POLITICA
Fentanilo mortal, a seis meses de la peor tragedia sanitaria: 173 fallecidos, 14 procesados y 6 detenidos
A seis meses de la primera advertencia de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) sobre la prohibición del uso de fentanilo contaminado fabricado por HLB Pharma Group SA, producido por Laboratorios Ramallo SA, un nuevo informe del Cuerpo Médico Forense presentado al juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, confirmó que 38 de las 40 historias clínicas de pacientes fallecidos analizadas —sobre un total de 173— corresponden a muertes por infecciones bacterianas asociadas al uso del anestésico adulterado.
El nuevo informe forense
El estudio del Cuerpo Médico Forense, requerido por el juez Kreplak, tuvo que responder una pregunta central: “¿Cuál fue la causa de muerte de los pacientes internados en hospitales y clínicas, sobre todo de las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, y si ello se vincula con la infección asociada a Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola, Ralstonia pickettii y/o Ralstonia mannitolilytica?”, las mismas bacterias halladas en las ampollas contaminadas.
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El documento, incorporado al expediente 17371/2025, al que accedió Infobae, fue categórico: la respuesta fue afirmativa en 38 de los 40 casos.
Entre las respuestas destacan:
- “La causa de muerte se vincula con la bacteriemia asociada a los gérmenes mencionados”.
- “La infección asociada a los microorganismos mencionados implicó un incremento del riesgo de muerte”.
- “La infección asociada a los microorganismos mencionados implicó un incremento del riesgo de muerte y la falla multiorgánica provocada por ella, fue un factor determinante en el desenlace fatal”.
En los dos casos restantes, los forenses no pudieron establecer el vínculo porque “de la documentación médica analizada no surgen protocolos bacteriológicos que confirmen la existencia de bacteriemias asociadas a los gérmenes mencionados”, es decir, no se realizaron hemocultivos a los pacientes fallecidos.
Los peritos también advirtieron que las bacterias multirresistentes pueden provocar muertes en menos de 30 días y recomendaron revisar la documentación médica de los receptores de órganos provenientes de donantes infectados.
Los procesados
En poco más de tres meses, Kreplak y su equipo reunieron pruebas clave para avanzar con los procesamientos. Pericias fundamentales aportadas por el Instituto Malbrán, laboratorio de referencia, detectaron fallas graves en la cadena de producción de las ampollas de fentanilo, en particular en los lotes 31202 y 31244, que presentaban “riesgos significativos que comprometerían la calidad y seguridad del producto”. Según los peritos, el proceso de fabricación era “poco robusto e inconsistente” y mostraba “una deficiente calidad de llenado y cierre”.
La causa tiene 14 procesados, entre ellos directivos y responsables de la producción y control de calidad del medicamento. Cuatro están detenidos en el Penal de Marcos Paz:
- Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.
- Diego García, su hermano y directivo de ambas compañías.
- Javier Martín Tchukrán, director de Manufactura de HLB Pharma Group SA.
- José Antonio Maiorano, director técnico responsable de la producción y liberación de los lotes contaminados.
La madre de los hermanos García, Nilda Furfaro, y Carolina Ansaldi, directora técnica de Laboratorios Ramallo SA, fueron beneficiadas con prisión domiciliaria.
Otros ocho procesados —responsables de las cadenas de producción y control de calidad— fueron imputados sin prisión preventiva: Eduardo Darchuk, Edgardo Gerardo Antonio Sclafani, Rocío del Cielo Garay, Dayana Arzolidys Astudillo Bolívar, Adriana Iudica, Wilson Daniel Pons, María Victoria García y Víctor Pablo Boccaccio.
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Todos están acusados de ser coautores de los delitos de “adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte en concurso real con adulteración de sustancias medicinales de modo peligroso para la salud”.
Las defensas apelaron las medidas, y será la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata la que decida si confirma o revoca los procesamientos.
El inicio del escándalo y una causa abultada
El 8 de mayo de 2025, la ANMAT emitió una advertencia que marcaría el inicio de la mayor tragedia sanitaria de la Argentina.
El comunicado, difundido a nivel nacional, sostenía: “ANMAT alerta sobre el uso de un lote de fentanilo inyectable por desvío de calidad. La medida alcanza a todo el territorio nacional y responde a una investigación en curso”.
Y precisaba: “No deberá utilizarse el producto ‘FENTANILO HLB / FENTANILO (CITRATO), concentración 0,05 mg/ml, solución inyectable, lote 31202, vto. SEP-26, presentación por 100 ampollas por 5 ml, Certificado N°53.100’, siendo el lote en cuestión objeto de investigación por desvío de calidad”.
Este alerta fue consecuencia de la denuncia que el Hospital Italiano de La Plata luego de que 15 pacientes fueron víctimas del anestésico contaminado.
El 13 de mayo, la ANMAT prohibió en todo el país la distribución, la venta y el uso de los productos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. También clausuró las compañías y presentó una denuncia penal en el Juzgado Federal N°3 de La Plata.
Medio año después, las investigaciones científicas incorporadas al expediente confirman que el fentanilo contaminado fue un factor determinante en la muerte de decenas de pacientes.
La causa es voluminosa y compleja: el expediente principal suma 6.234 fojas —31 cuerpos—, a los que se agregan 1.403 fojas (8 cuerpos) dedicadas a los esfuerzos judiciales para recuperar 230.000 ampollas contaminadas, hoy bajo resguardo judicial.
Esa tarea debía realizarla el laboratorio productor, pero no lo hizo. Tampoco la coordinó la ANMAT, sino el juzgado.
Además, el expediente acumula 25 cuerpos (unas 5.000 fojas) con los casos de pacientes fallecidos fuera del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SISA); 4 legajos (3.889 fojas, 18 cuerpos) con investigaciones clave, y 174 legajos con historias clínicas y documentación complementaria. A ello se suman 15 causas conexas y el secuestro de unos 40 teléfonos, computadoras, pen drives y discos externos.
Los fundamentos del juez Kreplak
En una resolución de 401 fojas, el magistrado fue categórico al justificar los procesamientos y embargos millonarios. Entre los principales argumentos señaló:
- Incumplimiento sistemático de normas de calidad: los responsables violaron estándares mínimos de Buenas Prácticas de Fabricación, generando un riesgo grave para la salud pública.
- Relación directa con la producción: los imputados tenían funciones de dirección o supervisión, por lo que eran garantes de la seguridad del medicamento.
- Conducta deliberada y política empresarial negligente: se acreditó una política de reducción de costos y simulación de controles, priorizando la rentabilidad sobre la seguridad.
- Pruebas documentales y testimoniales: registros antedatados, documentación falsa, chats internos y flujos de información alterados demostraron el ocultamiento de la situación productiva.
- Causalidad entre adulteración y muertes: el desvío de controles permitió la liberación de lotes en mal estado que resultaron letales para al menos 20 personas.
- Riesgo procesal y obstaculización: el juez acreditó ocultamiento de pruebas e intentos de transferir bienes, lo que consideró indicios claros de entorpecimiento.
En su fallo, Kreplak subrayó: “El incumplimiento de las condiciones mínimas de calidad del producto los hace responsables por las adulteraciones que, en caso de haberlas cumplido, se habrían evitado. (…) La prueba producida permite sostener que los registros documentales de Laboratorios Ramallo se realizaban ex post facto, antedatándolos, para lo cual se utilizaban datos inexistentes o inventados.”
Las grabaciones de cámaras de seguridad mostraron un plan para fraguar registros y destruir pruebas.
El juez concluyó que: “Corresponde disponer el procesamiento por la comisión del delito de adulteración de sustancias medicinales con resultado muerte en calidad de coautores, en concurso real con adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud”.
De ser condenados, los imputados podrían enfrentar penas efectivas de 10 a 25 años de prisión, según los artículos 200 y 201 bis del Código Penal.
Los nuevos abogados
En las últimas semanas, la causa sumó un capítulo inesperado: la reconfiguración de las defensas con la llegada de abogados de alto perfil político.
Hasta ese momento, el penalista Gastón Marano —conocido por su participación en la “causa de los copitos” y en la muerte de Diego Armando Maradona— representaba a Ariel y Daniel García y a Javier Martín Tchukrán.
Ahora, Marano quedó a cargo exclusivamente de la defensa del empresario que acompañó al Ministerio de Salud del gobierno de Alberto Fernández en la distribución de la vacuna Sputnik V.
Su hermano, en cambio, está ahora representado por Marcos Aldazábal —abogado de Cristina Fernández de Kirchner en la causa por el atentado en su contra— y por Elizabeth Gómez Alcorta, exministra de Mujeres, Géneros y Diversidad en la administración de Alberto Fernández.
Ambos integran el mismo estudio que Juan Martín Mena, actual ministro de Justicia bonaerense, cuya matrícula está suspendida por su función pública.
Aldazábal y Gómez Alcorta tienen una amplia experiencias en litigios complejos y de alta exposición pública, también representan a Milagro Sala, condenada a 15 años de prisión por asociación ilícita, fraude y extorsión.
En la otra punta política, el abogado Roberto Rallin, socio de Francisco Oneto —asesor legal del presidente Javier Milei—, asumió la defensa de Javier Martín Tchukrán. Rallin y Oneto también representaron al empresario Federico “Fred” Machado, acusado en Estados Unidos de lavar 550 millones de dólares del narcotráfico y extraditado el 5 de noviembre pasado.
Una tragedia sanitaria sin precedentes
El caso del fentanilo contaminado es considerado la peor tragedia sanitaria de la Argentina. A seis meses de la primera alerta de la ANMAT, los informes del Cuerpo Médico Forense y del Instituto Malbrán refuerzan la acusación del magistrado: el fentanilo fue la fuente del brote bacteriano que, en muchos casos, derivó en “un debilitamiento de la salud” y en muertes donde “la infección asociada a los microorganismos implicó un incremento del riesgo de muerte y la falla multiorgánica generada fue un factor determinante en el desenlace fatal”.
Las investigaciones avanzan sobre un entramado de negligencia, encubrimiento y poder, que podría alcanzar a funcionarios que debían controlar.
Como resumió Carla Maino, hija de una de las víctimas, en el documental de Infobae sobre la tragedia: “No puede suceder nunca que salga al mercado sanitario medicación contaminada, que no se hayan hecho los controles, que haya habilitaciones truchas. Nadie fue capaz de pensar: ‘che, vamos a matar gente’.”
POLITICA
En una sesión que se prevé extensa, el Senado tratará la reforma laboral con un kirchnerismo con estrategia propia
Después de un dictamen de mayoría que apuró en diciembre pasado la jefa de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich (Ciudad de Buenos Aires), y que tuvo que recibir un reciente ramillete de modificaciones a favor de gobernadores, CGT y empresarios, un conglomerado conformado por 21 oficialistas y, en principio, entre 16 y 23 opositores “dialoguistas” -según la votación- intentarán aprobar este miércoles y girar a Diputados la ley de reforma laboral, un tema más que sensible y con un par de nocauts en su haber desde el regreso de la democracia.
Se prevé una jornada extensa en la Cámara alta. La sesión extraordinaria tiene las 11 como horario de inicio. Siempre hay media hora para obtener el quorum, de 37 sobre 72 -mitad más uno del pleno- sentados en sus bancas. La cantidad de horas no será estimada hasta que no se sepan bien los oradores que expondrán sobre la iniciativa relacionada con el mundo del trabajo debido a que, ayer, oficialismo y dialoguistas no lograron consensuar un encuentro con relativa calma ante el kirchnerismo. Ocurrió en Labor Parlamentaria.
El interbloque más crítico en el Senado, que comanda el formoseño José Mayans (Formosa), pensó -como contó Infobae el lunes- no asistir a dicho convite e ir al recinto directo, reglamento en mano -curioso, según antecedentes de gestiones pasadas- para imponer el máximo de tiempos permitidos para oradores clásicos, miembros informantes y presidentes de bancadas para el cierre de la discusión. Al final, la plana mayor cristinista se presentó y, tras algunos enojos, oficialismo y dialoguistas dejaron el camino liberado a sus pretensiones que, por supuesto, incluirán -al menos- un homenaje y varias cuestiones de privilegio. La frase recomendada por expertos del Congreso es que los rivales se lleven los discursos; el Gobierno, la ley.
Ante este panorama, y con entre 15 peronistas anotados y un puñado extra que aún duda disertar en el recinto, más los informantes y legisladores libertarios y potenciales aliados que hagan uso de la palabra, la votación en general se extendería hasta bien entrada la noche, en el peor de los casos. Esto no sería lo más importante: la definición en particular es trascendental y, ahí, todo deberá funcionar como un reloj suizo. Por eso la casi confirmada participación para leer los cambios al texto que tendrá el secretario parlamentario de la Cámara alta, Agustín Giustinian. Su discreto equipo es de lo más profesional que puede mostrar la Cámara alta hoy en día.
¿Por qué se menciona un mínimo de 16 y un máximo de 23 acompañantes? La Libertad Avanza suma 21 soldados y precisa, sí o sí, de la mayoría de los diez que tiene la Unión Cívica Radical (UCR) y los tres del PRO. Esto, para empezar a hablar y acercarse a los 37, el mínimo para el quorum y blindar el proyecto. En especial, para la votación en particular. A modo previo, se podría deslizar que para la compulsa en general habría 42 adhesiones, como piso más bajo. Distinto caso para la segunda, donde se presume flexibilidad.
Los diez restantes del “grupo de los 44″ son los siempre revoltosos santacruceños José María Carambia -se lo vio en Casa Rosada a fines de 2025- y Natalia Gadano -sugestivos silencios de ambos en los últimos días-, la discreta Flavia Royón (Salta), los pícaros misioneros -voltearon Ficha Limpia- Carlos Arce y Elizabeth Rojas Decut, la neuquina Julieta Corroza -quiere ayudar al alicaído gobernador, Rolando Figueroa-, la chubutense semi radical Edith Terenzi, y la otrora filomacrista Beatriz Ávila, flamante amiga del gobernador y -aparente- furioso anti k, Osvaldo Jaldo.
Los que pasaron desapercibidos sobre cómo se moverán, pero se encuentran en una ya agobiante -y multi operada- guerra sobre si se van o no del interbloque kirchnerista, son los cinco senadores de Convicción Federal. Este espacio es manejado por el puntano Fernando Salino. Hasta anoche, entre sus integrantes dieron diversas respuestas ante diferentes bloques que consultaron por el destino de sus votos. En el Presupuesto 2026, hubo acompañamiento selectivo. La realidad allí es que algunos responden a gobernadores y fueron maltratados sin cesar por el cristinismo. Suelen no quejarse ni armar novelas. En cambio, otros aprovecharon para juguetear en ambos bandos y armar rencillas interminables. A esta altura, inviable para todos.
Horas atrás, este medio informó que en Labor Parlamentaria sí se pudo congeniar, de no mediar sorpresas de último minuto -aquí siempre se mira hacia Balcarce 50-, la votación en particular por títulos. Esto implica un proceso más acelerado -aunque seguirá lo engorroso y complejo-, con la posibilidad de abrir pocos capítulos a dialoguistas que no quieran avalar una sección de los mismos. En el borrador final -aún se revisaban palabras, algo insólito por el tenor del asunto-, aparecen más de 200 artículos. Fueron casi dos meses de negociación.
POLITICA
Cuadernos de las Coimas: un exfuncionario cargó contra los “delatores” y se calienta el juicio
La ola de objeciones contra el desarrollo del juicio por los Cuadernos de las Coimas -la megacausa de corrupción que nació con las anotaciones de un chofer del Ministerio de Planificación- continuó este martes con los planteos de cuatro empresarios arrepentidos y un exfuncionario del kirchnerismo.
El primero en exponer fue Manuel Ubeira, abogado defensor de Oscar Thomas, exdirector de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), desde la cual se contrataba a empresas vinculadas al presunto esquema de coimas. Thomas fue señalado como un engranaje clave en el mecanismo: desde su función de director, habría oficiado de nexo entre empresarios y funcionarios en uno de los tramos de la maniobra. Por eso, fue acusado por la fiscalía como parte de la asociación ilícita.
En su descargo, Ubeira -que en otras causas es abogado de la expresidenta Cristina Kirchner- apuntó contra la ley de arrepentido, uno de los pilares de este expediente. Con un amplio abanico de alusiones históricas y sociológicas, cuestionó la constitucionalidad de la norma y el presunto uso “extorsivo” que habrían hecho de ella el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio.
“Siempre que hubo una persona en objeto de investigación, siempre tuvo la posibilidad de sumarse al poder de turno para incriminar a otros y ver si obtenía alguna ganancia”, arremetió.
Sostuvo que la ley es un subproducto de la Constitución de 1994, -algunos de cuyos aspectos criticó-; que está impulsada por la “economicidad procesal” y que no busca “averiguar la verdad” sino “liquidar causas”.
Dijo también que la Corte Suprema todavía no se había “expedido de forma clara” respecto a la norma (27.304), pese a que en 2023, el máximo tribunal la respaldó al desestimar una presentación de la defensa del exministro Julio De Vido que cuestionaba la ley.
Ubeira optó por realizar su planteo frente a los jueces, de manera presencial, en el Tribunal Oral Federal N°7, ubicado en el Palacio de Tribunales. El abogado hizo un paralelismo del arrepentido con la figura del “buchón”, recitó fragmentos de Borges, pasajes de la Biblia, aludió “a la última cena” de Leonardo da Vinci y se remitió a conceptos sociológicos, entre otras estrategias, para sostener que “la delación hiere los sentimientos más profundos y básicos de lo que nosotros en lo cotidiano manejamos”.
“¿Para qué necesitamos la ley del arrepentido?”, interpeló. “Los compañeros míos del arrabal detestaban al buchón, al vigilante, al botón”, graficó en otro tramo de su presentación.
El planteo tuvo lugar en una instancia previa a las indagatorias del juicio, que está diseñada para formular planteos sobre cuestiones novedosas que hayan podido surgir entre el cierre de la instrucción y el comienzo del juicio, pero cada magistrado tiene un criterio propio respecto a qué se puede escuchar en esta etapa.
Casi una treintena de los 86 imputados, incluida la expresidenta Cristina Kirchner, solicitaron al tribunal exponer sus reparos contra el proceso, muchos de los cuales ya fueron atendidos en instancias anteriores y rechazados.
El resto de los imputados
Después que el exfuncionario Thomas, distintos empresarios que declararon como imputados colaboradores presentaron diversos planteos, nulidades o requerimientos adicionales.
Fueron Rodolfo Poblete, gerente de Hidrovía S.A, quien admitió haber pagado 600 mil dólares en 2010 a Roberto Baratta, la mano derecha del exministro Julio de Vido; Alberto Taselli, presidente de Faraday S.A. y hermano de Sergio Taselli, que también forma parte del juicio; Miguel Marcelino Aznar, de la firma Decavial S.A, señalado por organizar la recaudación en torno a los corredores viales y acusado como miembro de la asociación ilícita.
Por su parte, el empresario Armando Loson, de Albanesi S.A., dirigió sus críticas contra los dos cuadernos que lo incriminan en la maniobra.
Apoyado en un peritaje de Gendarmería y en otro procedimiento privado, su abogado, Ricardo Gil Lavedra, dijo que dos de los ocho cuadernos de Centeno habían sido adulterados y que su cliente Loson no debía ser juzgado en el proceso. “Las menciones a Armando Loson en los cuadernos 7 y 8 son producto de enmiendas tachaduras y agregados de terceras personas diferentes a Centeno”, afirmó.
También sostuvo que Loson “fue forzado a arrepentirse” y dijo que cuando estuvo preso “se le hizo saber que obtendría la libertad si se arrepentía”.
Hasta ahora, muchos de los planteos realizados contra el caso en esta etapa apuntaron a intentar deslegitimar el origen de la causa y a cuestionar el uso que el fiscal Stornelli y el juez Bonadio hicieron de la ley del arrepentido, uno de los ejes centrales del caso junto a los cuadernos del chofer Oscar Centeno, dados a conocer por , con anotaciones repletas de detalles sobre el sistema de cobros que hoy está siendo examinado en el juicio.
En la hoja de ruta trazada por el Tribunal está previsto que las indagatorias comiencen en marzo.
juicio por los Cuadernos de las Coimas,Federico González del Solar,Los cuadernos de las coimas,Conforme a,,Por la valija de Antonini Wilson. La Corte dejó firme la condena a Uberti y debería quedar detenido,,Caso Seguros. Procesaron al exintendente de la Quinta de Olivos y a la empresa del broker amigo de Alberto Fernández,,Hostigamiento digital. Investigan si hubo un ataque coordinado de tuiteros libertarios contra Villarruel,Los cuadernos de las coimas,,Cuadernos de las Coimas. El abogado de Cristina pidió la nulidad del caso: denunció forum shopping y «aprietes» a arrepentidos,,Cuadernos de las Coimas. Se reactiva el juicio y Cristina Kirchner buscará anular el proceso,,Secretarios de los Kirchner: de la nada, a millonarios
POLITICA
La CGT marcha al Congreso en contra de la reforma laboral y el Gobierno asegura que aplicará el protocolo antipiquetes
La Confederación General del Trabajo (CGT) convoca a una movilización masiva frente al Congreso de la Nación en rechazo al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno y que comenzará su tratamiento este miércoles en el Senado. La marcha está prevista a partir de las 15, en coincidencia con la discusión parlamentaria de la iniciativa oficial.
La central obrera decidió manifestarse luego de meses de tensiones con el Ejecutivo por el alcance de los cambios propuestos en el mercado laboral. La iniciativa oficial prevé modificaciones en aspectos como el cálculo de indemnizaciones, la regulación de jornadas laborales y la ultraactividad de los convenios, entre otros puntos que los gremios consideran perjudiciales para los derechos de los trabajadores.
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La marcha fue acordada en el seno del Consejo Directivo de la CGT, aunque en las últimas semanas se registraron diferencias internas sobre la estrategia a seguir. Mientras algunos dirigentes buscaban mantener canales de diálogo con el Gobierno y legisladores, otros sectores impulsaron una protesta más contundente, incluso con paralizaciones sectoriales. Finalmente se optó por la movilización sin anunciar un paro general unificado, aunque cada sindicato quedó habilitado a tomar medidas de fuerza propias para apoyar la convocatoria.
La protesta se da en un contexto de fuerte oposición sindical al proyecto del Ejecutivo, que los principales referentes de la CGT han calificado como “un avance que podría debilitar la negociación colectiva y limitar los mecanismos de representación gremial”. Distintas organizaciones sociales y sectores sindicales también han expresado su adhesión o sumado marchas y acciones en diversas provincias para visibilizar su rechazo.
La marcha como antesala de un paro nacional
La movilización está prevista para generar impacto político en el Congreso al mismo tiempo que se debate el proyecto, en un intento de presionar a los legisladores para que introduzcan cambios o lo rechacen. Desde los sindicatos sostienen que la protesta representa la preocupación de miles de trabajadores por las consecuencias que podría tener la reforma sobre la estabilidad laboral y los beneficios conquistados históricamente.
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La marcha fue convocada por la CGT y sumó la adhesión de distintos gremios y agrupaciones. La jornada estará marcada por un fuerte despliegue de las fuerzas federales con el objetivo de garantizar la circulación y evitar confrontaciones, aunque se prevé que el vallado policial en zonas críticas como la Plaza de Mayo y las inmediaciones del Congreso sea riguroso. El Gobierno aseguró que aplicará el protocolo antipiquetes.
El acto central servirá para medir la capacidad de convocatoria del sindicalismo. Desde la central obrera ya advirtieron que, de no ser escuchados, el siguiente paso será la convocatoria a un paro nacional.
La CGT denunció que el proyecto posee una “redacción maliciosa” que favorece a las grandes empresas y perjudica a las pymes. Entre los puntos más controvertidos se encuentran la limitación de la autonomía sindical, la creación de un “fondo de cese laboral” para reemplazar las indemnizaciones tradicionales y la implementación de un banco de horas que, según los gremios, precariza la jornada laboral.
El operativo de seguridad del Gobierno para la movilización
El Gobierno desplegará el operativo antipiquetes, que consistirá en un operativo especial de seguridad en la zona del Congreso durante la movilización convocada para este miércoles, con vallados, cortes y accesos restringidos en distintos puntos del centro porteño. El esquema estará enfocado en ordenar el ingreso de manifestantes, resguardar el edificio parlamentario y garantizar el funcionamiento del recinto mientras se desarrolla el debate en el Senado.
Según lo previsto, los ingresos a la cámara de Diputados estarán habilitados únicamente por Riobamba y Bartolomé Mitre —para acceso y salida peatonal y cocheras— y por Sarandí e Hipólito Yrigoyen, donde funcionará una salida controlada para el personal. Además, habrá cierres totales y parciales en cruces clave como Entre Ríos y Alsina, Rivadavia y Callao, Rivadavia y Ayacucho, y Combate de los Pozos y Alsina.
En paralelo, las distintas columnas sindicales y políticas tendrán puntos de concentración diferenciados para evitar cruces en la Plaza del Congreso. La CGT ingresará por Hipólito Yrigoyen, mientras que otros espacios —como organizaciones sociales, agrupaciones de izquierda y sectores del peronismo— se ubicarán sobre Avenida Rivadavia, Avenida de Mayo y calles aledañas, bajo monitoreo de las fuerzas de seguridad.
CGT, reforma laboral, marcha
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