POLITICA
Fentanilo mortal: la justicia avanza sobre los responsables del laboratorio y las razones de la contaminación de la droga
La causa judicial que investiga el fentanilo de uso clínico contaminado asociado a la muerte de 38 pacientes es una caja de sorpresas. O no tanto. A medida que el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak avanza en su pesquisa se abren nuevas líneas de investigación sobre las posibles causas de la adulteración de la droga, con al menos dos bacterias, y las relaciones políticas y empresariales alrededor del laboratorio HLB Pharma que tiene como cara visible a Ariel Fernando García, el empresario que formó parte de la delegación del gobierno de Alberto Fernández que viajó a Rusia para importar y distribuir la vacuna Sputnik V contra el COVID-19.
El magistrado ya tiene en su mesa de trabajo los nombres de los directores técnicos de las dos empresas vinculadas por la elaboración de los lotes de las ampollas contaminadas, según el Instituto Malbrán-ANLIS con las bacterias Klebsiella pneumoniae MBL y Ralstonia Picketti. Se trata de HLB Pharma y su elaborador exclusivo, Laboratorios Ramallo.
En diciembre de 2024, fecha de elaboración del lote 31202 de “Fentanilo HLB/Citrato Fentanilo, concentración 0,05 mg/ml, solución inyectable, ampollas por 5 ml, la presidenta de HLB Pharma era Olga Luisa Arena, la abuela García, ex socio del sindicalista Víctor Santa María en el canal de noticias IP.ARIEL GARCIA FURFARO Y SEBASTIAN NANINI
A poco de saltar el escándalo por el fentanilo contaminado, los primeros días de abril, Sebastián Daniel Nanini, el actual abogado de Norma Calismonte, la ex esposa de Lázaro Báez y patrocinante del hijo de ambos Martín Báez “para que pueda obtener su prisión domiciliaria” en la causa “Ruta del Dinero K” (al igual que su padre y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner), se presentó a través de un escrito en el juzgado de Ernesto Kreplak, para informarle al magistrado que, desde el 28 de mayo, es decir antes que se elaborara la droga relacionada con las 38 muertes él era el nuevo presidente de HLB Pharma y que, según se lee en el Boletín Oficial, fechado el 3 de abril de 2025, él se hacía cargo de la presidencia de la firma en lugar de la abuela de García.
En diálogo con este medio, no solo confirmó ese hecho, aseveró que había adquirido el 99% del paquete accionario y que se había firmado un documento privado que establecía “una cláusula de rescisión de seis meses.”
En el juzgado siempre sospecharon de esa operación y hasta especularon que podía ser una “distracción”. Como sea, en las últimas horas Nanini, se comunicó con quien escribe esta nota para informar que “ejecuté la cláusula de indemnidad la cual me resguarda de todo daño o responsabilidad por cualquier evento surgido con anterioridad a la firma”. Es decir que desistió de la compra.
Según los documentos que el ex apoderado de la lista del Partido Justicialista “PJ de Todos” del año 2013, envió a Infobae, el presidente de HLB Pharma es Ariel Fernando García y la vicepresidenta Nilda Furfaro, su madre.
En el acta, Nanini, desistió del “buen negocio” que significaba comprar el cuestionado laboratorio, “en virtud de los hechos de público conocimiento y no poder llevar adelante la compra del paquete accionario de la sociedad. Las partes de común acuerdo y de plena conformidad deciden desistir y dejar sin efecto ni valor legal alguna el acto jurídico”, celebrado el 28 de marzo de 2025.
En el punto tercero del documento, Nanini declina la presidencia de la empresa en favor de García.
Uno y otro no son desconocidos, razón por la cual el pase de manos del laboratorio resultaba extraño desde un comienzo. Un ejemplo, ambos participaron del “Seminario sobre Ciberdelito Argentina & Estados Unidos” que se realizó en Washington D.C. que se desarrolló en la Facultad de Derecho de la Universidad Americana de Washington.
En el tiempo libre se organizaban visitas a la Casa Blanca, visitas nocturnas a la ciudad y al Thomas Jefferson Memorial Abraham Lincoln Memorial, entre otros lugares como Pentágono y el Cementerio Arlington.
El juzgado de Kreplak está centrado en descubrir el mecanismo por el cual se contaminó el fentanilo que produjo, según el último reporte del Ministerio de Salud de la Nación, publicado de manera exclusiva por este medio, si se suman los casos sospechosos y confirmados por haber sido tratados con la droga adulterada, 74 pacientes afectados que estaban internados en 12 establecimientos, 38 de los cuales fallecieron.
La información revela que ya son cinco los “lotes” del fentanilo contaminado. Se trata de los números: 31202, (el que mayor cantidad de muertes produjo; 31245, 31246, 31247 y 31076.
Para los investigadores es indispensable acreditar se trató de un hecho “doloso” o “culposo”. Por eso repasan cada una de las irregularidades que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) detectó a lo largo de los años y las sanciones que se le aplicó.
En 2020, en el contexto de la pandemia de COVID-19, HLB Pharma, bajo la dirección de Ariel García, gestionó la inscripción de la vacuna Sputnik V ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
García incluso formó parte de una comitiva que viajó a Rusia para negociar la adquisición de las vacunas. Sin embargo, el gobierno de Fernández optó por establecer un acuerdo directo con el Fondo Ruso de Inversión Directa, dejando de lado a intermediarios privados como HLB Pharma. De todos modos, el laboratorio adquirió la vacuna de manera privada y la comercializó.
En ese octubre de 2020, la comitiva oficial del Gobierno que viajó a Moscú estuvo encabezada por la entonces secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, y la asesora presidencial Cecilia Nicolini. Además, participaron representantes del laboratorio HLB Pharma Group, entre ellos, Ariel García. También se sumaron al viaje la esposa del entonces ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, la farmacéutica Raquel Méndez, que por entonces desempeñaba el rol de asesora ad honorem.
Un año antes de ese viaje a Rusia, la ANMAT había detectado diversos problemas en productos elaborados por HLB Pharma Group S.A., algunos de los cuales derivaron en prohibiciones, retiros de mercado y clausuras. Entre los incidentes más relevantes se encuentran:
– La prohibición del uso y comercialización de “Propofol HLB” y “Dopamina HLB” por carecer de etiquetas de trazabilidad y registros sanitarios, calificando ambos productos como ilegítimos y obligando al retiro inmediato.
– El retiro del “Diclofenac HLB” y “Morfina al 1% HLB” por errores en el etiquetado que podían provocar confusión y riesgo sanitario.
– En 2022, se prohibió la venta de “Agua Destilada HLB” tras encontrarse material particulado en las ampollas.
– Además, hubo clausuras de plantas por deficiencias graves en Buenas Prácticas de Manufactura, especialmente Laboratorios Ramallo, también asociados a la firma, señalando riesgos a la calidad y seguridad de productos.
– El Propofol HLB, emulsión inyectable IV 10 mg/ml (lote 60000): El producto fue considerado ilegítimo por carecer de la etiqueta de trazabilidad.
– Dopamina HLB, dopamina clorhidrato 40 mg/ml inyectable IV (lote 31214): También se retiró por falta de trazabilidad.
– Dopamina HLB 100 mg AMP 5 ml 20 mg/ml (lote 31215): Prohibido por carecer de etiquetas requeridas para su trazabilidad.
– Diclofenac HLB, solución inyectable 25 mg/ml (lote 30552): Se encontraron partículas negras en suspensión en la solución.
– Rolfita, paracetamol 500 mg, envase hospitalario de 500 comprimidos (lote del blíster A71638): Se detectaron comprimidos rotos y fuera de especificación.
El juzgado también investiga si se cumplieron todos los protocolos en la elaboración del fentanilo que resultó contaminado.
Alguna de las preguntas que se realizan algunos investigadores son:
– La planta elaboradora Laboratorios Ramallo ¿trataba el agua que utilizaba para llenar los inyectables, según las exigencias del ANMAT, y las normas internacionales de buenas prácticas GPM (es una norma utilizada en la industria farmacéutica a nivel mundial) esta agua debería ser WFI (agua para inyectables)?
– La duda surge porque la planta también generaba agua PW (agua purificada) que es de menor calidad y por tal motivo no es apta para compuestos endovenosos.
– La norma exige que la misma sea tratada en calderas destiladores osmosis, y transportadas desde el destilado en caños de acero 316, que es un acero inoxidable de altísimo rendimiento para evitar la acumulación de colonias de bacterias, lo que da como resultado la calidad de agua WFI.
– El agua, como cada una de las fórmulas utilizadas en la elaboración del medicamento debe ser analizada para descartar contaminación bacteriana y se deben incorporar al Batch Record como constancia de aprobación.
– Antes de liberar el producto este debe ser aprobado por la oficina de garantías y control de calidad de la firma que es quien libera o rechaza el medicamento.
El juzgado federal de La Plata se encuentra en la ardua tarea de analizar cada uno de estos protocolos internos. También espera más resultados de laboratorio que la ANMAT envió a realizar sobre los lotes de fentanilo secuestrados en HLB Pharma y Laboratorios Ramallo secuestrados en los dos allanamientos que se realizaron.
POLITICA
La CGT adelantó una reunión para debatir un paro general de 24 horas contra la reforma laboral
Luego del triunfo libertario que representó la sanción de la reforma laboral en el Senado, la CGT anticipó una reunión de urgencia de su Consejo Directivo para este lunes con el fin de debatir una propuesta que está creciendo: un paro general de 24 horas el día en que la Cámara de Diputados comience a tratar el proyecto de Javier Milei.
El encuentro se hará a las 16, de manera virtual (hay dirigentes que aprovecharon el fin de semana largo y están lejos de Capital), y su realización se precipitó por las fuertes presiones internas para hacer una protesta más dura contra la reforma laboral, ya que para muchos sindicalistas no alcanza con salir nuevamente a la calle.
Los cotitulares de la CGT Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) tenían previsto citar al Consejo Directivo para el miércoles o jueves próximos, pero en las últimas horas decidieron adelantar la reunión cuando empezaron a recibir señales de varios dirigentes de que querían ir al paro para profundizar su rechazo al proyecto.
“El triunvirato preferían no hacer un paro, pero se dieron cuenta de que por abajo se estaba planificando un cese de actividades de 24 horas, y si no lo impulsaba la CGT iban a quedar descolocados”, señaló a Infobae el jefe de un sindicato de peso, que, de todas formas, advirtió que el tema será objeto de un intenso debate este lunes.
Es que el sector dialoguista de la CGT, que predomina en la conducción, preveía una estrategia más moderada, con eje en los contactos con diversos bloques parlamentarios e incluso con sus interlocutores en el Gobierno para tratar de introducir nuevos cambios en el proyecto, aun sabiendo que Milei quiere acelerar los tiempos legislativos para que la ley sea sancionada cuanto antes.
El oficialismo procura tratar la reforma laboral que vino del Senado la semana que viene, pero el problema es que los feriados complican el regreso a Capital de muchos legisladores aliados. Si no hubiera problemas logísticos, la sesión en Diputados se haría el jueves 19, pero hasta anoche lo más probable es que pasara al miércoles 25.
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POLITICA
La Iglesia y los cultos evangélicos, en veredas opuestas ante la reforma del régimen penal juvenil
Las coincidencias y miradas comunes que históricamente en la Argentina acercaron a la Iglesia Católica y los cultos evangélicos, reflejadas particularmente en los llamados a la paz social en los tiempos de crisis, encuentran puntos disonantes en las posiciones frente a la reforma del régimen penal juvenil que impulsa el gobierno de Javier Milei.
El proyecto, que contempla la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, dio su primer paso al ser aprobado por la Cámara de Diputados y debe ser tratado por el Senado.
La Asociación Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera) celebró la aprobación del proyecto en la Cámara baja y estimó fundamental “la promulgación de una norma acorde a la realidad actual, dado que la legislación vigente ha quedado obsoleta”. Los principales referentes de las comunidades evangélicas compartieron dos encuentros –en noviembre y en diciembre pasados- con el Presidente en la Casa Rosada.
“Es necesaria una adecuación de la edad de imputabilidad que sea compatible con los estándares internacionales y el contexto de la región. Los hechos delictivos cometidos por niños, niñas y adolescentes dejan al descubierto las falencias del Estado y de la sociedad para prevenir y atender adecuadamente estos casos”, expresó en una declaración la entidad que preside el pastor Christian Hooft.
Para la Iglesia Católica, en cambio, la reducción de le edad de imputabilidad –de 16 a 14 años- constituye “un retroceso en materia de derechos humanos y, por lo tanto, una medida regresiva e inconstitucional, en tensión directa con la ley 26.061, que establece que la responsabilidad por el cuidado y la protección de los niños, niñas y adolescentes recae en las personas adultas y en el Estado”.
Así lo expresaron las comisiones episcopales de Pastoral Social y Pastoral Carcelaria, junto con Cáritas, en una carta dirigida a los diputados y senadores que intervienen en el debate legislativo. Advierten, en tanto, que la reducción de la edad punible no baja el delito.
El debate sobre este tema sensible se presenta en momentos en que el canciller Pablo Quirno entregó personalmente al papa León XIV una carta del presidente Milei para invitarlo a visitar la Argentina. Aunque todavía no recibió a las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina, cuyo titular es el arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo.
La Iglesia Católica transmite en la carta a los legisladores su disposición a promover un aporte con espíritu constructivo, a partir de la experiencia de campo que referentes y profesionales territoriales desarrollan en el trabajo cotidiano con adolescentes y jóvenes. Una tarea que se construye “en parroquias, escuelas primarias y secundarias, centros barriales, los Hogares de Cristo, clubes parroquiales, grupos y movimientos infantiles, juveniles y comunitarios”.
Las comisiones episcopales señalan que la Iglesia suma su aporte al conjunto de voces de instituciones y organizaciones, como Unicef, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Asociación de Psiquiatras Argentinos, la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina y la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia, entre otras.
Celebran, al respecto, que todos han sido escuchados, pero no ven reflejados sus aportes en el contenido del proyecto.
Entre otros aportes, expresan que “es urgente destinar recursos específicos a políticas públicas en salud mental y adicciones, con dispositivos de atención accesibles, insertos en territorio y adaptados a la infancia y adolescencia, y detener “el desfinanciamiento en materia de políticas de salud y despidos de trabajadores dedicados a acompañar y contener personas atravesadas por consumo problemático y salud mental”.
Para los adolescentes mayores de 16 años que cometan delitos graves, la Iglesia propone la aplicación de la Justicia Restaurativa. “Esta vía, ya implementada con éxito en diversas regiones del país y del mundo, ha demostrado reducir la reincidencia a niveles cercanos al 0%. Involucra a jueces penales, víctimas, victimarios y organizaciones comunitarias, en un proceso reparador y verdaderamente transformador”, explican las comisiones episcopales.
En su pronunciamiento, los cultos evangélicos se solidarizan con quienes “sufren las consecuencias de los delitos”. Y entienden que “la aplicación de penas será insuficiente si no se acompaña de políticas públicas que atiendan la raíz del problema -social, económica, educativa y familiar- y que apunten a la reinserción social”.
Aciera considera que “debe ser una prioridad la adecuación de las instituciones y espacios físicos donde los niños, niñas y adolescentes serán reencauzados, garantizando que no sean derivados a cárceles comunes”. Señala, además, que el Estado, en sus niveles nacional y provincial, debe asegurar las partidas presupuestarias para infraestructura, recursos profesionales y el acompañamiento de la sociedad civil, contemplando la dimensión espiritual en el proceso de recuperación”.
Sin embargo, entre las coincidencias que muestran ambos pronunciamientos, los cultos evangélicos declaran que “es urgente un plan nacional de prevención de consumos problemáticos y la efectiva implementación de la educación preventiva en las escuelas”.
“El éxito de cualquier reforma dependerá de la articulación obligatoria entre Justicia, escuela y familia, junto a mecanismos de evaluación periódica que garanticen la efectividad de las medidas”, concluye la declaración de Aciera.
Mariano De Vedia,Javier Milei,Iglesia,Conforme a,Javier Milei,,Caso $LIBRA. La ruta de los 100 millones de dólares que permanecen ocultos a un año del escándalo,,»La quieren muerta». Grabois apuntó contra el Gobierno por la condena a Cristina Kirchner,,A la espera de dólares. La pregunta del millón: ¿por qué no llegan las inversiones?
POLITICA
La Corte de Santa Fe rechazó por unanimidad la recusación de Pullaro contra cuatro ministros en plena disputa por la ley previsional
La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe resolvió de manera unánime rechazar las recusaciones impulsadas por el gobernador Maximiliano Pullaro contra cuatro de sus integrantes, en el marco de la controversia por la reforma previsional provincial. La decisión del máximo tribunal, adoptada por sus siete miembros, se conoció pocos días antes de la apertura del año judicial y en un contexto de elevada tensión institucional, donde la independencia del Poder Judicial frente al Ejecutivo ocupa el centro del debate.
El gobierno provincial había solicitado apartar a los ministros Rubén Weder, Eduardo Spuler, Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez de los expedientes relacionados con la constitucionalidad de la reciente ley previsional, bajo el argumento de que su vínculo cercano a la jubilación podía comprometer la imparcialidad. El planteo, presentado el 19 de diciembre por el fiscal de Estado Domingo Rondina, señalaba que los magistrados estarían alcanzados de manera actual o potencial por las nuevas disposiciones y, por ende, debían inhibirse de intervenir en las causas.
El tribunal desestimó de plano el pedido al considerar que las recusaciones eran “manifiestamente improcedentes” y carecían de elementos que acreditaran un interés directo y actual de los jueces en el resultado de los litigios. Los ministros resolvieron que la presentación resultaba “palmariamente extemporánea”, ya que los supuestos motivos esgrimidos eran conocidos con anterioridad al planteo y luego de haberse dictado el llamamiento de autos. El fallo remarcó que la causal invocada por la Provincia no lograba configurar una afectación concreta a la garantía de imparcialidad exigida por la ley.
La resolución de la Corte Suprema de Santa Fe descartó la existencia de un conflicto de intereses y calificó el planteo oficial como una construcción “hipotética”, basada en meras especulaciones y sin sustento en actos formales. El tribunal advirtió que aceptar ese argumento sería “vejatorio de la integridad moral” de sus miembros, ya que implicaría suponer que podrían poner un interés personal por encima de la Constitución y las leyes, incumpliendo así con los deberes propios de su función.
Entre los fundamentos jurídicos, el máximo tribunal recordó que la ley 10.160 establece una interpretación restrictiva de las causales de apartamiento y excluye expresamente los casos colectivos, donde el interés personal de los jueces carece de relevancia frente al objeto del proceso. Se citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que rechaza recusaciones fundadas en motivos genéricos o conjeturales. Además, se advirtió que admitir apartamientos en este tipo de contextos sería incompatible con la naturaleza y atribuciones de la Corte y alteraría el principio del juez natural.
La polémica ley previsional, sancionada en 2024, introdujo un “aporte solidario” para jubilados con haberes altos y fijó un tope jubilatorio equivalente a veinte haberes mínimos, lo que afecta de forma directa a los ingresos de los futuros retirados del Poder Judicial. Esta reforma generó una ola de amparos y recursos, principalmente impulsados por trabajadores judiciales, que buscan frenar los recortes. El conflicto escaló a raíz de la resistencia pública de más de doscientos magistrados y diversas manifestaciones frente a los tribunales de Santa Fe y Rosario.
En paralelo, la administración de Pullaro promovió una serie de reformas institucionales, entre ellas la ampliación del número de miembros de la Corte y el envío de pliegos para cubrir cargos que aún no están vacantes, lo que provocó cuestionamientos de parte del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial. Las autoridades del colegio, encabezadas por Iván Kvasina y Cristian Werlen, advirtieron a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura sobre posibles incumplimientos de la directriz constitucional de paridad de género y reclamaron que las designaciones se realicen bajo los más estrictos recaudos legales y constitucionales.
Entre las críticas más severas, los ex camaristas Carina Lurati y Daniel Acosta calificaron la recusación como un “avasallamiento” que afecta la independencia del Poder Judicial y señalaron que la iniciativa tiene como único objetivo lograr una decisión jurisdiccional favorable al Ejecutivo en las causas previsionales. Sostuvieron que se trata de una acción extemporánea y una demostración de poder que podría tener consecuencias sobre la totalidad del cuerpo judicial provincial.
La Corte dispuso, finalmente, que el criterio fijado se extienda a todas las causas donde se discuta la constitucionalidad de la ley 14.283, con el propósito de evitar dilaciones procesales y garantizar la continuidad del funcionamiento judicial. El fallo fue suscripto digitalmente por los jueces Gutiérrez, Bacalini, Erbetta, Falistocco, Spuler, Weder y Zabalza.
En este escenario, la inminente apertura del año judicial, prevista para el 12 de marzo, adquiere una relevancia inusual. El acto, que tradicionalmente marca el inicio formal de la actividad jurisdiccional, se presenta como una instancia clave para observar el desarrollo de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial en la provincia, en un clima marcado por la disputa institucional y la incertidumbre respecto al futuro del sistema previsional y la independencia de la Justicia santafesina.
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