POLITICA
Fentanilo mortal: García Furfaro solicitó ampliar su declaración indagatoria
Ariel García Furfaro, propietario de Laboratorios Ramallo SA y HLB Pharma Group SA, empresas vinculadas a la muerte de 96 pacientes por la aplicación de fentanilo contaminado con dos bacterias, solicitó ampliar su declaración indagatoria. La medida se desarrollará mañana 17 de septiembre. El empresario está preso desde el 20 de agosto, junto a otras seis personas, entre ellas sus dos hermanos, Damián y Diego. La causa, que lleva adelante el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, tiene 17 imputados. En los próximos días el magistrado decidirá la situación procesal de cada uno de ellos.
García Furfaro es asistido legalmente por Gastón Marano, el mismo abogado que patrocina a Gabriel Nicolás Carrizo, el denominado jefe de “la banda de los copitos”. En ese expediente, Marano consiguió un resultado resonante: luego de pasar dos años y 11 meses preso, la Justicia Federal le concedió la libertad a Carrizo en el marco del juicio por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. No se pudo probar su participación en el hecho y, por lo tanto, la Fiscalía y la querella decidieron retirar sus acusaciones contra él, por lo que será absuelto.
El letrado mantiene el misterio sobre lo que dirá su defendido ante el juez Kreplak. Hasta ahora, su línea defensiva es su inocencia ante los hechos que se le imputan. Su línea argumental es “yo no fui, yo no hice nada”. Y que si el fentanilo que se elaboró en Ramallo, fabricante exclusivo de HLB Pharma, estaba contaminado con bacterias, “los bichos los puso otra persona”.
El señalado es Andrés Quinteros, un ex concejal del peronismo bonaerense, con nexos políticos con el kirchnerismo. Era su hombre de máxima confianza en las empresas, pero terminaron enfrentados. De hecho, el ex empleado y ex apoderado de los laboratorios para adquirir algunos productos, lo denunció por amenazas.
La primera declaración indagatoria de García Furfaro se prolongó seis horas. Hasta ahora, su línea argumental no dista mucho de sus dichos ante los medios de comunicación días antes de ser detenido: adjudica todos los males a una mano negra, a una conspiración en la que involucra a la competencia farmacéutica, funcionarios políticos y empleados infieles.
En la causa está acreditado que al menos dos lotes del medicamento, sobre todo del número 31.202, están adulterados con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii.
El Instituto Malbrán ya determinó que los microorganismos estaban en las ampollas del fentanilo de HLB Pharma y en los hemocultivos realizados en los pacientes que se infectaron y fallecieron.
Según el discurso del empresario, que comenzó su carrera asistiendo a su padre en la verdulería familiar, los directores técnicos de sus empresas, es decir los responsables de autorizar que un medicamento salga a la venta, son gente “espectacular”, “profesionales capacitados” y su maquinaria para la fabricación de medicamentos es la “mejor del país”.
—“Si la Klebsiella está, alguien la puso. Es imposible que esté adentro del laboratorio. Alguien la puso. Averigüé, si alguien estornuda te puede contaminar 10 ampollas multirresistentes, no la común. No tengo dudas de que está Andrés Quinteros atrás. Quinteros estaba obsesionado con el fentanilo”.
—En octubre me doy cuenta porque Quinteros se quiere robar 30 ampollas de morfina. Medio plantel en Ramallo lo puso él porque es de San Nicolás. Se quiso robar 30 ampollas de morfina, se las pidió a Héctor Vázquez. Lo voy a ver y le dije: ¿Sabes que eso sale con un vale? Lo voy a ver a San Nicolás, me cita en una estación de servicio, se me escapa. Voy a la casa, me ve por las filmaciones y me denuncia por amenazas. Después de eso, aparecen tres ex empleados de Ramallo que me dicen que Andrés (Quinteros) nos está buscando, que nos va a hacer una maldad. Lo tienen grabado, habla de medicamento contaminado. ‘El tipo te quiere ver preso’, me dicen. Estas personas son Florencia Rivarola, Nancy Osorio y Ángel —sin más datos—, todos empleados de Ramallo. Hicimos una declaración en San Nicolás. Se excusaron cinco fiscales. El tipo está obsesionado, me quiere hacer quedar como narco”.
—“Yo tenía miedo de que me tire ampollas (de fentanilo) por algún lado. Le presté un departamento donde vivió hasta octubre. El 13 de febrero me manda un ‘hola llámame’, un paraguayo de la inteligencia de Paraguay. No le doy bolilla. Unos días más tarde me dice: ‘Este boludo metió mucha gente presa’(por Quinteros), llámame’. En el mismo edificio que le presté estuve dos días. Me mandó una foto del auto. Esto habrá sido en marzo. Me dicen, ‘es un vecino del cuarto’. Subo y me estaba esperando con la puerta abierta. No entré. Me llama, me dice: ‘Te veo a las cuatro de la tarde’. Lo llamo a mi hermano Damián para que me acompañe. Me cita en un bar, estaba el paraguayo, lo grabé, y estaba con la señora del cuarto. Me dice, tal cual: ‘Andrés Quinteros te va a hacer un atentado con el fentanilo. Quiere tanta plata’. Lo mandé a pasear. Después de eso me junto de nuevo, lo tengo todo grabado. Mi amigo se llama Diego Castrillón. Quinteros estaba obsesionado con el fentanilo. De ese departamento salió diciendo que yo era narco”.
—En 2023 tuve un problema con una habilitación (en HLB Pharma ubicada en San Isidro). La gestora recibe un papel trucho. La gestora me dio las conversaciones. Por esa habilitación me allanaron. Yo les dije quién la presentó. Quinteros mandó el papel trucho, la gestora lo presentó. Por qué hizo eso, por la morfina.
—Estoy seguro de que el que empezó a hablar de muerte por fentanilo desde el día uno fue Quinteros.
—En principio soy el más interesado en que se sepa qué pasó por los familiares y las víctimas. Yo soy una persona que trabajó desde antes de los 18 años. A los 18 años empecé con verdulerías, después restaurantes. Hago comercio, es lo que supe hacer toda mi vida. A los 20 años estuve imputado por defender a mi hermano de algo malo que le habían hecho. Por eso estuve detenido. Tuve empresas grandes de comida, de distintos rubros. Hasta que en 2013 compré el laboratorio Apolo en Rosario a Jorge Salinas.
En la misma causa, el magistrado investiga si las autoridades nacionales que deben controlar a los laboratorios cumplieron de manera correcta con sus funciones. Kreplak ya allanó los domicilios privados de funcionarios y ex funcionarios de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), organismos que dependen del Ministerio de Salud.
POLITICA
Inflación, marcha de la CGT y sesión en el Congreso: el Gobierno enfrenta una semana de definiciones clave
El Gobierno de Javier Milei empieza este lunes una semana cargada de definiciones. En pocos días confluirán tres frentes sensibles para la administración libertaria: la difusión del dato de inflación de enero, una movilización de la CGT contra la reforma laboral y el primer debate de peso del año en el Congreso, en el marco de las sesiones extraordinarias.
Este martes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor del primer mes del año, en medio de la tensión que dejó la renuncia de Marco Lavagna y la decisión oficial de postergar la aplicación de una nueva metodología de medición. Al mismo tiempo, el miércoles, la CGT volverá a la calle frente al Congreso para rechazar el proyecto de modernización laboral.
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Ese mismo día comenzará una de las discusiones legislativas más relevantes del verano político. El oficialismo apuesta a conseguir la media sanción de la reforma laboral en la Cámara Alta y avanzar, en paralelo, con la baja de la edad de imputabilidad en Diputados.
Inflación bajo la lupa y ruido por el Indec
El primer dato fuerte de la semana llegará desde el frente económico. De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central, los analistas estimaron que la inflación de enero se ubicará en torno del 2,4%, con proyecciones privadas que oscilaron entre el 2,4% y el 2,8%. El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo en Radio Mitre que el IPC de enero “seguramente esté en torno del 2,5%” y sostuvo que la inflación “va a tender a bajar”.
De ser como proyectan el Gobierno y las consultoras privadas, enero se convertiría en el quinto mes consecutivo por encima del 2% y sería una cifra incluso mayor al mismo mes de 2025, cuando alcanzó el 2,2%.
El índice se difundirá con la metodología vigente, luego de que el Gobierno decidiera frenar la actualización de la canasta del IPC tras la salida de Lavagna del organismo estadístico. Según economistas que analizaron ambos esquemas, las diferencias entre el índice actual y el que estaba previsto aplicar eran acotadas: en 2025, la inflación oficial fue de 31,5% y con la nueva metodología hubiera sido de 32,4%, de acuerdo con estimaciones privadas.
La discusión técnica se cruza con un escenario de presión en alimentos. Consultoras privadas detectaron una aceleración en los precios en la primera semana de febrero, con subas fuertes en carnes, verduras, bebidas y panificados. Ese comportamiento introduce ruido en las expectativas de corto plazo y vuelve a poner el foco sobre uno de los rubros más sensibles para el Gobierno en términos políticos y sociales.
La CGT vuelve a la calle sin paro general
En paralelo al frente económico, el Gobierno enfrentará esta semana una nueva demostración de fuerza sindical. La CGT resolvió movilizarse el miércoles frente al Congreso, desde el mediodía, en coincidencia con el inicio del debate de la reforma laboral en el Senado. La decisión fue adoptada por el Consejo Directivo de la central obrera, en el que no hubo consenso para avanzar con un paro general.
La definición expuso las tensiones internas dentro de la CGT. El sector mayoritario, integrado por los dialoguistas, priorizó una movilización sin medida de fuerza unificada para no romper los canales de diálogo político, según pudo saber TN. Aunque la conducción cegetista doce rechaza “íntegramente” la reforma laboral, el objetivo del ala moderada es lograr introducir cambios al proyecto del oficialismo y frenar los artículos más sensibles para los gremios, en particular los vinculados al financiamiento de las obras sociales.
En cambio, los sindicatos más combativos, en especial los del transporte, presionaron para avanzar con un paro de 12 o incluso 48 horas, una postura que no logró respaldo suficiente para ser aprobada por el Consejo.
En ese contexto de disputa interna, la conducción de la CGT apela a los senadores y gobernadores, a los que les reclama que “cumplan con los compromisos con las provincias y los ciudadanos”.
Tras varios intentos, la dirección de la central obrera no logró volver a reunirse con los mandatarios provinciales dialoguistas y teme que, con el apoyo de esos gobernadores, el Gobierno logre conseguir los votos necesarios para darle media sanción a la reforma laboral. En Balcarce 50 están convencidos de que tienen los números.
El cotitular de la CGT, Cristian Jerónimo, advirtió que, si no son escuchados los reclamos sindicales, “puede escalar la conflictividad”. La amenaza de paro general está latente, aunque con poca fuerza.
En tanto, el bloque de Unión por la Patria presentó un proyecto propio de reforma laboral, que contempla la reducción de la jornada de trabajo, una legislación para los trabajadores de plataformas digitales y simplifica la puesta en marcha de los acuerdos colectivos de trabajo. La iniciativa la elaboró la exministra y actual diputada Kelly Olmos y cuenta con el respaldo de varios sectores sindicales.
Otra de las alternativas que la oposición tiene en carpeta es la judicialización de la ley si se aprueba. El exdiputado Claudio Lozano advirtió que la reforma laboral “es también reforma tributaria”, por lo que debe ingresar por la Cámara de Diputados. “El Senado, al tratar este proyecto, que es una reforma tributaria, viola la Constitución Nacional”, alertó.
El Congreso, la primera prueba del año para el Gobierno
El tercer frente que se activará con fuerza esta semana es el legislativo. El Congreso transita el período de sesiones extraordinarias convocado por el Presidente hasta el 27 de febrero, con una agenda acotada y bajo control del Ejecutivo. La reforma laboral es el eje central del temario y también el proyecto que concentra mayores resistencias políticas.
La Casa Rosada busca aprobar este miércoles la iniciativa en el Senado. La Libertad Avanza cuenta con los votos para abrir la sesión y avanzar en la votación en general, pero las negociaciones se tensan en el tratamiento en particular, especialmente por el capítulo fiscal.
El principal foco de conflicto con los gobernadores está en la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades, que impacta en los recursos coparticipables. Según varias estimaciones, la baja de alícuotas implicaría una merma de $3,1 billones en la recaudación total durante 2026, de los cuales $1,7 billones corresponderían a las provincias.
Según pudo saber TN, el Gobierno evalúa mecanismos de compensación para las provincias a partir de 2027 si la ley se sanciona. Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, anticipó que todos esos puntos se debatirán en el recinto y no antes.
En paralelo al debate en el Senado, la Cámara de Diputados se prepara para una semana de actividad clave. El oficialismo prevé avanzar este jueves con el debate del nuevo Régimen Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de los actuales 16 años a 14, con respaldo del PRO, la UCR y sectores del massismo. Además, el Gobierno buscará sumar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur al temario de la sesión.
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El proyecto será discutido en un plenario de comisiones y el Gobierno anticipa un debate extenso, con la posibilidad de que la iniciativa no se convierta en ley durante las extraordinarias y continúe su tratamiento en las sesiones ordinarias a partir de marzo. La propuesta original del Ejecutivo planteaba una baja a 13 años, pero en la Casa Rosada admitieron que el consenso político hoy se ordena en torno de los 14.
Desde los bloques dialoguistas surgieron advertencias sobre la falta de infraestructura y recursos para aplicar la reforma, mientras que el peronismo anunció que dará pelea en el recinto para frenar la iniciativa. El tema volvió a ganar centralidad política luego de casos recientes de delitos cometidos por menores, que el oficialismo utiliza como argumento para acelerar el debate.
Javier Milei, Congreso de la Nación, Senado, Diputados, Inflación, reforma laboral, imputabilidad
El Gobierno designó oficialmente a Ariel Waissbein y Ezequiel David Gutesman al frente del flamante Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), el organismo estatal que tendrá la responsabilidad de proteger los sistemas digitales y la información crítica de todo el país.
Esta decisión, publicada en el Decreto 92/2026, marca la puesta en marcha de un ente clave que dependerá de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Su principal meta será resguardar los activos digitales estratégicos, desde datos estatales hasta servicios públicos esenciales.
De acuerdo con al estructura del CNC, el organismo tendrá un Director Ejecutivo, con rango de subsecretario, y un Subdirector Ejecutivo, equiparado en jerarquía a director nacional.
Según el decreto publicado en el Boletín Oficial, Waissbein será quien esté al frente del organismo y Gutesman lo secundará como subdirector. Ambos cuentan con aval del área de Innovación.
Entre las funciones del centro, se incluyen la protección de “infraestructuras críticas de información, los activos digitales estratégicos del Estado Nacional y los sistemas tecnológicos empleados en la prestación de servicios públicos esenciales”.
El proceso formal de designación comenzó después de la creación del CNC en diciembre de 2025, mediante el decreto 941. El área de Innovación propuso dos nombres para estos cargos y, a partir del asesoramiento legal correspondiente, la Casa Rosada procedió a este nombramiento.
Con estas designaciones, el Gobierno busca dar respuestas ante el avance de los delitos electrónicos y los riesgos de ataques a la información oficial. El decreto detalla que el CNC será un “organismo descentralizado actuante en la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros”.
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Quién es Ariel Waissbein, el titular del Centro Nacional de Ciberseguridad
El nombramiento de Ariel Waissbein como primer director del Centro Nacional de Ciberseguridad marca un hito en la estrategia frente a los crecientes ataques informáticos. La designación de Waissbein, quien cuenta con un sólido historial académico y profesional en criptografía y ciberseguridad, responde a la urgente necesidad de conceptualizar y fortalecer la defensa de infraestructura crítica.
A principio de año, el Gobierno introdujo una diferenciación entre ciberseguridad y ciberinteligencia. En ese marco, crea el Centro Nacional de Ciberseguridad, que funcionará como autoridad nacional en la materia bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. Por otro lado, la Agencia Federal de Ciberseguridad pasó a denominarse Agencia Federal de Ciberinteligencia, con funciones específicas vinculadas a la obtención de inteligencia en el ciberespacio, bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
Waissbein es doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Buenos Aires y suma una larga experiencia en criptografía, con múltiples patentes registradas en Estados Unidos.
Su carrera se consolidó inicialmente en Core Security Technologies, empresa pionera en seguridad ofensiva y creadora de prácticas como el “red teaming” o “pentest”, conceptos que más tarde se expandirían por el mundo. Su trabajo en CoreLabs, la división de investigación de la compañía fundada en 1996 por Gerardo Richarte, Emiliano Kargieman e Iván Arce, integró los avances más innovadores en la detección de vulnerabilidades y el desarrollo de herramientas para la industria. La influencia global de Core fue tal, que figuras internacionales viajaban a Argentina para aprender e intentar replicar su modelo.
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POLITICA
El Gobierno oficializó la designación de Pedro Lines al frente del Indec tras la salida de Marco Lavagna
El Gobierno oficializó la designación de Pedro Ignacio Lines como nuevo director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y aceptó la renuncia de Marco Lavagna al cargo. La decisión se formalizó mediante el Decreto 91/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial y fija el recambio de autoridades con fechas precisas para la salida y la asunción.
La norma, firmada por Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, establece que la dimisión de Lavagna rige desde el 2 de febrero. A su vez, dispone que Lines asuma la conducción del organismo a partir del 4 de febrero. En uno de los artículos del decreto, se manifiesta agradecimiento al funcionario saliente por las tareas desarrolladas durante su gestión.
Esta publicación en el Boletín Oficial llega una semana después de que se haga pública la salida de Lavagna. La renuncia se da, a su vez, en un marco creciente tensión al interior del Gobierno por cómo medir el proceso de desinflación.
La salida de Lavagna tuvo que ver, informó , con la actualización del IPC, un dato de suma sensibilidad para el oficialismo. Lo confirmó luego el propio Caputo en una entrevista en donde además detalló que se seguirá utilizando el antiguo indicador.
En Casa Rosada criticaron la cercanía de Lavagna con Sergio Massa, pese a que hace dos años que está en el cargo, y, por eso, cuestionaron su perfil para implementar un nuevo índice de inflación.
“No hay necesidad de cambiar ahora el índice. Da igual, da prácticamente lo mismo. Diciembre daba un poquito más abajo el índice nuevo, enero daba un poquito más abajo el índice nuevo. Vamos a mantenerlo hasta que el proceso de deflación esté consolidado. No hay fecha del cambio”, aseguró Caputo en diálogo con Radio Rivadavia.
Luego, el jefe de gabinete, Manuel Adorni, se refirió a la decisión del Gobierno de mantener el actual índice. En ese marco, admitió que no se le permitió al saliente titular del organismo implementar el cambio “por instrucción del Presidente”.
“Quiso aplicar la metodología ahora y no vio en su tarea la posibilidad de no hacerlo y se fue. Se han ido un sinfín de funcionarios del Gobierno porque tal vez no estaban de acuerdo con tal o cual cosa. Es sano que sea así. Sería muy hipócrita que se sostenga en el cargo pensando que está haciendo algo en contra de lo que él cree”, dijo, en diálogo con Luis Majul, por LN+.
Y explicó: “El cambio de metodología estaba preparado desde hace bastante tiempo, pero dejás de tener base de comparación, suficiente para que el dato no te sirva. Lo que queremos es que la gente no tenga dudas de lo que se hizo en materia inflacionaria. Si hay algo que nosotros no estamos dispuestos es a falsear datos».
En ese sentido, sostuvo que la decisión oficial obedece a una “transparencia estadística” con el objetivo de evitar suspicacias por parte de la oposición.
Además, Adorni sostuvo que el nuevo método para medir el IPC se implementará ‘cuando la inflación sea cero’, una meta que, en sintonía con el presidente Javier Milei, proyecta para mediados de año.
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