El ministro de Salud, Mario Lugones, y el interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Alejandro Vilches, evitaron aparecer hoy en Diputados para explicar el escándalo que sacude a su área. Los funcionarios estaban citados a un plenario de las comisiones de Salud y Discapacidad, pero no se presentaron ni notificaron su ausencia.

En la reunión informativa, la oposición anticipó que avanzará con las interpelaciones, pedidos de informe y la creación de una comisión investigadora sobre el tema. El martes que viene la comisión de Discapacidad se volverá a reunir para tratar cuatro proyectos.

Del plenario tampoco participaron ninguno de los 18 integrantes del oficialismo y de Pro. Algunos de los ausentes son, entre otros, Lilia Lemoine y Manuel Quintar, de La Libertad Avanza, como Silvia Lospennato y Martín Maquieyra, del macrismo.

La citación fue formalizada por los peronistas Pablo Yedlin y Daniel Arroyo, presidentes de ambas comisiones, tras la difusión de audios atribuidos al extitular de la Andis Diego Spagnuolo en los que alude a un presunto cobro de coimas. En las escuchas se menciona a Eduardo “Lule” Menem como articulador y a Karina Milei como supuesta beneficiaria.

“No hemos tenido respuesta y tenemos la idea de que no van a venir”, dijo Yedlin sobre los funcionarios al comienzo del plenario. “No es la primera vez que nos pasa que invitamos a ministros y no vienen. Lamentablemente nos pasa parecido con los pedidos de informes que no se contestan y con las interpelaciones. Por el caso $LIBRA se interpeló al ministro de Economía –Luis Caputo– y todavía estamos esperando que venga”, recordó.

Arroyo, autor de la emergencia en discapacidad -vetada por Javier Milei, aunque insistida por Diputados-, describió una situación colapsada: trabajadores de talleres protegidos que cobran $28.000 al mes, transportistas que no pueden cubrir los traslados por el costo del combustible, acompañantes terapéuticos que cobran con meses de demora y centros de día al borde del cierre. “Ni bien el Senado rechace con dos tercios el veto es una obligación de la Andis poner en marcha la ley”, advirtió.

El faltazo de Lugones y Vilches reforzó la línea del oficialismo de no dar explicaciones públicas. Ayer, Eduardo y Martín Menem -este último, titular de la Cámara baja- salieron a contestar y repitieron el mismo libreto: calificaron el material como “falso” y denunciaron una “operación” ligada a la campaña electoral.

Lugones, por su parte, movió fichas sin romper el silencio. Sin comunicado oficial, hizo saber a periodistas acreditados en la Casa Rosada que ordenará un sumario interno y una auditoría integral sobre la Andis en las próximas horas.

Yedlin y Arroyo convocaron también a los autores de los proyectos que buscan esclarecer los hechos a través de interpelaciones a funcionarios, pedidos de informe y la creación de una comisión investigadora.

La batería de proyectos cayó primero en la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Nicolás Mayoraz. Allí, el oficialismo intentará ganar tiempo. La respuesta opositora, ya ensayada en otras discusiones, será el emplazamiento: forzar en el recinto que las comisiones se abran a tratar los expedientes en plazos acotados. Lo anticipó Yedlin: “No nos va a quedar alternativa que en la próxima sesión emplazar a Asuntos Constitucionales por todos estos proyectos”, explicó.

Juan Marino, de UP, subrayó la ausencia de los funcionarios. “Nos abre todo un debate sobre qué hacer con Andis”. Y sentenció: “Todos los días vemos el espectáculo morboso del laberinto de la corrupción del oficialismo, que todos terminan en Karina Milei y los Menem”.

Esteban Paulón, del socialismo, enfatizó que lo que está en juego es “la institucionalidad y la palabra presidencial”. Tras ello, pidió por la creación de la comisión investigadora, que él impulsa. El diputado llevaba una remera con la leyenda “No era estúpido”, en alusión a la especulación de la ex Canciller, Diana Mondino, sobre el caso $LIBRA.

Sabrina Selva, de UP, cuestionó la dilación del presidente de la Cámara para comunicar la insistencia a la emergencia de Discapacidad al Senado, que tendrá la palabra final. “En el medio están las personas con discapacidad”, lamentó Selva, después de exigirle celeridad a Menem.

Como la única representante de la UCR, Natalia Sarapura remarcó que “se ha hecho costumbre” para el oficialismo “hacer silencio ante el escándalo”. La jujeña dictaminó: “Sin duda son indecentes”.

Los nombres detrás de cada iniciativa trazan un apoyo nutrido. Unión por la Patria activó tres iniciativas: Victoria Tolosa Paz pidió interpelar a Diego Spagnuolo; Selva solicitó citar a Lugones y a Karina Milei -reclamo que replicó la izquierda-; y Andrea Freites presentó un pedido de informes que pone la lupa en las contrataciones de la Andis con Suizo Argentina, el registro de proveedores y los presuntos “retornos” mencionados por el exfuncionario.

Desde el socialismo, Paulón y Mónica Fein, con la firma de Margarita Stolbizer, impulsan la interpelación a la secretaria General y la creación de una comisión investigadora.

En Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño reclamó la presencia de Lugones y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El hilo conductor es el mismo: todas las iniciativas orbitan alrededor de los audios y del presunto esquema de corrupción en Discapacidad.

El gobierno argentino declaró al Cártel de los Soles venezolano como organización terrorista e informó su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La decisión, coordinada entre Cancillería, Seguridad y e Justicia, se enmarca en los compromisos internacionales asumidos por el país en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento.

“Cártel de los Soles” es el nombre con el que organismos internacionales identifican a una red criminal integrada por altos mandos militares venezolanos acusados de participar en el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. El término alude a los soles que llevan como insignia los generales de la Guardia Nacional Bolivariana y que simbolizan la protección estatal que permitió el despliegue de estas actividades ilícitas.

Informes de la DEA y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sostienen que el grupo se consolidó a partir de la década del 2000 como un entramado dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela, dedicado no solo al narcotráfico sino también al contrabando y la explotación ilegal de recursos naturales.

En los últimos años, esta organización se convirtió en un eje del enfrentamiento entre el gobierno de Nicolás Maduro y la administración de Donald Trump. Washington acusó al propio mandatario venezolano y a miembros de su cúpula militar de utilizar esta estructura como fuente de financiamiento y como herramienta de control político, llegando incluso a presentar en 2020 cargos por narcoterrorismo. Maduro rechazó esas acusaciones y las consideró parte de una campaña para aislar a su gobierno e imponer sanciones.

Dicha tensión se intensificó el pasado mes de julio cuando, al igual que la Argentina, la administración Trump declaró al “Cártel de los Soles” como organización terrorista. Junto a ello, incrementó además su presencia militar en el Caribe con el envío de destructores Aegis, un grupo anfibio y unos cuatro mil marines.

La decisión argentina de inscribir a esta red en el RePET habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas con el objetivo de limitar su capacidad de acción y proteger al sistema financiero local de operaciones vinculadas al terrorismo y al crimen organizado. Al mismo tiempo, fortalece la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia y reafirma el compromiso del país con la estabilidad regional.

La medida fue celebrada por la titular de la cartera de Seguridad, Patricia Bullrich, que escribió en X: “Declaramos al Cártel de los Soles como organización terrorista y narcocriminal. Maduro y su séquito son narcoterroristas. Ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo van a poder llevar a cabo sus actividades criminales”.

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