POLITICA
Fentanilo mortal: la justicia amplía la investigación por desvío y “relajamiento generalizado de los controles y medidas vigentes”
El juzgado federal de La Plata a cargo de Ernesto Kreplak que investiga la contaminación de fentanilo vinculado a la posible muerte de 126 pacientes, intensifica las investigaciones sobre la posible comisión de delitos contra la administración pública por parte de funcionarios o empleados involucrados en el control, fiscalización o habilitación de los laboratorios, y la posible “connivencia, omisiones dolosas o corrupción administrativa”.
El magistrado ya ordenó el allanamiento a funcionarios y ex funcionarios de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), a cargo de Nélida Agustina Bisio y, entre otros, el de la ex titular del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) Gabriela Carmen Mantecón Fumado quien fue separada de su cargo por oden del ministro de Salud, Mario Lugones después que este medio revelara que existieron demoras en la resolución de inspecciones sobre los laboratorios Ramallo SA y HLB Pharma, cuyo propietario es Ariel García Furfaro. El empresario (quien sigue preso) fue procesado junto a otras trece personas ligadas a la fabricación, control y distribución de las partidas contaminadas del medicamento, entre ellas su hermano Diego y su madre Nélida Furfaro, cuya abogada, Milagros Grassi, ya apeló suprocesamiento.
Además de los domicilios de Bisio y Mantecón Fumadó,Kreplak también requisó los domicilios de Ana Laura Canil, directora de fiscalización y gestión de riesgo del INAME; Mariela Baldut, directora de poscomercialización y acciones regulatorias del INAME; y Maximiliano Carlos Lalin, jefe de departamento de inspectorado del INAME.
La resolución en la que el magistrado fundamentó los procesamientos de los imputados, también pone el acento sobre el posible accionar irregular de los funcionarios a cargo del control de los laboratorios.
“La investigación debe proyectarse también sobre los funcionarios o empleados de la administración pública que hayan tenido bajo su cargo o responsabilidad el control, fiscalización o habilitación de los laboratorios intervinientes, a los fines de determinar la posible comisión de delitos contra la Administración Pública en caso de verificarse la existencia de connivencia, omisiones dolosas o conductas vinculadas a la corrupción administrativa.»
Y se aclara que: “La pesquisa no debe limitarse solo a la actuación de la empresa farmacéutica, sino que corresponde indagar la actuación de las distintas instancias estatales encargadas de la fiscalización y control, en orden a deslindar su eventual responsabilidad penal”.
En la resolución, el juez federal explicó que durante sus pesquisas detectó un “relajamiento generalizado de los controles y medidas vigentes” en la producción de los medicamentps de HLB Pharma y Laboratorios y Ramallo.
“Alertas previas”
Así como Ernesto Kreplak entiende que hay que investigar si hubo demora de los funcionarios en sancionar a los laboratorios de la familia García Furfaro por los “desvíos de calidad” que se detectaron y que a posteriori: “No surge que se haya constatado -por parte de las autoridades-la subsanación de las falencias advertidas”, el juez destacó las advertencias que realizaron los organismos de control que depende del Ministerio de Salud.
“Se comprobó que las alertas previas relativas a las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) emitidas por la autoridad de aplicación fueron sistemáticamente incumplidas, al punto que muchos de los desvíos que las motivaron vuelven a materializarse en ocasión de la producción de los lotes de fentanilo adulterado”, expresó Kreplak y afirmó que la investigación permitió identificar “copiosos defectos en la elaboración del fentanilo contaminado que ya habían sido alertados previamente”.
El juez señala que los organismos de control, en particular la ANMAT y el INAME, cumplieron su tarea de advertir, inspeccionar y documentar reiteradas irregularidades, pero esas advertencias fueron desoídas por los responsables del laboratorio. Sostiene que “las alertas y observaciones de las autoridades regulatorias fueron claras, insistentes y debieron haber llevado a la suspensión de la fabricación hasta su total subsanación”.
También destacó que la ANMAT “comunicó formal y reiteradamente las numerosas y graves deficiencias, pero los directivos del laboratorio decidieron continuar la producción a pesar del riesgo”.
El juez resaltó que la función de la autoridad sanitaria es preventiva y de fiscalización, pero la responsabilidad de garantizar la calidad y seguridad del producto recae sobre la dirección y la gestión del laboratorio. Y expresa que “la delegación de esa obligación en el Estado controlador no exime ni mitiga la culpa de quienes, con pleno conocimiento del peligro, optaron por ignorar los requerimientos regulatorios”.
Además, mencionó: “Ni las apuntadas deficiencias, ni las inspecciones, ni la intervención de la autoridad regulatoria, ni la gravedad de los antecedentes, impidieron que la empresa insistiera en la producción y liberación de lotes de fentanilo sin la garantía mínima de seguridad exigida legalmente”.
El fentanilo es un opioide sintético al menos cien veces más potente que la morfina, cuyo uso legal está restringido al ámbito sanitario intrahospitalario y no está disponible al público general ni para su uso ambulatorio.
La crisis sanitaria se desató al detectarse contaminación bacteriana en los lotes 31202 y 31244, confirmada tanto en ampollas de fentanilo como en los pacientes que las recibieron, y ya ha causado fallecimientos y numerosos cuadros graves en distintas jurisdicciones.
Según la resolución emitida por el Juzgado Criminal y Correccional Federal de La Plata N.º 3, se han detectado múltiples falencias en los procesos de producción, incluyendo la ausencia de control y de registros adecuados sobre la cantidad producida y el destino de cada lote.
Entre las deficiencias se cuentan el bajo rendimiento de materia prima –con discrepancias no investigadas–, defectos críticos de cierre, irregularidades en la planificación y cronología de fabricación, y controles de calidad ineficaces o inexistentes.
El informe del ANLIS-Malbrán concluye que los registros de fabricación y control no cumplían con la normativa de Buenas Prácticas de Fabricación y Control, y que la diferencia entre el método validado y el ejecutado en la rutina “introduce riesgos técnicos inaceptables que explicarían la no detección de la contaminación”.
Un eje central de la pesquisa es el desvío de fentanilo: la ausencia de un sistema informatizado y eficaz de trazabilidad, sumada a la falta de identificación unívoca de las ampollas desde su producción hasta su administración, impidió tanto la rápida inmovilización del producto como la reconstrucción total de la cadena de comercialización.
La causa penal incorporó testimonios y documentación que exponen un cuadro de “relajamiento generalizado de los controles y medidas vigentes” así como “prolongadas inobservancias” de las normas regulatorias entre 2018 y 2025.
La revelación de una posible cadena de desvíos, sumada a la deficiente respuesta ante la contaminación y la lentitud para recuperar el producto, que debió realizarlo el juzgado, motivó la extensión de la investigación judicial a todas las responsabilidades civiles, penales y administrativas en la cadena de producción, distribución, fiscalización y posible desvío, estableciendo un precedente para el control y manejo de medicamentos de alto riesgo en la salud pública argentina.
Novedades en la causa
Los abogados defensores de los 14 procesados ya anunciaron que apelarán la medida dispuesta por el juez Kreplak. Ante una consulta de Infobae, Gastón Marano, letrado de Ariel y Diego García y Javier Martín Tchukrán, director de Manufactura de HLB Pharma Group SA expresó estar en desacuerdo con la “caracterización que el juez hace como un delito doloso, es decir que hubo intención de dañar, cuando, claramente, toda la prueba apunta a una negligencia, y no a una intención”. Y opinó: “Cómo tendría intención Ariel García de fundir su propio laboratorio, enfermar gente y terminar como el enemigo público número uno. Lo mismo los empleados”.
Según pudo saber este medio, la abogada penalista Milagros Grassi , ya presentó la apelación al procesamiento de Nélida Furfaro.
En el escrito judicial 55 fojas, la letrada que trabajó durante ocho 8 años en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°3 a cargo de Daniel Rafecas, reclamó la “revocación de la resolución judicial que dispuso su procesamiento, prisión preventiva y embargo por 500.000 millones de pesos” y solicitó “el sobreseimiento o, en su defecto, la declaración de falta de mérito”. Si no se hiciera lugar a esto, pide la posibilidad de recurrir ante instancias superiores, incluso a la Corte Suprema.
Entre los argumentos principales esgrimidos por Grassi se destaca:
- “Nilda Furfaro es accionista minoritaria y vicepresidenta solo de manera formal de HLB Pharma Group». Y precisa que su participación en la empresa fue “instrumental”, limitada a firmar documentos por pedido de su hijo Ariel, sin rol técnico ni decisorio. Tampoco tenía injerencia en producción, control de calidad, liberación de lotes o farmacovigilancia y que “no instruyó ni supervisó procesos relacionados con el fentanilo.”
- También sostiene que: “El auto de procesamiento vulnera el principio de autorresponsabilidad, ya que la vinculación a la causa se basa exclusivamente en una etiqueta societaria sin hechos concretos».
- También invocó “el principio de confianza aplicable a las relaciones societarias y empresariales, argumentando que el derecho penal exige un deber concreto y específico para fundar una imputación penal, lo que no se verifica en su caso”.
Por su parte, el juez, le imputó a la madre de Ariel García:
- Adulteración de sustancias medicinales que resultó en la muerte de al menos 20 personas, en calidad de partícipe necesaria.
- Adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de partícipe necesaria.
Las razones principales invocadas por el magistrado para fundamentar la imputación son:
- Su rol de relevancia dentro de la firma HLB, probada por su condición de vicepresidenta y accionista.
- Su intervención en la firma de presentaciones relacionadas con el funcionamiento de los laboratorios.
- Su beneficio económico como integrante del grupo familiar empresarial.
- Haber prestado auxilio o cooperación en la ejecución del hecho, por lo cual se la considera partícipe necesaria según el artículo 45 del Código Penal.
- La imposibilidad de desvincularse solo con su declaración, ante el caudal de prueba reunido en su contra.
POLITICA
Patricia Bullrich exigió que Espert “vuelva a los medios y conteste claro” sobre su vínculo con Fred Machado
La ministra de Seguridad y candidata a senadora nacional por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, insistió en que José Luis Espert debe “volver” a los medios de comunicación para contestar “claro” sobre una acusación vinculada al presunto financiamiento de su campaña presidencial en 2019.
Durante una entrevista con A24, la ministra cuestionó las acciones impulsadas desde la oposición, señalando: “Me parece que eso es el manoseo total y absoluto de las instituciones, querer sacar a un diputado por un hecho. Bueno, eso es un clásico, pero ese clásico hay que cortarlo, porque si no las instituciones de la República y cualquier diputado está a merced de una mayoría de circunstancias”.
“Nosotros tenemos una vara altísima, altísima”, agregó y dijo que hay una diferencia con otras fuerzas políticas: “Ellos no tienen ninguna, ninguna vara. Nosotros tenemos una vara muy alta. Entonces, como tenemos una vara muy alta y el voto liberal, el voto republicano, exige respuestas”.
En ese sentido, comparó que “el voto kirchnerista es un voto religioso que no le exige ninguna respuesta. Roben, roben y roben, que nosotros los seguimos votando. Entonces, en esta lógica, nosotros tenemos que ser claros. En ese sentido, me parece que José Luis tiene que volver y estar claro. Punto. Es lo que yo pienso».
Espert, candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, respondió a las acusaciones que lo vinculan con Fred Machado. “La causa es de 2021 y hablan de la campaña en 2019. Está compuesta por recortes de diarios que eran una campaña de difamación. En 2021 me veían como amenaza, yo entré como diputado. Me hacen una campaña sucia relacionándome con la campaña de 2019. Hace cuatro años que da vueltas la causa”, dijo pero evitó desmentir el supuesto depósito de 200 mil dólares.
El economista contó que conoció a Machado en 2018, durante la presentación de su libro, y detalló: “El empresario me ofreció su avión para ir a presentar el libro a Viedma”. Además, explicó que en 2019, mientras lanzaba su campaña presidencial, utilizó vehículos que le proporcionó el sello partidario UNITE: “Los candidatos en campaña nos subimos a dónde el sello partidario nos dice. Nosotros no manejamos fondos partidarios. Mi sello era UNIR de Alberto Assef y después UNITE de Bonacci. Yo usaba los aviones que ellos me proveían. ¿Vos sabés si el taxi que te tomás tuvo accidentes antes?”.
Al ser consultado por el supuesto pago de 200.000 dólares, Espert respondió: “Es un papel de una supuesta contrariedad paralela de una causa que hay en Estados Unidos. ¿De qué estamos hablando? No le voy a dar el gusto a Grabois que sea el único tema de campaña. Grabois fue a la Justicia con esto y vamos a ir con él. Ellos no quieren que se discutan las cosas importantes en campaña”.
Sobre la naturaleza de las campañas políticas y los apoyos recibidos, Espert afirmó: “Cuando uno entra en una campaña de cero, la cantidad de gente que se te acerca es enorme. Arrancaba de cero en política, recién me había casado, estaba presentando mi libro, estaba presentando la plataforma política. Cuando entrás en política y te ven atractivo, se te mete gente buena que te quiere apoyar y otra gente muy mala que hoy anda diciendo cualquier cosa de mí. Esa gente mala te la mete los que no quieren que te dediques a la política”.
Desde La Nación, se remarcó que Espert apuntó contra su adversario político: “Grabois vive de sacarle guita a los pobres, yo vivo de mi laburo. A Grabois le voy a contestar en la justicia y lo voy a seguir hasta abajo de la cama”.
POLITICA
Atentado a Cristina Kirchner: archivan la causa contra Milman y citan a indagatoria al testigo que lo acusó
La jueza María Eugenia Capuchetti archivó la causa contra el diputado Gerardo Milman (Pro) en la causa que investiga si hubo autores intelectuales en el atentado a la expresidenta Cristina Kirchner de 2022. Al mismo tiempo, la magistrada citó a indagatoria a Jorge Abello, el testigo que había acusado al diputado de anticipar el atentado en un bar cercano al Congreso.
En una resolución de más de 30 carillas a la que tuvo acceso , Capuchetti sostuvo que no hay pruebas para acusar a Milman y que todo se redujo al testimonio del testigo trucho. “De momento no existen cauces independientes a la declaración de Abello que permitan sostener la acusación”, explicó la jueza.
Abello era asesor del entonces diputado del Frente de Todos Marcos Cleri. En su momento había declarado que el 30 de agosto de 2022, horas antes del atentado, le escuchó a decir a Milman en el bar Casablanca una frase muy sugestiva: “Cuando esté muerta yo voy a estar en la costa”. Pero luego nadie confirmó esos dichos. Tampoco se encontraron los mensajes que supuestamente le había enviado a Cleri.
Ahora el testigo está acusado de falso testimonio.
La causa contra Abello estaba a cargo del juez Sebastián Casanello, pero hace algunas semanas pasó a Capuchetti, que tiene el expediente residual por el atentado. La jueza aceptó la competencia y ahora lo citó a declarar el 14 de octubre.
Capuchetti también pidió un listado de llamadas entrantes y salientes del celular de Abello entre el 1 de julio 2022 y el 28 de septiembre de ese año.
Al mismo tiempo, Capuchetti ordenó el archivo parcial respecto de Milman. “Los elementos de prueba analizados no permiten evidenciar sospecha alguna, y ante la ausencia de nuevas medidas de prueba, entiendo que corresponde adoptar un temperamento conforme lo normado por el artículo 195 del CPPN, hasta tanto surjan nuevos elementos”, dice el fallo.
Noticia en desarrollo
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POLITICA
Senado, en vivo: el debate de los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y universidades
El Senado sesionará hoy desde las 10 para rechazar los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento universitario y de declaración de Emergencia en pediatría, con foco en el Hospital Garrahan.
Si bien el gobierno de Javier Milei retomó hace dos semanas el diálogo político, y pese a que sumó múltiples fotos con sectores dialoguistas, el oficialismo no tendrá los votos para detener el rechazo de los vetos.
La suerte está echada para ambas iniciativas, por lo que la Casa Rosada deberá promulgar ambas leyes y aceptar las insistencias del Poder Legislativo, que se contabilizarán en Balcarce 50 como otra derrota.
El temario, que se definió hoy en una reunión de Labor Parlamentaria, incluirá la prórroga de la designación de Mirta Delia Tyden como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Misiones, y dos tratados internacionales.
También el cuerpo intentará darle media sanción al Programa Alerta Sofía, creado en el año 2019 por el Ministerio de Seguridad bajo la gestión de la actual titular de la cartera, Patricia Bullrich, con el objetivo de difundir de manera urgente desapariciones de menores.
Daniel Bensusán calificó de “estafa” y “negociado” la suspensión de las retenciones
El senador Daniel Bensusán cuestionó al ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente Javier Milei durante la sesión, en protesta por la reciente decisión de suspender las retenciones a las exportaciones agropecuarias.
Durante su intervención, el legislador pampeano calificó la medida como “un negociado armado pura y exclusivamente para las agroexportadoras que ya sabían de eso antes de la publicación del decreto”. Y expresó que “el 95% de los productores quedaron afuera en 72 horas, rapidito”, y cuestionó el fundamento de la iniciativa oficial, preguntando: “¿Eso es equilibrio fiscal? Es una estafa”.
Además, Bensusán recordó el malestar del sector, en su cuestión de privilegio contra Caputo y Milei: “Los productores ni les quiero contar la calentura que tienen”.
Ocho senadores anotados para presentar cuestiones de privilegio
Sin sobresaltos, la Cámara alta aprobó como primer punto los asuntos preparados en la comisión de Labor Parlamentaria.
Antes de pasar al temario de los vetos presidenciales y otros proyectos, ocho senadores se anotaron para presentar cuestiones de privilegio, de acuerdo con la lista oficial de anotados.
De acuerdo con la lista oficial, los legisladores que recurrieron a este mecanismo fueron Daniel Bensusán del Frente Nacional y Popular, María Eugenia Duré de Unidad Ciudadana, Pablo Daniel Blanco de la Unión Cívica Radical, Francisco Paoltroni de Libertad, Trabajo y Progreso, Mariano Recalde del Frente Nacional y Popular, Maximiliano Abad de la Unión Cívica Radical, Stefanía Cora de Unidad Ciudadana y José Miguel Ángel Mayans del Frente Nacional y Popular.
El procedimiento de cuestión de privilegio está contemplado en el reglamento de la cámara alta y ofrece a los legisladores la posibilidad de manifestar situaciones que, a su entender, afectan derechos parlamentarios o el funcionamiento institucional.
El Senado dio inicio a la sesión
La oposición obtuvo la mayoría legislativa para alcanzar el quorum, que dio inicio a la sesión legislativa para tratar los vetos de Milei a las leyes de financiamiento universitario y de declaración de Emergencia en pediatría.
A las 10.25, la vicepresidenta Victoria Villarruel formalizó el comienzo del acto y encabezó la apertura del ritual legislativo.
Para Lousteau, el costo de la suspensión de retenciones iguala a 156 años de salarios del Garrahan
El senador nacional Martín Lousteau, de la Unión Cívica Radical (UCR) y candidato a diputado nacional por Ciudadanos Unidos, cuestionó el destino de fondos públicos y la política económica del gobierno, antes de ingresar a la sesión del Senado.
Entre los ejes centrales, Lousteau remarcó que el oficialismo vetó el financiamiento destinado al Hospital Garrahan, en tanto optó por utilizar USD 1.500 millones para adelantar la liquidación de exportaciones del sector cerealero.
“El Gobierno eligió gastarse 1.500 millones de dólares para adelantar la liquidación de las cerealeras. 1.500 millones de dólares. ¿Saben cuántos años de salario de los médicos del Garrahan se pagan con 1.500 millones de dólares? 156 años. 156 años de salario de los médicos que cobran menos de 1.000 dólares. Un residente cobra 800 dólares. Se gastaron 1.500 millones”, indicó el senador en la previa del debate legislativo.
En relación con la situación macroeconómica, Lousteau señaló que la utilización de divisas para intervenir en el mercado responde a la “fragilidad del programa económico”.
“Compramos dólares cuando tenemos desconfianza acerca del futuro. Y este gobierno perdió la credibilidad. Perdió la credibilidad por decir algo y hacer todo lo contrario. Perdió la credibilidad del mundo de las finanzas en el programa económico y perdió la credibilidad de la gente cuando vemos los escándalos inexplicables”, concluyó.
Silvia Sapag: “Es real que el presidente no es el que gobierna”
La senadora neuquina del bloque de Unión por la Patria, Silvia Sapag, expresó sus dudas de que las leyes de financiamiento del Garrahan y universidades entren en vigencia, aunque se ratifiquen, por “las trapisondas” que puede realizar Javier Milei en la reglamentación.
“(Se aprobarán) Si Milei no vuelve a vetar o devolver la ley publicándola en el Boletín Oficial y estableciendo de dónde salen los recursos, cuando sigue con la bicicleta financiera que nos hace perder miles de millones de dólares. Para eso sí hay plata, para la subsistencia de nuestra nación y sus habitantes no hay”, sostuvo, en declaraciones a FM Futurock.
Además, apuntó contra el mandatario: “Es real que el presidente no es el que gobierna. Él es la cara, quien mueve los hilos es el centro del poder. Es patético como nos ponen títeres en los países de Sudamérica, y los que en realidad manejan los hilos no están a la vista”
El bloque de Unión por la Patria se reunió con los rectores de universidades
En la previa a la sesión, el bloque de Unión por la Patria en el Senado se reunió ayer con rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que hablaron de la situación de las 57 universidades nacionales y “la urgencia que atraviesan”, contó el legislador y exministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.
“La universidad pública es un orgullo argentino y un motor para el desarrollo. Mañana en el Senado vamos a rechazar el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. Para defender un modelo de país, a los docentes y no docentes, y a más de 2 millones de estudiantes”, sostuvo De Pedro, desde su cuenta personal de redes sociales.
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