POLITICA
Fentanilo contaminado: la defensa de García Furfaro apelará su procesamiento y argumentan que “no había intención de matar”
Los abogados de los 14 procesados por el fentanilo mortal apelarán la resolución que el jueves pasado firmó el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak. La medida era previsible y tienen 10 días hábiles para presentarla. Ariel García Furfaro, el propietario de los establecimientos HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, encabeza la lista de los presuntos responsables por la elaboración del medicamento contaminado con dos tipos de bacterias, una de ellas multirresistente a los antibióticos. El magistrado los vinculo, al menos, a 20 pacientes fallecidos, pero en el dictamen se mencionan 124 historias clínicas de personas internadas que habrían muerto después de ser tratadas con el fentanilo de HLB Pharma, sobre todo del lote 31202 fabricado, el 18 de diciembre de 2024 y lanzado al mercado el 4 y 6 de enero de 2025.
Al empresario, Kreplak también le trabó un embargo récord de un billón de pesos. Su procesamiento fue con prisión preventiva. Gastón Marano es su abogado defensor.
También representa a su hermano Diego García, integrante de la dirección del laboratorio, y a Javier Martín Tchukrán, director de Manufactura de HLB Pharma Group SA. Como Ariel y Diego permanece detenidos, Marano —un abogado penalista de extensa experiencia— consiguió la libertad y falta de mérito de Damián, el tercero de los hermanos. El letrado sostiene que existen graves falencias en la fundamentación jurídica y probatoria del fallo.
“El dolo eventual está mal aplicado”
A Ariel Fernando García se lo consideró “prima facie, coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales que resultó en la muerte de al menos 20 personas, en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor (arts. 45, 55, 200 y 201 bis CP y 306 y 312 CPPN)”.
Consultado por Infobae, Marano hizo saber que, en efecto va a apelar la resolución de 401 carillas del juez Kreplak “en términos jurídicos porque hay una serie de categorías, como la del dolo eventual que están mal aplicadas al caso y en términos probatorios”. “Por un lado, existió un apartamiento injustificado de pruebas centrales existentes en la causa como los informes del Cuerpo Médico Forense que niegan un nexo causal directo entre las muertes y el fentanilo y tampoco se permitió, a pesar de que la defensa lo pidió numerosas veces, la producción de ciertos elementos de prueba que eran fundamentales y eso impidió realizar una defensa amplia”, explica el abogado de los hermanos García y el técnico químico Tchukrán.
Por otro lado, Marano detalla: “La técnica elegida por el juez en torno a separar las imputaciones en bloques de casos (de historias clínicas) genera dificultades que van a tener que ser atendidas con una investigación más amplia”.
Para el penalista esto último es porque “se segmenta la prueba que puede ser útil para los primeros veinte casos, pero inútil para los siguientes 20 o viceversa, de modo que constantemente hay que estar pidiendo actualizaciones probatorias”.
Marano es un abogado que se caracteriza por llevar adelante la defensa de causas de largo aliento. El 21 de agosto pasado fue noticia porque consiguió la “absolución” antes del juicio oral de Nicolás Gabriel Carrizo, señalado como “jefe de la banda de los Copitos”, en el marco del juicio por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, ya que no se pudo probar su participación en el hecho y, por lo tanto, la Fiscalía y la querella decidieron retirar sus acusaciones contra él. Quedó en libertad después de dos años y once meses preso.
En palabras de Marano, entre los puntos de la resolución judicial de Kreplak que atacarán las defensas, pero sobre todo la suya, destaca:
- “La caracterización que el juez hace como un delito doloso. Es decir que hubo intención de dañar a alguien cuando, claramente, toda la prueba apunta a una negligencia, y no a una intención”.
- “Cómo tendría intención Ariel García de fundir su propio laboratorio, enfermar gente y terminar como el enemigo público número uno. Lo mismo los empleados”.
- “Quién puede predicar que los empleados del laboratorio tenían ganas de que salga todo mal y no les importaba si la gente se enfermaba o moría”.
- “El Cuerpo Médico Forense dijo que no hay nexo causal directo entre el fentanilo y las muertes y el juez sale a imputar por veinte muertes”.
- “Vamos a criticar la cuestión del dolo y la apreciación que hace de la prueba, o sea, la extensión del daño que el juez pretende”.
Para el abogado defensor, el magistrado también “barrió debajo de la alfombra” la responsabilidad estatal “del la propia Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en el control.
Las razones de los procesamientos
Según la resolución del magistrado, la actuación de la ANMAT en el caso fentanilo incluyó las siguientes acciones:
- El 11 de mayo de 2025, la ANMAT dictó la Disposición N.º 3156/2025, prohibiendo el uso, distribución y comercialización en todo el territorio nacional del Fentanilo HLB, Lote 31202, y ordenando a la firma HLB Pharma Group SA su recupero del mercado.
- El 12 de mayo de 2025, por Disposición N.º 3158/2025, la ANMAT inhibió las actividades productivas de HLB Pharma Group SA y prohibió el uso, distribución y comercialización en el territorio nacional de todos los productos registrados a nombre de la firma.
- Frente al incumplimiento de HLB, la ANMAT reiteró el 21 de mayo de 2025 la solicitud y notificó a la firma que debía presentar en dos días la información requerida.
- Las tareas de retiro (recall) debieron ser suplidas por el juzgado interviniente ante la inactividad de la empresa, y la ANMAT requiriendo colaboración de los Ministerios de salud de todo el país y efectores que habían adquirido el producto.
- La ANMAT también realizó repetidos informes, fiscalizaciones y comunicaciones a distintas jurisdicciones, laboratorios y droguerías, con el objetivo de reconstruir la cadena de comercialización y asegurar el recupero del producto adulterado.
- La ANMAT detectó diversas deficiencias en los laboratorios involucrados, incluyendo incumplimientos a las Buenas Prácticas de Fabricación, uso de instalaciones no autorizadas y deficiencias críticas en documentación y trazabilidad de productos terminados.
En la resolución judicial, el magistrado documentó las siguientes deficiencias en la fabricación del fentanilo adulterado y de otras partidas:
- “Bajo rendimiento de la materia prima. Discrepancias en el rendimiento o conciliación no investigadas; Defectos respecto de los envases. Defectos críticos de cierre y tendencia progresiva de falla; Inconsistencias en la secuencia y planificación del proceso, desvío en la cronología lógica de fabricación de los lotes; Irregularidades en cuanto al personal. Ausencia de organigrama y/o descripción incompleta de puestos claves, los cuales no están ocupados por personal a tiempo completo o la función no está explícitamente delegada en personal con calificación comprobable; Controles de calidad laxos, ineficaces o directamente inexistentes. Discrepancia entre procedimiento validado y el que se ejecutaba en la realidad; Deficiencias en los valores del agua para inyectables; Antecedente de contaminación por Ralstonia; Muestreos poco representativos para control de calidad”.
- “Las referencias citadas hablan de forma elocuente de las pésimas condiciones en que se producían los medicamentos, ya sea en cuestiones de mantenimiento, insumos, agua, controles, registros documentales, entre otras tantas. Todo ello, por suma obviedad, bajo total inobservancia de los estándares mínimos establecidos por las Buenas Prácticas de Fabricación”.
- Según el peritaje de ANLIS-Malbrán: “Los batch record (hoja de ruta de la fabricación del medicamento) y su documental anexa no reflejaban la realidad de lo que a ciencia cierta pasaba dentro de la planta, se utilizaban datos inexistentes, inventados y/o fórmulas preexistentes de otros medicamentos. Es más, surge que muchos de esos registros se confeccionaron exclusivamente para presentarlos ante la autoridad de aplicación, ante el aviso de inminentes inspecciones por parte de aquella”.
- “El análisis comparativo de los registros de lote de la campaña de producción de Fentanilo HLB evidencia que el área de Control de Calidad operaba bajo metodologías que comprometían la validez de los resultados y la seguridad de los productos liberados. Metodología de ensayo de esterilidad no conforme con Farmacopea Argentina 7ª Edición. El control de esterilidad de lotes del producto terminado consistía en un procedimiento combinado, utilizando, en la misma membrana de filtración, volúmenes variables y mezclando varios productos y varios lotes. El procedimiento de rutina, al ser completamente distinto al validado, introduce riesgos técnicos inaceptables que explicarían la no detección de la contaminación”.
- “Se liberaron lotes de fentanilo pese a conocer graves incumplimientos y deficiencias, y se falsearon registros para maquillar los procesos productivos”.
- “En todas las muestras analizadas se detectó una presencia significativa de arsénico, muy por encima del límite permitido por el Código Alimentario Argentino. En efecto, los valores obtenidos superan entre seis y siete veces el nivel máximo establecido, lo que evidencia una situación por demás seria”.
- “Desde al menos el 1º de agosto de 2024 HLB Pharma Group estaba comercializando medicamentos elaborados en áreas sin habilitación y con envases no autorizados por ANMAT”.
El resto de los procesados en la causa son:
• José Antonio Maiorano. Director Técnico responsable de la producción y liberación de lotes contaminados.
• Carolina Ansaldi. Directora Técnica de Laboratorios Ramallo SA.
• Víctor Pablo Boccaccio. Director realizaba “funciones de control de gestión”.
• María Victoria García. Gerenta de Gestión de Calidad.
• Wilson Daniel Pons. Jefe de Control de Calidad.
• Adriana Iudica: Cumplía la función de subjefa de Control de Calidad en Laboratorios Ramallo SA. Es ingeniera química y tenía a su cargo el control microbiológico de la producción de medicamentos, incluida la producción de los lotes de fentanilo contaminados. Firmó los protocolos de análisis microbiológico y endotoxinas bacterianas de los lotes cuestionados.
• Dayana Arzolidys Astudillo Bolívar. Cumplía la función de supervisora de Control de Calidad en Laboratorios Ramallo SA.
• Rocío del Cielo Garay. Se desempeñaba como supervisora de Control de Calidad en Laboratorios Ramallo SA.
• Edgardo Gerardo Antonio Sclafani. Cumplía funciones en el área de Control de Calidad de Laboratorios Ramallo SA. Estaba encargado de la confección y validación de registros y hojas de control vinculados a la producción y liberación de los medicamentos.
• Eduardo Darchuk. Cumplía la función de encargado del registro documental en Laboratorios Ramallo SA.
Mientras las defensas preparan las apelaciones, en el juzgado de Ernesto Kreplak continúan produciendo pruebas y analizando los resultados que llegan sobre las historias clínicas de pacientes fallecidos después de haber sido tratados con el fentanilo de HLB Pharma Group SA, un trabajo arduo que realiza el Cuerpo Médico Forense a pedido del juzgado federal de La Plata.
POLITICA
Antes de renunciar a la IGJ, Vítolo firmó un segundo pedido de veedores para auditar otros negocios de la AFA
Antes de renunciar a la Inspección General de Justicia, Daniel Vítolo firmó un segundo pedido para que el Ministerio de Justicia designe veedores que auditen otros negocios vinculados a la AFA. La solicitud apunta a la Superliga, una asociación civil que administró USD 348 millones entre 2020 y 2024. El expediente se suma a otro similar que ahora deberá resolver el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para revisar los balances de la AFA.
El expediente fue remitido al Ministerio de Justicia el jueves, cuando Vítolo aún ejercía formalmente el cargo. La decisión final sobre la designación de veedores quedó ahora en manos del nuevo ministro, quien juró ese mismo día en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona.
La resolución de la IGJ amplía el alcance de la investigación sobre la administración del fútbol argentino. El organismo ya había solicitado el mes pasado la designación de veedores en la AFA en el marco de un expediente que investiga presuntas irregularidades en balances recientes, la creación de la denominada Universidad de la AFA y vínculos económicos con empresas privadas. Con la nueva resolución, la ofensiva del organismo de control se extiende ahora a la Superliga, cuya existencia jurídica persiste en paralelo al actual esquema organizativo del fútbol profesional.
La IGJ solicitó la intervención en grado de veeduría en la Superliga por 180 días, sin desplazar autoridades, sino mediante veedores que puedan recabar documentación, analizar la contabilidad y verificar el funcionamiento institucional de la entidad.
El organismo requirió que los veedores obtengan toda la documentación necesaria para determinar si existe una inconsistencia entre el objeto social de la entidad y las actividades que desarrolla, revisar decisiones económicas y financieras de sus órganos de gobierno, analizar la relación económica con la AFA y examinar los estados contables y financieros desde 2017 hasta la actualidad.
Además, la resolución ordena investigar eventuales vínculos comerciales con empresas nacionales y extranjeras ligadas a la gestión de derechos audiovisuales y contratos comerciales del fútbol.
La solicitud se dirigió al Ministerio de Justicia porque, según el régimen legal vigente, la intervención de asociaciones civiles en grado de veeduría requiere una decisión de la autoridad política del área.
Así, la continuidad o no de la investigación dependerá del criterio que adopte Mahiques, quien asumió el cargo en medio de una reconfiguración interna en el Gobierno.
La Superliga Profesional del Fútbol Argentino fue creada en 2016 como una asociación civil impulsada por los clubes con el objetivo de administrar y profesionalizar la organización del fútbol de Primera División. La entidad comenzó a funcionar plenamente en 2017 y asumió la administración de los contratos de derechos audiovisuales del fútbol argentino, considerado uno de los principales activos económicos del sistema.
Según el expediente de la IGJ, entre 2020 y 2024 la Superliga gestionó ingresos por aproximadamente USD 348 millones, derivados de contratos con empresas de transmisión televisiva de partidos del fútbol argentino. Esos recursos se distribuyeron entre los clubes participantes de distintas categorías profesionales, según mecanismos de reparto definidos por los reglamentos internos.
La creación de la Superliga respondió a una estrategia de los clubes para dotar al fútbol profesional de una estructura más autónoma respecto de la AFA, con mayor capacidad de negociación comercial y gestión empresarial. Sin embargo, ese esquema institucional fue modificado pocos años después.
En 2020, la AFA y los clubes reorganizaron la estructura del fútbol argentino y crearon la Liga Profesional de Fútbol como órgano interno dentro de la propia AFA. Esta nueva entidad asumió la organización de los torneos de Primera División y, en la práctica, desplazó a la Superliga del centro del sistema. No obstante, la disolución formal de la Superliga nunca se concretó. La asociación civil continuó existiendo jurídicamente y mantuvo actividad administrativa y financiera reflejada en sus balances. Ese punto es uno de los ejes centrales del análisis realizado por la IGJ.
La coexistencia de estructuras y los interrogantes sobre la Superliga
Según la IGJ, la coexistencia de la Liga Profesional dentro de la AFA y la Superliga como asociación civil independiente genera interrogantes sobre el verdadero rol de esta última en el esquema económico del fútbol argentino. La investigación se inició tras observaciones sobre los estados contables presentados por la Superliga correspondientes a distintos ejercicios. El organismo solicitó información adicional sobre partidas de relevancia, como fondos de reserva, rendiciones a clubes y gastos administrativos.
Las respuestas aportadas por la entidad y por su auditor externo no habrían sido suficientes para aclarar los cuestionamientos, según consta en el expediente. La IGJ considera que esa falta de información impide evaluar adecuadamente la transparencia en el manejo de recursos y el origen de determinadas partidas económicas.
En ese contexto, fue citado el auditor que firmó los balances, quien brindó explicaciones ante el organismo. No obstante, la resolución firmada por Vítolo sostiene que esas aclaraciones no lograron disipar las dudas planteadas por el área técnica de la Inspección General de Justicia.
Uno de los aspectos centrales es la posible contradicción entre el objeto social de la Superliga y las actividades que desarrolla. Como asociación civil, la entidad debería perseguir fines institucionales vinculados al desarrollo del deporte y al funcionamiento del sistema futbolístico. Sin embargo, la actividad reflejada en los balances parece orientarse principalmente a la administración de contratos comerciales y distribución de ingresos provenientes de derechos audiovisuales.
De acuerdo con la IGJ, la entidad distribuye la mayor parte de los recursos entre los clubes asociados, lo que podría entrar en tensión con las normas que regulan el funcionamiento de las asociaciones civiles, que no pueden distribuir utilidades entre sus miembros. El expediente señala que la propia Superliga habría reconocido, en algunas respuestas, que actúa como un instrumento administrativo para canalizar recursos hacia los clubes.
Vínculos con la AFA y posibles conflictos de interés
El organismo también analizó la relación institucional entre la Superliga y la AFA. Según el expediente, la estructura de gobierno de la Superliga estaría conformada en gran medida por dirigentes que ocupan simultáneamente cargos en la conducción de la AFA. Esta superposición podría generar un potencial conflicto de intereses, ya que las decisiones económicas y estratégicas de la Superliga podrían quedar subordinadas al Comité Ejecutivo de la AFA.
La IGJ advierte que el órgano de administración de la Superliga es elegido finalmente por asambleístas vinculados a la AFA, lo que debilita la autonomía institucional que originalmente se buscó con la creación de la entidad.
Ante este panorama, la IGJ solicitó la designación de veedores para analizar el funcionamiento de la Superliga, revisar las decisiones económicas adoptadas desde 2017, y verificar operaciones comerciales con empresas vinculadas al negocio del fútbol, tanto nacionales como internacionales, especialmente en la comercialización de derechos audiovisuales.
La investigación contempla la posibilidad de identificar actos que pudieran constituir violaciones a la ley, al estatuto de la entidad o a los reglamentos aplicables.
El pedido de veedores en la Superliga se suma al expediente abierto sobre la AFA, que también incluye observaciones sobre balances recientes y la creación de la denominada Universidad de la AFA. En este caso, la IGJ busca obtener información adicional sobre el funcionamiento de esa iniciativa educativa y sobre relaciones económicas con empresas privadas vinculadas al sistema del fútbol.
El futuro de las investigaciones tras la renuncia de Vítolo
Las investigaciones en curso sobre la estructura institucional del fútbol argentino quedaron bajo la lupa del organismo de control de las asociaciones civiles. La ofensiva administrativa se produjo en las horas previas a la salida de Vítolo de la conducción de la IGJ.
La renuncia de Daniel Roque Vítolo se formalizó este viernes mediante una carta al presidente Javier Milei, en la que expresó que dejaba el cargo tras recibir el pedido de apartamiento de sus funciones. “Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de presentar formalmente mi renuncia al cargo de Inspector General de Justicia de la Nación (…) decisión que adopto en razón de que se me ha solicitado el apartamiento de las funciones que actualmente ejerzo”, escribió en el texto.
En la misma carta sostuvo que aceptaba esa determinación “con el orgullo y la serenidad de quien sabe haber cumplido con su deber”.
La resolución firmada el jueves, horas antes de dejar el cargo, dejó ahora en manos del nuevo ministro de Justicia la decisión sobre el futuro de los pedidos de veedores tanto en la AFA como en la Superliga, dos expedientes que colocan bajo revisión el funcionamiento institucional y económico del fútbol profesional argentino.
POLITICA
Cuál es el nuevo reclamo salarial de Hugo Moyano que rompe la pauta del Gobierno y preocupa a los empresarios
El Sindicato de Camioneros hizo este jueves un reclamo salarial que supera la pauta del Gobierno y causará rechazo en las pymes del sector: 8% de aumento para el trimestre marzo-mayo, más la suba al 20% de los adicionales de las ramas expreso y mudanza, logística y correos, la creación de un premio mensual por presentismo de $100.000 y el incremento de la contribución empresarial para la obra social a $35.000 para cada trabajador (que hoy es de $22.000).
Además de la cifra exigida, que supera el tope buscado por el Ministerio de Economía, a los funcionarios libertarios les preocupa que se firmen acuerdos trimestrales como el que exige el gremio que lidera Hugo Moyano ya que hasta ahora buscaban que fueran anuales o semestrales para desalentar el alza de la inflación.
El Sindicato de Camioneros hizo este planteo durante la primera audiencia oficial para acordar la paritaria 2026, que pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles próximo, aunque habrá reuniones extraoficiales para tratar de acercar las posiciones: este viernes, el sindicato se encontrará con la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y el lunes, con la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL).
Sin embargo, las pymes del sector ya advirtieron que no podrán hacer frente a ese aumento por la crisis del transporte automotor de cargas, por lo que se prevé un escenario de tensiones por el reclamo de Camioneros.
En la audiencia oficial, el sindicato confirmó la postura que había fijado a mediados de enero pasado en una nota dirigida a las cámaras: una revisión “urgente y más frecuente” de los sueldos de la actividad, lo que implica dejar de pactar aumentos con vigencia semestral y pasar a hacerlo en forma trimestral. Por eso ahora pidió una compensación del 8% por el desfase inflacionario del acuerdo firmado para diciembre 2025-febrero 2026.
El trabajador, según Camioneros, recién luego de transcurridos 4 meses ve reflejada la diferencia existente entre lo pautado y la inflación real del Índice de Precios al Consumidor. Al mismo tiempo, Moyano pretende tomar del IPC sólo aquellos rubros que más impactan en el trabajador: alimentos, transporte público y servicios públicos y privados (luz, gas, agua corriente, telefonía, internet). Por eso ahora pide un 8% de aumento debido a la diferencia con el período paritario anterior.
Además, reclama un incremento del 2% al 4% para las ramas expreso y mudanza, logística y correos con el fin de equiparar en un 20% la mejora ya otorgada; establecer con carácter remunerativo un premio por presentismo de $100.000 en forma mensual, y aumentar la contribución empresarial para la obra social a $35.000 por trabajador, que hoy es de $22.000 (por lo que Camioneros, que tiene 200 mil afiliados, recaudaría por mes unos 7 mil millones de pesos).
En las cámaras del sector no sólo se analiza la viabilidad del aumento reclamado por Moyano sino que también se evalúa si pueden exigir que se firme una paritaria nivel regional o por empresa, como contempla la ley de reforma laboral que se acaba de promulgar.
Este punto se convertiría en un banco de pruebas de la nueva legislación, que le sacará poder de fuego al sindicato con personería, que es el que firma el convenio colectivo de trabajo para toda la actividad.
La última paritaria firmada por el jefe de Camioneros estuvo en sintonía con la pauta del Gobierno: un aumento del 3,3% en tres tramos, que tuvo vigencia de seis meses, desde septiembre y hasta febrero de 2026.
En concreto, contempló un incremento de 1,2% para septiembre, 1,1% para octubre y 1% para noviembre, diciembre, enero y febrero, aunque con el compromiso de revisar las cifras pactadas en diciembre.
Además, se acordó el pago del bono de fin de año de 840 mil pesos en cuatro cuotas de 210 mil pesos entre enero y abril de 2026 y la contribución empresarial para la obra social, fijada en 20 mil pesos mensuales por trabajador entre septiembre a noviembre y de 22 mil pesos por mes de diciembre a febrero de 2026.
En diciembre pasado, Moyano y las cámaras acordaron también una suma fija de 35 mil pesos, que fue cobrada con los sueldos de enero de 2026.
hugo moyano,sindicato de camioneros
POLITICA
Javier Milei llegó a Miami para participar de la cumbre de mandatarios de América Latina organizada por Trump
(Enviado especial a Miami, Estados Unidos) Javier Milei llegó a Miami para participar del lanzamiento oficial del Escudo de las Américas, un foro multilateral conformado por Donald Trump para combatir el narcoterrorismo, la ofensiva comercial de China y la inmigración indocumentada en la región.
El presidente arribó pasadas las 22:42 horas -00:42 horas, según el horario local- a Estados Unidos, acompañado por Karina Milei –secretaria general-, Manuel Adorni -jefe de gabinete- y Pablo Quirno -canciller-, y toda la delegación oficial se alojará en el hotel Trump Doral, que ya está protegido por el servicio secreto como una fortaleza.
“El propósito de esta nueva cumbre de América Latina es promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región”, definió Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca.
Y añadió: “El presidente (Trump) hablará con los líderes de estos países que realmente han formado una coalición histórica para trabajar juntos para abordar las bandas y cárteles criminales narcoterroristas y contrarrestar la migración ilegal y masiva”.
Trump había convocado a la cumbre para definir una estrategia común destinada a frenar el avance regional de Beijing, pero la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán colocó en un segundo plano las aspiraciones de Xi Jinping respecto a America Latina.
En este sentido, el líder republicano aprovechará la ceremonia inaugural del foro Escudo de las Américas para describir sus razones geopolíticas que llevaron a iniciar el conflicto con Teherán y su probable evolución en las próximas semanas.
Trump ha sostenido en las últimas horas que pretende la rendición incondicional del régimen chiíta y que eso sucederá cuando considere que el poder de los ayatollahs ha terminado en Irán.
Las deliberaciones serán este sábado antes del mediodía en el hotel Trump Doral, y participarán doce mandatarios que tienen sintonía ideológica y geopolítica con la administración republicana.
Javier Milei -Argentina-, Rodrigo Paz -Bolivia-, José Antonio Kast -Chile-, Rodrigo Chaves -Costa Rica-, Luis Abinader -República Dominicana-, Daniel Noboa -Ecuador-, Nayib Bukele -El Salvador-, Tito Asfura –Honduras-, Mohamed Irfaan Alí -Guyana-, José Mulino -Panamá-, Santiago Peña -Paraguay- y Kamla Persad-Bissessar-Trinidad y Tobago son los socios fundadores de la iniciativa Escudo de las Américas.
Será la primera vez que Trump expone ante mandatarios extranjeros su perspectiva del enfrentamiento contra el régimen fundamentalista, justo a una semana del comienzo de las operaciones militares en Medio Oriente.
La guerra contra Irán no es un asunto internacional ajeno a América Latina, y por eso se tratará en detalle durante la cumbre regional convocada por el líder republicano.
Irán es aliado estratégico de Cuba y Nicaragua, y en épocas de Nicolás Maduro, su influencia era muy profunda en el régimen caribeño. También tenía a Honduras como un proxy en América Central, una base de operaciones regional que se clausuró con la llegada de Asfura a la presidencia.
Teherán financió a su organización terrorista Hezbollah a través de negocios articulados con los carteles de la droga que operan en México y Colombia, y hay incontables células dormidas del grupo fundamentalista libanés que aguardan órdenes de Irán en sus guaridas de Ciudad del Este (Paraguay).
En 1992 y 1994, Hezbollah ejecutó dos ataques terroristas en Buenos Aires, y la justicia argentina ya probó que estos atentados se decidieron en Teherán.
El presidente argentino Javier Milei es un aliado clave de los Estados Unidos y dispuso incorporar a la lista de organizaciones terroristas a todos los resortes de Irán vinculados a actos fundamentalistas a nivel global.
Ante el inédito escenario internacional, Trump entonces propondrá ante los doce mandatarios de América Latina establecer un sistema de cooperación multilateral para asfixiar la estructura terrorista que Teherán tiene a su disposición en América Latina.
Cuando termine la cumbre de presidentes, Javier Milei, Karina Milei, Manuel Adorni y Pablo Quirno embarcarán rumbo a New York, para iniciar la segunda etapa de esta gira oficial por Estados Unidos.
North America
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