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POLITICA

Fentanilo mortal, los vídeos exclusivos del encubrimiento: la prueba que muestra la destrucción de documentos clave

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Si la escena hubiese sido grabada en un cuadrilátero se podría decir que el contendiente no pudo bloquear el cross o un jab directo a la mandíbula. El golpe lo noqueó. Pero no se trata de un round de boxeo. Es una prueba contundente sobre los ingentes esfuerzos que hicieron los propietarios y directivos de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma, señalados por la Justicia de haber elaborado y distribuido fentanilo contaminado asociado a la muerte de 124 pacientes.

Las imágenes fueron grabadas por las cámaras de seguridad instaladas en el departamento de Javier Martín Tchukrán, el director general las plantas farmacéuticas. Sus interlocutores eran, Ariel García Furfaro, el propietario de los establecimientos y su hermano Diego, directivo de las sociedades y gerente oficioso de la plata dónde se elaboró el medicamento adulterado.

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“Además de los mails hice borrar todo lo que estaba… por suerte gracias a Dios (…) todo lo que tenemos en los servidores de información… y lo borramos todo, o sea que no hay un solo gramo de información…”, se lo escucha decir al nervioso empleado.

En otro tramo, reconoce que una de las muestras del fentanilo “dio positivo”, pero la microbióloga lo dejó pasar al adjudicarlo a un resultado falso y que no realizó un nuevo control ni avisó porque “se olvidó”.

En otro tramo de la larga secuencia, el empresario exigió que se arme la documentación “incompleta” de la elaboración del fentanilo por si era solicitaba por la Justicia o la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

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Anatomía de un encubrimiento

La grabación tiene fecha del 18 de mayo. Fue uno de los latigazos que dejó a las autoridades de las empresas bajo sospecha, en la lona. De hecho los tres integrantes del revelador encuentro fueron procesados con prisión preventiva bajo los cargos de “adulteración de sustancias medicinales, resultado de muerte» y «adulteración de sustancias medicinales en concurso real con adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud de las personas.

El día de la cita en el departamento de Capital Federal no fue azarosa. Según el expediente que instruye el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, el 12 de mayo, la ANMAT realizó la denuncia penal por la contaminación del lote 31202 de fentanilo de HLB Pharma. La alerta al organismo de control lo había realizado el Hospital Italiano de La Plata al vincular la muerte de varios pacientes internados en terapia intensiva con las bacterias que se encontraban tanto en las ampollas del potente anestésico y en los hemocultivos de las víctimas.

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Los videos forman parte del expediente

El 13 de mayo, un día después, el magistrado ordenó allanar la planta elaboradora y la vivienda de Tchukran y el resto de los sospechosos.

En ese procedimiento se secuestró el celular de Tchukrán que contenía las imágenes del encuentro ya que, a través de una aplicación, las cámaras de seguridad redirigían a su móvil lo que grababan. Un detalle que el técnico químico paso por alto.

La reunión fue interpretada por los investigadores como parte de un plan de encubrimiento para eliminar rastros.

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Infobae ya había revelado de manera exclusiva los detalles del intento de borrar pruebas y falsear documentación por parte de los hermanos García Furfaro y el “director de Manufactura de HLB Pharma” y publicado las fotos que el juez Kreplak volcó en la resolución a través de la cual procesó a 14 personas vinculadas a la producción y venta del medicamento adulterado. Ahora reproduce fragmentos del vídeo incorporado como prueba en la causa.

El caso del fentanilo contaminado fabricado por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo despliega una de las tramas más complejas de encubrimiento y manipulación de pruebas en la industria farmacéutica de la Argentina.

Los chat de los empleados donde se revelan las irregularidades en la elaboración de los medicamentos

Estos registros fílmicos son una muestra incontrastable de la puesta en marcha de un esquema de encubrimiento tras la denuncia del Hospital Italiano de La Plata por los primeros fallecimientos asociados al lote 31202 de fentanilo.

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De esta manera, los videos, que los imputados no alcanzaron a eliminar, se convirtieron en una de las pruebas centrales del expediente, junto a la abundante documentación incorporada por el magistrado y sus colaboradores en tiempo récord, dada la envergadura del hecho considerado como la mayor tragedia sanitaria del país.

Las imágenes y los audios revelan también la instrucción precisa que recibió el técnico químico por parte de García Furfaro: que las muestras de ampollas fueran sometidas a autoclave para destruir cualquier evidencia biológica: “Que las tenga la vieja ahí y que ponga autoclavada”, ordenó, enfático, en alusión a Adriana Iudica, responsable de microbiología.

Su hermano Diego y Tchukrán coordinaron la gestión. En el expediente también quedó documentada la preocupación por los controles de calidad: varios participantes reconocieron que un análisis bacteriológico sobre el fentanilo había dado positivo, aunque fue desestimado internamente o considerado un error técnico.

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En la reunión del 18 de mayo se hizo mención a un encuentro previo, realizada en las instalaciones de Laboratorios Ramallo en la que Eduardo Darchuk, jefe de Producción fue testigo de los dichos de la jefa de Control Microbiológico, Adriana Iudica, quien, después de difundirse las muertes de pacientes del Hospital Italiano de La Plata al ser tratados con el fentanilo de HLB Pharma, la ingeniera química habría reconocido que la muestra del fentanilo elaborado el 18 de diciembre de 2024 ‘dio positivo’.

Según ese mismo relato, la profesional manifestó que solicitó una nueva muestra para “sembrar” y así corroborar el resultado del cultivo, pero “no se la dieron en el momento“.

La detención de Ariel García Furfaro

La mecánica de falsificación y presión sobre los empleados también figura en los “chats de empleados” y las declaraciones ante la Justicia.

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Se instruía para llevar adelante la “reconstrucción” y el relleno forzado de la documentación Batch Record. Los registros estaban incompletos o presentaban inconsistencias en fechas y firmas.

García Furfaro, según el expediente, ordenó completar, antedatar y rubricar documentos con la firma de Antonio Maiorano, a quien mencionan como “el gordo”, director técnico de HLB Pharma, quien por ley es responsable ante la autoridad regulatoria.

Según relató el propio Maiorano ante la Justicia, este habría sido “forzado” a firmar papeles incompletos bajo presión, situación que incrementó la gravedad del encubrimiento para la instrucción judicial.

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En el vídeo que de manera exclusiva reproduce Infobae, también se ve y escucha a Javier Martín Tchukrán hacer de cuenta que está orinando y acompañar el gesto brusco con la siguiente frase: “La HLB olvídate. Lo mismo que yo esté meando aquí. No se ve nada». Se refería al borrado de las cámaras de seguridad de la empresa y las ordenes de “dar de baja” el sistema para evitar la recolección de nuevos registros visuales. Según comprobó Infobae, la eliminación digital coincidió exactamente con las fechas en que la droguería Nueva Era, propiedad de Ariel García Furfaro notificó a Laboratorios Ramallo sobre la detección de pacientes muertos y el organismo regulador ANMAT tomó cartas en el asunto.

Otras conversaciones entre empleados a cargo de la fabricación de las fórmulas médicas también reflejan instrucciones para rehacer o alterar planillas, con el objeto de cubrir faltantes y ocultar irregularidades de manufactura en la elaboración de fentanilo.

Los chats de empleados consignan frases como “faltan papeles y la sala no está limpia”, y muestran la precariedad de las condiciones de producción.

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La investigación y la resolución judicial subrayan el “relajamiento generalizado de los controles y medidas vigentes” en HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, así como la existencia de múltiples advertencias previas por problemas en el proceso que nunca fueron subsanados.

Para los instructores judiciales los registros digitales, los testimonios y las grabaciones demuestran no solo la voluntad expresa de entorpecer la acción judicial sino también el alcance del dominio de Ariel García, desde la producción hasta la manipulación final de las pruebas comprometedoras.

En uno de los párrafos más salientes de la resolución judicial de 401 fojas, Kreplak afirma que: “A pesar de la cantidad y entidad de las falencias que pueden apreciarse a partir los batch record, los datos volcados en ellos por el personal del laboratorio carecen de entidad suficiente para dar cuenta precisa del proceso productivo realmente ejecutado para la fabricación del fentanilo”.

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Los chat internos de Laboratorios Ramallo dan cuenta de las malas condiciones en las que se elaboraban los medicamentos

Para el magistrado: “Ello no implica, no obstante, que las afirmaciones volcadas en los puntos anteriores respecto de los desvíos de las Buenas Prácticas de Fabricación se vuelvan insostenibles. Por el contrario, lo que se pone de manifiesto es que incluso con registros de producción amañados y realizados no para registrar la tarea específica sino para ‘dibujar’ ex post una producción solventada en buena medida ‘en el aire’, las fallas y desvíos eran tan graves y notorios que no pudieron ser disimulados por completo. En cualquier caso, el resultado es el mismo: un medicamento de mala calidad».

Por último el magistrado expreso que la prueba producida en el expediente: “Permite sostener que los registros documentales de los productos elaborados en Laboratorios Ramallo se realizaban ex post facto respecto de su fabricación, antedatándolos, para lo cual se utilizaban datos inexistentes, inventados y/o fórmulas preexistentes de otros medicamentos. Es más, surge que muchos de esos registros se confeccionaron exclusivamente para presentarlos ante la autoridad de aplicación, ante el aviso de inminentes inspecciones por parte de aquélla”. Y destacó que “los diversos pasajes de conversaciones de Whatsapp entre el personal jerárquico del laboratorio dan cuenta del “descontrol” -es decir, justamente, la falta de control- en el que se producían los medicamentos».

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El Gobierno envía la Senado los pliegos de 62 jueces, fiscales y defensores, pero no da a conocer los nombres

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El Gobierno envió esta noche al Senado los pliegos de 62 jueces, fiscales, defensores oficiales y conjueces, con lo que abrió el proceso para cubrir las vacantes de la Justicia federal y nacional, que llegan a más del 37% del sistema judicial. El anuncio lo realizaron esta noche fuentes del ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques.

Los pliegos elevados al Senado son 55 de jueces, fiscales y defensores oficiales y 7 conjueces, que son abogados de la matrícula, para que los senadores les den acuerdo y puedan suplir a los jueces hasta su nombramiento definitivo.

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Actualmente hay 203 ternas con jueces nacionales y federales en manos del Poder Ejecutivo, que deben ser enviados al Senado para que puedan ser nombrados. Son cargos que ya se concursaron en el Consejo de la Magistratura, y las ternas de candidatos fueron elevadas al Poder Ejecutivo.

Ahora el Gobierno seleccionó un nombre para cada cargo, pero todavía no los dio a conocer. Basta con el voto de la mayoría simple de los senadores para que sean aprobados los pliegos. Luego deben ser designados por decreto del Poder Ejecutivo.

Las vacantes en la Justicia federal y nacional son una de las principales preocupaciones de la Corte Suprema. El Gobierno venía prometiendo hace dos años que iba a enviar los pliegos al Senado. El entonces ministro Mariano Cúneo Libarona no llegó a hacerlo. Ahora el proceso avanzó con Mahiques, que llegó al ministerio con el aval de Karina Milei.

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Noticia en desarrollo


Hernán Cappiello,Conforme a

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El Gobierno lanzará a fin de marzo la licitación del Belgrano Cargas y apunta a tenerlo privatizado en diciembre

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En el marco de su plan de privatizaciones, el Gobierno avanza con la concesión del sistema de trenes Belgrano Cargas y planea cumplir con el llamado a licitación en los próximos días, con el objetivo de que todo el proceso esté finalizado para principios de diciembre, aunque algunos oferentes ya expresaron sus cuestionamientos por el modo en el que se hará la compulsa.

Según pudo saber Infobae, así se los expresaron las autoridades nacionales a los empresarios interesados, durante una de las jornadas del Agentina Week, que se desarrolló a mediados de este mes en la ciudad de Nueva York.

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En ese marco, la gestión libertaria expuso los principales lineamientos del plan y sus plazos, además de estimaciones de las inversiones que llegarían al país a partir de este proyecto, estimadas en casi 800 millones de dólares.

Por su parte, a lo largo de ese evento, algunos funcionarios, como el canciller, Pablo Quirno, y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, recibieron a representantes de distintas compañías que podrían competir por hacerse con la operación de la red ferroviaria.

En la presentación, que se llevó adelante en el Consulado General argentino, el equipo del Belgrano Cargas inició con un análisis sobre la situación actual del sistema: de acuerdo con los datos oficiales, la red exhibe una densidad de carga de 0,63 millones de toneladas-kilómetro por kilómetro de vía, un nivel que contrasta con los 3,40 de Brasil y se ubica muy por detrás de los 24,20 de Australia.

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Uno de los gráficos que mostraron las autoridades nacionales, con las cifras actuales del sistema de carga

De acuerdo con los gráficos de la exposición, el sistema argentino no logra absorber la expansión agrícola, ya que el volumen transportado por trenes permanece en torno a los 25 millones de toneladas anuales durante más de cinco décadas.

El modelo vigente, definido como “un círculo vicioso” de baja carga y recursos insuficientes para el mantenimiento, dejó como saldo una infraestructura degradada y una débil capacidad logística.

La propuesta que el Gobierno expuso en los Estados Unidos apunta a transformar el esquema de gestión de “concesión vertical” y pasar a uno de “acceso abierto” (Open Access, en inglés), en el que la administración de la infraestructura ferroviaria quedaría separada de la operación de trenes.

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El esquema contempla tres ejes: un administrador de infraestructura responsable del control de tráfico, mantenimiento y asignación de turnos; operadores de carga privados que competirán por el servicio pagando peaje; y concesionarios de talleres ferroviarios, con contratos de cincuenta años para el mantenimiento de material rodante.

El modelo actual frente al que quiere ir el Gobierno

El alcance de la privatización comprende 7.594 kilómetros operativos a través de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, que recorren 16 provincias y conectan con cinco pasos internacionales (Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay).

El material rodante se subastará por separado, entregando dos lotes de locomotoras y otros dos lotes de vagones por cada una de los tres ramales mencionados.

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El contrato no prevé cánones ni subsidios estatales, sino que el concesionario obtendrá ingresos por el cobro de peajes sobre los operadores y la explotación comercial de inmuebles linderos a la traza ferroviaria, entre ellos silos y parques logísticos.

El plan exige inversiones por 755 millones de dólares: 420 millones para la línea San Martín, 260 millones para la Belgrano y 75 millones para la Urquiza, y se fijó un límite de financiamiento de 435 millones de dólares para el conjunto del proyecto.

El acuerdo incluye mecanismos de protección jurídica para el concesionario, con derecho a renegociar condiciones ante cambios legales o eventos extraordinarios. Además, el pliego incorpora cláusulas de arbitraje internacional bajo reglas UNCITRAL y derechos de “step-in” para los acreedores, lo que les otorga la posibilidad de intervenir en caso de incumplimientos antes de que el Estado rescinda el contrato.

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El cronograma oficial establece que la licitación se lanzará a fines de marzo. A partir de ese momento, los oferentes tendrán 90 días para presentar propuestas.

La adjudicación y la firma del contrato se concretarán entre junio y julio, seguidas de un período de transición —también de 90 días— para inventarios y traspaso de personal. El objetivo es que en diciembre los nuevos operadores privados asuman el control efectivo del servicio.

Los plazos que estima el Gobierno

Durante la Argentina Week, los representantes del Grupo México, una de las firmas que ya anunció públicamente su deseo de presentarse en esta licitación, les reiteró a los funcionarios sus críticas hacia el sistema de “Open Access”.

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La compañía, que ya opera en su país y también en varias partes de los Estados Unidos, busca que tanto el material rodante, como la infraestructura (talleres) y la operación se incluyan en una misma oferta, para garantizarse contar con el sistema completo pra trabajar, y a cambio prometen una inversión de unos 3 mil millones de dólares para las líneas Belgrano y Urquiza, mucho más de los casi 800 millones que plantea el Gobierno.

“En todos lados se hace de esa forma, porque el mecanismo de acceso abierto solo se implementó en Inglaterra y fracasó. Como está armado ahora, se está pensando solamente en el mercado agrario, cuando la red puede beneficiar también a la minería y a otros sectores importantes de la economía, aunque para eso es necesario un plan más integral”, explicaron a este medio fuentes al tanto de la postura mexicana.

En febrero último, los representantes del grupo viajaron a la Argentina para reunirse con el flamante secretario de Transporte, Fernando Herrmann, y ratificar el pedido de que se revea el formato de la licitación.

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La estructura que propone el Poder Ejecutivo para este proceso, por el momento, sigue estando dividida en dos partes: una oferta A por la concesión de vías e infraestructura solamente, y una oferta B por la concesión de vías más el adquisición de material rodante.

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¡VERGÜENZA NACIONAL! Humillan a la Policía Federal mandándolos a un merendero antes de darles un aumento de sueldo digno

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Es la claudicación total de la seguridad argentina. Mientras la inflación devora los salarios, el Ministerio de Seguridad de Monte Oliva implementa «merenderos» para los efectivos, les descuenta dinero del sueldo por la comida y les entrega cajas de alimentos como si fuera una limosna. ¡Indignación total en las fuerzas!

El «Pago en Especie» de la Humillación: Yerba y Fideos en lugar de Sueldo

En un giro que evoca las épocas más oscuras de crisis económica, la Policía Federal Argentina (PFA) se encuentra sumida en una humillación institucional sin precedentes. Este diario ha accedido a pruebas contundentes que demuestran que el personal de la fuerza está recibiendo parte de su sustento mediante cajas de alimentos básicos.

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Ver a oficiales de investigaciones retirando fideos y yerba mate es la prueba irrefutable de que, para el Gobierno actual, el uniforme no merece un salario profesional, sino una bolsa de mercadería. Es el retorno del pago en especie en pleno 2026.

El «Saqueo al Plato de Comida»: Te descuentan $9.000 del recibo

Pero la desfachatez de la gestión de la Ministra Monte Oliva no tiene límites. Mientras les niegan un aumento salarial que compense la pérdida del poder adquisitivo, el Ministerio ha implementado un sistema de comedores donde se les aplica un descuento compulsivo de $9.000 por el acceso al menú semanal.

Es un sistema perverso: el policía, que ya cobra una miseria, debe pagarle al Estado para poder comer durante su turno de servicio. ¿Dónde quedó la inversión en seguridad si ni siquiera pueden garantizar el alimento de la tropa sin meterles la mano en el bolsillo?

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La «Lista de la Pobreza»: ¿Quiénes deben mendigar en el comedor?

El documento oficial de la Implementación Comedor S.I.F. es, en realidad, el mapa de la indigencia dentro de la Federal. El Gobierno ha segmentado las jerarquías que, por su crítica situación económica, están habilitadas para este «beneficio fantoche».

Lo más doloroso es que el Estado admite que ciertos efectivos deben asistir a comer incluso en sus días de franco porque su sueldo no les alcanza para poner un plato de comida en su mesa familiar.

Las jerarquías de la miseria según el Ministerio:

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  • Ayudantes y Agentes: Habilitados para ir al comedor incluso estando de franco.
  • Subinspectores y Cabos: Personal en servicio que sufre el descuento directo por ración.
  • Auxiliares de Seguridad e Inteligencia: Degradados a beneficiarios de un plan asistencialista.

Menu del Merendero Policial.

Monte Oliva y un Silencio que Aturde

La inacción de la Ministra de Seguridad, Monte Oliva, es el centro de todas las críticas. Bajo su gestión, no solo se ha estancado la jerarquización de la fuerza, sino que se ha permitido que la estructura logística retroceda a niveles de emergencia social.

«Nos piden profesionalismo para combatir el narco, pero nos tratan como ciudadanos de segunda. La Ministra debería saber que con un plato de guiso y una caja de fideos no se mantiene a una familia ni se motiva a una fuerza», denunció un oficial bajo estricta reserva.

Olla a presión: Una fuerza al límite

La indignación es total y la paciencia se agota. La falta de un aumento salarial real, sumada a estas medidas que son una «limosna» insultante, ha creado un clima de tensión máxima. Si el Gobierno no reacciona ante esta falta de respeto total a las fuerzas de seguridad, el conflicto institucional será inevitable. ¿Quién nos va a proteger cuando los que nos cuidan no tienen ni para comer y se llamen a Paro Nacional?

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