En la democracia de streaming es esperable que un reforma de fondo, como Ficha Limpia, se resuelva por la diferencia de apenas un voto del cual nadie puede dar razón. El primer mandatario se ampara en el pedido de una rinoscopia de celulares para decir que no tuvo nada que ver con el rovirazo. Lo arrincona el lema “Con Lospennato, no”, que lastima a su candidato Adorni. Todo muy poco serio, pero es lo que hay.

El Gobierno camina por el ring golpeado por el affaire de la Ficha Sucia. Se adapta a la necesidad de elegir siempre el mal menor. Es la condena de los gobiernos débiles, una disfunción institucional que lleva a la dictadura de las minoría. Un gobierno tiene la obligación de ser fuerte, pero que nazca ya débil es algo injustificable en una república. En la Argentina ese lujo se explica por la solidez del sistema, que pone presidentes por imperio del balotaje, la fortaleza de la sociedad civil y la riqueza que tiene.

El Gobierno se sentó en el timbre de hacerle un favor a Cristina de Kirchner. Cree que le rinde más que desairar al electorado de centroderecha que comparte con el PRO de los primos Milei. Valora más el botín provisorio del poder que el programa. Para los débiles la gobernabilidad es más importante que los mandatos.

Esta semana prefiere pagar el costo de que Luis Caputo y otros funcionarios se ausenten a la interpelación por el CriptoGate para el martes 14 que votó Diputados, antes de que abran la boca sobre ese tema ante las cámaras. Ese compromiso lo tomó Martín Menem en la última sesión para pacificar los ánimos.

El jefe de los diputados demora la convocatoria a la sesión y orejea el mazo a la espera de que los legisladores insistan en el pedido y que junten ellos el quórum. Le deben estar reprochando desde el Ejecutivo que se haya comprometido a lo que no puede cumplir. El viernes los jefes de los bloques de la oposición amigable y la otra le reclamaron que cumpla con la cita.

Será el último retablo de la campaña para las elecciones del domingo 18 en CABA en donde el PRO se juega la vida para retener el distrito que ha gobernado en gloria y majestad durante 16 años. Sólo la ambición de poder de sus caciques ha podido fragmentar su representación en seis listas que se devoran unas a otras.

Hay vida después de Ficha Limpia, fetiche que se convirtió en el fiel de la balanza de las elecciones porteñas del domingo 18. Había vida antes, lo prueba el hecho de que 24 horas antes de la caída del proyecto en el Senado el oficialismo y la oposición cerraron el entendimiento más importante desde que asumió el Gobierno.

El acercamiento busca superar el bloqueo que paraliza todas las iniciativas, alimenta el cesarismo de Milei, que gobierna al borde de la legalidad e impide la certidumbre que necesita la economía. Los caciques del Senado acordaron el martes pasado, en presencia de Victoria Villarruel, que el peronismo aumente su representación en las comisiones de la cámara según la nueva relación de fuerzas que surgió de la destitución de Edgardo Kueider en diciembre pasado.

Esta nueva relación es lo que ha producido una serie de derrotas del oficialismo en el Senado que culminó el miércoles con la caída de Ficha Limpia, iniciativa que formalmente patrocinaba el Gobierno, más allá de las picardías que la hicieron caer.

La nueva integración de las fuerzas de la cámara debilitó al arco del no pejotismo que construyó Juan Carlos Romero con 39 voluntades en diciembre de 2023 y que le permitió quedarse con el control de la Cámara alta.

Durante el primer año ese grupo, calificado por Anabel Fernández Sagasti como «La secta de los 39» desplazó al peronismo de todas las secretarías de la cámara y les restó participación en las comisiones. Fue el activo más importante del Gobierno, pero bajó a 38 por la expulsión de Kueider. El peronismo pasó de 33 a 34 por el ingreso de Stefanía Cora en su reemplazo.

En la reunión de jefazos del Senado del martes el no pejotismo admitió el reclamo de más representación del peronismo de ocupar quince sillas en comisiones clave. Diez de ellas ya están asignadas y cinco quedan por decidir porque implican la salida de los no pejotistas.

En esa reunión del martes José Mayans arrinconó a Villarruel con crudeza: «¿Qué han conseguido achicándonos en las comisiones? Nada». Y eso que todavía no le habían volteado Ficha Limpia. La derrota más dolorosa para el oficialismo fue el rechazo de las designaciones de Lijo y García Mansilla a la Corte.

Más comprometedor para la vicepresidenta es que el peronismo se negó a hacer la sesión preparatoria, y a aprobar la designación del nuevo secretario administrativo de la Cámara. Acordada la cesión de posiciones, la Cámara aprobó el miércoles el nombramiento del cordobés Emilio José Viramonte Olmos, el nuevo «cajero» de la casa.

El proyecto de ampliación de la Corte que presentó Romero el jueves sigue la misma música. Expresa el acuerdo informal que se cerró en charlas con Mayans y Miguel Pichetto, que conviven en otra comisión de conciliación, que es la Bicameral que administra la Auditoría General de la Nación (Revisora de Cuentas) para destrabar la designación de una Corte de siete miembros. De arrastre busca avanzar en la designación del Procurador, el Defensor, y si se puede, los nuevos auditores y hasta un elenco de jueces a decenas de vacantes en todo el país.

La ampliación de la Corte a siete miembros se discute hace más de una década. Se lo propuso Pichetto cuando era jefe de la bancada del peronismo a Macri presidente. No avanzó. Ahora el peronismo pide más: una nueva ley de Consejo de la Magistratura que saque a la Corte de la presidencia de ese organismo. También pide que se revisen designaciones de magistrados durante la era Macri (Bertuzzi, Bruglia).

El trío Romero-Pichetto-Mayans administra la política en las dos cámaras y busca salir del bloqueo institucional que surge de la extrema debilidad del Ejecutivo, que hace crisis con el conflicto entre el PRO macrista y el mileísmo. Es sencillo dibujar organigramas como el de la nueva Corte, pero nada andará si antes no se discuten los nombres y los mandatos.

El gobierno de Milei ha adoptado la consigna trumpista de que antes hay que destruir la maquinaria del Estado. Milei dijo, cuando amagó una queja por la caída de Ficha Limpia, que era un éxito del Partido del Estado. Creó un nuevo enemigo imaginario con el cual pelearse. Se desentiende de estos emprendimientos reformistas, al punto de que se entera por los diarios.

El viernes «Lule» Menem lo buscaba a Romero para preguntarle de qué se trataba el proyecto de ampliar la Corte. Este primo Menem milita la idea de que hay que esperar a los resultados de diciembre para hablar de la Corte, como si el oficialismo fuera a sacar una diferencia a su favor que le permita tener los 2/3 del Senado para imponer nombres. También el viernes el comisario judicial del gobierno, Sebastián Amerio, admitía a quien lo consultase que no tenía idea del proyecto de Romero.

Las elecciones porteñas son el banco de prueba de varias apuestas. Decidirán, por ejemplo, cuál es la contradicción fundamental para el electorado de los grandes distritos. El Gobierno busca nacionalizar la dialéctica, para dar señas de identidad a las listas candidatos que se amparan en la franquicia Milei. Ha tratado de imponer la polarización mileísmo vs. cristinismo. Es difícil que después del escándalo de Ficha Limpia no haya ahondado la polarización entre macrismo vs. mileísmo.

También pondrá a prueba los efectos de las medidas económicas en las urnas. La experiencia indica que no siempre lo económico impacta en la decisión del voto. La prueba de esa percepción es el voto a Sergio Massa en el ballotage de 2023: sacó 44% de los votos en representación de un funcionario, un partido y un gobierno que había llevado la inflación a extremos insoportables. No afectó al voto, cuya explicación es multicausal, como afirman los heterodoxos cuando explican la inflación.

La elección se presenta confusa porque el país está gobernado por funcionarios sin voto propio: voto prestado, funcionarios prestados, programa prestado. Hay funcionarios votados para hacer oposición que hoy están en el oficialismo. Esa contradicción genera sospecha, reflejada en el Senado con Ficha Limpia, donde oficialismo y oposición se acusan de adueñarse o hacer fracasar el proyecto. Es una confusión estructural que se manifiesta en sus protagonistas, decisiones y alianzas.

En este escenario, el gran aclarador será la urna. Allí se verá si hay castigo a los tránsfugas y si el voto de Cambiemos que fue a Milei se mantiene fiel o se disgrega. También se medirá la fuerza de las formaciones que han mantenido su integridad, como el peronismo en la Ciudad de Buenos Aires. Un espacio históricamente derrotado que, por mantener la unidad, hoy tiene intención de voto cercana a registros anteriores.

Esa percepción alimenta la idea de que el resultado mostrará una división en tercios -peronismo, macrismo, mileísmo-. Al tratarse de una elección parlamentaria y no ejecutiva, la mirada hay que ponerla en la sumatoria futura de bancas en la nueva legislatura. Allí el actual oficialismo puede ver reafirmado su control del distrito y también el payador perseguido Horacio Rodríguez Larreta podrá valorar su aventura.

El Gobierno ha hecho campaña con el levantamiento del cepo, que para algunos ha sido una desregulación parcial. ¿Tendrá efecto en el público de CABA, híper informado y atento a esas medidas tan complejas y para pocos, pero que crean audiencia? El alivio del cepo ya motivó medidas judiciales que despenalizan con efecto retroactivo las infracciones cambiarias.

El juez Marcelo Aguinsky, del juzgado Penal Económico 6, ya dictó sentencias en ese sentido. Respalda este jubileo del arbolito con el argumento de que rige ya la eliminación de restricciones en la política cambiaria, que se viene dando de forma gradual (comunicación «A» 8226 del 11 de abril de 2025 del Banco Central).

«Las modificaciones favorables de las leyes penales en blanco -dice una sentencia de la última semana de abril- producidas como consecuencia de las variaciones de las normas extrapenales que las complementan, deben favorecer a los imputados por la aplicación del principio garantizador de la retroactividad de la ley penal más benigna».

Aguinsky considera que «es esperable que sean los jueces quienes en primer lugar adviertan, y consecuentemente recojan en sus pronunciamientos, los cambios en el humor social que a la larga se plasman como modificaciones a las leyes vigentes».

Los efectos del «humor social» en el voto popular son de los misterios más inextricables de la tarea política. En este caso, ¿premiará el público este jubileo del cambista? El cálculo estándar habla de unos 1000 sumarios en el BCRA, de los cuales la mitad aterrizaron en los juzgados federales de todo el país.

Los bancos avisan cuando detectan una infracción y el Central tiene que abrir un sumario. El directorio del banco debería sacar una circular de inmediato para mandar a degüello todo el stock que tiene y así acompañar de manera concreta el discurso del Gobierno, si cree que las medidas económicas lo pueden ayudar.