POLITICA
Fentanilo contaminado: revelan imágenes de una reunión secreta que complica a los García Furfaro
Cinco días después de que la ANMAT denunciara penalmente la circulación de fentanilo contaminado que provocó la muerte de al menos 124 pacientes, los hermanos Diego y Ariel García Furfaro participaron de una reunión clave con el director general de los laboratorios implicados, Javier Tchukran.
En ese encuentro, realizado el 17 de mayo de 2025 en la casa del propio Tchukran, se gestó lo que la Justicia considera un intento deliberado de encubrimiento.
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“Además de los mails, hice borrar todo lo que estaba. Por suerte, gracias a Dios. Todo lo que tenemos en los servidores de información, lo borramos todo. No hay un solo gramo de información”, se lo escucha decir a Tchukran en uno de los registros hallados en su teléfono, que contenía imágenes captadas por las cámaras de seguridad de su domicilio. El video es ahora una de las pruebas más comprometedoras del expediente.
La evidencia fue incorporada por el juez federal Ernesto Kreplak, que procesó con prisión preventiva a los tres protagonistas de la reunión: los hermanos García Furfaro y Tchukran. Todos enfrentan cargos por adulteración de sustancias medicinales agravada por el resultado de muerte, delito que prevé penas de hasta 25 años de prisión.
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La secuencia es contundente: el 12 de mayo, la ANMAT realizó la denuncia penal por el lote 31202 de fentanilo producido por el laboratorio Ramallo. Un día después, el juez Kreplak ordenó allanar la planta y también la vivienda de Tchukran. Fue allí donde se secuestró su celular, que contenía las imágenes del encuentro del 17 de mayo. La reunión fue interpretada por los investigadores como parte de un plan de encubrimiento para eliminar rastros.
Unos días atrás, el expediente había sumado otro testimonio clave. Eduardo “Ruso” Darchuk, técnico químico y exjefe de producción en el laboratorio Ramallo, declaró bajo juramento que en mayo pasado, durante una reunión interna, una de las jefas de control microbiológico —la técnica Adriana Iudica— reconoció que una muestra de fentanilo “dio positivo”, pero que no lo informó. “La verdad, me olvidé”, habría dicho Iudica, según reconstruyó Darchuk ante el juez.
De aquella reunión también participaron Diego García Furfaro y Tchukran. “Tchukran empezó a los gritos, Diego también empezó a las puteadas”, relató el testigo. “¿Por qué no dijiste, boluda? Lo levanto, lo tiro todo a la mierda. Si nosotros levantamos lotes y listo”, habría reaccionado el empresario. La escena fue incorporada al expediente como una evidencia de la desidia en los controles internos y la falta de protocolos frente a una irregularidad que, de haber sido reportada, podría haber evitado la tragedia.
Ariel García Furfaro, señalado como el principal responsable del laboratorio, ya había sido procesado junto a sus hermanos Diego y Damián, su madre Nélida Furfaro y su abuela Olga Arena. La Justicia les dictó prisión preventiva y les impuso embargos por cifras astronómicas: un billón de pesos a Ariel y quinientos mil millones a Diego. Todos integraron, en distintos momentos, el directorio de Ramallo S.A. y HLB Pharma Group.
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El caso, que ya acumula 17 imputados y siete detenidos, expuso no solo irregularidades empresariales, sino también fallas graves en el sistema de control estatal. Un informe interno del Instituto Malbrán, fechado en marzo pero ignorado por semanas, alertaba sobre defectos críticos en la producción y esterilidad de los lotes. Recién el 11 de mayo —cuando las muertes ya se habían multiplicado— se ordenó la clausura del laboratorio.
Las conclusiones del Malbrán fueron lapidarias: los procesos eran “poco robustos”, hubo “riesgos críticos” en el control de calidad y se identificaron gérmenes como Ralstonia mannitolilytica y Klebsiella pneumoniae MBL NDM-5, capaces de provocar sepsis fulminantes en pacientes vulnerables. Además, el laboratorio incurrió en prácticas contrarias a las buenas prácticas farmacéuticas, como el “pooling” de muestras para el ensayo de esterilidad, lo que impide detectar la contaminación en lotes específicos.
fentanilo contaminado, Ariel García Furfaro
POLITICA
Nuevo revés para el Gobierno: el Senado rechazó los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y las universidades
En un resultado anticipado, el Gobierno recibió esta tarde una contundente derrota en el Senado: la oposición casi en su conjunto rechazó los dos vetos de las leyes que declara la emergencia pediátrica -hospital Garrahan como emblema-, y que mejora y blinda los presupuestos de universidades públicas. De esta manera, ambas normas recuperan vigor y se aguarda, de cara al corto plazo, los próximos movimientos del Ejecutivo, que en el también reactivado articulado sobre discapacidad dilató, días atrás, el giro de fondos.
Los vetos de este jueves fueron debatidos de forma conjunta; la definición, separada. Por un lado, la emergencia pediátrica obtuvo 59 votos positivos, siete negativos y tres abstenciones -de los macristas Alfredo De Ángeli, Martín Goerling y Victoria Huala– sobre un total de x presentes. En tanto, la iniciativa relacionada con universidades consiguió 58 adhesiones, siete rechazos y las mismas tres abstenciones del Pro, más la radical Carolina Losada. Es decir, ambos textos lograron -bajo la mirada de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel-, por amplio margen, los dos tercios que requieren las leyes para ser insistidas por el Congreso.
Emergencia pediátrica
Uno de los artículos deja en claro que la emergencia en cuestión implicará “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”.
Además, se establece “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas”, que incluye “a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos”. De hecho, la “recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre” de 2023.
Otro punto importante es la eximición “a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias”, algo observado semanas atrás por la potencial queja de otros sectores en breve tiempo. Como símbolo de esta puja se declara “al Hospital de Pediatría ‘Prof. Dr. Juan P. Garrahan’ como hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad”. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el “impacto fiscal” de julio a diciembre sería de $65.573 millones.
Universidades
El texto impone la actualización “al 1 de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC),en el período comprendido entre el 1º de mayo al 31 de diciembre de 2024”, del “monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas”. Y, para el corriente año, subas bimestrales.
Por otra parte, el Ejecutivo “deberá actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la presente ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período”. Y todo incremento tendrá que “ser remunerativo y bonificable”.
Ante la reactivación de la ley, al mes habrá que “convocar con carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los tres (3) meses calendarios, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada” por el INDEC, tanto “para personal docente como no docente”. Este ítem fue criticado en el pasado y, en vez de ser escuchados, los dos o tres legisladores que fueron por ese camino terminaron denostados en el recinto.
Qué se dijo en el recinto
Lo más curioso de la discusión de hoy fue que los dos miembros informantes fueron dos senadores kirchneristas que, durante largos meses de 2024, se rehusaron a integrar las comisiones que ahora presiden y que empujaron ambos debates: la catamarqueña Lucía Corpacci (Salud) y el bonaerense Eduardo De Pedro (Educación). La primera afirmó que no se puede “mirar para otro lado cuando la sociedad nos indica diariamente qué es lo que está pasando con la atención pediátrica”.
Aparecieron otros soldados del Frente de Todos para reforzar los conceptos iniciales. Por caso, el peronista Guillermo Andrada (Catamarca) señaló que “el Presidente no entiende que el pueblo argentino, ante ciertas conquistas, como las universidades, no se va a rendir y el Congreso lo va a acompañar”. En esa línea, sentenció: “A más vetos, más votos”.
El también justicialista Pablo Bensusán (La Pampa) aseguró la batalla legislativa nunca se trató de algo “técnico, fiscal o contable”, sino de “un debate político y moral”. Y añadió: “Para -el primer mandatario, Javier– Milei y su gobierno, sólo puede estudiar el que paga una carrera. Sólo puede atenderse en los hospitales quien paga una obra social privada. Ése es el criterio que estamos viendo con estos dos vetos que estamos tratando. Evidentemente, es un proyecto de motosierra que no corta privilegios, sino derechos.
“Si el Presidente y su equipo de funcionarios hubiesen tenido en mismo nivel de obsesión y de creatividad -en referencia a la macroeconomía- para buscar consensos, acuerdos y, sobre todo, soluciones, no estaríamos nuevamente ante esta situación”, lanzó la senadora larretista Guadalupe Tagliaferri (Ciudad de Buenos Aires).
La legisladora porteña electa pinceló la realidad de los últimos tiempos del Congreso, al acusar a la Casa Rosada de “romper todos los puentes habidos y por haber”. Más tarde, sentenció: “Echaron a los propios que osaban pensar algo distinto, crearon un nivel de agresión en este Congreso que en algunos casos, rozó lo inaudito a niveles personales, y ningunearon a gobernadores“.
Tagliaferri luego apuntó a que “apareció la plata por algo tan típico de la casta, que es el resultado de una elección, algo de ‘casta’ que ustedes -por el Gobierno- dijeron que iban a combatir”. Y finalizó: “Dejen de ser necios y empiecen a registrar que en la micro vive la gente”.
Desde la Unión Cívica Radical (UCR), el fueguino Pablo Blanco indicó que “la obligación del Gobierno, si bien todos defendemos el equilibrio fiscal, es que haya también equilibrio social”. Por su parte, el bonaerense Maximiliano Abad expresó: “Llevamos más de un año y medio debatiendo el financiamiento de las universidades. Me da vergüenza decirlo. Ninguna política pública tiene sentido si no le damos prioridad a la educación”.
Cierres
“Un tema importante es qué hará el Ejecutivo. Si no cumple con la ley, estará cometiendo un delito e incumpliendo los deberes de funcionario público”, opinó el puntano Fernando Salino, del espacio Convicción Federal que integra el interbloque K del Frente de Todos.
En tanto, desde Provincias Unidas, el peronista disidente Carlos Espínola enfatizó: “¿Alguien le explicó al Presidente que está en juego la vida de muchos niños? Hablamos de miles de familias que recorren cientos de kilómetros con la esperanza de que su hijo sea curado. En Corrientes, por ejemplo, atendieron a más de 5.000 niños el año pasado en el Garrahan“.
Por la UCR, Eduardo Vischi -comprovinciano de Espínola, flamante aliado en la última elección provincial del oficialismo local, que responde al centenario partido- habló de una “Argentina muy vulnerable y un Gobierno que, en vez de tomar nota de cuestiones prioritarias que el Congreso describe, no avanza en una decisión”, y lo calificó de “récord de insensibilidad”. Y puntualizó: “Priorizan las matemáticas y no entienden cómo hacer para equilibrar las cuentas públicas y no dejar a la deriva a sectores vulnerables”.
Tras la comparación de la administración actual con la gestión del peruano Alberto Fujimori que realizó la cristinista Juliana di Tullio (Buenos Aires), el jefe del Frente de Todos, José Mayans (Formosa), manifestó que Milei “quiere a un Estado sin responsabilidades y es todo lo contrario”. Para el experimentado legislador, “el plan ya fracasó” y relató el escenario complejo en cuanto a consumo y producción en las Pymes -habló de “más de 16.000 empresas cerradas”-, entre otras cosas.
El último orador fue el titular de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche (Jujuy), sostuvo que “utilizar a niños para hacer política les debería dar vergüenza”, en clara referencia al kirchnerismo, y contó que el Gobierno libertario dio “un 274% de aumento real” al Garrahan -sin precisar sobre esto, y el dato quedó en una nebulosa-, mientras que “la provincia de Buenos Aires le debe $5.000 millones, y donde no vi a nadie que marchara allí”. “Otra hipocresía”, conjeturó.
Sobre universidades, mencionó que la -destacada en el mundo- Universidad de Buenos Aires (UBA) “no hizo una auditoría en diez años y los fondos se manejan de forma discrecional”, y subrayó que existen decenas de triangulaciones “con contrataciones directas” con otras instituciones educativas. Atauche además recordó a la oposición dialoguista el maltrato que recibieron radicales, macristas y silvestres provinciales durante años de parte de los diversos gobiernos kirchneristas. “En un año y medio nos olvidamos”, apuntó el jujeño.
POLITICA
Con Espert en el público, Milei presenta en la cárcel de Ezeiza un nuevo Código Penal que endurece penas
El presidente Javier Milei presenta esta tarde junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la cárcel de Ezeiza, el envío al Congreso de un proyecto de reforma del Código Penal que incluye castigos más severos al accionar delictivo.
El candidato bonaerense José Luis Espert, que se encuentra en medio de la polémica por los supuestos aportes de campaña en 2019 por parte de un empresario acusado de narco, se ubica en la segunda fila del público, en una nueva muestra de respaldo presidencial.
La iniciativa introduce cambios en la libertad condicional, los delitos patrimoniales, el crimen organizado y las manifestaciones. La presentación está a cargo del presidente Milei y de Bullrich, mientras que también lo acompaña el ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, pero debajo del palco central.
El nuevo proyecto de Código Penal viene a reemplazar el actual texto vigente desde 1921, -más de 100 años- que tuvo cientos de parches, por lo que se pretende con la norma depurar las viejas conductas ya no penadas, penar nuevas y hacer congruentes las penas.
Milei fue el que eligió el lugar para presentar el nuevo Código Penal, la cárcel de Ezeiza, como mensaje simbólico de que “el que las hace las paga”, uno de las consignas del Gobierno, que suele repetir la ministra Bullrich.
A un lado del escenario donde se sentaron Milei y Bullrich se desplegaron unos 100 efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y del Servicio Penitenciario Federal, algunos de ellos con los cascos y escudos antimotines.
Noticia en desarrollo
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
El Senado le dará otro revés al Gobierno: rechazará los vetos de Milei al Garrahan y Universidades
En una nueva sesión compleja para el Gobierno libertario, la oposición senatorial rechazará este jueves los vetos presidenciales a las leyes que declara la emergencia pediátrica -hospital Garrahan como emblema- y que mejora y blinda los presupuestos de universidades públicas, en un encuentro que comenzará desde las 10 y será comandado por la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel.
No será la primera vez que el Gobierno reciba un trompazo de este tipo: a inicios del mes último, el Congreso desactivó el veto de la ley de emergencia en discapacidad que la Casa Rosada tuvo que reglamentar de manera obligatoria, aunque días más tarde la dejó en una especie de “stand by” hasta que se incluyan “las partidas correspondientes en el presupuesto nacional que permitan” su ejecución. Por ende, algo probable que vuelva a ocurrir para los temas que se discutirán hoy en el recinto.
Emergencia pediátrica
Uno de los artículos deja en claro que la emergencia en cuestión implicará “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”.
Además, se establece “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas”, que incluye “a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos”. De hecho, la “recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre” de 2023.
Otro punto importante es la eximición “a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias”. Como emblema de esta puja se declara “al Hospital de Pediatría ‘Prof. Dr. Juan P. Garrahan’ como hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad”. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el “impacto fiscal” de julio a diciembre sería de $65.573 millones.
Universidades
El texto impone la actualización “al 1 de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC),en el período comprendido entre el 1º de mayo al 31 de diciembre de 2024”, del “monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas”. Y, para el corriente año, subas bimestrales.
Por otra parte, el Ejecutivo “deberá actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la presente ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período”. Y todo incremento tendrá que “ser remunerativo y bonificable”.
Además, ante una eventual reactivación de la ley, al mes habrá que “convocar con carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los tres (3) meses calendarios, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada” por el INDEC, tanto “para personal docente como no docente”.
Al tratarse de vetos, quienes impulsan la reanudación de las normas necesitarán dos tercios para incluir a ambos sobre tablas -no fueron dictaminadas- y, sobre todo, para rechazarlos. Esto no será un problema. En la Cámara alta, las leyes fueron sancionadas por amplio margen el 21 de agosto pasado: la primera obtuvo 62 adhesiones, mientras que la segunda logró 58 avales, sobre un pleno de 72 integrantes.
En ese encuentro, el proyecto sobre el Garrahan fue negado por los siete legisladores libertarios -ya se cuenta aquí al formoseño Francisco Paoltroni– y macrista violácea Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), mientras que la votación marcó dos ausencias: el peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta) y el jefe del PRO en el Senado, el aliado circunstancial del oficialismo Alfredo De Ángeli (Entre Ríos).
Dicha situación no se repitió para universidades, pese a haberse realizado en la misma sesión. En esa definición, Romero y las macristas Andrea Cristina (Chubut) y Victoria Huala (La Pampa) prefirieron abstenerse, mientras que los diez votos negativos fueron los siete del oficialismo más Rivero, la radical -filo violeta por Patricia Bullrich– Carolina Losada(Santa Fe) y el misionero Martín Goerling (Pro-Misiones). De Ángeli evadió de nuevo la exposición y fue el único ausente.
El otro temario
Para el convite de las próximas horas también aparece la prórroga, por cinco años, de la vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Mirta Delia Tyden. Otra iniciativa a debatir es la que empuja Romero para que el sistema de Alerta Sofía -desaparición de personas- deje de estar regulado por decreto y el mismo sea por una ley sancionada por el Congreso.
El salteño suma otra relacionada con retiros voluntarios para la planta transitoria de la “Casa”. En tanto, dos tratados impositivos internacionales quedarían para el final de la sesión, aunque el kirchnerismo se rehusaría a votarlos, tal como ocurrió en la última ocasión en el recinto.
Durante la jornada de ayer, llamó la atención la baja del ímpetu que agitaba el Frente de Todos, que comanda José Mayans (Formosa), sobre distintos pedidos para interrogar a funcionarios libertarios. Esto no significa que no pretenda plantear algo hoy.
El problema es que un sector de la oposición senatorial busca diferenciarse de las órdenes que Cristina Kirchner envía hacia dicho interbloque -ya hay ruido interno por posturas divergentes en algunas leyes-, a través de las cuales intenta manejarlo por control remoto desde su prisión domiciliaria. Mismo caso para la declaración de interés público y estratégico la cuestión nuclear. Los dos puntos requerirían dos tercios para ser habilitados. No obstante, en esta Cámara alta, nunca hay que descartar sorpresas.
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