportunidad de defenderse el dueño de esas sociedades, Ariel García Furfaro. Ayer fue beneficiada con prisión domiciliaria su madre Nilda Furfaro por cuestiones de salud y porque debe cuidar a su madre Olga Arena, de 88 años, también imputada en la causa por figurar como presidente de la sociedad.
La larga jornada dejó en evidencia las graves fallas que existían en los establecimientos de elaboración de medicamentos según las pruebas reunidas en el expediente. No solo eso: el magistrado y el Ministerio Público Fiscal sorprendieron al mostrar fotos de algunos descubrimientos que realizó la Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería durante los allanamientos y aprehensiones, del miércoles 20 de agosto a la noche, por ejemplo, sellos oficiales de la autoridad sanitaria (ANMAT) dentro del vehículo Peugeot AF225RU utilizado por Horacio Antonio Tallarico, un gasista jubilado.
El hombre, de 71 años se mostró extrañado cuando el juez Kreplak le preguntó “sobre los hallazgos de sellos que rezan ‘Lic. Roberto D. Sierras director de Gestión de Información Técnica ANMAT’, ‘Es copia fiel del original Departamento de Registros Buenos Aires’”, secuestradas en el auto que estaba en su propiedad. Nervioso, el gasista respondió: “Ni idea. Porque el auto ese era de Alfarma (droguería propiedad de Ariel García Furfaro), mi hija después lo compró y lo usaba yo desde hace 3 años. Además, el auto estaba lleno de medicamentos. Capaz quedó de Alfarma. Yo agarraba medicamentos o venían y me los ponían en el auto’”, respondió.
En la página oficial de la ANMAT el licenciado Roberto Daniel Sierras figura efectivamente como “director de Gestión de Información Técnica ANMAT”. La instrucción deberá acreditar si se trata de un sello original o una réplica. Y para qué utilizaban esa firma los responsables de las sociedades vinculadas a la familia García Furfaro.
El jubilado, que quedó en libertad, pero sigue bajo proceso, es una muestra de la forma en que la familia García Furfaro conducía las empresas que facturaban miles de millones de pesos a las administraciones públicas de casi todo el país y efectores de salud privada. “Preste mi firma como presidente de Laboratorios Ramallo SA a pedido de Ariel García”. También aseguró “hacer trámites menores, comprar repuestos, llevar insumos, realizar depósitos bancarios y acompañar camiones”. También expresó: “En ocasiones firmaba cheques, multas u otros documentos que me pedían los responsables del laboratorio”.
Horacio Antonio Tallarico reconoció que “cobraba un sueldo informal por estas actividades, catalogadas como ‘de calle’”. El gasista, comprensiblemente nervioso aclaró que: “No tomaba decisiones en la gestión ni tenía poder de firma para operaciones relevantes. No emitía órdenes ni estaba involucrado en la gestión técnica, científica ni administrativa de la fabricación o comercialización de medicamentos”.
El gasista también le contó al juez y a la fiscal: “Le presté mi firma como una ‘gauchada’, soy humilde, vivo con lo mínimo, tengo a mi señora con un tumor en el intestino con tratamiento oncológico y estoy con ella, llevándola al oncólogo a aplicarse la quimio una vez por mes. Y con ellos relación de amistad, pero de trabajo nada y de plata menos… la verdad no tengo un peso, esa es la pura verdad. De laboratorio nada, pero estoy en la calle todos los días. Me dicen que vaya al banco o cargue algún medicamento en el auto. En la pandemia salimos con los reactivos… esos para el COVID llegué ahí a Mar del Plata con los permisos todo en auto. Le digo la verdad doctor de medicamentos nada”.
El paso de Tallarico por el juzgado federal se pareció a otros casos: empresarios poderosos, políticos encumbrados que utilizan el nombre prestado de necesitados para ponerlos al frente de sus sociedades.
Varios responsables de controlar la calidad de los medicamentos que se elaboraban se negaron a declarar. Lo que sigue es una síntesis de las declaraciones indagatorias a las que este medio accedió de forma exclusiva.
Nilda Furfaro, madre de Ariel García Furfaro y sus hermanos, también imputados y detenidos Diego y Damián.
“Quiero decir que soy la vicepresidenta de HLB y me dijo mi hijo Ariel que es el dueño, que me anotaba si quería y yo le dije que sí, que no tenía ningún problema, nosotros trabajamos en familia siempre. Tuvimos verdulería, restaurante. No cumplo ninguna función laboral en la firma HLB. Tengo a mi mamá a cargo (Olga Arena) para cuidarla, que tiene 90 años, tiene problemas cardiacos, tuvo varios ACV, camina con andador, hay que cuidarla, está a mi cargo y de mi hermana, ayer la dejé llorando. Yo también estoy medicada por la presión y la tiroides, también colesterol y tomo vitaminas porque tengo by-pass gástrico hecho, tomo un flebonoide por la circulación también”.
Cuando se le preguntó sobre sus funciones concretas y las firmas de documentos dijo que: “No cumplía ninguna función y que tenga memoria no firmé nada”.
Consultada sobre si su hijo Ariel o alguien le llevó documentación para firmar, respondió: “no, no recuerdo”.
Al preguntársele si reconoce escritos firmados en la causa afirmó: “Yo no firmé papeles de HLB. Yo tengo confianza con mi hijo, y firmé papeles, pero no sé qué es, firmar firmé papeles. No recuerdo haber firmado papeles”.
Acerca del reconocimiento de sus firmas al exhibírsele documentación firmada por ella tuvo una salida que generó sonrisas: “No tengo los lentes. No estoy segura de que estas sean mis firmas, puede ser pero no lo sé. Yo así no firmo, no sé, estoy muy nerviosa”.
Diego Hernán García.
“Soy comerciante. Tengo una verdulería desde hace 22 años”.
Sobre sus tareas en el laboratorio declaró: “Tres veces por semana iba a Ramallo para llevar pagos que me daba mi hermano Ariel que es el dueño. Para pagar a los proveedores del laboratorio, los gastos del laboratorio. Después me encargaba de comprar insumos en mantenimiento.”
“Quería decir que mi hermano Damián hace cinco o seis años no va al laboratorio. Horacio Tallarico (el jubilado de 71 años) se encargaba de hacer mandados, buscar repuestos. Estoy destruido de verdad. Somos trabajadores, no somos delincuentes. Lo único que me enseñó mi mamá es a ser trabajador. Esto que estoy pasando no se lo deseo a nadie, de verdad se lo digo.”
“Hace 100 días que no duermo, no vivo. Ni la pude llevar a mi hija de vacaciones porque tenía miedo de que piensen que me quería ir (fugarse). Pido perdón, pero somos trabajadores de verdad. Mi papá me enseñó a trabajar nada más. Hoy extraño que esté al lado mío. Las cosas que dicen de mi hermano (por Ariel) en la tele me destruyen, que le digan asesino. Nada más tengo que decir, pido perdón por todo, yo no hice nada y mis hermanos no hicieron nada tampoco. Estoy destruido. Nunca pensé que iba a tener una esposa en la mano. Es muy doloroso. Ayer de los nervios dije que tenía 47 años, pero tengo 46”. Ante la consulta del tribunal, respondió que no iba a responder preguntas.
Víctor Pablo Boccaccio, farmacéutico.
Se desempeñó como director técnico de Laboratorio Ramallo S.A. Declaró que comenzó como co-director técnico del laboratorio en 2018 y que hasta 2020 permaneció en ese cargo. El 6 de febrero de 2020 asumió como director técnico de Laboratorio Ramallo S.A. Presentó su renuncia en marzo de 2023, aunque le pidieron que continuara hasta encontrar reemplazo. Finalmente, dejó el cargo el 26 de junio de 2023, fecha en la que se designó a Carolina Ansaldi como nueva directora técnica de la firma.
Entre otras respuestas Boccaccio destacó: “Las firmas allí insertas (en documentos que se le mostró) son mías, con mis firmas avalé las bases sobre las cuales se plasmarán los datos cuando se realice el ensayo, la producción o lo que el formulario refiera. Avalo el formulario, el contenido que posteriormente es firmado en las fechas en las cuales se realizan los análisis correspondientes. Las fechas de emisión de los formularios indican la fecha de puesta en vigencia del correspondiente protocolo”.
“Los directores técnicos no recibimos órdenes de nadie, ANMAT es el órgano que regula la actividad. El laboratorio establece cuál va a ser la producción. Quien estaba a cargo del laboratorio cuando yo ingresé era Damián García (por el hermano de Ariel) y luego quedó Diego García. Con ellos tenía trato asiduo, eran la cara visible del laboratorio. Damián dejó de venir aproximadamente en el año 2019 y luego comenzó a venir Diego casi todos los días. Ariel García lo vi esporádicamente, ni saludaba. Mientras yo estaba en el laboratorio recuerdo que estaba Wilson Pons como jefe de control de calidad y Adriana Ludica como subjefa de control de calidad. El gerente de producción era Edgardo Sclafani y el gerente de la línea productiva ampollas era Eduardo Darchuck”.
Sobre las inspecciones de ANMAT dijo: “Recuerdo dos o tres inspecciones por recorrida rutinaria, no recuerdo bien. Después por algún defecto particular de algún (medicamento), no han sido más de cuatro o cinco inspecciones. Por otro lado, no es costumbre avisar que iban a venir, cuando venían era aleatorio. Por lo menos a mí no me consta que hayan avisado de las inspecciones y si lo hicieron yo no tomé conocimiento de ello”.
Carolina Ansaldi. Farmacéutica.
Era la directora técnica de Laboratorio Ramallo S.A. cuando el 18 de diciembre de 2024 se elaboraron las partidas de fentanilo contaminadas.
“Me voy a abstener de declarar”, enfatizó al inicio de la audiencia. Su defensa informó que la imputada va a prestar declaración y contestar preguntas cuando se encuentre en condiciones físicas de hacerlo y solicitó su excarcelación, argumentando que está a cargo del sostenimiento y crianza de dos hijos menores y que se encuentra en tratamiento psiquiátrico y psicológico. Quedó detenida.
José Antonio Maiorano. Farmacéutico.
Se desempeñaba como director técnico de HLB Pharma Group S.A. Intervenía, según la imputación, en la toma de decisiones relativas a la fabricación, distribución, venta y omisión de recupero farmacéutico de medicamentos, en coordinación con otros miembros del plantel de HLB Pharma y Laboratorio Ramallo.
Manifestó estar desempleado desde el 16 de mayo del año en curso y declaró no haber sido procesado anteriormente. Al momento de la audiencia. Como Ansaldi, ejerció su derecho a no prestar declaración indagatoria.
Javier Martín Tchukran.
Consultor de gestión. Declaró que no era empleado de HLB Pharma ni gerente ni director, sino consultor externo contratado para gestionar el traslado del Laboratorio HLB de San Isidro a Ramallo.
“Yo ingresé en los laboratorios HLB para hacer una consultoría integral. Yo soy consultor, no empleado de HLB. Tengo muchos años en la industria química, farmacéutica. Lo que estaba haciendo era relevamientos para poder trasladar el Laboratorio HLB que está en San Isidro hacia el Laboratorio que está en Ramallo. Yo estaba a cargo de esa gestión.”
“No era director de HLB Pharma Group ni de Ramallo. Lo que sí pasó es que cuando fue ANMAT a inspeccionarnos, me presenté como consultor de gestión, jefe de gestión, gerente de gestión. Es indistinto ello, yo era un consultor externo. Que aparezca eso de director general tiene que ver con dos auditorías de ANMAT, fue por requerimiento de ellos al solicitarme que figure con un rol. En realidad, el director general era Jorge Dimopulos y el CEO era Andrés Quinteros.”
“A Ramallo llegué en noviembre del año pasado. Entiendo que esa producción fue en diciembre de 2024. No estoy bajo ningún concepto vinculado a esa producción en nada. Si te fijas en los batch record no vas a ver una firma mía, no tengo nada que ver con la producción de ese laboratorio.”
“La aclaración es que el tema de director fue meramente por reuniones con ANMAT, que necesitaban que tenga algún rol en la organización. Cuando les conté eso, salió ese nombre, pero yo ni siquiera soy empleado del laboratorio. Tampoco tenía un sueldo”.
Pablo Javier Schapiro. Mecánico.
“Estoy pasando el peor momento de mi vida. Me agarra angustia. Yo aparezco acá porque soy amigo de ellos y fui a laburar de mantenimiento en el laboratorio y Ariel en un momento me dijo necesito alguien de confianza, yo después te saco. Le respondí está bien te firmo.”
“Laburé 3 años y por cosas familiares me volví a Buenos Aires. Tengo 5 hijos, trabajo en un taller. Me levanto, laburo todo el día. Hace 7 años que me fui de ahí del laboratorio y hace 7 años que soy mecánico, laburo desde los 14 años. Con Ariel hablé una vez sola desde que me fui del laboratorio en estos años y nada más”.
Sobre las circunstancias en las que firmó los documentos del laboratorio indica que: “Ariel me pidió como favor para que firmara y como es una buena persona lo hice. Nunca pensé todo lo que iba a pasar”. No recuerda en qué lugar fue que firmó.
También aseguró que: “No recibía sueldo en blanco, todo era en negro, no tenía recibos.”
Declaró no haber tenido intervención técnica, administrativa ni de gestión en el laboratorio, y que su tarea era exclusivamente de mantenimiento. No recuerda el lugar ni la fecha en que firmó dichos documentos (no se mencionan cuáles en el escrito judicial) y aclaró que lo hizo “por confianza personal”, sin conocer detalles del material que rubricaba.
A todos se les imputó haber intervenido junto con al menos otras 16 personas que formaban parte del plantel de los laboratorios HLB Pharma Group SA y Laboratorio Ramallo SA, mediante la toma de distintas decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta, en la adulteración del lote 31202 de la sustancia medicinal Fentanilo HLB/Citrato de fentanilo (concentración 0,05mg/ml, solución inyectable, frasco ampolla por 5 ml, compuesto por 154.530 ampollas) destinado al uso público sanitario. Este producto, con orden de producción emitida el 16 de diciembre de 2024, fabricado entre el 18 y el 19 de diciembre y liberado el 4 de enero de 2025, habría causado la muerte de al menos veinte personas tras su suministro en quirófanos y salas de cuidados intensivos a partir de marzo de 2025 en distintos establecimientos de salud del país.
En la documentación presentada el magistrado presentó las primeras 20 historias clínicas a las que, según se afirma en el documento judicial se las vincula con su muerte después de haber sido tratados con el fentanilo de los laboratorios de Ariel García Furfaro que hoy declarará ante el magistrado asistido, como el resto de su familia por el abogado defensor Gastón Matías Marano.
En la documentación judicial analizada y presentada como prueba ante los imputados destacan, además de las historias clinicas de pacientes fallecidos, los movimientos no convalidados oficialmente aluden principalmente a situaciones como:
- Transferencias de certificados de inscripción de especialidades medicinales tramitadas de modo inconsistente o con recursos de reconsideración sin resolución firme.
- Correspondencia y presentaciones internas con firmas de personas que niegan su intervención, o que afirman haber firmado papeles sin conocer su contenido ni finalidad.
- Omisión de movimientos de recupero farmacéutico o retiro de mercado, pese a la orden expresa de ANMAT.
- Existencia de actas, autorizaciones, batch records y registros internos de lotes (como 31201, 31244 y 31245) donde figuran validaciones, pasos de procesos y autorizaciones a nombre de directores técnicos o administradores que no reconocen esas actuaciones como legítimas ni recuerdan haberlas gestionado personalmente.
- Documentación ANMAT sobre listados de productos inscriptos y recursos interpuestos por HLB Pharma Group relativos a esas transferencias de certificados, sin resolución autorizada ni evidencia clara de fiscalización posterior.
Estos “movimientos no convalidados” refieren tanto a la formalización de documentos, firmas y pasos de procesos sin respaldo técnico real, como a la circulación y registro de lotes y certificados en circunstancias que no fueron acreditadas formal ni operativamente por aquellos que debían hacerlo. Esta irregularidad surge de los informes y actas incorporados por la ANMAT, INAME y los informes surgidos de las inspecciones y análisis documentales realizados sobre el flujo y la gestión administrativa interna y comercial de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.
POLITICA
Por orden de Karina Milei, los Menem dieron sus explicaciones sobre el escándalo de las presuntas coimas

Seis días después de la explosión mediática del escándalo de los audios que aludieron a presuntas coimas en el ámbito de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), y con el Presidente en silencio, los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem dieron sus explicaciones y buscaron tomar distancia de las acusaciones que los involucran en la trama. La estrategia fue ordenada por Karina Milei, también involucrada en las escuchas, y quien tampoco se refirió aún públicamente al episodio, por el que fueron desplazados los funcionarios Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini, que tenían a cargo el manejo de la Andis.
Hasta anoche, altas fuentes oficiales aseguraban que el jefe de gabinete, Guillermo Francos, sería el único vocero del Gobierno en el caso que conmueve al oficialismo. Pero llegó la orden- varias fuentes la atribuyen a Karina Milei- y aparecieron los comunicados y las entrevistas de los Menem.
“Sí, hubo cambio de estrategia, estamos todos coordinados”, reconocieron dos altas fuentes del Gobierno. “No queríamos salir hasta no tener todos los elementos analizados”, agregaron a modo de explicación por la demora, en una mañana de reuniones y consultas en la Casa Rosada. “Algo había que hacer”, comentó un allegado al Presidente, que no dispensa mucha simpatía por los Menem.
“Lule me quiso meter una mina en una dirección nacional, lo frizé. Me quiso meter el de Recursos Humanos, lo frizé.Pero me metió el más importante de todos. Para chorear”, dice uno de los audios atribuidos a Spagnuolo. Recién anoche, “Lule” Menem salió a desmentir su contenido a través de un comunicado. “Jamás imaginé tener que salir a desmentir una burda operación política del kirchnerismo, a la que se sumaron algunos medios, dirigentes y periodistas, utilizándola para intentar manchar la honestidad y la imagen de un gobierno”, expresó el funcionario, a través de un posteo publicado en una cuenta de X a su nombre, en horas de la madrugada.
Horas después, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, llegó a los estudios de América 24 con un discurso calcado al de su primo: dudar de la autenticidad de los audios, negar cualquier irregularidad, apuntar a una “operación del kirchnerismo” y defender a capa y espada a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, último destino de las supuestas coimas según el audio atribuido al ya extitular de la Andis, a quien la Justicia le secuestró el celular y está bajo investigación.
¿Por qué salir ahora y no antes? “No puedo pasarme la vida contestando”, dijo Martín Menem en la conversación con Agustín Laje. En la medianoche del domingo, y luego de consultas en lo más alto del poder, había sido “Lule” quien manifestó los por qué de la demora. Lo atribuyó también “a una operación política del kirchnerismo”.
“Aprobado”, comentaron en el Gobierno luego de la primera escala del raid televisivo que el titular de la Cámara de Diputados continuará esta noche en la pantalla de LN+. Durante su paso por A24, Martín Menem reiteró ocho veces que ponía “las manos en el fuego” por Karina Milei, afirmó que los audios tienen “dudosa autenticidad” y que su contenido- coimas a empresas ligadas a la salud a ser repartidas entre funcionarios- es “absolutamente falso”.
Precavidas, otras fuentes del oficialismo afirmaron que “aún es muy temprano para evaluar si fue exitosa” la respuesta mediática. Y señalaron como dato preocupante el hundimiento de los bonos argentinos en los mercados globales, en la mañana del lunes.
Quien continúa con la decisión de no hablar sobre el tema es, según comentaron altas fuentes oficiales, el presidente Milei. “El cree que es la Justicia la que tiene que hablar”, comentó una fuente del Poder Ejecutivo. Spagnuolo, de fluido vínculo con el Presidente desde antes de su triunfo electoral de 2023, visitaba asiduamente la quinta presidencial de Olivos durante el primer período de Milei en el Gobierno, aunque en los últimos meses la relación se había enfriado.
“Es Spagnuolo el que tiene que dar explicaciones”, retrucaron desde otro despacho oficial. Anoche, antes de coordinar la respuesta del clan menemista, los dardos cayeron sobre Spagnuolo. “Tenía que limpiar el padrón de las pensiones por discapacidad, con todos los curros que había ahí, y no hizo nada”, lo cuestionaron desde uno de los despachos más importantes de Balcarce 50, en una muestra de otra frase de la nueva estrategia asumida por el oficialismo para amortiguar las consecuencias del escándalo.
“Estamos tranquilos”, repitieron desde Balcarce 50, sin descartar nuevas apariciones mediáticas para contrarrestar los efectos del escándalo.
en silencio,Daniel Garbellini,único vocero,August 25, 2025,dudar de la autenticidad,fluido vínculo con el Presidente,Jaime Rosemberg,Javier Milei,Karina Milei,Conforme a,,Los hermanos, en la mira. La riesgosa fragilidad estructural de los Milei,,En el Congreso. La oposición busca interpelar a Karina Milei y presionar a Francos por el escándalo,,Aumento exponencial. La droguería Suizo Argentina pasó de $3900 millones a $108.000 millones en contratos con el gobierno de Milei,Javier Milei,,En vivo. Caso de presuntas coimas, en vivo: las últimas noticias de los audios del escándalo,,Análisis. Milei, tranquilo y en pie de guerra,,Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
POLITICA
Cuáles son los requisitos para recibir el subsidio de $800 mil para los damnificados por las inundaciones en Buenos Aires

El Ministerio de Seguridad aprobó la reglamentación del Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR), un subsidio extraordinario de 800.000 pesos destinado a los damnificados por las inundaciones ocurridas el 16 y 17 de mayo en las ciudades de Zárate, Campana, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Salto, Mercedes y San Antonio de Areco, en la provincia de Buenos Aires. La medida, formalizada mediante la Resolución 983/2025, fue publicada este lunes en el Boletín Oficial y establece los procedimientos y requisitos para la asignación de los fondos, que alcanzan hasta 10.000 millones de pesos.
La decisión responde a la emergencia generada por el evento meteorológico que afectó a miles de residentes en la región. El Decreto 497/2025 había creado previamente un fondo especial para asistir de manera directa a los afectados, instituyendo el SUR como una prestación monetaria no contributiva, de pago único, para compensar las pérdidas materiales sufridas. La resolución firmada por Patricia Bullrich aprueba las normas complementarias que regulan la entrega de este subsidio y designa a la Agencia Federal de Emergencias como responsable de controlar, autorizar y aprobar los desembolsos.
Además, el Gobierno fijó que este organismo deberá informar a la Secretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio el listado de personas en condiciones de percibir el beneficio, una vez que las solicitudes hayan sido aprobadas.
La normativa se apoya en la Ley 27.287 y su decreto reglamentario, que regulan el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, así como en la Ley de Ministerios 22.520, que otorga al Ministerio de Seguridad Nacional la competencia para coordinar acciones ante emergencias en el territorio nacional.
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Los requisitos para acceder al SUR
Tal como precisaron, el SUR se otorgará por única vez a personas cuyas viviendas en planta baja hayan sido afectadas por el evento climático. El subsidio no es reintegrable y se abonará mediante transferencia bancaria a los beneficiarios que cumplan con los requisitos y superen las verificaciones establecidas.
Entre las condiciones para acceder al SUR, indicaron que el solicitante debe ser mayor de 18 años, argentino o extranjero con residencia legal en el país de al menos dos años, y acreditar domicilio real y residencia efectiva en alguna de las localidades afectadas al momento de la inundación. Además, debe demostrar habitación, uso, locación o titularidad regular y permanente del inmueble dañado, según la información del Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (SINAME).
El proceso de solicitud se realizará exclusivamente a través de la página web http://sur.argentina.gob.ar, donde los interesados deberán completar un formulario digital y presentar documentación que acredite la residencia y la afectación de la vivienda. El formulario tendrá carácter de declaración jurada, y en caso de falsedad, se iniciarán acciones civiles y penales.
El Ministerio de Seguridad verificará los datos aportados por los solicitantes mediante el cruce con bases de datos de empresas proveedoras de electricidad, el Banco Central de la República Argentina, el SINAME y otros organismos públicos. También se realizará una verificación por muestreo de los servicios cargados en el formulario para acreditar la residencia en el domicilio afectado.
El trámite de cada solicitud pasará por distintos estados: recibido, en análisis, aprobado, en proceso de pago, pagado o rechazado. Los solicitantes podrán consultar el estado de su trámite en la misma página web. Solo las solicitudes aprobadas pasarán a la etapa de pago.
El reglamento prevé una instancia complementaria de 72 horas para que quienes hayan presentado documentación incompleta o no validada puedan subsanar o ampliar la información, accediendo nuevamente al formulario web mediante una notificación enviada por correo institucional.
El Ministerio de Seguridad Nacional será responsable del monitoreo y control de la gestión de pagos, resguardando la documentación por un plazo máximo de tres años.
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POLITICA
El Gobierno activó la segunda etapa de contención del escándalo de los audios: cómo se gestó la primera respuesta de Martín y Lule Menem

Durante el fin de semana, varios funcionarios reconocieron que esta iba a ser una semana intensa y con alto movimiento mediático. El escándalo de los audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, aludiendo a presuntos cobros de coimas con la droguería Suizo Argentina no terminaba aquietarse, sino todo lo contrario. La agenda política de los sitios y de los programas políticos estaba signada por esa temática. “Había que responder”, indicó una figura del Gobierno.
En el epílogo del domingo se decidió que, esta vez, fueran Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem quienes salieran a hablar. El secretario de Gestión Institucional y armador nacional de La Libertad Avanza es uno de los principales implicados de las acusaciones que se vierten en esos audios. Su primo, en tanto, no forma parte de las imputaciones que hace Spagnuolo, pero es uno de los principales voceros políticos del espacio, integrando el sector del Gobierno que es directamente aludido por las acusaciones.
En el Ejecutivo hay una mesa no institucionalizada que es conformada por diferentes partes del Gobierno para poder socorrer ante esta crisis comunicacional y de gestión. Participan el asesor presidencial Santiago Caputo, el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni; y diferentes de sus funcionarios técnicos que se encargan de delinear el curso de acción ante este episodio, que es el más profundo y sensible de todo lo que va de la gestión libertaria. Todas las sugerencias que salen de este lado son validadas Javier Milei y su hermana Karina, así como convenidas con los Menem. “Lo ordenamos entre todos”, contó uno de estos integrantes.
En los primeros minutos del lunes se terminó de ajustar el texto que publicaría Lule Menem, que es la primera vez que esgrime alguna declaración pública desde que es funcionario nacional. Lo hizo en su cuenta de X, que no hasta la publicación de ese comunicado tenía menos de 1000 seguidores y un solo tuit, que responde a otro posteo suyo que fue borrado. No se sabe si hubo más posteos en el pasado que fueron eliminados.
En su carta, Lule explicó que no tiene las capacidades técnicas de determinar si el audio es auténtico, pero sí de rechazar todo el contenido que se desprende del mismo. “Jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones del ANDIS. Ni de manera formal ni de manera informal. Nadie me mencionó ningún hecho de corrupción, ni tampoco tuve conocimiento alguno de que algo ilícito ocurriera en el ANDIS ni en ningún otro organismo del estado. Jamás hablé con Karina Milei o con el presidente de la Nación sobre prestaciones, contratos o la actividad particular del ANDIS”, justificó.
Según dice Spagnuolo en los audios, Lule habría intervenido con la designación de un funcionario para implementar el presunto esquema de coimas. El funcionario rechazó abiertamente esta acusación.
Aunque se tratan de datos banales en el marco de este entramado, las principales figuras que escribieron mensajes abajo del posteo fueron las diputadas y candidatas a senadoras libertarias Nadia Márquez (Neuquén) y Lorena Villaverde (Río Negro). También lo hizo la legisladora Lilia Lemoine. Los demás funcionarios (incluso los hermanos Milei) optaron por retuitear el mensaje para evitar correr la atención del mensaje.
No se prevé que el alfil karinista salga a hablar en público. Cultor del perfil bajo, su carta abierta se trató de una excepción dado este caso. “El tema escaló”, se resignan cerca suyo, donde agregan que luego “evolucionará como tenga que ser en la Justicia” y que “mediáticamente dependerá cuánta mecha le den”.
La entrevista que Martín Menem le concedió al periodista Antonio Laje esta mañana se terminó de gestar a última hora de ayer. “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei“, repitió ocho veces a lo largo de la entrevista. El titular de la Cámara Baja se limitó a asentar los principales fundamentos del Gobierno por estas horas: que la veracidad de los audios lo determinará la Justicia, que se trata de una “monumental operación” a días de las elecciones bonaerenses y que lo que dice Spagnuolo en los audios “es falso”.
A pesar de no estar mencionado, el presidente de Diputados eligió exponerse en público, algo que ya había hecho el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, pero que lo hizo de una manera más iniciática. El vínculo del ministro coordinador con los dos principales acusados en los audios no es, en principio, el mismo que el de Martín Menem.
“No está inmolándose porque no hay nada que esconder”, esgrimen en las filas libertarias, pero explican que Menem no se dispuso antes a hablar en público porque “si hay que salir a aclarar cada cosa que dicen, hay que salir cada cinco minutos”. Martín hará una nueva ronda aclaratoria con el periodista Luis Majul esta noche. Después no se prevén nuevas entrevistas. Ante todo, en el entorno presidencial están expectantes a las advertencias de que se conocerán nuevos audios en las próximas horas y en los próximos días. Es por eso que esperaban que Milei no hable hoy sobre el tema en su acto en Junín, pero sí que pueda desprender algunas indirectas. Resulta más probable que lo haga en la caravana en Lomas de Zamora fechada para este miércoles.
Para todo este caso, hay algunos integrantes de este sector libertario que prefieren volver a un video del expresidente Carlos Menem en donde habla sobre la contraposición de “la corrupción y la honestidad”: “Cuando alguien va a la mesa de uno y entra a hablar de la honestidad, de moral y de ética; cuando se va, hay que contar los cubiertos”. En la familia Menem siempre repiten el proverbio de que “los sirios vienen del desierto” y de que se aguantaron los años pasados de cuando el apellido Menem parecía un insulto.
El presidente de Diputados había aparecido en público tanto hacia el final de la semana como en la actividad que Karina Milei hizo con fiscales en La Matanza. No había emitido declaraciones públicas hasta el momento. En tanto, Lule Menem, fiel a su estilo, no se mostró en la tarima junto a los referentes nacionales y provinciales. Incluso, optó por un perfil aún más bajo en los pasillos de la Casa Rosada, donde prácticamente no se lo divisó en público. La Justicia, en tanto, no avanzó contra ningún integrante del Gobierno más allá de los dos exfuncionarios desplazados de la ANDIS.
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