Los sindicatos presionan a la Confederación General del Trabajo (CGT) para que convoque a un paro general en rechazo a la reforma laboral que será tratada en Diputados. Aseguran que “sobran motivos para llamar a una huelga” y que no hay posibilidades de “frenar” el proyecto de ley sin un plan de lucha.

La iniciativa recibió media sanción el miércoles pasado en el Senado con 42 votos a favor y 30 en contra en el tratamiento en general. El objetivo del Gobierno es sostener el proyecto en Diputados tal como fue aprobado en la Cámara Alta.

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El día previo a que el Senado tratara la reforma laboral, la CGT logró cambios clave en el proyecto. El texto oficial tuvo 28 modificaciones y dos de ellas eran exigidas por la central obrera: se mantienen las cuotas solidarias y se eliminó el artículo que bajaba las contribuciones patronales para las obras sociales.

Frente a ello, este sábado, el titular de la UOM, Abel Furlán, apuntó contra la CGT y adelantó que le pedirán al triunvirato que convoque a una huelga general durante el tratamiento del proyecto en Diputados.

“La CGT estuvo negociando con el Gobierno. Nosotros tenemos una opinión muy personal: no había nada para negociar en esos 213 artículos, porque presentan una pérdida de dignidad para los trabajadores. Había que rechazarlo de manera absoluta”, deslizó Furlán a Futurock.

Ahora, el oficialismo busca obtener dictamen de mayoría para tratar la reforma laboral el miércoles 18 de febrero y llevarla el jueves 19 al recinto de la Cámara de Diputados. En ese sentido, Furlán adelantó: “Hemos decidido llevar un pedido a la CGT para pedir un paro general con movilización”.

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Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) le hicieron el mismo reclamo a la central obrera. “Estamos pidiendo que la CGT convoque a un paro. Están dadas todas las condiciones y sobran motivos para llamar a una huelga general”, afirmó a TN, el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar.

Otro de los sindicatos combativos es la Federación de Aceiteros y su titular, Daniel Yofra, se sumó al reclamo de la UOM y ATE.

Ante la consulta de si la CGT debe convocar a una huelga, Yofra respondió: “Ojalá que despierten antes del tratamiento de la ley en Diputados y larguen un paro. No hay posibilidades de frenar una ley como esta, si no hay un plan de lucha».

Reforma laboral: el sindicalismo volverá a las calles y realizará una medida de fuerza

Este viernes, el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) que integra la UOM, Aceiteros, las dos CTA y ATE, entre otros, anunció un nuevo plan de lucha.

La decisión incluye la convocatoria a movilizaciones en distintas provincias y la realización de paros y protestas cuando la iniciativa se trate en la Cámara Baja.

“El Frente de Sindicatos Unidos definió un nuevo paro general con movilización al Congreso el día que se trate la reforma laboral en la Cámara de Diputados”, señala el comunicado.

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Por su parte, el titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró: “Tenemos que construir un clima de mayor hostilidad para los diputados que aquel que enfrentaron los senadores. No es una utopía voltear la ley o al menos que se empantane su tratamiento”.

De este modo, además de la UOM, Aceiteros, ATE y las dos CTA, irán a un paro la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Federación Gráfica Bonaerense, la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Molineros, CONADU y Viales.

CGT, Paro, reforma laboral, Diputados, Gremios

El peronismo afrontó su peor semana política desde que comenzó el año. Perdió dos votaciones clave en el Congreso -la reforma laboral en el Senado y el Régimen Penal Juvenil en Diputados-; y votó dividido en la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europa.

Las malas noticias continuaron ayer, cuando la Cámara de Casación Penal rechazó los pedidos de Cristina Kirchner para poder recibir visitas sin horarios y cantidades pautadas, además de poder utilizar la terraza y que se le saque la tobillera electrónica que lleva puesta desde el momento en que quedó detenida.

La única novedad positiva fue que en el Senado el interbloque con diferentes sectores del peronismo votó en unidad. Una rareza en estos tiempos de múltiples fragmentaciones que afectan al peronismo. Fue un hecho circunstancial. La unidad política se quebró hace tiempo. El peronismo del interior tiene cada vez más diferencias con el kirchnerismo. El entrelazado dirigencial en el Senado subsiste porque peor es estar fragmentados.

De todas formas, durante la votación uniforme contra la reforma laboral pudieron achicarse algunas diferencias internas que, en muchos casos, tienen más que ver con posicionamientos ideológicos y formas de construir poder, que con la postura en temas esenciales de la discusión de fondo que ha propuesto dar Javier Milei.

La semana que viene puede haber novedades en el Senado. Existe la posibilidad de que, finalmente y después de varios cortocircuitos, el interbloque del peronismo se rompa definitivamente. Miércoles y jueves serán días importantes para el futuro del armado que aglutina a las diferentes ramas del Justicialismo. Los legisladores Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy), Sandra Mendoza (Tucumán), Fernando Rejal (La Rioja) y Fernando Salino (San Luis) están analizando cuál es el momento para quebrar un lazo que ya no tiene sustento.

Aún no hay acuerdo uniforme entre ellos. La idea principal que tienen es seguir unidos como bloque, pero hay diferencias en la cúpula que tensionan todas las negociaciones. La principal es que existe un fuerte enojo de Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz con el riojano Ricardo Quintela. ¿El motivo? En los días previos a la votación de la reforma laboral, según aseguran fuentes parlamentarias al tanto de las negociaciones, el “Gitano” llamó a Jalil para decirle que si no votaban en contra, iban a intervenir los PJ de sus provincias.

“El Gitano pasó de enfrentar a CFK, a ser su vocero. Justo con Jaldo y Sáenz que fueron quienes les prestaron avales cuando intentó competir con ella por la presidencia del PJ Nacional”, advirtió a Infobae un dirigente muy cercano a los gobernadores. La referencia es la feroz pelea que Quintela y CFK tuvieron por la renovación de autoridades del partido y que terminó con la imposibilidad del riojano de poder competir.

De la situación conflictiva entre los gobernadores del norte provino la denuncia pública del mandatario salteño, cuando aseguró que el kirchnerismo estaba amenazando gobernadores y legisladores. El futuro de Rejal, que responde a Quintela, es incierto. Como también es la posibilidad de sumar a un nuevo bloque a la salteña Flavia Royón.

Por el momento, no hay gestiones del sector kirchnerista para evitar la ruptura que, de concretarse, puede abrir la puerta a un proceso de desbande que está latente desde hace más de un año. Y la posibilidad de que eso suceda, en un 2026 clave para la construcción de un nuevo proyecto, es alta.

El quiebre simbólico más importante de las semana que pasó tal vez haya sido el que tuvo lugar cuando se debatió el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Porque allí quedaron bien expuestos los perfiles ideológicos de cada tribu. El sector más de izquierda, como La Cámpora o Patria Grande, de Juan Grabois, votó en contra, mientras que la mayoría de los diputados del peronismo del interior y el massismo votaron a favor.

La iniciativa para que un sector del bloque votara a favor del acuerdo la tomó el ex jefe de Gabinete Agustín Rossi. El santafesino planteó su apoyo a la iniciativa durante la primera reunión de bloque que hubo en la previa de la votación. En un primer momento tuvo pocas adhesiones, pero para el segundo encuentro ya había ganado el respaldo de varios diputados del interior.

La postura inicial de Rossi la terminó complementando Germán Martínez, presidente del bloque justicialista, quien buscó un acuerdo integral pero, al tercer encuentro previo de todo el bloque, advirtió que la división estaba marcada y había que votar por separado como espacio. Finalmente, se sumaron distintos legisladores, de diferentes campamentos, que aportaron un número importante para que el acuerdo se retifique,

Entre algunos dirigentes del PJ federal hay cada vez más contactos cruzados, buscando acercar posiciones con dirigentes que están fuera de los límites de Unión por la Patria (UP), pero que, según muchos piensan en ese universo, serán necesarios para sumar fuerzas contra Milei en el 2027. La dinámica parlamentaria será importante este año para descubrir por donde van a contribuir al armado político c

En el peronismo hay muchos caminos paralelos que se recorren al mismo tiempo. Cristina Kirchner está dando una batalla milimétrica contra la Justicia Federal para que le den mayores libertades dentro de su prisión en San José 1111. Hasta ahora, no lo ha logrado. Sus limitaciones se van acrecentando al mismo ritmo que baja su nivel de influencia dentro del esquema justicialista.

La campaña “Cristina libre” es, mayoritareamente, un ejercicio semanal del kirchnerismo duro. Un sector que se ve obligado a encontrar un nuevo lugar en el mapa de poder, aunque para todas las tribus resulte difícil, a esta altura del calendario, posicionarse con exactitud debido a la horizontalidad del debate. Hay un puñado de nombres que han dado señales claras de su intención electoral y un bloque enorme de dirigentes que quieren empujar un cambio de ciclo. Hay ruido y hay movimientos.

Por otro camino transita Axel Kicillof, que cada vez juega más con su potencial candidatura presidencial y que está haciendo un nuevo esfuerzo por posicionarse tras el sube y baja de poder que implicaron el triunfo de septiembre y la derrota de octubre del año pasado. En el mientras tanto, dio un paso adelante al consensuar con el cristinismo su desembarco al frente del PJ Bonaerense. Camina hacia adelante. A su tiempo y a su modo, pero con una única dirección.

Detrás del acuerdo de cúpula por la conducción partidaria quedaron cerca de treinta distritos donde el PJ no se pudo ordenar e irá a elecciones internas. Un mano a mano que en el peronismo esquivan con frecuencia por temor a que se desbarranquen las dañadas estructuras que se edificaron durante las tres gestiones kirchneristas. Si no hay síntesis, entonces que se resuelva por los votos. Eso sucederá en varios municipios bonaerenses donde las expresiones territoriales de CFK y Kicillof no pudieron darse la mano.

En otro camino, van los gobernadores, que tantean la posibilidad de empujar un armado federal, que reestructure lo que supo ser el Frente de Todos en el 2019, y que sea la columna vertebral de una nueva propuesta electoral. Es muy reciente, pero el momento de que la rosca de construcción política tome más velocidad está cada vez cerca. Porque los acuerdos transversales, como los que se analizan negociar en el corazón del peronismo, necesitan tiempo.

En el PJ hacen lo posible para resistir la embestida libertaria tras el recambio de las dos Cámaras y la sensación triunfalista que le dejó al oficialismo la victoria electoral que pintó gran parte del país de violeta. Hacen lo que pueden, en esta instancia donde son minoría y el Gobierno mantiene fuerte sus alianzas provinciales.

Esta semana los legisladores que responden a los dos gobernadores peronistas aliados a Milei se pusieron en la vereda de enfrente al Gobierno. Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo jugaron en contra de la reforma laboral. Algunos justicialistas que conviven con la desconfianza impregnada en la piel creen que lo hicieron solo porque el número para la aprobación estaba asegurado con las manos del PRO, la UCR y los aliados provinciales. Todo es posible.

El peronismo de UxP tiene el deber de mirar hacia Tucumán y Catamarca para ver cómo hacen convivir esas lógicas provinciales cercanas a la Casa Rosada con una construcción opositora para el año que viene. Es uno de los desafíos que tienen por delante los articuladores que flotan por las distintas terminales del armado político. Ganarle a Milei será una tarea extremadamente complicada, aunque varios pastores de las catástrofes anuncien la caída en desgracia del modelo libertario.

La semana de sinsabores que tuvo el PJ puede repertirse en el corto plazo si el Gobierno logra sancionar los dos proyectos que trató en estos últimos días. La capacidad de buscar acuerdos amplios con las fuerzas del centro será más importante que la búsqueda de sumar gente a la calle. Un recurso que ha pasado de moda. El peronismo necesita abrirse, flexibilizarse y acomodarse al nuevo tiempo. Es una realidad que algunos ya digirieron y otros aceptan a regañadientes.

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El Gobierno asegura que tiene los votos para lograr la aprobación de una nueva Ley de Financiamiento Universitario, pero no prevé que se trate en las sesiones extraordinarias. El Ejecutivo activó gestiones para llevar el proyecto a la Cámara de Diputados esta semana, pero la iniciativa se postergó y planean retomar la discusión en marzo.

La intención de la Casa Rosada era dictaminar el proyecto en comisión el miércoles y tratarlo en el recinto al día siguiente. El envío de la iniciativa se incluyó en el decreto que extiende las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero, que se publicará este miércoles en el Boletín Oficial.

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“No dan los tiempos para votarla. Vamos a conformar la comisión”, agregan. En Balcarce 50 sostienen que el número está garantizado con aliados y bloques dialoguistas -como los legisladores de Provincias Unidas- y argumentan que tienen un piso de 131 votos. El oficialismo apunta a darle media sanción a partir de marzo.

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvieron reuniones con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para acercar posiciones. Participaron representantes del comité ejecutivo del organismo, que agrupa a las 56 universidades nacionales, y se avanzó en una agenda técnica sobre salarios, gastos operativos y previsibilidad presupuestaria.

La nueva ley que impulsa el Gobierno no deroga formalmente la vigente -sancionada en 2024, vetada por Javier Milei y luego ratificada por el Congreso-, sino que busca modificar su esquema de actualización y financiamiento. El texto propone reemplazar el mecanismo de indexación automática por aumentos escalonados y cláusulas de revisión.

El Ejecutivo está dispuesto a conceder una actualización del 20% en los créditos destinados a gastos de funcionamiento universitario respecto de los montos asignados en 2025. Lo mismo aplica para una instancia de evaluación en junio para analizar eventuales diferencias entre los aumentos otorgados y la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

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La negociación se produce en paralelo a la apelación presentada por la Casa Rosada contra la medida cautelar que lo obliga a implementar la ley actual. El recurso fue interpuesto ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal con pedido de efecto suspensivo, luego de que un fallo de primera instancia ordenara actualizar salarios docentes y partidas presupuestarias.

La mesa chica de Balcarce 50 busca evitar una nueva escalada política y judicial en el inicio del ciclo lectivo y quiere cerrar el debate en el Congreso con una norma que reemplace a la actual. Nación ya reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad luego de tensiones judiciales e insiste con que intentará modificarla este año.

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