POLITICA
Fentanilo Mortal: quiénes son los otros imputados en la causa que serán indagados
La semana pasada, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, a pedido de la fiscal María Laura Roteta, detuvo e indagó a nueve imputados. Se trataba de los máximos responsables de las firmas HLB Pharma Group SA, Laboratorios Ramallo SA y la Droguería Alfarma SRL, sociedades vinculadas a la elaboración, distribución y venta del fentanilo contaminado vinculado por la justicia a 96 pacientes fallecidos en clínicas y hospitales.
A la cabeza de la lista está el dueño de esas tres sociedades, Ariel Fernando García. Lo sigue su familia: los hermanos Damián y Diego, su madre, Nilda Furfaro y su abuela Olga Arena. La mujer de 88 años fue la única en no pasar por el despacho judicial. Su estado de salud delicado, camina con andador, entre otras dolencias, sumado al hecho de que su nieto mayor la usaba como “pantalla” al hacerla figurar como presidenta de HLB Pharma, determinó que, al menos por ahora, la mujer permanezca en su casa.
También fueron detenidos por la PSA y Gendarmería Nacional integrantes de los directorios de las empresas y responsables técnicos en la elaboración de los medicamentos.
Ayer comenzó la segunda etapa de indagatorias de otras seis personas a las que se las citó por cédula judicial. La mayoría son empleados con responsabilidad en la cadena de elaboración del fentanilo y otros productos farmacéuticos.
El lunes, fue indagada María Victoria García quien en el organigrama figuraba como a cargo de la Gerencia de Gestión de Calidad. Hizo uso de su derecho constitucional de no declarar.
Las fechas del resto de las indagatorias, nombres y las responsabilidades es la siguiente.
-Mañana 27 de agosto lo hará Wilson Pons, Ingeniero químico. Jefe de Control de Calidad en Laboratorios Ramallo S.A. Intervino en la verificación y documentación de la fabricación de los lotes contaminados.
-El 28 de agosto será el turno de Dayana Astudillo. Empleada del laboratorio, vinculada a tareas de producción y control.
-El 1 de septiembre será indagado Edgardo Sclafani, jefe de Producción y Mantenimiento en Laboratorios Ramallo SA.
-El 2 de septiembre es el turno de Rocío del Cielo Garay. Según la imputación fiscal es una de las “trabajadoras del laboratorio, involucrada en tareas de manufactura”.
-El 3 de septiembre declarará Adriana Iudica, “empleada con tareas vinculadas a los procesos de laboratorio”.
-La nueva lista de indagatorias se cerrará el 4 de septiembre, con Eduardo Darchuk, “Jefe de producción en Laboratorios Ramallo SA. Firmó registros de lotes y control de procesos”.
En los próximos días, el juzgado Federal N°3 en lo Criminal y Correccional de La Plata deberá resolver la situación procesal de cada uno de los imputados y si continuarán detenidos mientras dura el proceso, los beneficia con prisión domiciliaria o los excarcela. También los puede desvincular del proceso por falta de mérito. Según se detalla en la causa judicial y en las imputaciones que realizó la fiscal Laura Roteta los que ya fueron indagados son:
-Ariel Fernando García: “Dueño real y persona con mayor poder de decisión dentro del conglomerado de empresas (HLB Pharma Group S.A., Laboratorios Ramallo S.A. y Alfarma S.R.L.). Controlaba de hecho la producción y comercialización del fentanilo contaminado”.
-Nilda Furfaro: Accionista (10%) de HLB Pharma Group S.A., madre de Ariel García. Su rol era principalmente societario”, pero la fiscalía la ubica tomando parte de las decisiones junto a su hijo. Después de declarar quedó en libertad por problemas de salud y porque debe cuidar a su madre de 88 quien apenas se moviliza con andador.
Olga Arena: “Abuela de Ariel García, figuró como presidenta de HLB Pharma Group S.A. en registros societarios, utilizada como pantalla por la familia García”. Hasta ahora no fue llamada a declarar.
Damián García: Hermano de Ariel, “con participación formal y real en múltiples empresas del grupo. Tomaba parte en las decisiones empresariales”.
–Diego García: Su otro hermano “también vinculado a distintas sociedades del conglomerado y a la toma de decisiones”.
–Horacio Antonio Tallarico. “Presidente y apoderado de Laboratorios Ramallo SA. Responsable legal y administrativo del laboratorio”.
–Rodolfo Antonio Labrusciano. “Accionista y director suplente de Laboratorios Ramallo SA desde su fundación integrante del directorio”.
Tallarico le aseguró al juez y a la fiscal: “Le hice un favor de darle la firma mía en 2016 a Ariel García. Solo hacia trámites para Ramallo, compraba algún repuesto para llevárselo. De elaboración nada. Siempre fue una ‘gauchada’ soy humilde vivo con lo mínimo, tengo a mi señora con un tumor en el intestino con tratamiento oncológico y estoy con ella en todo este tiempo, llevando al oncólogo a aplicarse la quimio una vez por mes. La verdad no tengo un peso esa es la pura verdad. De laboratorio nada, pero estoy en la calle todos los días”.
Quedó en libertad después de ser indagado para que cuide a su esposa enferma.
Labrusciano, por su parte, se defendió: “Soy mecánico. Estoy pasando el peor momento de mi vida. Me agarra angustia. Yo aparezco acá porque soy amigo de ellos y fui a laburar de mantenimiento en el laboratorio y Ariel en un momento me dijo ‘necesito alguien de confianza, yo después te saco’. Le respondí ‘está bien te firmo’. Laburé tres años y por cosas familiares me volví a Buenos Aires. Tengo 5 hijos, trabajo en un taller. Me levanto, laburo todo el día. Hace siete años que me fui de ahí del laboratorio y hace siete años que soy mecánico, laburo desde los 14 años. Con Ariel hablé una vez sola desde que me fui del laboratorio en estos años y nada más”.
En su indagatoria, Ariel García desvinculó a las dos personas. Cuando la fiscalía le preguntó por qué ante la Inspección General de Justicia puso como responsables de Laboratorios Ramallo a Horacio Antonio Tallarico en calidad de “Presidente de Laboratorios Ramallo S.A. y principal accionista (titular del 90% de las acciones). Ejercía la representación legal de la empresa y tenía poderes de firma digital frente a la ANMAT”. Y a Rodolfo Antonio Labrusciano como “director suplente y vicepresidente de Laboratorios Ramallo S.A., con una participación del 10% del capital accionario”. La respuesta de García Furfaro fue: “Porque tenía un montón de empresas, estaba con mi mujer que me separaba. A Tallarico le estoy dando unos pesos (por su esposa enferma)”.
Además del empresario que viajó a Moscú con la delegación del Ministerio de Salud para distribuir en Argentina la vacuna Rusa contra el COVID-19, Sputnik V, ya declararon en calidad de sospechosos de haber tenido algún grado de participación en la producción del fentanilo mortal.
–Carolina Ansaldi: “Farmacéutica, Directora Técnica (DT) de Laboratorios Ramallo S.A. Supervisaba y controlaba la producción del fentanilo”.
–Víctor Boccaccio: “Farmacéutico, ejerció como Director Técnico de Laboratorios Ramallo S.A. hasta julio de 2023. Avaló análisis de control microbiológico, limpieza y procesos en la elaboración del producto.
El lote 31202 del fentanilo contaminado vinculado a la mayoría de las muertes de pacientes se elaboró el 18 de diciembre de 2024.
-Javier Tchukran: “Ingeniero químico. Director de Manufactura de HLB y director general de Laboratorios Ramallo S.A. Persona de confianza de la familia García, con alta responsabilidad en la producción y control de calidad. Rubricó la producción del lote contaminado”.
En su declaración, y a diferencia del dictamen fiscal, el profesional es presentado como Técnico Químico recibidio en la ORT y no cómo ingeniero, como se afirma en la página 122 del dictamen fiscal. Tchukran se defendió así: “En primer lugar, yo ingrese en los laboratorios HLB para hacer una consultoría integral. Yo soy consultor no empleado de HLB. Tengo muchos años en la industria química, farmacéutica. Lo que estaba haciendo era relevamientos para poder trasladar el Laboratorio HLB que está en San Isidro hacia el Laboratorio que está en Ramallo. Yo estaba a cargo de esa gestión. Estaba trabajando sobre eso, cuáles eran las primeras maquinas que convenia trasladar, según tiempos y dificultades”.
Las próximas dos semanas serán decisivas en cuanto al imperio que tomará el juez sobre los 17 imputados en lo que ya es considerado como el “Cromañón de la salud”.
La investigación sobre el fentanilo contaminado avanza con la declaración de uno de los principales implicados. Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, brindó su testimonio ante el juez y la fiscal federal, donde expuso su versión de los hechos. Su declaración se extendió por varias horas, donde detalló aspectos clave de la producción y distribución del medicamento.
El empresario Ariel García Furfaro declaró ante el juez federal Ernesto Kreplak y la fiscal federal María Laura Roteta en el Juzgado Federal N° 3 de La Plata. Asistido por su abogado Gastón Marano, García Furfaro dirigió sus acusaciones contra un excolaborador y contra la Anmat.
En su testimonio, sostuvo que en diciembre, al momento de la elaboración de los lotes de fentanilo, había iniciado los trámites ante la Anmat para cerrar HLB Pharma y trasladar sus operaciones a Laboratorios Ramallo.
García Furfaro refirió conocer solo a dos o tres personas de HLB, empresa que había adquirido en 2017 y por la cual enfrenta un posible juicio oral. Durante el interrogatorio, el empresario afirmó: “Yo me dedicaba a lo comercial con [la droguería] Alfarma, a la venta y a la compra de lo que era importación. En HLB, hasta octubre del año pasado, lo manejaba otra gente, Andrés Quinteros”.
Se le imputa haber participado, junto a 16 o más personas que trabajaban para HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo, en una cadena de decisiones. Estas decisiones abarcan “la fabricación, la distribución, la venta, la omisión de recupero farmacéutico y la adulteración” de los lotes N° 31.202 y N° 31.244 de fentanilo marca HLB Pharma. Estos lotes se derivaron para su elaboración en la planta de la firma Ramallo.
El lote 31.202 comprendió 154.530 ampollas producidas entre el 18 y 19 de diciembre del año pasado. Fue liberado para su comercialización el 4 de enero de este año. Su distribución a hospitales y centros privados que compraron el producto se realizó a través de droguerías como Alpharma, propiedad del propio García Furfaro; Glamamed y Nueva Era, con sedes en Buenos Aires, Santa Fe, Rosario y Córdoba.
El Hospital Italiano de La Plata fue el primero en alertar a la Anmat sobre la contaminación bacteriana de ampollas cerradas. Este centro había adquirido 10.000 ampollas en diez cajas del lote 31.202. Ingresaron al stock del área de Farmacia el 1° de abril y, seis días después, comenzaron a entregarse a las unidades de terapia intensiva según los requerimientos médicos.
El otro lote, con 151.430 dosis, se liberó del laboratorio para su venta a través de droguerías el 6 de enero. En ambos casos, la adulteración durante la producción consistió en la contaminación del medicamento con las bacterias Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola y Ralstonia mannitolilytica.
Análisis realizados en el instituto Malbrán confirmaron esta contaminación. El tribunal determinó que el proceso de elaboración tuvo “múltiples falencias”, muchas consideradas críticas, con “pluralidad de alertas que no fueron atendidas”.
Para el juzgado y la fiscalía federales, García Furfaro es el dueño de HLB Pharma y el propietario y gerente “oculto” de Laboratorios Ramallo. En sede judicial, mantuvo la versión que había manifestado a .
Dijo que se enteró el 8 de mayo, por la droguería Nueva Era, de que el producto causaba efectos adversos –mencionó fiebre– en pacientes internados en el Hospital Italiano de La Plata. Allí fue con el abogado Sebastián Nanini, colaborador del intendente Mario Ishi, de José C. Paz, a quien había vendido HLB Pharma. Ese día, la Anmat emitió su primera alerta.
“Habré ido dos veces a la Anmat. El resto de las veces iba [Andrés] Quinteros. Ahora entiendo por qué no me salían los certificados [para producir medicamentos que adquiría de otras firmas, como Surar Pharma, clausurada desde 2015]. Yo creo que me generaron este lío a propósito”. García Furfaro le atribuyó haberse ocupado de las gestiones ante la agencia regulatoria “los últimos seis años”.
En su declaración de casi seis horas, el empresario insistió en pedir que se investigue cómo se contaminaron las ampollas con bacterias, específicamente por las Klebsiellas, que son gérmenes nosocomiales multirresistentes.
“Anmat nos quería cerrar”, afirmó. Dedicó parte de su tiempo ante el juez a explicar por qué “quería” estar preso. “Aparte de saber qué pasó con la gente, con las víctimas, tengo 30 trabajadores que están al borde del suicidio“, manifestó. Calificó de “gente espectacular” a los dos directores técnicos de los laboratorios. “Si algún empleado mío hizo una maldad, yo me hago responsable, pero son gente de trabajo”, continuó. Sobre sus dos hermanos, detenidos, expresó que “son pibes laburantes”.
Hacia el final, en una declaración donde reiteró que el ministro de Salud, Mario Lugones, había ordenado a la Anmat el cierre del laboratorio, García Furfaro planteó que todos los lotes de la campaña de fentanilo de diciembre deberían haberse contaminado con las bacterias.
“Esa parte es la más difícil. Todos estamos pensando qué pudo haber pasado”, dijo. “Entre lote y lote se desinfectaba todo. Limpieza. Tenemos autoclave que miden media cuadra. Se desinfecta. Todos los años, hay que parar y hacer todo de nuevo. Todo lo que se necesitaba se compraba, en eso no se mezquinó nunca”, agregó, en respuesta a la fiscalía.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Fabiola Czubaj.
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POLITICA
Tras el escándalo, el Gobierno quiere que la ANDIS pase al Ministerio de Salud para controlar las licitaciones
La Casa Rosada está evaluando hacer cambios administrativos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el organismo involucrado por el escándalo de los audios de su entonces director ejecutivo, Diego Spagnuolo, que acusó un presunto entramado de coimas de funcionarios con la droguería Suizo Argentina.
“Estamos estudiando la viabilidad de que deje de ser un organismo descentralizado y que el Ministerio de Salud pase a tener una mayor responsabilidad sobre ella”, afirmó una alta fuente de la cúpula presidencial. Esta intención se habría acelerado y tomado en cuenta en los últimos días.
La ANDIS, tal y como se conoce hoy en día, se creó bajo la administración nacional de Mauricio Macri bajo el Decreto 698/2017. En ese entonces se determinó que fuera un organismo descentralizado, que son el tipo jurídico-administrativo que con más frecuencia impera en la Administración Pública Nacional.
¿Qué implica que tenga esa naturaleza? Que tienen personalidad jurídica y patrimonio propios. Como componente adicional, organismos como la ANDIS son quienes elaboran sus trámites licitatorios, siendo responsables del denominado “Servicio Administrativo Financiero” de estos procesos. Este es el mismo caso que el Instituto Nacional del Cáncer (INC) o la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT).
Hasta la semana pasada, la administración de Diego Spagnuolo inició 31 procesos licitatorios, según se desprenden de datos del portal Comprar. El mismo día en el que se echó al entonces titular, se implementó una decisión igual con Daniel Garbellini, director de Acceso a los Servicios de Salud del ANDIS y un amplio conocedor de los procesos y convenios para la compra de medicamentos y otros insumos.
Por su carácter de organismo descentralizado, los funcionarios sanitarios no podían ver la composición ni el desarrollo de esos procesos. “Ahora que lo intervenimos podemos ver los primeros números, antes no lo podíamos hacer y quedaba todo a su disposición”, indican en el Gobierno. Esto sucede por el decreto publicado el viernes pasado que dispone la intervención y le otorga facultades de gobierno y administración al nuevo funcionario encargado de esa tarea, Alejandro Vilches, hasta entonces secretario de Gestión Sanitaria y funcionario de extrema confianza del ministro Mario Lugones.
Con la llegada de Vilches, en el Ministerio de Salud sienten que por primera vez tienen a un funcionario propio bajo la administración política del organismo. Por caso, Spagnuolo no respondía ni al primer ministro de Salud de Milei, Mario Russo, ni a Lugones. Había sido una designación propiciada por el propio mandatario libertario.
Hay quienes recuerdan un caso similar al actual. A comienzos de año, Lugones determinó junto a la Presidencia de la Nación que había que intervenir la conducción del Hospital Bonaparte. El entonces director no acataba las órdenes sanitarias y se optó por esta modalidad. “Si es que sucede, lo de la ANDIS podría ser algo similar”, afirman.
La pregunta que circula en relación a esta decisión -proveniente de la Casa Rosada- es si el oficialismo tiene la posibilidad de hacer este cambio administrativo, algo que fue muy habitual verlo durante la vigencia de las facultades delegadas en materia administrativa que regían durante la Ley Bases, las cuales ya vencieron.
Muy cerca del Presidente dicen que pueden encontrar el recoveco legal para efectuarlo. Un importante abogado administrativista que prefirió que su nombre no sea revelado indicaba a Infobae que “en base a las facultades que le asigna al Presidente el art. 99, inciso 1) de la Constitución Nacional sería una medida de organización interna de la Administración Pública nacional, de la cual el Presidente es el superior jerárquico”.
Noticia en desarrollo
POLITICA
Los funcionarios Lugones y Vilches evitaron dar explicaciones en Diputados por la polémica en el área de Discapacidad
El ministro de Salud, Mario Lugones, y el interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Alejandro Vilches, evitaron aparecer hoy en Diputados para explicar el escándalo que sacude a su área. Los funcionarios estaban citados a un plenario de las comisiones de Salud y Discapacidad, pero no se presentaron ni notificaron su ausencia.
En la reunión informativa, la oposición anticipó que avanzará con las interpelaciones, pedidos de informe y la creación de una comisión investigadora sobre el tema. El martes que viene la comisión de Discapacidad se volverá a reunir para tratar cuatro proyectos.
Del plenario tampoco participaron ninguno de los 18 integrantes del oficialismo y de Pro. Algunos de los ausentes son, entre otros, Lilia Lemoine y Manuel Quintar, de La Libertad Avanza, como Silvia Lospennato y Martín Maquieyra, del macrismo.
La citación fue formalizada por los peronistas Pablo Yedlin y Daniel Arroyo, presidentes de ambas comisiones, tras la difusión de audios atribuidos al extitular de la Andis Diego Spagnuolo en los que alude a un presunto cobro de coimas. En las escuchas se menciona a Eduardo “Lule” Menem como articulador y a Karina Milei como supuesta beneficiaria.
“No hemos tenido respuesta y tenemos la idea de que no van a venir”, dijo Yedlin sobre los funcionarios al comienzo del plenario. “No es la primera vez que nos pasa que invitamos a ministros y no vienen. Lamentablemente nos pasa parecido con los pedidos de informes que no se contestan y con las interpelaciones. Por el caso $LIBRA se interpeló al ministro de Economía –Luis Caputo– y todavía estamos esperando que venga”, recordó.
Arroyo, autor de la emergencia en discapacidad -vetada por Javier Milei, aunque insistida por Diputados-, describió una situación colapsada: trabajadores de talleres protegidos que cobran $28.000 al mes, transportistas que no pueden cubrir los traslados por el costo del combustible, acompañantes terapéuticos que cobran con meses de demora y centros de día al borde del cierre. “Ni bien el Senado rechace con dos tercios el veto es una obligación de la Andis poner en marcha la ley”, advirtió.
El faltazo de Lugones y Vilches reforzó la línea del oficialismo de no dar explicaciones públicas. Ayer, Eduardo y Martín Menem -este último, titular de la Cámara baja- salieron a contestar y repitieron el mismo libreto: calificaron el material como “falso” y denunciaron una “operación” ligada a la campaña electoral.
Lugones, por su parte, movió fichas sin romper el silencio. Sin comunicado oficial, hizo saber a periodistas acreditados en la Casa Rosada que ordenará un sumario interno y una auditoría integral sobre la Andis en las próximas horas.
Yedlin y Arroyo convocaron también a los autores de los proyectos que buscan esclarecer los hechos a través de interpelaciones a funcionarios, pedidos de informe y la creación de una comisión investigadora.
La batería de proyectos cayó primero en la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Nicolás Mayoraz. Allí, el oficialismo intentará ganar tiempo. La respuesta opositora, ya ensayada en otras discusiones, será el emplazamiento: forzar en el recinto que las comisiones se abran a tratar los expedientes en plazos acotados. Lo anticipó Yedlin: “No nos va a quedar alternativa que en la próxima sesión emplazar a Asuntos Constitucionales por todos estos proyectos”, explicó.
Juan Marino, de UP, subrayó la ausencia de los funcionarios. “Nos abre todo un debate sobre qué hacer con Andis”. Y sentenció: “Todos los días vemos el espectáculo morboso del laberinto de la corrupción del oficialismo, que todos terminan en Karina Milei y los Menem”.
Esteban Paulón, del socialismo, enfatizó que lo que está en juego es “la institucionalidad y la palabra presidencial”. Tras ello, pidió por la creación de la comisión investigadora, que él impulsa. El diputado llevaba una remera con la leyenda “No era estúpido”, en alusión a la especulación de la ex Canciller, Diana Mondino, sobre el caso $LIBRA.
Sabrina Selva, de UP, cuestionó la dilación del presidente de la Cámara para comunicar la insistencia a la emergencia de Discapacidad al Senado, que tendrá la palabra final. “En el medio están las personas con discapacidad”, lamentó Selva, después de exigirle celeridad a Menem.
Como la única representante de la UCR, Natalia Sarapura remarcó que “se ha hecho costumbre” para el oficialismo “hacer silencio ante el escándalo”. La jujeña dictaminó: “Sin duda son indecentes”.
Los nombres detrás de cada iniciativa trazan un apoyo nutrido. Unión por la Patria activó tres iniciativas: Victoria Tolosa Paz pidió interpelar a Diego Spagnuolo; Selva solicitó citar a Lugones y a Karina Milei -reclamo que replicó la izquierda-; y Andrea Freites presentó un pedido de informes que pone la lupa en las contrataciones de la Andis con Suizo Argentina, el registro de proveedores y los presuntos “retornos” mencionados por el exfuncionario.
Desde el socialismo, Paulón y Mónica Fein, con la firma de Margarita Stolbizer, impulsan la interpelación a la secretaria General y la creación de una comisión investigadora.
En Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño reclamó la presencia de Lugones y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El hilo conductor es el mismo: todas las iniciativas orbitan alrededor de los audios y del presunto esquema de corrupción en Discapacidad.
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