Durante una entrevista en un podcast, el expresidente Mauricio Macri habló sobre la actualidad del país y generó controversia al hacer un análisis sobre lo que denominó “la revolución tecnológica” y ahondó sobre los cambios sociales que devienen de este movimiento.

“La híper comunicación que trajo la revolución tecnológica ha generado una era que llamo yo la era de la revolución de las expectativas: todo el mundo está loco por más y eso lleva a una enorme insatisfacción. Vos decís, mirás un poco y decís, ¿cómo? Si el mundo está cada día mejor y un pobre de hoy vive igual o mejor que casi un rey de hace 100 años”, cuestionó el líder de Pro.

En su visita a La Fábrica, el empresario explicó que esto sucede porque ahora gran parte de la sociedad “tiene cloaca, tiene agua corriente, tiene acceso al transporte público, tiene acceso a la educación pública”. “En los lugares en donde las cosas funcionan, no… ¿Por qué? Porque saben todo lo que les falta tener. Eso es una locura, correr detrás de lo que vos creés que deberías tener”, ejemplificó.

“No somos muy objetivos en eso; siempre creemos que nos corresponde más, que nos deberían decir que somos más lindos, más inteligentes, más fuertes de lo que realmente somos», siguió.

En la misma entrevista, el expresidente Macri también se refirió al conflicto por el cierre de la histórica planta industrial de neumáticos Fate en la localidad de Virreyes, partido de San Fernando, por el que más de 900 trabajadores quedaron despedidos.

“Lamento mucho la imprevisibilidad argentina. Y yo les digo: ‘Bueno, por favor, no abandonen. Pongan garra, reestructúrense, convóquense si hace falta’“, expresó Macri al respecto.

Al mismo tiempo, aconsejó a quienes perdieron sus puestos de trabajo que “utilicen todas las herramientas para defender su capacidad de creación, su capacidad de trabajo, su fuerza laboral”. “El Estado tiene que saber administrar”, sostuvo y añadió: “El único tributo debería ser el Impuesto a las Ganancias que paga el empresario, con el objetivo de darle una segunda mano al resto de la sociedad y garantizar seguridad al sistema”.

El primer paso fue la resurrección y reorganización de la SIDE, que en julio de 2024 reemplazó a la entonces AFI. En el último día de 2025, y ya con el contador Cristian Auguadra al frente de la inteligencia nacional en reemplazo de Sergio Neiffert, llegó el segundo cambio, que corrió los límites de los espías con el polémico DNU 941, que les brinda amplias facultades para detener personas sin la intervención de un juez y les da acceso a datos personales.

Estas y otras modificaciones generaron polémica y presentaciones judiciales de inconstitucionalidad contra el decreto.

Por estas horas, y sin dar detalles, el gobierno de Javier Milei avanza en una tercera etapa de reformas en el ámbito de la inteligencia nacional, que sin cargo formal maneja el asesor presidencial Santiago Caputo. A diferencia de las dos anteriores, sería a través del Congreso.

En el Gobierno confirmaron a que se avanza en una nueva ley de Inteligencia que prevé incluir ítems del polémico decreto y sumar otros en la nueva legislación. La iniciativa no tiene una fecha de presentación prevista, informaron las fuentes.

“Se está trabajando”, confirmaron a este diario cerca del Presidente, aunque aclararon que la nueva ley “no está terminada y no está definido cuándo se manda”. Otras fuentes con conocimiento del proyecto agregaron que probablemente “se intentará plasmar estos cambios de aquel decreto y alguna cosa nueva” en una norma “más abarcativa”, según expresara la propia SIDE en un comunicado, en enero pasado y luego de la difusión del decreto.

La nueva composición del Congreso, dónde la Libertad Avanza ya consiguió avanzar en proyectos de ley como la reforma laboral o el régimen penal juvenil, son un aliciente para intentar plasmar en una ley los cambios dispuestos por decreto.

El primero de ellos, que en los comienzos del gobierno de Milei habilitó a los espías a actuar como auxiliares de la Justicia y eliminó la obligatoriedad del acuerdo del Senado para nombrar al titular del organismo, fue cuestionado en la Justicia por el CELS, sin resultado hasta el momento.

El decreto 947, en tanto, generó inquietud en organismos de derechos humanos al establecer que uno de los objetivos es el de “reorientar las actividades de la citada Agencia en materia de contrainteligencia para identificar y analizar, con enfoque preventivo, amenazas a la seguridad estratégica nacional, incluyendo acciones de espionaje, sabotaje, injerencia, interferencia e influencia”. Aunque la propia SIDE lo negó en un comunicado, y tal como publicara , estos párrafos podrían terminar justificando tareas de inteligencia sobre actividades legítimas, como la militancia política o el periodismo.

También generó alarma la habilitación al entrecruzamiento e intercambio de información entre dependencias del Estado que manejan datos personales sensibles, como Migraciones, Aduana, Renaper, Justicia, Renar y ARCA. Este punto fue cuestionado por el CELS y otras entidades en un amparo colectivo.

Los eventuales aliados en el Congreso siguieron con atención el artículo 2 de ese decreto, agregado a la Ley de Inteligencia Nacional, que establece que “todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”. La Comisión Bicameral de Seguimiento de Actividades de Inteligencia, encargada del control parlamentario de la SIDE, quedó acéfala a fines del año pasado por el paso de su hasta entonces presidente, Martín Lousteau, del Senado a la Cámara de Diputados, y aún no se constituyó.

Otro de los puntos que contiene el decreto –por ahora la herramienta legal con la que cuenta la central de espías- dispone la disolución de la Dirección de Inteligencia Estratégica Militar (Dniem) y el traslado de sus funciones al Estado Mayor Conjunto, lo que reduciría la injerencia del ministro de Defensa y refuerza el peso de la SIDE en el esquema de inteligencia de las Fuerzas Armadas.

El decreto generó la previsible oposición de Unión por la Patria y la izquierda, aunque se sumó también el rechazo de los provinciales de Provincias Unidas y de la Coalición Cívica. En Pro y la UCR se mostraron expectantes, sin tomas de posición concretas.