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Fentanilo mortal, los vídeos exclusivos del encubrimiento: la prueba que muestra la destrucción de documentos clave

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Si la escena hubiese sido grabada en un cuadrilátero se podría decir que el contendiente no pudo bloquear el cross o un jab directo a la mandíbula. El golpe lo noqueó. Pero no se trata de un round de boxeo. Es una prueba contundente sobre los ingentes esfuerzos que hicieron los propietarios y directivos de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma, señalados por la Justicia de haber elaborado y distribuido fentanilo contaminado asociado a la muerte de 124 pacientes.

Las imágenes fueron grabadas por las cámaras de seguridad instaladas en el departamento de Javier Martín Tchukrán, el director general las plantas farmacéuticas. Sus interlocutores eran, Ariel García Furfaro, el propietario de los establecimientos y su hermano Diego, directivo de las sociedades y gerente oficioso de la plata dónde se elaboró el medicamento adulterado.

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“Además de los mails hice borrar todo lo que estaba… por suerte gracias a Dios (…) todo lo que tenemos en los servidores de información… y lo borramos todo, o sea que no hay un solo gramo de información…”, se lo escucha decir al nervioso empleado.

En otro tramo, reconoce que una de las muestras del fentanilo “dio positivo”, pero la microbióloga lo dejó pasar al adjudicarlo a un resultado falso y que no realizó un nuevo control ni avisó porque “se olvidó”.

En otro tramo de la larga secuencia, el empresario exigió que se arme la documentación “incompleta” de la elaboración del fentanilo por si era solicitaba por la Justicia o la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

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Anatomía de un encubrimiento

La grabación tiene fecha del 18 de mayo. Fue uno de los latigazos que dejó a las autoridades de las empresas bajo sospecha, en la lona. De hecho los tres integrantes del revelador encuentro fueron procesados con prisión preventiva bajo los cargos de “adulteración de sustancias medicinales, resultado de muerte» y «adulteración de sustancias medicinales en concurso real con adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud de las personas.

El día de la cita en el departamento de Capital Federal no fue azarosa. Según el expediente que instruye el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, el 12 de mayo, la ANMAT realizó la denuncia penal por la contaminación del lote 31202 de fentanilo de HLB Pharma. La alerta al organismo de control lo había realizado el Hospital Italiano de La Plata al vincular la muerte de varios pacientes internados en terapia intensiva con las bacterias que se encontraban tanto en las ampollas del potente anestésico y en los hemocultivos de las víctimas.

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Los videos forman parte del expediente

El 13 de mayo, un día después, el magistrado ordenó allanar la planta elaboradora y la vivienda de Tchukran y el resto de los sospechosos.

En ese procedimiento se secuestró el celular de Tchukrán que contenía las imágenes del encuentro ya que, a través de una aplicación, las cámaras de seguridad redirigían a su móvil lo que grababan. Un detalle que el técnico químico paso por alto.

La reunión fue interpretada por los investigadores como parte de un plan de encubrimiento para eliminar rastros.

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Infobae ya había revelado de manera exclusiva los detalles del intento de borrar pruebas y falsear documentación por parte de los hermanos García Furfaro y el “director de Manufactura de HLB Pharma” y publicado las fotos que el juez Kreplak volcó en la resolución a través de la cual procesó a 14 personas vinculadas a la producción y venta del medicamento adulterado. Ahora reproduce fragmentos del vídeo incorporado como prueba en la causa.

El caso del fentanilo contaminado fabricado por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo despliega una de las tramas más complejas de encubrimiento y manipulación de pruebas en la industria farmacéutica de la Argentina.

Los chat de los empleados donde se revelan las irregularidades en la elaboración de los medicamentos

Estos registros fílmicos son una muestra incontrastable de la puesta en marcha de un esquema de encubrimiento tras la denuncia del Hospital Italiano de La Plata por los primeros fallecimientos asociados al lote 31202 de fentanilo.

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De esta manera, los videos, que los imputados no alcanzaron a eliminar, se convirtieron en una de las pruebas centrales del expediente, junto a la abundante documentación incorporada por el magistrado y sus colaboradores en tiempo récord, dada la envergadura del hecho considerado como la mayor tragedia sanitaria del país.

Las imágenes y los audios revelan también la instrucción precisa que recibió el técnico químico por parte de García Furfaro: que las muestras de ampollas fueran sometidas a autoclave para destruir cualquier evidencia biológica: “Que las tenga la vieja ahí y que ponga autoclavada”, ordenó, enfático, en alusión a Adriana Iudica, responsable de microbiología.

Su hermano Diego y Tchukrán coordinaron la gestión. En el expediente también quedó documentada la preocupación por los controles de calidad: varios participantes reconocieron que un análisis bacteriológico sobre el fentanilo había dado positivo, aunque fue desestimado internamente o considerado un error técnico.

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En la reunión del 18 de mayo se hizo mención a un encuentro previo, realizada en las instalaciones de Laboratorios Ramallo en la que Eduardo Darchuk, jefe de Producción fue testigo de los dichos de la jefa de Control Microbiológico, Adriana Iudica, quien, después de difundirse las muertes de pacientes del Hospital Italiano de La Plata al ser tratados con el fentanilo de HLB Pharma, la ingeniera química habría reconocido que la muestra del fentanilo elaborado el 18 de diciembre de 2024 ‘dio positivo’.

Según ese mismo relato, la profesional manifestó que solicitó una nueva muestra para “sembrar” y así corroborar el resultado del cultivo, pero “no se la dieron en el momento“.

La detención de Ariel García Furfaro

La mecánica de falsificación y presión sobre los empleados también figura en los “chats de empleados” y las declaraciones ante la Justicia.

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Se instruía para llevar adelante la “reconstrucción” y el relleno forzado de la documentación Batch Record. Los registros estaban incompletos o presentaban inconsistencias en fechas y firmas.

García Furfaro, según el expediente, ordenó completar, antedatar y rubricar documentos con la firma de Antonio Maiorano, a quien mencionan como “el gordo”, director técnico de HLB Pharma, quien por ley es responsable ante la autoridad regulatoria.

Según relató el propio Maiorano ante la Justicia, este habría sido “forzado” a firmar papeles incompletos bajo presión, situación que incrementó la gravedad del encubrimiento para la instrucción judicial.

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En el vídeo que de manera exclusiva reproduce Infobae, también se ve y escucha a Javier Martín Tchukrán hacer de cuenta que está orinando y acompañar el gesto brusco con la siguiente frase: “La HLB olvídate. Lo mismo que yo esté meando aquí. No se ve nada». Se refería al borrado de las cámaras de seguridad de la empresa y las ordenes de “dar de baja” el sistema para evitar la recolección de nuevos registros visuales. Según comprobó Infobae, la eliminación digital coincidió exactamente con las fechas en que la droguería Nueva Era, propiedad de Ariel García Furfaro notificó a Laboratorios Ramallo sobre la detección de pacientes muertos y el organismo regulador ANMAT tomó cartas en el asunto.

Otras conversaciones entre empleados a cargo de la fabricación de las fórmulas médicas también reflejan instrucciones para rehacer o alterar planillas, con el objeto de cubrir faltantes y ocultar irregularidades de manufactura en la elaboración de fentanilo.

Los chats de empleados consignan frases como “faltan papeles y la sala no está limpia”, y muestran la precariedad de las condiciones de producción.

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La investigación y la resolución judicial subrayan el “relajamiento generalizado de los controles y medidas vigentes” en HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, así como la existencia de múltiples advertencias previas por problemas en el proceso que nunca fueron subsanados.

Para los instructores judiciales los registros digitales, los testimonios y las grabaciones demuestran no solo la voluntad expresa de entorpecer la acción judicial sino también el alcance del dominio de Ariel García, desde la producción hasta la manipulación final de las pruebas comprometedoras.

En uno de los párrafos más salientes de la resolución judicial de 401 fojas, Kreplak afirma que: “A pesar de la cantidad y entidad de las falencias que pueden apreciarse a partir los batch record, los datos volcados en ellos por el personal del laboratorio carecen de entidad suficiente para dar cuenta precisa del proceso productivo realmente ejecutado para la fabricación del fentanilo”.

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Los chat internos de Laboratorios Ramallo dan cuenta de las malas condiciones en las que se elaboraban los medicamentos

Para el magistrado: “Ello no implica, no obstante, que las afirmaciones volcadas en los puntos anteriores respecto de los desvíos de las Buenas Prácticas de Fabricación se vuelvan insostenibles. Por el contrario, lo que se pone de manifiesto es que incluso con registros de producción amañados y realizados no para registrar la tarea específica sino para ‘dibujar’ ex post una producción solventada en buena medida ‘en el aire’, las fallas y desvíos eran tan graves y notorios que no pudieron ser disimulados por completo. En cualquier caso, el resultado es el mismo: un medicamento de mala calidad».

Por último el magistrado expreso que la prueba producida en el expediente: “Permite sostener que los registros documentales de los productos elaborados en Laboratorios Ramallo se realizaban ex post facto respecto de su fabricación, antedatándolos, para lo cual se utilizaban datos inexistentes, inventados y/o fórmulas preexistentes de otros medicamentos. Es más, surge que muchos de esos registros se confeccionaron exclusivamente para presentarlos ante la autoridad de aplicación, ante el aviso de inminentes inspecciones por parte de aquélla”. Y destacó que “los diversos pasajes de conversaciones de Whatsapp entre el personal jerárquico del laboratorio dan cuenta del “descontrol” -es decir, justamente, la falta de control- en el que se producían los medicamentos».

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El Gobierno eligió el silencio ante la decisión de la AFA de parar el fútbol

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El Gobierno tomó distancia este lunes de la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de suspender la fecha 9 del torneo Apertura, que debía desarrollarse entre el 5 y el 6 de marzo, días en los que el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino fueron citados a declarar por el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, en la causa iniciada por una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

“No tenemos por qué opinar. Es un tema de ellos”, dijeron fuentes oficiales ante la consulta de sobre la posición del Gobierno respecto de la decisión de la entidad rectora del fútbol local. En otras terminales del oficialismo contactadas por este diario directamente no hubo respuesta.

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No es la primera vez que el Gobierno elige el silencio en relación a la AFA. En noviembre pasado, apenas estalló el escándalo por la copa que la organización le entregó a Rosario Central, lo que desató fuertes críticas de los aficionados en las tribunas y las redes sociales, también habían elegido esa postura.

La fórmula fue la misma. “No hay nada para decir; es un tema que tienen que resolver ellos”, respondieron entonces. Con el correr de los días, sin embargo, el presidente Javier Milei, sus principales funcionarios y los voceros oficiosos de La Libertad Avanza en las redes arremetieron con fuerza con Tapia, Toviggino y la AFA.

El hermetismo inicial en la Casa Rosada no parece descabellado, cuando aún está por verse cómo reaccionarán los aficionados al fútbol en las tribunas y las redes. Si, nuevamente, apuntarán contra la cúpula de la AFA, sumida en un fuerte descrédito por las decisiones deportivas y las revelaciones sobre el presunto desvío de millones de dólares en el exterior. O si, esta vez, el Gobierno podría verse afectado por la protesta de la entidad.

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La denuncia que llevará a Tapia y Toviggino a los tribunales fue iniciada por el Gobierno, a través de la ARCA, en diciembre pasado. Los dirigentes están acusados de haber retenido aportes previsionales y omitido el pago de impuestos por un monto total de $19.300 millones.

Tras dos meses de investigación, el juez Amarante decidió los llamados a indagatoria, el pasado jueves. También les prohibió salir del país, aun cuando a Tapia se le otorgó este lunes un permiso para realizar un viaje esta semana a Colombia y Brasil.

La denuncia inicial de ARCA fue complementada en enero con una nueva presentación de 58 páginas que entregó el Gobierno, a través de la ARCA, ampliando los montos presuntamente evadidos.

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La presentación fue el resultado de cruces de datos con bases de contribuyentes no confiables del organismo y el intercambio de notificaciones entre la ARCA y la AFA. Por entonces, en la Casa Rosada no dudaban en considerar que el material terminará en una de las “principales denuncias” contra la cabeza del fútbol argentino. Ahora, con la reacción de la entidad, volvieron a elegir el silencio.


fueron citados a declarar,aun cuando a Tapia se le otorgó este lunes un permiso para realizar un viaje esta semana a Colombia y Brasil,Cecilia Devanna,Conforme a

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La reforma laboral tensiona la interna sindical y los gremios combativos convocaron a una movilización para el viernes

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Los gremios que integran el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) anunciaron una movilización al Congreso para este viernes, a la que invitaron a la Confederación General del Trabajo (CGT) para que se sume. La marcha será mientras el Senado debata los cambios incorporados por la Cámara de Diputados a la reforma laboral. El Gobierno aspira a que la iniciativa se convierta en ley antes de la apertura de sesiones ordinarias.

La discusión escaló en las últimas horas y tensionó la interna sindical. Desde el espacio que reúne a sectores combativos ya habían anticipado que, si la central obrera no avanzaba con una convocatoria formal, podrían impulsar una medida propia.

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Leé también: La CGT redobló la presión contra los gobernadores e insistió con que intentará frenar la reforma laboral

El FreSU se reunió este lunes para terminar de definir los pasos a seguir. El encuentro fue clave para resolver si aguardaban una respuesta de la CGT o si activan una movilización al Congreso durante el tratamiento en la Cámara Alta.

La presión se produce en un escenario de creciente conflictividad y con fuertes cuestionamientos al proyecto oficial, que ya obtuvo media sanción en Diputados y volvió al Senado con modificaciones.

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La advertencia a la CGT

El FreSU está integrado por la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, ATE y las dos CTA, entre otros sindicatos. Según confirmaron a TN desde el gremio de Aceiteros, existió un pedido formal a la CGT para que convoque a un paro de 36 horas. Ante la falta de respuesta, acordaron una movilización.

Desde ese sector habían anticipado que la intención era convocar a una medida de fuerza si la central obrera no avanzaba y que así lo expresaron sus dirigentes.

Pese a que la CGT anunció la semana pasada un paro general sin movilización, los gremios combativos marcharon al Congreso (Foto: ATE).

“Vamos a hablar con el triunvirato de la CGT para que convoquen a un paro de 36 horas. Si no lo hacen, iremos a un paro nosotros con el Frente de Sindicatos Unidos”, advirtió Daniel Yofra, secretario de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (FTCIODyARA), en El Destape Radio.

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En la conducción de la CGT, en tanto, evitan adelantar una definición inmediata. Cerca del triunvirato señalaron que definirán la agenda en los próximos días, aunque no descartaron otras acciones como movilizaciones. La central obrera se inclina por el reclamo judicial y sobre eso están trabajando sus abogados.

“Los dirigentes de la CGT estaban esperanzados en los políticos porque supuestamente tenían los números. Y ahora están esperanzados en la Justicia. Y después van a estar esperanzados en una marcha a San Cayetano. Eso no tiene nada que ver con el sindicalismo. El sindicalismo se tiene que empoderar más allá de los partidos políticos”, cuestionó Yofra.

El FreSU ya había desafiado a la CGT la semana pasada, cuando la central obrera convocó a un paro general sin movilización y los gremios combativos decidieron marchar al Congreso durante el tratamiento de la reforma laboral en Diputados.

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El endurecimiento de los gremios combativos

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) endureció el tono en las últimas horas. En un comunicado que difundió la semana pasada, aseguró que “el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que integran ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 100 sindicatos de todas las centrales obreras, definió un paro de 36 horas con movilización en las primeras 12 si la reforma laboral regresa al Senado”.

“No alcanza con la modificación del artículo de las licencias médicas. Esta ley nos conduce a una catástrofe social. La conflictividad tiene que escalar”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario del gremio de estatales.

Este lunes, en la red social X, Aguiar dijo que “es responsabilidad del Gobierno que la conflictividad escale”. “El viernes quieren hacer del Senado una escribanía y lo tenemos que impedir”, señaló en referencia al debate en la Cámara Alta.

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Leé también: En la última semana de sesiones extraordinarias, el Gobierno buscará consolidar sus triunfos y avanzar con las reformas

“Debemos avanzar en una nueva huelga de 36 horas para rechazar la reforma laboral”, agregó y calificó la iniciativa como “una ley inaplicable que está destinada a fracasar”. Desde ATE confirmaron a este medio que el sindicato de trabajadores estatales sumará una huelga a la movilización de este viernes.

Mientras los gremios intensifican la presión, el oficialismo apuesta a que el Senado trate esta semana los cambios incorporados por Diputados y sancione la reforma antes de que el presidente Javier Milei abra las sesiones ordinarias de este año.

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reforma laboral, CGT, paro general, sindicatos

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El camarista Carlos Mahiques renunció a la sala de la Casación que definirá la causa de la quinta de Pilar vinculada a la AFA

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Un día después de que saliera a la luz que festejó su cumpleaños en la quinta sospechada de pertenecer a Pablo Toviggino, el cuestionado número 2 de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el juez Carlos Mahiques renunció a la subrogancia que ejercía en la Sala de la Cámara Federal de Casación Penal que debe abordar la investigación criminal sobre ese predio valuado en US$ 20,8 millones.

Mahiques continuará como magistrado en la Sala III de la Casación donde ocupa un cargo permanente, pero comunicó que dio por terminada la subrogancia en la Sala I, mediante un escrito que presentó ante el presidente de la Cámara, Diego Barroetaveña y, por su intermedio, a los integrantes del Consejo de Superintendencia del tribunal.

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“Las circunstancias que motivan la sobredicha solicitud son de carácter estrictamente funcionales”, planteó el magistrado, que a lo largo de las tres carillas de su nota sólo aludió a sus tareas al frente de la Sala I de la Casación, la carga laboral por delante y la incertidumbre alrededor del acuerdo que debería darle el Senado para continuar como magistrado hasta los 80 años.

“En ese ámbito”, abundó Mahiques, “la creciente cantidad de tareas jurisdiccionales muestra a la fecha un total de 332 procesos en trámite, de las cuales 135 están radicadas en Sala; 185 en las tres vocalías que la integran; y 61 impugnaciones y 14 recursos extraordinarios en la vocalía Nro. 7. A ello se suma la carga de trabajo que importa la gestión de dirección, control y administración en la Sala”.

Al presentar su renuncia a la subrogancia, sin embargo, Mahiques no aludió a la publicación dominical de , que reveló que había festejado su cumpleaños en una quinta de 5,5 hectáreas, que figura a nombre de un monotributista y su madre jubilada, quienes actuarían como testaferros de Toviggino.

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Apodado “Coco” en los tribunales, Mahiques debía resolver junto a sus colegas de la Sala III de la Casación, Daniel Petrone y Javier Carbajo, si la investigación por presunto lavado de activos que busca determinar quién es el verdadero dueño de ese predio queda en manos del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, como quieren los acusados, o vuelve al juez en Penal Económico Marcelo Aguinsky.

La firma de Mahiques en su renuncia a la subrogancia

Ante la consulta de , Mahiques negó el jueves pasado haber celebrado sus 74 años en ese predio y replicó con una pregunta: “Y si fuera cierto, ¿cuál sería el inconveniente?“, planteó. “Tengo 50 años en el Poder Judicial y deben evaluarme por el contenido de mis sentencias, no por mis acciones privadas, como dice el artículo 19 de la Constitución Nacional”.

Pero en el escrito de su renuncia a la subrogancia, Mahiques no aludió a todo eso. Se concentró en la sobrecarga laboral que explicó que afrontará durante los próximos meses, que se acentuará por el retiro de otro colega de la Sala III, Juan Carlos Gemignani. Todo eso, adujo, “podría derivar [en] un perjuicio al normal desarrollo de la actividad del tribunal”.

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El camarista cumplió 74 años el 1 de noviembre pasado. Y la fiesta con que lo habría celebrado se convirtió en un secreto a voces en los pasillos de los tribunales federales de Comodoro Py, según reconstruyó , basado en testimonios de jueces, fiscales, dirigentes de la AFA y funcionarios del Gobierno.

La fiesta acaparó elogios y envidias en los tribunales hasta que a fines de 2025 estalló el escándalo que tiene como protagonistas a Toviggino y al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Desde ese momento, los elogios mutaron en incomodidad entre los asistentes –uno de los cuales dialogó con este medio-, y la envidia en alivio entre quienes no fueron invitados.

“Sí, sucedió. La fiesta fue semanas antes de que explotara todo lo de la AFA”, indicó a una fuente al tanto de lo ocurrido en el predio ubicado en Villa Rosa, en el partido de Pilar, 58 kilómetros al noroeste del Obelisco. “Fueron más de 20 personas. Hubo jueces, fiscales, de todo”, añadió, tras pedir reserva estricta de su nombre para evitar eventuales represalias.

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La lista de invitados, sin embargo, permanece en reserva, al igual que las fotos y videos de la fiesta. Según indicaron las fuentes consultadas a , entre los asistentes figuraron colegas de la Casación, magistrados con vínculos aceitados con la AFA y compañeros de aquel viaje a Lago Escondido que salió a la luz en diciembre de 2022 tras un hackeo ilegal de teléfonos que difundió el kirchnerismo, dos días antes de que un tribunal oral condenara por el “caso Vialidad” a Cristina Fernández de Kirchner.

Los vínculos de la familia Mahiques con la cúpula de la AFA, en tanto, son múltiples. Uno de los hijos del camarista, Esteban, es director general de Relaciones Institucionales de la Cancillería Argentina y figura en la página de internet de la AFA como miembro del Tribunal de Disciplina de la entidad, junto al camarista en lo Contencioso Administrativo Federal, Sergio Fernández. Otro hijo, Juan Bautista, es fiscal general porteño y aparece en el mismo portal como vicerrector de la Universidad de la entidad (Unafa) que el “Chiqui” Tapia anunció el 4 de noviembre pasado. Ambos, no obstante, renunciaron a sus cargos en la AFA durante las últimas semanas.

En el texto de su renuncia, no obstante, Mahiques omitió aludir a la AFA, sus dirigentes o las investigaciones que afrontan, incluido el expediente que debía abordar como subrogante de la Sala I. Renunció, explicó, “con el objeto de imprimir mayor celeridad procesal y evitar la prolongación de los procesos que inexorablemente se verificaría si fuese necesario una nueva conformación del Tribunal”.

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Hugo Alconada Mon,Conforme a

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