POLITICA
Fentanilo Mortal: quiénes son los otros imputados en la causa que serán indagados
La semana pasada, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, a pedido de la fiscal María Laura Roteta, detuvo e indagó a nueve imputados. Se trataba de los máximos responsables de las firmas HLB Pharma Group SA, Laboratorios Ramallo SA y la Droguería Alfarma SRL, sociedades vinculadas a la elaboración, distribución y venta del fentanilo contaminado vinculado por la justicia a 96 pacientes fallecidos en clínicas y hospitales.
A la cabeza de la lista está el dueño de esas tres sociedades, Ariel Fernando García. Lo sigue su familia: los hermanos Damián y Diego, su madre, Nilda Furfaro y su abuela Olga Arena. La mujer de 88 años fue la única en no pasar por el despacho judicial. Su estado de salud delicado, camina con andador, entre otras dolencias, sumado al hecho de que su nieto mayor la usaba como “pantalla” al hacerla figurar como presidenta de HLB Pharma, determinó que, al menos por ahora, la mujer permanezca en su casa.
También fueron detenidos por la PSA y Gendarmería Nacional integrantes de los directorios de las empresas y responsables técnicos en la elaboración de los medicamentos.
Ayer comenzó la segunda etapa de indagatorias de otras seis personas a las que se las citó por cédula judicial. La mayoría son empleados con responsabilidad en la cadena de elaboración del fentanilo y otros productos farmacéuticos.
El lunes, fue indagada María Victoria García quien en el organigrama figuraba como a cargo de la Gerencia de Gestión de Calidad. Hizo uso de su derecho constitucional de no declarar.
Las fechas del resto de las indagatorias, nombres y las responsabilidades es la siguiente.
-Mañana 27 de agosto lo hará Wilson Pons, Ingeniero químico. Jefe de Control de Calidad en Laboratorios Ramallo S.A. Intervino en la verificación y documentación de la fabricación de los lotes contaminados.
-El 28 de agosto será el turno de Dayana Astudillo. Empleada del laboratorio, vinculada a tareas de producción y control.
-El 1 de septiembre será indagado Edgardo Sclafani, jefe de Producción y Mantenimiento en Laboratorios Ramallo SA.
-El 2 de septiembre es el turno de Rocío del Cielo Garay. Según la imputación fiscal es una de las “trabajadoras del laboratorio, involucrada en tareas de manufactura”.
-El 3 de septiembre declarará Adriana Iudica, “empleada con tareas vinculadas a los procesos de laboratorio”.
-La nueva lista de indagatorias se cerrará el 4 de septiembre, con Eduardo Darchuk, “Jefe de producción en Laboratorios Ramallo SA. Firmó registros de lotes y control de procesos”.
En los próximos días, el juzgado Federal N°3 en lo Criminal y Correccional de La Plata deberá resolver la situación procesal de cada uno de los imputados y si continuarán detenidos mientras dura el proceso, los beneficia con prisión domiciliaria o los excarcela. También los puede desvincular del proceso por falta de mérito. Según se detalla en la causa judicial y en las imputaciones que realizó la fiscal Laura Roteta los que ya fueron indagados son:
-Ariel Fernando García: “Dueño real y persona con mayor poder de decisión dentro del conglomerado de empresas (HLB Pharma Group S.A., Laboratorios Ramallo S.A. y Alfarma S.R.L.). Controlaba de hecho la producción y comercialización del fentanilo contaminado”.
-Nilda Furfaro: Accionista (10%) de HLB Pharma Group S.A., madre de Ariel García. Su rol era principalmente societario”, pero la fiscalía la ubica tomando parte de las decisiones junto a su hijo. Después de declarar quedó en libertad por problemas de salud y porque debe cuidar a su madre de 88 quien apenas se moviliza con andador.
Olga Arena: “Abuela de Ariel García, figuró como presidenta de HLB Pharma Group S.A. en registros societarios, utilizada como pantalla por la familia García”. Hasta ahora no fue llamada a declarar.
Damián García: Hermano de Ariel, “con participación formal y real en múltiples empresas del grupo. Tomaba parte en las decisiones empresariales”.
–Diego García: Su otro hermano “también vinculado a distintas sociedades del conglomerado y a la toma de decisiones”.
–Horacio Antonio Tallarico. “Presidente y apoderado de Laboratorios Ramallo SA. Responsable legal y administrativo del laboratorio”.
–Rodolfo Antonio Labrusciano. “Accionista y director suplente de Laboratorios Ramallo SA desde su fundación integrante del directorio”.
Tallarico le aseguró al juez y a la fiscal: “Le hice un favor de darle la firma mía en 2016 a Ariel García. Solo hacia trámites para Ramallo, compraba algún repuesto para llevárselo. De elaboración nada. Siempre fue una ‘gauchada’ soy humilde vivo con lo mínimo, tengo a mi señora con un tumor en el intestino con tratamiento oncológico y estoy con ella en todo este tiempo, llevando al oncólogo a aplicarse la quimio una vez por mes. La verdad no tengo un peso esa es la pura verdad. De laboratorio nada, pero estoy en la calle todos los días”.
Quedó en libertad después de ser indagado para que cuide a su esposa enferma.
Labrusciano, por su parte, se defendió: “Soy mecánico. Estoy pasando el peor momento de mi vida. Me agarra angustia. Yo aparezco acá porque soy amigo de ellos y fui a laburar de mantenimiento en el laboratorio y Ariel en un momento me dijo ‘necesito alguien de confianza, yo después te saco’. Le respondí ‘está bien te firmo’. Laburé tres años y por cosas familiares me volví a Buenos Aires. Tengo 5 hijos, trabajo en un taller. Me levanto, laburo todo el día. Hace siete años que me fui de ahí del laboratorio y hace siete años que soy mecánico, laburo desde los 14 años. Con Ariel hablé una vez sola desde que me fui del laboratorio en estos años y nada más”.
En su indagatoria, Ariel García desvinculó a las dos personas. Cuando la fiscalía le preguntó por qué ante la Inspección General de Justicia puso como responsables de Laboratorios Ramallo a Horacio Antonio Tallarico en calidad de “Presidente de Laboratorios Ramallo S.A. y principal accionista (titular del 90% de las acciones). Ejercía la representación legal de la empresa y tenía poderes de firma digital frente a la ANMAT”. Y a Rodolfo Antonio Labrusciano como “director suplente y vicepresidente de Laboratorios Ramallo S.A., con una participación del 10% del capital accionario”. La respuesta de García Furfaro fue: “Porque tenía un montón de empresas, estaba con mi mujer que me separaba. A Tallarico le estoy dando unos pesos (por su esposa enferma)”.
Además del empresario que viajó a Moscú con la delegación del Ministerio de Salud para distribuir en Argentina la vacuna Rusa contra el COVID-19, Sputnik V, ya declararon en calidad de sospechosos de haber tenido algún grado de participación en la producción del fentanilo mortal.
–Carolina Ansaldi: “Farmacéutica, Directora Técnica (DT) de Laboratorios Ramallo S.A. Supervisaba y controlaba la producción del fentanilo”.
–Víctor Boccaccio: “Farmacéutico, ejerció como Director Técnico de Laboratorios Ramallo S.A. hasta julio de 2023. Avaló análisis de control microbiológico, limpieza y procesos en la elaboración del producto.
El lote 31202 del fentanilo contaminado vinculado a la mayoría de las muertes de pacientes se elaboró el 18 de diciembre de 2024.
-Javier Tchukran: “Ingeniero químico. Director de Manufactura de HLB y director general de Laboratorios Ramallo S.A. Persona de confianza de la familia García, con alta responsabilidad en la producción y control de calidad. Rubricó la producción del lote contaminado”.
En su declaración, y a diferencia del dictamen fiscal, el profesional es presentado como Técnico Químico recibidio en la ORT y no cómo ingeniero, como se afirma en la página 122 del dictamen fiscal. Tchukran se defendió así: “En primer lugar, yo ingrese en los laboratorios HLB para hacer una consultoría integral. Yo soy consultor no empleado de HLB. Tengo muchos años en la industria química, farmacéutica. Lo que estaba haciendo era relevamientos para poder trasladar el Laboratorio HLB que está en San Isidro hacia el Laboratorio que está en Ramallo. Yo estaba a cargo de esa gestión. Estaba trabajando sobre eso, cuáles eran las primeras maquinas que convenia trasladar, según tiempos y dificultades”.
Las próximas dos semanas serán decisivas en cuanto al imperio que tomará el juez sobre los 17 imputados en lo que ya es considerado como el “Cromañón de la salud”.
POLITICA
Reforma laboral: la mesa política del Gobierno se reúne para definir si elimina el artículo de Ganancias tras el pedido de los aliados
La semana clave para la reforma laboral de Javier Milei continúa hoy a partir de las 10:00 con una reunión decisiva en la Casa Rosada. La mesa política de La Libertad Avanza se encontrará en la previa de la sesión del Senado, convocada para este miércoles, en un clima marcado por la negociación con los bloques aliados que piden la eliminación del capítulo de Ganancias y una creciente tensión sindical en la calle.
El oficialismo llega a esa instancia con el objetivo de ordenar su estrategia legislativa y despejar incertidumbres sobre el texto final que se debatirá en el recinto. La discusión se da mientras la CGT prepara una movilización al Congreso en rechazo al proyecto y sectores gremiales combativos avanzan con medidas de fuerza propias, que incluyen un paro de actividades de transporte y estatales, un plan de lucha que la central obrera rechazó convocar.
Leé también: Reforma laboral: comerciantes y bancarios se metieron en el debate y cuestionan artículos clave del proyecto
La sesión en la Cámara Alta será el primer gran test parlamentario del año para el Gobierno. En ese marco, la conducción libertaria busca evitar sorpresas y llegar al debate con el mayor nivel de previsibilidad posible, tanto en la votación en general como en los artículos más sensibles.
En Balcarce 50 ya avisaron que están dispuestos a hacer cambios y, en ese contexto, la baja del Impuesto a las Ganancias para sociedades está cada vez más cerca de ser excluida del proyecto por pedido de las provincias, que cuestionan tener que afrontar una nueva caída de recursos coparticipables.
Mientras los gobernadores piden garantías sobre una compensación de esas pérdidas, como volver a coparticipar el Impuesto al Cheque, el senador radical Eduardo Vischi planteó la opción de que Nación y provincias acuerden un nuevo pacto fiscal.
Reunión clave del oficialismo
La mesa política de LLA volverá a encontrarse con la mirada puesta en el poroteo fino del Senado y en la coordinación con gobernadores y bloques dialoguistas. El encuentro será encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y contará con la participación de los principales armadores políticos del oficialismo: Santiago Caputo, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Martín Menem, Luis Caputo e Ignacio Devitt.
En la Casa Rosada dan por hecho que la definición de la estrategia no se limitará a un solo punto del proyecto. El foco está puesto en asegurar apoyos y reducir el margen de conflicto durante la sesión, en un contexto en el que cada voto resulta determinante para el Gobierno.
Durante las últimas horas, los contactos con mandatarios provinciales y senadores aliados se intensificaron. El objetivo fue llegar a la reunión política con un panorama claro de los respaldos y de los eventuales costos de sostener o modificar algunos artículos del proyecto.
Además, Bullrich recibió a los presidentes de bloques aliados, en la que acordaron la modificación de unos 30 artículos, según confirmó la titular del bloque de LLA en el Senado, y quedó a un paso la eliminación de Ganancias.
Negociaciones contrarreloj con aliados y gobernadores
En ese marco de negociaciones contrarreloj se sucedieron varias reuniones en la Casa Rosada con mandatarios provinciales aliados, con el eje puesto en el impacto de la reforma y en la necesidad de garantizar el avance de la agenda legislativa.
Desde el Gobierno insisten en que la reforma laboral forma parte del plan para atraer inversiones y mejorar la productividad, un argumento que fue reiterado en los encuentros con dirigentes del interior. Sin embargo, también admiten que el respaldo parlamentario depende de equilibrios frágiles y de acuerdos que deben cerrarse antes de la sesión.
La mesa política evaluará este martes cómo traducir esas conversaciones en votos concretos y qué margen de maniobra tiene el oficialismo para sostener el texto sin abrir nuevos frentes de conflicto en el Senado. La clave está en la baja del Impuesto a las Ganancias para sociedades, que afecta directamente a los recursos coparticipables y que es el de mayor resistencia de parte de los senadores de las provincias dialoguistas.
La presión sindical y la fractura del frente gremial
Mientras el Gobierno define su hoja de ruta, el sindicalismo mostró señales de fragmentación. La CGT convocó a una movilización al Congreso para el miércoles, pero evitó llamar a un paro general, con la intención de que una demostración masiva en las calles durante el debate legislativo alcance para frenar los artículos más conflictivos para los gremios.
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En paralelo, los gremios del transporte nucleados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) anunciaron un paro desde las 13:00. La medida afectará vuelos, trenes, subtes y el transporte de carga, con impacto en todo el país, y coincidirá con la marcha cegetista.
A esa decisión se sumaron otros sindicatos industriales y de servicios que optaron por medidas de fuerza propias, que se desmarcaron de la conducción de la CGT para elevar la presión sobre el Senado en la jornada del debate.
En la misma línea, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó una huelga de 24 horas con movilización al Congreso y llamó a “parar igual” aunque no exista una convocatoria formal de la CGT, según expresó su secretario general, Rodolfo Aguiar, en un plenario federal de delegados y horas después de haberse reunido con Pablo Moyano.
reforma laboral, Javier Milei, Senado
POLITICA
El Gobierno tuvo que retirar su reforma penal juvenil y enviará otra que lleva la edad de imputabilidad a 14 años
A un día de dictaminar y a dos de la sesión prevista en la Cámara de Diputados, el Gobierno decidió no avanzar con el proyecto de baja de imputabilidad en menores que había enviado el lunes al Congreso, debido a que no contempla la edad que se había consensuado con la oposición en ambas cámaras, y remitir uno nuevo para ser tratado mañana en comisiones.
El Poder Ejecutivo enviará este martes nuevamente un proyecto de ley de Reforma del Régimen Penal Juvenil que establece el límite para la punibilidad en menores será de 14 años y no de 13, como establecía el documento que se había remitido al Poder Legislativo al comienzo de la semana.
“Hubo una desinteligencia. No se va a retirar el proyecto, lo van a volver a mandar con 14. Pero sigue el plan de conseguir el dictamen mañana y sesionar el jueves”, afirmó una fuente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados.
La hoja de ruta prevista para los próximos días será la siguiente. Para conseguir el dictamen, La Libertad Avanza debe avanzar primero con la constitución de las comisiones clave donde se van a votar la iniciativa. A las 10 de esta jornada se verá quienes ocuparán la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes. Mientras que a las 11 se hará lo mismo con la Comisión de Justicia. Ambas deberán fijar sus respectivos presidentes, vices, secretarios y vocales.
La reunión de comisiones está fijada para el miércoles a las 11. Además de Familias y Justicia, también se incorporarán las áreas de Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda. La incorporación de esta última comisión se produce porque, además de tener un efecto concreto en la baja de la edad en la cual un menor cumple responsabilidades penales, el proyecto tiene una importante implicancia presupuestaria.
En el artículo 51 se determina la asignación de $23.739.155.303,08 para la implementación del nuevo régimen, detallando las partidas que corresponderán al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación.
El texto también habilita la posibilidad de acuerdos entre las provincias y la Nación para el envío de partidas presupuestarias específicas destinadas a la construcción de nuevas instalaciones. “Este último punto fue negociado desde el Ejecutivo y el mismo bloque de LLA en Diputados, presidido por el diputado nacional Gabriel Bornoroni, quien fue el principal responsable de convencer internamente la necesidad de movilizar de manera exprés el debate y fijar la edad de imputabilidad en 14 años”.
Pese a que ciertos sectores del oficialismo marcaban la necesidad de bajarla a los 13 años, la posición de opositores aliados al Gobierno como el PRO y la UCR ya estaba fijada en 14 años. “Ese fue el consenso”, marcaron a Infobae. Así, el régimen penal juvenil presentado replica el espíritu del texto del año previo, proponiendo penas diferenciadas respecto del régimen penal adulto y sin posibilidad de reclusión perpetua.
El proyecto contempla una pena máxima de 15 años de prisión para los tipos delictivos más graves, como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestro; mientras que en la iniciativa dictaminada el año pasado esta barrera era de 20 años.
El enfoque del proyecto busca dar respuesta a las inquietudes sociales en materia de inseguridad asociada a adolescentes y desarticular posibles usos de menores como instrumentos para el delito, considerando que en la actualidad los menores de dieciséis años son inimputables. El texto promueve medidas de resocialización como prioritarias. Para los menores de hasta quince años imputados por delitos graves, los jueces tendrán la potestad de dictar privaciones de libertad, aunque deberá prevalecer la reinserción social.
Los delitos menores quedarían sujetos a sanciones no privativas de libertad, incluyendo tareas comunitarias y la obligación de reparación del daño causado, evitando la institucionalización salvo como último recurso. El Gobierno también propone la creación de institutos especiales donde los menores condenados cuenten con garantías de acceso a la educación, atención médica y tratamientos en caso de adicciones, conforme a un personal especializado en infancia y adolescencia y con la prohibición de cualquier convivencia entre menores y adultos detenidos.
El texto subraya derechos reforzados para los imputados durante el proceso judicial: acceso a patrocinio jurídico gratuito, asistencia psicológica y social, participación en mediaciones y derecho a ser informados y escuchados en cada instancia, elementos que fueron motivo de debate presupuestario y que ahora aparecen previstos en la nueva estructura financiera del proyecto.
La Argentina cayó cinco puestos en el ranking de índice de Percepción de la corrupción que realiza la organización Transparencia Internacional, que año a año analiza el desempeño de los países a nivel global. El país pasó del puesto 99 en el 2024 al 104 en el 2025, con 36 puntos sobre 100, en el segundo año de mandato del presidente Javier Milei. De esta manera se ubica en el puesto 106 entre 182 naciones.
El nuevo informe se conoció luego del procesamiento sin prisión preventiva del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en la causa por corrupción en el organismo. Sumado al caso Libra y a la renuncia de Demian Reidel como titular de Nucleoeléctrica Argentina en medio de sospechas de sobreprecios.
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La organización advirtió, en el caso de la Argentina, que “las investigaciones sobre presunta corrupción en la gestión de fondos para medicamentos destinados a personas con discapacidad muestran riesgos similares para los grupos vulnerables”. La Argentina comparte el puesto con Belice y Ucrania, y está por encima de otros países como Zambia, Lesoto, Gambia, y República Dominicana.
La Argentina se ubica en el puesto 19 de 33 países en América, donde quienes tienes mejores puntuaciones son Canadá (75 puntos) en el puesto 16, y Uruguay (73 puntos) en el puesto 17. Mientras que Nicaragua y Venezuela son los países con las peores calificaciones del continente.
El presidente de Poder Ciudadano, Martín D´Alessandro, dijo al respecto que “es ampliamente conocido que el desarrollo capitalista sólido y socialmente eficiente no se obtiene con pases mágicos en la retórica y a la vez barriendo la tierra debajo de la alfombra, sino con políticas adecuadas y sostenidas en el tiempo». Advirtió que “en el caso de la integridad, y a la luz de la evidencia internacional disponible, estas políticas constituyen una deuda pendiente cada vez más urgente».
Mientras que el director ejecutivo de Poder Ciudadano, Pablo Secchi, explicó: “Las malas novedades para la Argentina en este índice están relacionadas con la ausencia total de interés por parte del Gobierno en impulsar políticas anticorrupción».
Secchi le hizo fuertes advertencias al Gobierno en materia de transparencia, luego de la difusión de un nuevo informe de Transparencia Internacional: “Nada se hizo en estos dos años para prevenir y sancionar la corrupción. A esto se le suman los casos de $LIBRA y la Agencia Nacional de Discapacidad que, además de la sospecha de corrupción, no generaron una respuesta contundente por parte del Gobierno”.
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