La historia puede contarse a través de hombres y mujeres que, ante el abismo de la muerte de un hijo, una madre o un hermano, transformaron la desesperación de no entender en una búsqueda, y esa búsqueda, en una lucha.

Puede contarse a través de un hospital, donde un grupo de profesionales detectó un brote de neumonía, siguió el rastro, descubrió el origen en un medicamento adulterado y dio el aviso para detener una epidemia mayor. Y cómo esa misma institución—y otras— callaron ante las familias la verdad de lo que había pasado.

La historia puede contarse, además, a través de un empresario que fue condenado a prisión por haber prendido fuego a uno de sus empleados, que ya en libertad se hizo conocido por abrir verdulerías con precios bajos y que más tarde incursionó en el negocio de los laboratorios, al punto de participar en las negociaciones por la vacuna Sputnik durante la pandemia.

Y puede contarse desde el Estado y sus organismos de control, que, por desidia, impericia o corrupción, repiten la historia como tragedia.

La contaminación de 300.000 mil dosis de fentanilo —un opioide sintético cien veces más potente que la morfina y cincuenta más que la heroína— puede contarse desde cualquiera de esos puntos. Todos convergen en una masacre sanitaria.

Hasta el momento son 124 las muertes asociadas a la aplicación del medicamento adulterado. Pero la cifra de víctimas sigue en construcción.

El juez federal Ernesto Kreplak procesó a 14 personas, entre directivos, técnicos y empleados de Laboratorios Ramallo SA y HLB Pharma Group SA, las firmas en las que se elaboró y distribuyó el fármaco con al menos dos bacterias. Una, multirresistente a antibióticos.

La investigación judicial sigue abierta. Los imputados apelaron a sus procesamientos.

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—Algo está pasando —decía Carla Maino durante la internación—. Algo de más, algo de menos.

Su inquietud era tan grande que pidió a los médicos revisar cada vía y cada sonda que su padre tenía conectada. Tal vez había un nudo, “un estrangulamiento” —repetía—, capaz de impedir que el tratamiento funcionara.

Miguel Maino, el padre de Carla, tenía una infección causada por la bacteria Klebsiella. Carla conocía ese germen. Era el mismo que, tiempo atrás, había atacado a su hija recién nacida. Su hija, con un sistema inmunológico en desarrollo, había respondido a los antibióticos. Su padre, no.

En el hospital, en la sala de espera, Carla conoció a Vanesa Vilches. Día tras día, semana tras semana, coincidían en los horarios de visita y en las lecturas de los partes médicos. Primero fue una mirada, un reconocimiento a la distancia. Después, alguna palabra: “¿Cómo está?”, “¿cómo sigue?”, “¿qué te dijeron?”.

Fue entre marzo y abril de 2025. Carla y Vanesa tenían la misma edad —39 años— y a sus padres internados en terapia intensiva. Los dos hombres estaban jubilados y habían entrado al Hospital Italiano de Rosario por una cirugía programada. Nada urgente, nada que hiciera pensar en un final. Pero algo se torció. Los dos tuvieron complicaciones y los volvieron a operar. Los dos mejoraban y volvían a caer. Fiebre, neumonía, tratamientos que no hacían efecto. “Una infección intrahospitalaria”, dijeron los médicos.

El padre de Carla murió el 17 de abril, después de 20 días de internación.

—Después de que murió el papá de Carla —dice Vanesa Vilches—, un día, mientras estábamos esperando en terapia con mi hermana, ella me pregunta: “¿Te diste cuenta de algo? En casi dos meses no vimos salir a nadie con vida de acá”. Y ahí por primera vez pensamos: “¿va a salir nuestro papá?”.

El padre de Vanesa murió el 28 de abril. Había sido operado el 25 de febrero por cálculos en la vesícula.

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En las 401 fojas de la resolución del juez Kreplak, donde procesó con prisión preventiva al dueño de los laboratorios, Ariel García Furfaro, a su hermano Diego y a su madre, Nilda Furfaro, por el delito de adulteración de sustancias medicinales, se detallan hechos de una gravedad casi sin precedentes en la historia sanitaria argentina.

De acuerdo con la Justicia, el antecedente más cercano se remonta a 1992, cuando 25 personas murieron después de ingerir jarabes y caramelos de propóleo que habían sido adulterados. Este incidente evidenció la necesidad de un organismo nacional que regulara y fiscalizara la calidad de los productos. Así, a raíz de la falta de controles por parte del Estado, se creó la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

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El 15 de abril de 2025, en un reporte interno del Hospital Italiano de La Plata, un dato llamó la atención: entre los pacientes había tres casos positivos de Ralstonia pickettii, una bacteria muy rara.

Primero, se buscó descartar un error. Profesionales del centro médico analizaron cómo había sido extraída la muestra. Tres técnicos habían intervenido; tres personas diferentes no podían haberse equivocado de la misma manera y llegado al mismo resultado, por lo que descartaron esa posibilidad. Después revisaron los frascos, las botellas, los tubos. También visitaron a los pacientes y comprobaron que ni los catéteres ni las sondas eran la fuente de la infección.

La sospecha viró entonces hacia los líquidos: esta bacteria suele “vivir” en soluciones acuosas. Analizaron los fármacos administrados por vía endovenosa, es decir, directo a la sangre. A medida que aparecían casos nuevos, el foco se volvió más claro. El punto común era el fentanilo.

El Hospital Italiano de La Plata sumó otros análisis para confirmar el hallazgo y el 2 y el 5 de mayo avisó a la ANMAT. Recién el 8 de mayo el organismo emitió su primera alerta. Y cinco días más tarde, el 13 de mayo, prohibió en todo el país la distribución, la venta y el uso de los productos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. También clausuró las compañías y presentó una denuncia penal en el Juzgado Federal N°3 de La Plata.

Entonces se conoció la noticia.

Para ese momento se contabilizaban 15 muertos. Aún no se sabía cuántas eran las ampollas infectadas ni dónde estaban ni a cuántas personas se les había suministrado. Las víctimas podían extenderse por todo el país.

Pero no solo la gravedad del brote infeccioso resaltaba. También lo hacían los nombres detrás de los laboratorios implicados. En especial uno, el de Ariel García Furfaro.

Sus antecedentes penales datan de 2002, cuando fue sentenciado a siete años de cárcel por el delito de homicidio simple en grado de tentativa contra un empleado, al que roció con alcohol y prendió fuego.

En la cárcel se recibió de abogado. Y tras recuperar la libertad, trabajó en una verdulería que poseía su padre, amplió el negocio familiar y se hizo conocido en la Ciudad de Buenos Aires por ofrecer verduras y frutas a precios bajos. Quiso más: sin experiencia ni conocimiento, incursionó en la industria farmacéutica, sector en el que llegó a tener un conglomerado de empresas que incluye varios laboratorios y droguerías.

Antes de HLB Pharma y Ramallo, hubo otro episodio. Otro laboratorio: Apolo, en el sur de Rosario. En 2016, una explosión en la planta dejó cinco heridos graves. García Furfaro integraba el directorio de la empresa, que estaba mencionada en los expedientes no sólo por la explosión, sino también por la causa del “triple crimen de General Rodríguez”, vinculada al tráfico de efedrina hacia carteles mexicanos.

—Quizás de ahí aprendió. Y ahora estamos hablando de fentanilo, no de efedrina —dice Graciela Ocaña, legisladora porteña y exministra de Salud de la Nación—. Además, aparece como el hombre que trajo el negocio de las vacunas rusas a la Argentina. Un tipo con una historia de violencia, que estuvo preso, que tuvo vínculos con los implicados en la causa de la efedrina… y que se involucró en la compra de vacunas cuando la pandemia arreciaba en el mundo y las vacunas no estaban.

—¿Cuál es su poder? —se pregunta la exfuncionaria—. ¿Qué vínculos tiene García Furfaro para llegar a ese nivel?

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Carla Maino es odontóloga. En su consultorio en Rosario, mientras trabaja, suele sintonizar una radio en la que solo pasan música. Nunca escucha noticias. No le parece buena idea mezclar torno, anestesia, succionador de saliva, tensión del paciente y actualidad argentina. Pero ese día de principios de julio algo falló: la señal de la radio que siempre sintonizaba se oía mal. Eligió otra frecuencia. Y entre la rutina del consultorio, una frase se coló.

—Hospital Italiano de La Plata… múltiples muertes… infecciones por Klebsiella… fentanilo.

Si bien son instituciones independientes, el relato de lo ocurrido en el centro médico de La Plata se asemejaba a su experiencia en el Hospital Italiano de Rosario.

Apenas pudo, llamó a su hermano.

—Escuché algo… —le dijo—. Muertes, infecciones, fentanilo…

Él dudó, quería cerrar la historia. Ella, al contrario, quería abrirla. Buscar.

—¿Y a vos te parece que está relacionado?, ¿puede ser? —le preguntó él.

—Estoy segura.

A la mañana siguiente, Carla fue al centro médico y pidió la historia clínica de su padre. La consiguió rápido y empezó a googlear. Encontró una noticia reciente: el Hospital Italiano de Rosario había admitido el uso del fentanilo contaminado en pacientes.

Se comunicó con el médico de su padre. La citó en el hospital.

—Me confirmó que sí, que a mi papá le habían administrado fentanilo, que la bacteria que había presentado mi papá coincidía con la bacteria que estaba dentro de las ampollas y que la historia clínica ya era parte de la causa penal federal. Entonces, a partir de ahí fue como: “Ok, ¿somos los únicos?”. “No, no podemos ser los únicos y qué injusto que el resto no sepa esto”.

—Pensé en Vanesa y la busqué —reconstruye Carla.

En simultáneo, junto a su hermano, rastreaba a los familiares de La Plata. Por LinkedIn encontró a Soledad Francese, la madre de Renato Nicolini, un chico de 18 años que en la causa figura como la víctima número uno. Soledad, como tantos otros, no sabía que a su hijo le habían aplicado el medicamento contaminado. Se enteró por un familiar de otro paciente que escuchó a dos enfermeras decir: “El nene de la cama 30 —Renato— dio positivo”.

Soledad Francese guió a los hermanos Maino. Les explicó qué hacer, con quién hablar, cómo moverse. Carla, luego, hizo lo mismo con Vanesa, quien terminó confirmando que su padre también había recibido el fármaco adulterado. Juntas empezaron a ayudar a otros.

En La Plata y en Rosario, dos de las ciudades con más afectados —la tercera es Córdoba capital—, los familiares elaboraron guías para que otros supieran qué documentación exigir, en caso de tener dudas sobre la muerte de un ser querido. También abrieron cuentas de Instagram y grupos de WhatsApp, a donde llegaban mensajes así:

“[…] me pasaron la historia clínica de mi papá, pero estoy pidiendo marca y lote del fentanilo, que no figura en la historia, y no me responden. Qué tendría que hacer”.

“[…] necesito ayuda estoy totalmente perdida, desorientada y con un dolor que no puedo pensar de manera coherente, […] no sé cómo actuar”.

“[…] durante 30 días, estuve horas en los pasillos de terapia y fui testigo de cómo todos los días familias lloraban a sus familiares, murieron muchas personas y el sanatorio no se percató o no quiso hacerlo”.

—Con mi hermano accedimos muy rápido a la información. Pero sabemos que no es lo común en la mayoría de los casos —dice Carla—. Todavía muchas familias no saben. En una reunión con el cuerpo médico del hospital, pregunté: “¿por qué?”. Ellos explican que por un protocolo legal tienen que guardar secreto de sumario. La verdad, creo que, en primera instancia, le están sacando el derecho a las familias de saber la verdad y, después, de ser partícipes activos del pedido de justicia.

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Los lotes de fentanilo contaminado fueron elaborados el 18 de diciembre de 2024 en Laboratorios Ramallo y lanzados al mercado por HLB Pharma el 4 y el 6 de enero de 2025.

Rastrear las ampollas contaminadas fue casi una tarea artesanal. No había sistema que permitiera seguir su recorrido. Ningún registro informático, ninguna base. El juzgado tuvo que pedir información, hospital por hospital, en todo el país. Las autoridades consultaron en 185 instituciones, siguiendo la ruta de remitos y facturas de venta de fentanilo. Recién en julio, dos meses después de la identificación del brote, se anunció el recupero total del fármaco.

La legisladora porteña Graciela Ocaña y exministra de Salud de la Nación es categórica:

—No tengo dudas de que esta tragedia pudo haberse evitado. Si los controles hubieran funcionado, si los antecedentes de los dueños de los laboratorios se hubieran cruzado. Acá había más de 200 expedientes por irregularidades en la ANMAT. Y todos sabemos cómo funciona la administración pública. Yo lo viví cuando denunciamos la mafia de los medicamentos. Todo empieza con un expediente: un caso, un frasco, diez frascos, un lote. Pero cuando uno ensambla esas piezas e investiga ve lo que hay detrás: una matriz de corrupción. Falta vocación política para esclarecer. Porque la ANMAT y la administración pública en general, ¿qué hacen? Expedientes. Así, si algo ocurre, pueden decir: “el expediente está”. Pero nadie mira el conjunto. Y eso es lo que falta. El ministro de Salud de la Nación [Mario Lugones] todavía no tomó la decisión que corresponde: intervenir la ANMAT.

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El 18 de mayo de 2025, apenas cinco días después de que la ANMAT prohibiera la actividad de los laboratorios implicados, Ariel García Furfaro, su hermano Diego y el director general de las plantas farmacéuticas, Javier Martín Tchukrán, se reunieron para borrar el rastro.

En filmaciones recuperadas por el juez Kreplak se los ve y escucha planificando cómo manipular las pruebas: deciden esterilizar las ampollas en autoclave —un procedimiento que destruye bacterias, pero también evidencia— y eliminar todos los mensajes de los servidores.

—Hice borrar todo lo que estaba… lo borramos todo, no quedó un solo gramo de información —dice Tchukrán.

En esa conversación también mencionan a la microbióloga Adriana Iudica. Reconocen que ella había detectado crecimiento microbiano en una de las muestras del lote contaminado, pero lo interpretó como un falso positivo y no repitió el análisis. Según sus dichos, la mujer tampoco alertó sobre el hallazgo.

Encubrir, de acuerdo a lo que reflejan los expedientes judiciales, era habitual. No solo quedó revelado en las cámaras, sino también en los teléfonos. Cientos de mensajes del “chat de empleados”. Uno, breve y definitivo, resume todo: “El fentanilo dio mal”.

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El fentanilo contaminado incluye dos tramas. Una, que abarca a los laboratorios y al daño irreversible que provocaron en la salud de cientos de personas. Otra, la de una posible transferencia de fentanilo medicinal al narcotráfico.

Por el momento en la Argentina la situación está lejos de parecerse a la epidemia de consumo que atraviesa Estados Unidos. No hay indicios de producción local ni de un tráfico a gran escala. Lo que sí existe es el desvío: drogas que abandonan el circuito farmacéutico y reaparecen en el mercado ilegal.

—Nuestra presunción —explica Martín Verrier, subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico— es que hay un pequeño pero creciente mercado de consumidores recreativos que buscan esta sustancia y que buscan desviar estas ampollas del mercado legal.

¿Desde qué lugares del mercado legal se produce el desvío? El funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación responde:

—Muchas veces son las farmacias de los hospitales, algunas veces son directamente los anestesistas que tienen acceso a esta sustancia y en otros casos son otras farmacias que venden bajo receta estas ampollas.

Desde el Congreso de la Nación la diputada del PRO, Silvana Giudici fue la primera en alertar sobre el presunto tráfico de fentanilo vinculado a los laboratorios de Ariel García Furfaro.

También impulsó y consiguió la conformación de una comisión investigadora.

—Tenemos que atender la justicia para las víctimas y sus familiares, pero también las conexiones que tiene este caso con la ruta del narcotráfico —dice.

Para la exdirectora de un organismo de control, como el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), existen indicios “muy evidentes” de que algo más estaba ocurriendo detrás de la producción de fentanilo medicinal.

Y cita los acuerdos que García Furfaro, junto a socios internacionales, había logrado para abrir un laboratorio en Paraguay. En forma específica, en Ciudad del Este, en la Triple Frontera. Y la “desaparición” de cinco kilos de fentanilo puro que habrían sido incinerados sin ningún tipo de peritaje oficial.

—Creo que García Furfaro no es el jefe —dice—. Hay gente arriba. ¿Hasta dónde llega su conexión? ¿Solamente a la política o a organizaciones de crímenes transnacionales? ¿Carteles de droga? No lo sabemos.

Idea: Valeria Cavallo

Producción periodística: María Belén Etchenique y Juan Mascardi

Entrevistas: Andrés Klipphan, María Belén Etchenique y Juan Mascardi

Guion: María Belén Etchenique y Andrés Klipphan

Realizadores: Juan Novelli, Gastón Taylor y Leo Galletto

Edición audiovisual: Leonardo Senderovsky, María Florencia Montenegro y Leonardo Martín

Agradecimientos: Universidad Abierta Interamericana sede Rosario y familias Maino, Vilches y Francese.