Ya antes de las once de la noche Manuel Adorni estaba en el Senado junto a Karina Milei. Eufórico, desde su celular graficaba el ánimo libertario con un sticker de Javier Milei levantando las cejas: el ancho de espadas. La impronta reformista es más que un deseo presidencial. Materializa el truco con el que Milei proyecta una reelección sin balotaje, el verdadero “riesgo kuka” que buscará evitar para asegurarse la permanencia en la Casa Rosada. Pero, en la mamushka reformista hay una sorpresa agazapada en la provincia de Buenos Aires.

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Mundial y tercer año de gestión. Una gran ola, que, imagina, puede acercarlo a un segundo mandato. Como en el movimiento de brazos tribuneros de la Copa del Mundo, el Gobierno piensa en un Congreso de manos alzadas para aprobar la ola reformista y llegar al cuarto año con la esperanza renovada de que para ver (el cambio), hay que seguir un período más.

Al gobierno de Milei se le hace reforma la boca para los anuncios del 1 de marzo en la apertura de sesiones ordinarias. Después de la laboral, siguen la tributaria y la previsional. También la política. Quieren derogar las PASO.

“El Presidente más reformista de la historia” es la precuela de “la inflación domada”, el oxígeno de la gestión libertaria. La Libertad Avanza tiene maestría en construir “la marca sobre el objeto”.

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El filósofo Roberto Palacio observa en “La Era de la Ansiedad”: “Vivimos un mundo al revés: primero se crea significado de marca y el objeto producido es solo un token que legitima la marca. Lo real se ajusta a lo virtual y las cosas a las palabras. Consumimos emociones de forma bulímica y efímera”, dice. El token se lo apropió La Libertad Avanza y el PRO quedó en el aire, a favor de las billeteras virtuales, como una chicana, dijeron, “solo para correrlos por derecha”.

El ensayista colombiano analiza cómo la sociedad contemporánea vive inmersa en la incertidumbre y la falta de utopías y eso redefine nuestra emocionalidad y pensamiento. Con las formas de representación formal perimidas por hartazgo y rechazo, en las redes asomó un malestar con la motosierra sobre las licencias por enfermedad si es “culpa” del empleado. El que venía destruir el Estado y la casta sindical invirtió el cargo de la culpa. ¿Aparecerá un outsider embrión en las redes para superar a la invención mileísta? ¿El pastor Dante Guebel, impulsado por un sector del peronismo, aprovechará la herida asalariada de “por mi culpa, por mi gran culpa” para redimir a la clase media del sacrificio y la flagelación?

Milei reina en el cementerio político

La imagen de Milei no está en el mejor momento, pero es considerable porque reina en el cementerio político: 42% positiva, 7% regular y 47% negativa, según la última encuesta de Giacobbe, que también consigna que el 63,6% acuerda con la reforma de la ley penal juvenil, un 45,6% con la laboral; un 36,4% con la tributaria y un 32,1%, con la previsional. El fantasma es la suba de la edad jubilatoria.

La educación por competencias es otro rasgo de la época y Roberto Palacio señala: “Enseñar solo ‘lo que sirve’ para que el estudiante resuelva un problema específico es reducir educar a capacitar. En realidad, la competencia nos vuelve incompetentes para lo que nos puede deparar la vida. Enseñar implica transformar lo recibido en algo propio a través de la reflexión. Si este proceso no se da, no hay educación, solo dictado”.

La reforma educativa también está en la agenda libertaria, pero hoy la prioridad es una nueva ley de financiamiento universitario que el Gobierno quiere aprobar en sesiones extraordinarias, a las que extenderá hasta el 28 de febrero. “La idea es llegar a un acuerdo que sea cumplible, pagable y que el gobierno pueda cerrar el capítulo judicial”, dicen. La ley fue aprobada, vetada por Milei y ratificada por el Congreso y la justicia.

El equilibrio fiscal que obsesiona a Milei y Luis “Toto” Caputo es un ancla literal.

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La salida traumática de Marco Lavagna del Indec instaló a “la inflación” como el tercer tema más repetido en relación a Milei en la conversación digital de febrero. “Es la primera vez que este eje de gestión impacta con este volumen (más de 206 mil menciones) y esta negatividad al Presidente. Es un tema sensible que constituye su principal fortaleza electoral”, según consignó la consultora Ad Hoc.

¿Pasada? la arremetida del Gobierno contra Techint, la junta directiva de la UIA mantuvo la primera reunión del año y presentó los datos de diciembre: la producción registró una caída interanual del 3,9%; la industria cerró el año con un crecimiento del 1,6% i.a., un 9,6% por debajo de los niveles de 2022; en octubre hubo una pérdida de 6.718 empleos en relación a septiembre (-0,6%), 60.224 puestos de trabajo menos desde el último máximo alcanzado en agosto de 2023″.

Al día siguiente, los industriales fueron recibidos por “Toto” Caputo. “Reunión muy positiva”, dijeron. “Luego del apoyo del empresariado a la media sanción del proyecto de modernización laboral y en un contexto de caída del empleo y falta de recuperación de los niveles de actividad, la UIA acercó un conjunto de medidas para impulsar la recuperación de la industria», agregaron.

El Gobierno aprovecha la temporada alta de la reforma laboral no sólo por los gestos del empresariado, sobre todo, por los de la CGT. Apenas si aportó un dedo del pie en la marcha frente al Congreso. Cuando comenzaron los disturbios y las detenciones, solo silencio.

No fueron los únicos gestos. Heroica por la media sanción, Patricia Bullrich se mostró como una “chica material” y subió un video en modo Vogue de Madonna. La revancha de La Piba. Del otro lado, el viralizado fue el abanico Loco Mía que una asistente agitaba disimuladamente sobre la nuca de Juan Grabois. Noventosos.

Sí avanza el endeudamiento para llegar a fin de mes. Los salarios registrados terminaron 2025 por debajo de la inflación: 28,8% frente a 31,5%. Según el Banco Central, la morosidad llega casi al 8% de los créditos personales y las tarjetas de crédito. En el caso de fintechs, cooperativas y mutuales que otorgan créditos por fuera del sistema bancario tradicional, la mora supera el 18%.

Pasó desapercibido, pero el revival noventoso incluye una reforma constitucional. Sebastián Pareja, el armador de la Hermana de Hierro, en la provincia de Buenos Aires, la impulsó para convertir en una cámara a la Legislatura bonaerense. “No sólo hay que ser. También hay que parecer y tenemos que terminar con esa caja nefasta”, dicen en LLA.

Reforma constitucional y ¿pacto de Olivos bonaerense?

La reforma constitucional es la llave a una inimaginable oportunidad de negociaciones. Los libertarios quieren derogar las PASO, establecer la Boleta Única de Papel, nombrar a un juez en la Corte bonaerense y serían permeables a la reelección indefinida de los intendentes que busca Axel Kicillof y rechaza Sergio Massa.

La discusión por el PJ bonaerense terminó, pero la interna, no. Kicillof quedó al frente del partido, pero él quería a Verónica Magario. Tuvo que aceptar la contraoferta de Máximo Kirchner que cambió la silla por la conducción del Congreso partidario y el control de la Junta Electoral con Leonardo Nardini. Dos cargos clave para la autorización de las alianzas y la validación de los candidatos. Pero el mayor negocio de los Kirchner fue que la unidad significa la permanencia en medio gabinete bonaerense.

El martes hubo una reunión en el PJ de la calle Matheu para evitar que haya internas en los distritos donde no hubo lista de unidad. “Estamos tratando de cerrar. Sabemos que en algunos es imposible. En Tigre no hay manera que haya acuerdo entre (Julio) Zamora y Malena (Galmarini), dicen.

Kicillof asumirá la conducción del PJ bonaerense, pero la prioridad para pelear por la Casa Rosada en 2027 es el Movimiento Derecho al Futuro. “La presidencia del partido va a apuntar a la formación política y a la afiliación”, dicen porque saben que las fichas las tienen pisadas los de La Cámpora. Antes deberá enfrentar la amenaza del primer paro docente.

En La Libertad Avanza, la pelea por la Gobernación enfrenta a Pareja -el candidato de Karina Milei-, al ascendente Diego Santilli y a Diego Valenzuela, el candidato de Patricia Bullirch.

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El intendente de Tres de Febrero y senador provincial con licencia está en el banco. No solo está demorada la creación de la Agencia de Seguridad Migratoria prometida. La ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva lanzó un spot el miércoles para que no haya duda de quién manda. “En política migratoria la tenemos muy clara en el ministerio. No estamos de brazos cruzados esperando a nadie”, dicen.

En la semana de la foto viral, de baño de espuma y bikini, la concejal libertaria de La Matanza Leila Gianni pidió colaboración al Ministerio ante el miedo de los vecinos por la venta de droga en los monoblocks de La Tablada, donde vivían Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes asesinadas por una banda narco en Florencio Varela. “A los vecinos que se quejan, les toman las casas”, dicen cerca de la concejal.

La reforma constitucional que impulsa La Libertad Avanza buscará terminar con las policías locales. “Eso fue un invento para diluir la responsabilidad del Gobernador. Hay que sacarlas. Queremos revolucionar la Provincia”, advierten.

En la Gobernación los están esperando. Casualidad o no. En secreto, Kicillof también había mandado a estudiar en el inicio del segundo mandato una reforma para establecer la unicameralidad. El espíritu reformista es contagioso. Más cuando no logró que Magario presida el PJ y está inhabilitada para ir por la Gobernación. Hasta ahora. ¿Un pacto de Olivos a la bonaerense? Hay una mamushka agazapada en la provincia de Buenos Aires.

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Javier Milei bajó la orden de negociar con el sindicalismo y cerrar el mejor acuerdo posible en torno a la reforma laboral. El Presidente transmitió que su único objetivo era bajar los costos laborales, y que no hacía falta ir a la guerra contra los gremios. “Las discusiones gorilas me tienen sin cuidado”, fue el mensaje que transmitió el Presidente a los funcionarios y operadores que negociaron el proyecto antes y durante la sesión del miércoles en el Senado, previo a la madrugada en la que el Gobierno se adjudicó la primera victoria legislativa del año al que le siguieron, horas después, la media sanción del nuevo régimen penal juvenil y el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Un triunfo político clave en medio de luces de alerta en la economía, que sirvió además para maquillar la interna oficial y que exhibió, por primera vez de manera palpable, la ruptura dentro del peronismo.

Milei demostró otra vez que, por fuera del marketing público, está dispuesto a ser un político pragmático siempre y cuando su centralidad no se vea opacada, ayudado por una oposición sin brújula, carente de liderazgos, y un sindicalismo que, en pleno debate por la reforma laboral, a duras penas pudo movilizar a la plaza frente al Congreso. El interlocutor principal de los gremios fue Gerardo Martínez, en los hechos uno de los jefes de la CGT, que negoció a dos puntas con el sector de Santiago Caputo y con “los primos”, como llama a Eduardo y Martín Menem, cada vez más enfrentados a Las Fuerzas del Cielo. Es cierto que la llegada de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete y la instauración de la “mesa política” ordenó parcialmente la interna, pero no es menos cierto que la disputa entre los Menem y Caputo, es decir, entre el consultor y Karina Milei no cejó ni un milímetro. Más bien lo contrario: la hermana del Presidente y el asesor estrella no se hablan de manera franca hace meses, por fuera de los ámbitos institucionalizados como esa mesa en la que se define la estrategia oficial.

Milei pidió tener el proyecto de reforma laboral aprobado antes del domingo 1 de marzo, cuando inaugure por tercera vez las sesiones ordinarias del Congreso. La media sanción de la madrugada del jueves fue el primer paso. Festejó el Presidente en Olivos, el gabinete en pleno y Patricia Bullrich, que publicó un video en sus redes en el que se presenta como la figura excluyente del triunfo, un auténtico spot publicitario. “Esto es campaña permanente”, la justificó un dirigente de su riñón.

En la CGT no hubo festejos airados, pero sobrevoló en la sede de Azopardo una sensación ambivalente frente a la redacción original. Se cocina, de todos modos, un paro general frente al debate en diputados, para mostrar públicamente los dientes. La central obrera elevó a los interlocutores del Ejecutivo un pliego de condiciones a negociar. Se les concedió cerca de la mitad, en particular aquellos ítems vinculados con las cuotas sindicales. El sindicalismo había peticionado elevar el monto que los monotributistas de las escalas más bajas, en torno a los $20.000, aportan para la cobertura del Programa Médico Obligatorio (PMO) que las obras sociales deben cubrir de manera obligada. En la CGT existe una creciente preocupación por el desfinanciamiento de las obras sociales. Ese reclamo no fue concedido, tampoco la derogación de la ultraactividad, uno de los principales pedidos. “Eso se va a judicializar”, aventuran desde la central obrera. Es una posibilidad.

Los gobernadores también recibieron pulgar hacia arriba al reclamo colectivo para quitar del proyecto el capítulo fiscal que reducía aún más la coparticipación por la rebaja en Ganancias para aquellas empresas que contrataran nuevo personal. A Luis Caputo, “Toto”, no le dio para festejarlo públicamente, pero aceptó enseguida retirar ese capítulo por la caída sostenida en la recaudación que elevó los niveles de zozobra en gobernadores e intendentes, a los que les llega cada vez menos coparticipación. Con un agravante: la motosierra permanente.

Un intendente del interior que estuvo en estos días en Buenos Aires, y fatigó despachos oficiales, se volvió a su municipio alarmado por la falta de respuestas. Para colmo, la rebelión policial de Santa Fe, que Maximiliano Pullaro buscó dar por cerrada a fines de esta semana con los últimos aumentos salariales, puso en alerta al resto de los gobernadores. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se monitorea de manera permanente si las consignas que se desparraman en redes sociales no surgen desde adentro de la fuerza, lo cual está prohibido. El recuerdo de la rebelión del 2020, que terminó con la quita de un porcentaje de la coparticipación a la capital, sigue latente. En un tema tan sensible como la seguridad y el monopolio del orden, una demanda que el Gobierno quiere capitalizar con el nuevo régimen penal juvenil que obtuvo media sanción este jueves en la Cámara baja. Lo conoce de cerca la ministra Alejandra Monteoliva, que tuvo que dejar su cargo provincial en el 2013 tras el acuartelamiento policial en Córdoba, que terminó en saqueos. Un dato: los salarios de los policías federales empezaron a quedar rezagados en comparación a las provincias, al revés de la serie histórica.

Caputo cerró la semana con una noticia agria: tres diputados del peronismo presentaron una denuncia penal en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi para que investigue si se manipularon datos del INDEC y se violó el secreto estadístico tras la salida sorpresiva de Marco Lavagna del organismo después de que Milei se opusiera a convalidar el cambio en la metodología que mide el IPC, un traspié innecesario. En Economía recibieron con satisfacción la baja del riesgo país y un retroceso del dólar, y empezó a acelerarse la compra de reservas, pero persisten luces rojas en el tablero que preocupan a los funcionarios más racionales, en particular por la caída del consumo y la actividad que no repunta. Algo de eso se habló en la reunión de estas horas con la Unión Industrial Argentina (UIA): la capacidad instalada de la industria está apenas por encima del 50%, a niveles de la pandemia de COVID-19. Para colmo, la inflación, que arrojó 2,9% en enero, se incrementó por quinto mes consecutivo. El fantasma de una posible estanflación desvela al Ejecutivo. Fue uno de los puntos destacados de un informe económico muy leído que se distribuyó esta semana en la city.

Interna y PJ resquebrajado. No se sabe quién introdujo la modificación, o al menos hasta ayer nadie se la había atribuido, pero la redacción final de la media sanción del artículo 44 de la sección sobre “accidentes y enfermedades inculpables”, que Federico Sturzenegger ejemplificó desacertadamente con algo tan popular, y tan poco colosal, como jugar a la pelota -“Si te lastimaste jugando al fútbol y el empleador no tuvo nada que ver, y quedaste temporalmente incapacitado para trabajar, en ese caso la cobertura es del 50%”, indicó el ministro-, dejó un signo de interrogación en la previa de la discusión de la semana entrante en Diputados para una ley que se encaminaba a aprobarse sin mayores sobresaltos. “Este es un caso similar al del capítulo 11 del Presupuesto. ¿Para qué meten ruido innecesario y nos complican las cosas a los que estamos a favor de la modernización laboral?“, se preguntó en las redes el diputado Eduardo Falcone frente a un posteo de Julián Alvez, que recogió la inquietud oficial por los cambios en las licencias por enfermedad que podrían complicar las negociaciones. Falcone integra el MID, un bloque de dos, pero la misma pregunta sobrevuela al resto de los aliados que deberían acompañar al Gobierno para la sanción definitiva de la reforma.

Ese interrogante, que será develado esta semana, es de todos modos incipiente en comparación al nivel de disputa interna que mantiene a La Libertad Avanza en estado de asamblea permanente. Después del momento de mayor ebullición, hacia fines del año pasado, se consignó una tregua. Se especuló entonces con la posibilidad de que Santiago Caputo pasara a integrar formalmente el gabinete, y que dejara su condición de monotributista, pero ese plan naufragó. Tras ese naufragio, las teorías giraron en torno a la opción de que el consultor se desprendiera de algunas posesiones y que, en paralelo, los Menem expandieran su influencia sobre otros casilleros del gabinete. Por ejemplo, en la Jefatura de Gabinete. No pasó. Caputo, en simultáneo, no solo mantuvo la SIDE y la UIF tras el recambio en la cúpula de ambas oficinas, sino que agrandó su influencia en ARCA con el ascenso de Andrés Vázquez y avanzó en los últimos tiempos sobre el rubro nuclear con la incorporación de Federico Ramos Napoli, que le responde, en la Secretaría de Asuntos Nucleares. La entrada de este abogado decretó el principio del fin de Demian Reidel al frente del plan nuclear y de Nucleoeléctrica Argentina, una empresa que el gobierno quiere privatizar.

Reidel fue desvinculado formalmente esta semana, y su salida no fue más escandalosa porque el propio Milei y su hermana Karina se encargaron de que corriera lo más bajo del radar posible. El ex funcionario fue el último en darse cuenta de que tenía los días contados. Las supuestas irregularidades publicadas en la prensa -fuentes dentro de la empresa aseguran que existen antecedentes que contrastan los trascendidos y que hay otros procesos del personal histórico de planta que habría que seguir con atención- fueron solo la excusa para correrlo, una movida que Santiago Caputo promovió incesantemente y que se la explicó al propio presidente. La hermanísima, sin embargo, no hizo nada para que que Reidel siguiera en su puesto. Solo Milei sostenía a su consejero nuclear y amigo, por esa amistad de estos años. En estos meses hubo escenas desopilantes del ex funcionario en Casa Rosada.

Karina Milei y Caputo suelen tener algunas miradas similares sobre diversos temas, pero existe entre ellos, y en especial entre allegados de ambos, una persistente desconfianza que se buscó maquillar en estos últimos tiempos con el ordenamiento de las negociaciones parlamentarias y la jerarquización de los interlocutores con los aliados y el círculo rojo: Diego Santilli, Adorni y “Lule” Menem con los gobernadores, Bullrich en el Senado -a propósito, el mes pasado hubo ruidos entre la Casa Rosada y la Cámara alta por el senador Enzo Fullone, que reemplazó a Lorena Villaverde, al que le endilgan algunos deslices por su obsesión por posicionarse y tener visibilidad de cara al año próximo en la provincia-, Martín Menem con los diputados, y Karina Milei por encima de todos, con la supervisión final y definitiva junto a su hermano. Ese nuevo esquema, sin embargo, no corrió, en los hechos, a Caputo de las negociaciones, al menos tras bambalinas.

Puertas adentro aseguran que la interna puede tener un nuevo capítulo próximamente, en un área sensible: la Justicia. La hermanísima ya exhibió su decisión de avanzar en ese rubro, aconsejada especialmente por “Lule”, cuando avaló que el diputado Gonzalo Roca, un abogado con nula experiencia en la rosca judicial, se incorporara por Diputados al Consejo de la Magistratura. Adorni, del riñón de Karina Milei, tuvo además un gesto con la Corte Suprema cuando aumentó en un 280% el presupuesto del Poder Judicial para este año. La próxima puja, en ese sentido, será alrededor del ministerio que lidera Mariano Cúneo Libarona.

El ministro le avisó al presidente y a su hermana que daría un paso al costado para dedicarse a asuntos personales. El mes pasado, por caso, estuvo de licencia, de viaje por Alemania. Por pedido de la hermana presidencial, que vio la posibilidad de planear un desembarco para su sector en esa área, el ministro siguió en el cargo. El mes próximo podría tal vez ser definitivo. Es una de las hipótesis que se maneja puertas adentro.

En ese contexto, circuló en la semana otra vez el nombre de Guillermo Montenegro, un dirigente con experiencia en el rubro, con buena relación con Caputo pero con entidad propia, del sistema, con múltiples relaciones y llegada directa, sin intermediarios, a los tribunales. Cerca del senador bonaerense dicen que no recibió ninguna oferta ni nada parecido, y que volvieron a mencionarlo con el único objetivo de erosionarlo. El ex intendente busca hacer equilibrio, si es que es posible: días atrás se reunió con el presidente de la Cámara baja.

La Justicia es un tema medular, susceptible a sensibilidades, en el que el Presidente nunca se interesó y que puede tener un rol central en este 2026 por la posibilidad, todavía verde, de completar la integración de la Corte y hasta designar a un nuevo Procurador. El resultado de la media sanción de la reforma laboral, con 42 votos positivos, dejó al Gobierno a seis adhesiones de los dos tercios.

Es un antecedente amargo para el peronismo, que atraviesa horas de penurias. El jueves, en Diputados, el bloque de Unión por la Patria exhibió por primera vez un quiebre ostensible en la votación del acuerdo del Mercosur y la Unión Europea: 47 legisladores colaboraron con la media sanción -solo 38 en contra-, en línea con el Gobierno y contrario a la decisión de Cristina Kirchner, que bajó la orden de votar en contra al igual que en la discusión del nuevo régimen penal juvenil. La ex presidenta llamó en persona a algunos diputados. Entre esos 47 estuvieron Germán Martínez -jefe de bloque-, Agustín Rossi, Luis Basterra -ex ministro K-, Kelly Olmos, Guillermo Michel y Victoria Tolosa Paz, y legisladores identificados con Sergio Massa como Cecilia Moureau o Sebastián Galmarini. La ex presidenta se comunicó con algunos gobernadores, pero no tuvo respuestas positivas.

Cristina Kirchner cerró la semana con novedades poco auspiciosas. En el plano judicial, la sala IV de la cámara de Casación rechazó sus planteos para prescindir de la tobillera electrónica, suavizar el régimen de visitas a San José 1111 y ampliar el horario para utilizar la terraza. En lo político, La Cámpora y el kirchnerismo duro quedaron en minoría dentro del bloque en la Cámara baja, y esta semana podría haber noticias desalentadoras en el Senado.

Dentro del bloque en diputados hay un gran debate sobre cómo seguir hacia adelante. “El peronismo del interior rompió el dique del kirchnerismo y La Cámpora”, explicó un legislador del interior. El jueves existió, en tanto, una particularidad: la ex presidenta y el gobernador Axel Kicillof, enfrentados en duros términos, quedaron en la misma vereda cuando ordenaron votar en contra del acuerdo con la Unión Europea. “¿Cómo pretende Axel conducir al peronismo con una visión del mundo que atrasa 20 años?“, se preguntó otro diputado.

En la Cámara alta, la conformación reciente de comisiones puede allanarle el camino al Gobierno. Más aún con la casi segura segregación de los bloques peronistas: hubo en los últimos días contactos exitosos con gobernadores como Raúl Jalil u Osvaldo Jaldo, y con legisladores como María Carolina Moises que podrían empezar a colaborar con el Gobierno casi como si estuvieran dentro del bloque de LLA.

Si esos movimientos resultan satisfactorios para el Ejecutivo, la hipótesis de completar la integración de la Corte Suprema con los aliados estaría algo más cerca. El karinismo se aseguró en ese sentido a Juan Carlos Pagotto, cercano a Martín Menem, al frente de la estratégica comisión de Justicia y Asuntos Penales.

Es un proceso tortuoso, en términos políticos y judiciales, para Cristina Kirchner, que, de todos modos, sigue firme en su tesis en torno a las consecuencias negativas del actual programa económico. “Hubiera apoyado a Ariel y no tendría este problema”, dijo en estas horas un dirigente del peronismo con terminales en la Justicia. Ariel es Lijo.

Gerardo Martínez,Infobae en Vivo

La ley que limita las reelecciones indefinidas volvió a convertirse en una pieza central del tablero político bonaerense. Si la normativa vigente no se modifica antes de 2027, 82 de los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires estarán impedidos de competir por un nuevo mandato. El impacto es transversal, pero no simétrico: 53 son peronistas, 17 radicales, siete del PRO, cuatro vecinalistas y uno de La Libertad Avanza.

El primer dato que explica la tensión es político y territorial. De los 84 municipios gobernados por el peronismo, 53 quedarían sin la posibilidad de retener el poder en manos del intendente actual, lo que representa el 63%. Dentro de ese universo, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que impulsa Axel Kicillof reúne 44 jefes comunales, de los cuales 28 están alcanzados por la prohibición, esto es, más de la mitad. En el conurbano, la relación es todavía más delicada: 13 de los 20 del PJ no podrían presentarse otra vez, es decir, el 65%.

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El alcance del problema explica por qué la discusión se volvió estratégica. Para el gobernador, la continuidad territorial es una condición clave para sostener poder político en la provincia y proyectar un armado nacional. Para otros actores del propio oficialismo, en cambio, la limitación abre una oportunidad de recambio. La oposición, con menos nombres afectados, mira el debate con distancia y reparos.

La ley 14.836, sancionada en 2016, fijó el tope de dos mandatos consecutivos y la modificación de 2021 habilitó atajos para esquivar la restricción. Desde entonces, cada ciclo electoral vuelve a poner el tema en agenda. Esta vez, con números que convierten la discusión en una pulseada decisiva para 2027.

El peronismo, el espacio que más arriesga

El peronismo es el bloque más comprometido. 53 de sus intendentes no pueden reelegir si la ley no se modifica. La mayoría gobierna distritos de peso electoral y muchos integran el MDF que responde a Kicillof.

En la Primera Sección, entre los 15 que no pueden reelegir se encuentran nombres de peso como Ariel Sujarchuk (Escobar), Mario Ishii (José C. Paz), Mariel Fernández (Moreno), Lucas Ghi (Morón), Julio Zamora (Tigre), entre otros; los camporistas Mauro García (General Rodríguez), Leonardo Boto (Luján) y Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes), y los massistas Javier Osuna (General Las Heras) y Juan Andreotti (San Fernando).

La Tercera Sección -corazón electoral del conurbano y del peronismo y la segunda en cantidad de electores- la lista de 12 concentra nombres centrales: Mariano Cascallares (Almirante Brown), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Fernando Espinoza (La Matanza), entre otrros; los camporistas Mayra Mendoza (Quilmes) y Nicolás Mantegazza (San Vicente), y la massista Blanca Cantero (Presidente Perón). Al igual que en el resto de las secciones, allí se superponen intendentes con posiciones enfrentadas sobre la reforma.

En el interior también hay históricos: Pablo Zurro (Pehuajó), Gustavo Barrera (Villa Gesell) y Marcos Pisano (Bolívar), entre otros; los camporistas Iván Villagrán (Carmen de Areco) y Esteban “Tito” Sanzio (Baradero), y los massistas Marcos Pisano (Bolívar), Javier Gastón (Chascomús), Sebastián Ianantuony (General Alvarado), Alfredo Zavatarelli (General Pinto), Alberto Gelené (Las Flores) y Sergio Bordoni (Tornquist).

El reparto interno explica parte del conflicto. La Cámpora tiene siete intendentes alcanzados por la restricción y cree que el recambio puede favorecer su estrategia territorial. Cerca de Máximo Kirchner hay quienes sostienen que tienen más para ganar si no se modifica la ley porque les daría la oportunidad de desplazar a dirigentes históricos del peronismo. El Frente Renovador, con nueve jefes comunales sin reelección posible, mantiene su rechazo a cambiar la iniciativa que impulsó en 2016. El MDF, en cambio, concentra la mayor presión para habilitar las reelecciones indefinidas.

Radicales y PRO con menor impacto

La UCR gobierna 27 municipios y 17 de sus intendentes no podrían volver a competir. El dato es sensible para un partido que sostiene su poder desde el interior.

En la lista aparecen Miguel Lunghi (Tandil) -que acumula más de dos décadas al frente del municipio tandilense-, Maximiliano Suescún (Rauch), Esteban Reino (Balcarce), Osvaldo Dinápoli (General Belgrano), Matías Rappallini (Maipú), Arnaldo Harispe (Lezama),Érica Revilla (General Arenales), Martín Randazzo (General La Madrid), y José Luis Salomón (Saladillo), entre otros.

En el PRO, los alcanzados son siete: Sebastián Abella (Campana), Javier Martínez (Pergamino), Francisco Ratto (San Antonio de Areco), Jorge Etcheverry (Lobos), Pablo Petrecca (Junín), Guillermo Montenegro (General Pueyrredón) y Lisandro Matzkin (Coronel Pringles). Algunos ya activaron planes de transición o saltos a cargos legislativos.

Para el PRO, el costo político existe, pero es menor en términos porcentuales. Esa diferencia explica la mayor predisposición a rechazar un cambio de reglas que hoy beneficia fundamentalmente al peronismo, además de haber sido durante el gobierno de la macrista María Eugenia Vidal que se sancionó la ley.

Libertarios y vecinalistas, con impacto puntual

La Libertad Avanza tiene un solo nombre afectado: Diego Valenzuela (Tres de Febrero), electo en 2015, reelecto en 2019 y 2023 en de Juntos por el Cambio, hoy con destino a encabezar la Agencia de Seguridad Migratoria. El caso tiene peso simbólico, pero no altera el mapa libertario.

Entre los vecinalistas, cuatro intendentes quedarían fuera de carrera: Jaime Méndez (San Miguel), Guillermo Britos (Chivilcoy), Arturo Rojas (Necochea) y Carlos Bevilacqua (Villarino). Son distritos con dinámicas locales fuertes, pero con menor incidencia en la discusión provincial.

Estrategias, negociación y un debate amplio

La modificación de la ley requiere acuerdos legislativos complejos. Sin los votos del Frente Renovador, el oficialismo necesita sumar voluntades externas que hoy aparecen difíciles de garantizar. La izquierda y otros bloques minoritarios ya expresaron reparos, mientras la oposición plantea que cualquier reforma debería discutirse dentro de un paquete político más amplio, que incluya el fin de las PASO y la Boleta Única de Papel.

Algunos intendentes apelaron a licencias o cargos ejecutivos o legislativos provinciales o nacionales para eludir la restricción. La reforma que se sancionó en 2021 dejó abierta la posibilidad de ir por un tercer mandato consecutivo a los que no ejercieron durante más de dos años (continuos o alternados) en su segundo mandato. Hoy, una decena de jefes comunales está de licencia.

Más allá de esos atajos, hay una salida y es política: cambiar la ley. Para Kicillof, el tema es central. El MDF nuclea a 44 intendentes, muchos de ellos sin posibilidad de reelección. Sin esa red territorial, el peronismo bonaerense podría enfrentar un escenario de alta fragmentación en 2027. Por eso, la discusión se concentra en el equilibrio de poder dentro del oficialismo y el futuro del armado provincial.

A pesar de ese diagnóstico, el Frente Renovador mantiene distancia de cualquier intento de cambiar la normativa. “No estamos de acuerdo con modificar la ley que pone límite a las reelecciones indefinidas. Fuimos los autores, y lo seguimos sosteniendo: la alternancia en los cargos es constitutiva de la democracia”, ratificó en X Sebastián Galmarini, dirigente del espacio que lidera Sergio Massa.

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En ese sentido, recordó que “ya se cumplió el límite para muchos intendentes, legisladores y concejales y consejeros escolares que no pudieron continuar en sus cargos y debieron continuar militando en otros espacios”, y planteó que “es momento de discutir y resolver otros aspectos del sistema político y electoral, que afectan la representación y el funcionamiento” de los gobiernos.

Con estos números sobre la mesa, la discusión por las reelecciones pasó a ser una ecuación de poder. Lo que defina la Legislatura no solo ordenará candidaturas locales, sino que también delineará el mapa político bonaerense, y fundamentalmente del peronismo, rumbo a 2027.

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